ART. 1º.- Sustitúyese el artículo 69 de la Ley N° 16.134, de 24 de setiembre de 1990, en la redacción dada por los artículos 647 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y 467 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, recogido en el artículo 123 del Título 1 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:
"ARTÍCULO 69.- Facúltase a la Dirección General Impositiva a promover ante los órganos jurisdiccionales competentes, la clausura, hasta por un lapso de seis días hábiles, de los establecimientos o empresas de los sujetos pasivos, respecto de los cuales se comprobare que realizaron ventas o prestaron servicios sin emitir factura o documento equivalente, cuando corresponda, o escrituraron facturas por un importe menor al real. También podrá promoverse la clausura cuando transgredan el régimen general de documentación, de forma tal que haga presumible la configuración de defraudación.
En caso que el sujeto pasivo ya hubiese sido sancionado de acuerdo a lo previsto en el inciso anterior y el plazo que medie entre la aprobación de la nueva clausura y la última clausura decretada sea inferior al plazo de prescripción de los tributos, la nueva clausura podrá extenderse por un período de hasta treinta días hábiles.
Los hechos constitutivos de la infracción serán documentados de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 del Código Tributario y la clausura deberá decretarse dentro de los tres días siguientes a aquel en que la hubiere solicitado la Dirección General Impositiva.
Los recursos que se interpongan contra la resolución judicial que hiciere lugar a la clausura, no tendrán efecto suspensivo.
La Dirección General Impositiva efectivizará la clausura de establecimiento decretada judicialmente y a tales efectos podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
La competencia de los Jueces actuantes se determinará por las normas de la Ley Orgánica de la Judicatura, N° 15.750, de 24 de junio de 1985".

ART. 2º.- Agrégase al artículo 486 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, recogido en el artículo 117 del Título 1 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso:
"El Poder Ejecutivo podrá establecer la aplicación de la tasa correspondiente en forma lineal a partir de los cinco años de la exigibilidad de la deuda, en atención a las características del tributo al que accedan los recargos".

ART. 3º.- Derógase el artículo 463 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, incorporado en el inciso tercero del artículo 80 del Título 1 del Texto Ordenado 1996.

ART. 4º.- Derógase el artículo 368 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013.

ART. 5º.- Agrégase al artículo 6° de la Ley N° 18.788, de 4 de agosto de 2011, el siguiente inciso:
"El acta final de inspección será notificada personalmente al contribuyente auditado".

ART. 6º.- Agrégase a la Ley N° 18.788, de 4 de agosto de 2011, el siguiente artículo:
"ARTÍCULO 9°.- En los casos de anulación total o parcial de actos de determinación dictados por la Dirección General Impositiva por sentencia ejecutoriada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la generación de recargos por mora se suspenderá desde el momento en que se produjo el vicio que motivara la anulación hasta la notificación del nuevo acto de determinación que deviniera de la recomposición".

ART. 7º.- Ajústase el plazo que vence el 30 de junio de 2018, establecido por el artículo 42 de la Ley N° 19.484, de 5 de enero de 2017, para las entidades que se indican de acuerdo al siguiente cronograma:
a) sociedades anónimas con acciones nominativas: 30 de junio de 2018;
b) sociedades de responsabilidad limitada y fideicomisos no obligados a informar por la Ley N° 18.930, de 17 de julio de 2012: 30 de setiembre de 2018;
c) demás entidades obligadas por la ley, con excepción de las obligadas a informar por la Ley N° 18.930, de 17 de julio de 2012: 30 de noviembre de 2018. (Reglamentación)
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 13 de junio de 2018. JORGE GANDINI, Presidente; VIRGINIA ORTIZ, Secretaria.

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Montevideo, 22 de junio de 2018