Derecho Digital Uruguayo
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Comunicaciones Electrónicas Judiciales

Un camino sin retorno para el Poder Judicial


I) Introducción

Uruguay ha implementado recientemente en su Poder Judicial, un mecanismo de comunicaciones electrónicas con los particulares, el que se cumplirá mediante el envío de correos electrónicos. El mismo comprende tanto a las notificaciones como a las intimaciones judiciales, según veremos seguidamente. Si bien el tema es novedoso para el Poder Judicial, no resulta así en el ámbito de la Administración Pública en general, pues ya una ley del año 1996 (art. 696 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996), posibilitó que los trámites y actos administrativos se notificaran por correo electrónico u otro medios informáticas o telemáticos.

El éxito de una oficina judicial moderna dependerá del grado de tecnificación con que se la dote. Diversos autores coinciden en la necesidad de informatizar la gestión judicial y tender, al igual que en el resto de la Administración Pública, a una gestión “despapelizada”.

“La informatización judicial, se ha convertido en un reto crucial a nivel internacional como instrumento de progreso, con múltiples beneficios tanto para la gestión de los procesos como para la gestión de los órganos judiciales” (GÓMEZ DE LIAÑO. Rosa . Incorporación de las tecnologías de la información al nuevo modelo de oficina judicial. Diario La Ley, Sección Doctrina, Oct. 2008, Año XXIX, Ref. D-282)

El autor brasileño Alexandre Atheniense afirma que “… não há outra solução senão começar a projetar imediatamente um plano de gerenciamento eletrônico do judiciário para atacar o núcleo da crise do judiciário brasileiro que é a morosidade processual. É de se afirmar que a verdadeira reforma do Poder Judiciário deve ater-se prioritariamente a modernizar a rotina dos processos por meio eletrônico para que seja possível combater a morosidade, ampliar o acesso à justiça, prover de maior transparência e publicidade não só da movimentação processual, mas também a íntegra das peças e atos, concominada com o fornecimento de informações em tempo real gerando efetiva economia da prestação de serviços além da preservação do maio ambiente. A verdadeira reforma do judiciário demanda necessariamente um pacote de medidas com o enfoque estrutural, desburocratizante, orçamentária aliadas a necessidade da implantação de um planejamento estratégico endossado por meio de reformas legislativas e vultosos investimentos em tecnologia da informação. Este cenário, corroborado pelo massivo avanço do uso cotidiano da tecnologia entre os cidadãos através de exemplos como o voto eletrônico, internet banking, declaração de imposto de renda, venda de passagens aéreas propiciou que o Brasil ousasse em acreditar que o processo judicial sem papel viesse a se tornar uma realidade”. (ATHENIENSE, Alexandre. As práticas processuais por meio eletrônico nos tribunais superiores – www.dnt.adv.br)

“El uso del correo electrónico en comunicaciones oficiales, como son las notificaciones judiciales, en donde están en juego derechos fundamentales (el debido proceso, legalidad, defensa etc.), éstas deberán estar sometidas a unas condiciones especiales de seguridad. El afán de estar a tono con el uso de las TIC's en los procedimientos judiciales no puede ser excusa para legitimar el uso, de métodos no confiables, sin considerar las consecuencias que generan sistemas que no garantizan seguridad en la transferencia de datos.” (DIAZ GARCIA. Las notificaciones electrónicas judiciales en Colombia. (http://dialnet.unirioja.es/servlet)

El Poder Judicial uruguayo, luego del retorno del país a la vida democrática a mediados de la década de los ochenta, enfrentó serios problemas de masificación debido a la creciente judicialización de las relaciones sociales. Coincidentemente con el rápido desarrollo de las herramientas informáticas, se concretó una reforma normativa sustancial en materia procesal, entrando en vigencia el nuevo Código General del Proceso. (Ley No. 15.982 de 18 de octubre de 1988, vigente desde el mes de noviembre de 1989.)

Fue así que se desarrolló un Proyecto de Modernización del Poder Judicial, con financiamiento de la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En él se trazó un Plan de Informatización que estableciera una política coherente para los diversos procesos jurisdiccionales, el cual comenzó a incorporar nuevas tecnologías en las Sedes Judiciales en el año 1993.

En el marco de dicho Plan se desarrolló un Sistema de Gestión de Juzgados que automatizara las diversas tareas de las Sedes Judiciales; se creó la Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos (Acordada de la SCJ No. 7.118 de 18/11/991), con el objetivo de distribuir las nuevas causas que se presentan; se implementó en el marco de la Informática Registral un sistema informático para el Registro Nacional de Antecedentes Penales del Instituto Técnico Forense; y por último, en el ámbito de la Informática Documental, se creó una base de datos jurisprudencial con fallos de la Suprema Corte de Justicia, la cual cuenta con fuerte valor agregado jurídico. (BELLO, DUFAU y MARTINEZ; Un Sistema Judicial de Información Jurídica. Ponencias del VI Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática)

Actualmente se ejecuta el Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo, que tiene por objetivos el buen funcionamiento de los servicios judiciales, mejorando la calidad y productividad de los servicios administrativos; fortalecer la gestión de la SCJ y disminuir el plazo de tramitación de los expedientes judiciales. (www.poderjudicial.gub.uy)

A pesar de los esfuerzos realizados, el retraso que aún presenta el Poder Judicial en relación al resto de la Administración Pública es notorio. Los principales escollos con que cuenta lo constituyen la precariedad presupuestal endémica en nuestro país para este Poder del Estado y, fundamentalmente, la reticencia de los operadores internos a la implementación de los adelantos tecnológicos, especialmente de los principales protagonistas, los Magistrados.

La “función de información” de los actos procesales a todos los interesados aparece, en una primera instancia, como secundaria. Sin embargo, resulta imprescindible para la correcta tramitación del proceso, ya que de ella dependerá en gran parte el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales con que cuentan las partes y los demás involucrados.

La aplicación al proceso de las nuevas tecnologías de la información no aparece, en principio, opuesta a esta filosofía. Por el contrario, con su utilización la Administración podrá corregir muchos de los vicios y carencias que presenta el procedimiento tradicional, el cual se cumplía mediante el envío de cedulones impresos en papel. Este sistema resultaba lento, costoso para el sistema y por demás inseguro para los usuarios. Innumerables anécdotas existen en el ambiente judicial respecto a este tipo de notificación, la cual se cumplía a través de un funcionario judicial (notificador) o de un escribano público que se constituía en el domicilio indicado y dejaba el cedulón con los documentos adjuntos.

El Código General del Proceso (Título VI, De la Actividad Procesal, Sección III, De las Comunicaciones Procesales) en sus arts. 76 y siguientes, establece la forma en que deben cumplirse las comunicaciones en todo proceso judicial. El art. 76 sienta el “principio de notificación”, indicando que todas las actuaciones judiciales, salvo disposición expresa en contrario, deben ser inmediatamente notificadas a todos los interesados. Las notificaciones deben practicarse en la oficina, excepto aquellas que necesariamente deban cumplirse en el domicilio del interesado. Para estos casos, se enumeran las distintas formas de notificación posibles. (por la oficina central de notificaciones, por correo, por telegrama, por acta notarial, por la policía, por tribunal comisionado o por el medio idóneo que habilite la Suprema Corte de Justicia.) También se establece en el art. 89 la notificación por edictos, para aquellos casos en que se deba notificar a una persona indeterminada o cuyo domicilio sea desconocido, debiéndose notificar mediante la publicación en el Diario Oficial y otro periódico de la localidad, durante diez días hábiles continuos.

Si bien el Código General del Proceso establece a texto expreso en su artículo 79 que la notificación debía practicarse en la persona a quien ésta iba dirigida, también prevé que de no encontrarse el interesado “la diligencia se entenderá con su cónyuge, hijos mayores de edad, persona de servicio o habitante de la casa” y agrega que “A falta de ellos, se dejará cedulón en lugar visible, del modo que mejor asegure su recepción por el interesado, dejándose constancia de la diligencia que suscribirá el funcionario comisionado.” (Código General del Proceso; ART. 79 – Notificación en el domicilio)

Lamentablemente, la práctica judicial degeneró en una suerte de notificación ficta, ya que el cedulón tiene impreso un texto en el que se establece que “no encontrándose al interesado se le deja el cedulón”. Ello ha llevado a que muchos funcionarios notificadores no extremen sus esfuerzos para procurar entregar el cedulón a la persona a quien está destinado, limitándose a dejarlo por debajo de la puerta del domicilio indicado. Y no siempre esta puerta es la del domicilio particular de la persona, sino que muchas veces se deja en una reja exterior o por debajo de la puerta de un edificio de propiedad horizontal. Cumplida la notificación en esta forma, el funcionario incorpora al expediente una copia del cedulón con su firma, en la cual se establece que se cumplió con la notificación y la fecha de la misma. Como este documento debe ser suscrito por el funcionario judicial, el mismo se convierte en un documento público, el cual hace plena prueba a todos sus efectos. De esta manera, la parte que no recibió efectivamente la notificación, ya que ésta se voló de la reja o alguien la tomó indebidamente, se le hace casi imposible probar que no tuvo conocimiento efectivo de la misma en tiempo y forma. Los incidentes de nulidad por esta causa, abundan. Tanto la notificación en la oficina como a domicilio, pueden ser realizadas utilizando herramientas informáticas.

Afirma Santiago Mdalena Solimano que “En lo referido a las notificaciones al domicilio, evidentemente lo expuesto precedentemente demuestra que el correo electrónico podría corregir aquellas deficiencias. Pero el problema aquí consiste en la posibilidad de adaptar el concepto de domicilio a la noción de casilla de correo electrónico. Naturalmente, ello no es posible en tanto el art. 24 CC requiere la residencia sumada al ánimo de permanencia. MELOS VÁZQUEZ entiende que nada impide que cuando el Tribunal requiera el domicilio constituido de la parte, ésta le comunique una casilla de correo electrónico –o la misma sea creada por el sistema informático judicial-. Esto se debe a que “debemos distinguir el domicilio civil de aquel que se constituye para una determinada finalidad, como puede ser constitución de domicilio a los efectos del proceso, o en un domicilio contractual. En estos casos el concepto parece ser más instrumental, que un concepto de localización física." (MDALENA SOLIMANO, Santiago. Nuevas Tecnologías Aplicadas al Proceso Jurisdiccional y en Particular la Prueba Digital en el Derecho Uruguayo Vigente. Revista de Derecho  No. 102 - Enero del 2007)

Según el Dr. Angel Landoni Sosa, para que un sistema de comunicaciones procesales informático sea seguro, se requiere que cuente con cuatro características, a saber: a) debe aparecer en forma auténtica el origen y la fecha cierta de emisión; b) el contenido debe ser integrado sin alteraciones; c) el mensaje debe conservarse en forma confidencial; y d) debe poderse establecer la fecha cierta de su recepción. (Landoni Sosa, Ángel: “Incidencia de las Nuevas Tecnologías en el Proceso Jurisdiccional con Especial Análisis de las Cuestiones Referentes a la Prueba, a las Medidas Cautelares y a las Comunicaciones Procesales” en “XVIII Jornadas Iberoamericanas y XI Uruguayas de Derecho Procesal”, Montevideo, 2002).

Por su parte, el autor compatriota Profesor Alvaro Eirín, entiende respecto a este punto que “Resulta evidente que de considerarse el correo electrónico como un domicilio electrónico a los efectos jurídicos estaríamos ante un cambio abrupto del concepto de domicilio que nos viene del derecho clásico y por el que se relaciona un lugar físico a una persona (art. 24 y siguientes del Código Civil), en tanto que si aceptáramos esta posición relacionaríamos una persona con un domicilio virtual, lo que conforme a nuestro derecho positivo no es posible. Reafirma esta posición lo dispuesto por el artículo 71 del Código General del Proceso que regula lo relativo a la constitución de domicilio.” Agrega que “En nuestro país la posibilidad de utilizar el correo electrónico como medio de notificación en los procedimientos regulados por el Código General del Proceso sería igualmente posible al tenor de lo establecido en su artículo 77 y 90 del Código General del Proceso." Y concluye que “En consecuencia y ante el tenor de los artículos del Código General del Proceso parecería perfectamente ajustada a derecho la notificación por correo electrónico y aún cuando no se compartiera esta afirmación, del texto del art. 77 citado es claro que la Suprema Corte de Justicia en la peor de las hipótesis puede disponer discrecionalmente la comunicación por cualquier otro medio idóneo." (EIRIN DI FAZIO, Alvaro, Enfoque jurídico del Correo Electrónico. www.elderechodigital.com, Sección Doctrina

El 26 de diciembre de 2007, el Parlamento nacional a iniciativa de la Suprema Corte de Justicia (según la facultad que le otorga el art. 240 de la Constitución de la República), sancionó la Ley Nº 18.237, por la cual se autorizó el uso del expediente electrónico, de los documentos electrónicos, de la firma electrónica y digital, así como posibilita las comunicaciones electrónicas y el domicilio electrónico constituido, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial.

La norma tiene un solo artículo que prevé: “ART. Único.- Autorízase el uso de expediente electrónico, de documento electrónico, de clave informática simple, de firma electrónica, de firma digital, de comunicaciones electrónicas y de domicilio electrónico constituido, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. Facúltase a la Suprema Corte de Justicia para reglamentar su uso y disponer su gradual implantación”

Esta norma "... creó el marco necesario para la implantación de un nuevo modelo de gestión de tribunales y oficinas de apoyo, que tiene al expediente electrónico como uno de los objetivos, y consecuentemente la incorporación de las actuaciones electrónicas, la utilización de la firma digital y la constitución de domicilio electrónico." (CARRION, Ivonne. Coordinadora General del Profuso. Revista del Colegio de Abogados No. 160)

 Por su parte, la Suprema Corte de Justicia a los efectos de dar cumplimiento a la norma procedió a reglamentarla en cuanto al uso del domicilio electrónico. Así dictó el 17 de setiembre de 2008 la Acordada S.C.J. Nº 7.637, en la cual se establece que “dentro del proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio de justicia, que en el marco del Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo se viene desarrollando, la Suprema Corte de Justicia, en uso de la iniciativa legislativa que le otorga el art. 240 de la Constitución de la República, impulsó la sanción de la Ley N° 18.237, por la que se autoriza el uso de domicilio electrónico constituido en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial, con idéntica eficacia y valor probatorio que su equivalente convencional … que procederá a reglamentar el uso del domicilio electrónico constituido y su gradual implantación … distinguiendo la notificación de las providencias y resoluciones registradas en el sistema de gestión que se deban notificar ya sea solas o acompañadas de documentos electrónicos (emanados del propio sistema de gestión), de aquéllas que deben ser acompañadas de documentos en soporte papel.” Esta norma reglamentaria fue complementada –y ampliada- por la Acordada S.C.J. Nº 7.644, de 20 de febrero de 2009, que autorizó la realización de las intimaciones judicial también por medios electrónicos, ya que se entendió que están comprendidas dentro del concepto más amplio de comunicaciones judiciales y resultan incluidas en de lo dispuesto por la Ley Nº 18.237.

Ambas Acordadas originaron una serie de dudas en los usuarios -internos y externos al Poder Judicial- razón por la cual se dictó la Acordada S.C.J. Nº 7648, de 20 de abril de 2009, "... a los efectos de la correcta aplicación de los sistemas de notificaciones e intimaciones electrónicas ...", realizándose en la misma una serie de precisiones.

Se analizará a continuación lo sustancial de los textos aprobados.

II) Notificaciones electrónicas judiciales - Acordada S.C.J. Nº 7.637

Desde la vigencia de la Acordada S.C.J. Nº 7.637, la constitución de un domicilio electrónico resulta preceptiva para cualquier persona física o jurídica que tramite un asunto judicial o administrativo ante el Poder Judicial. El num. 1 de la norma utiliza –infelizmente, a nuestro juicio- la expresión “toda persona, organismo o profesional”, diferenciando a los profesionales de las demás personas, cuando alcanzaba con hacer mención a las personas físicas o jurídicas.

Cabe considerar que esta posibilidad de constitución de un domicilio electrónico en el Poder Judicial, es obligatoria para quienes tramiten asuntos ante la Justicia, pero no está limitada exclusivamente a ellos. En efecto, en el num. 10 se establece que se "otorgará a todo interesado" y con la sanción de la segunda Acordada reglamentaria de la Ley (relativa a intimaciones judiciales) se prevé que las personas –físicas o jurídicas- pueden tener su domicilio electrónico aún antes de tramitar asuntos judiciales o administrativos ante el Poder Judicial. Lo veremos mas adelante en detalle.

Se instalará por parte del Poder Judicial un sistema de correo electrónico, el cual será exclusivo para las notificaciones electrónicas. El servicio será administrado por el Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo a través de la Unidad de Administración de Notificaciones Electrónicas (UANE) y se considerará como el único medio admitido para dar cumplimiento a las notificaciones. Sin embargo, el servicio estará limitado únicamente a la recepción por parte del titular de la cuenta de las comunicaciones que le remita la Justicia, pues las cuentas de correo no estarán habilitadas para responder, enviar o reenviar los correos. (nums. 2 y 3) El uso de la cuenta será unidireccional, sólo recibirá correos electrónicos provenientes del Poder Judicial. El usuario, como titular de la cuenta, deberá suscribir un contrato con el Poder Judicial por el cual se convertirá en el único responsable del uso que realice de la identificación que se le conceda, entregándosele un código de usuario y una contraseña que le permitirá utilizar la cuenta. (num. 10)

Los nums. 5 y 6 determinan la forma en que se practicarán las notificaciones según se trate de providencias que sólo contienen documentos electrónicos, o si además deben ir acompañadas de documentos en soportes físicos.

El num. 5 prevé que “todas las notificaciones de providencias, resoluciones y sentencias registradas en medio electrónico … (solas o acompañadas de documentos emitidos en el mismo medio) se realizarán en el domicilio electrónico”. Y agrega que en este caso “La notificación se considerará realizada cuando esté disponible en la casilla de destino.” Este es el principio general en caso de que los documentos a notificar (providencias y otros documentos) sean exclusivamente informáticos. Sin importar que la providencia vaya sola o acompañada de documentación en el mismo soporte, ésta debe realizarse en el domicilio electrónico y en todos los casos se considerará notificada desde que el correo esté a disposición del notificado en su casilla. Si bien la Acordada no lo establece, este mecanismo está pensado para las notificaciones que van acompañadas de otros documentos informáticos emitidos por el sistema del propio Poder Judicial. Tal será el caso de las actuaciones que pueda realizar el Actuario o el Alguacil, por ejemplo, en las cuales se confeccionan informes o constancias en el propio sistema de la Sede. En efecto, si bien en el numeral 5 de la Acordada No. 7637 se recurre a la expresión "solas o acompañadas de documentos emitidos en el mismo medio", el el propio texto de la norma, Considerando IV, se consigna "solas o acompañadas de documentos electrónicos (emanados del propio sistema de gestión)" 

En el numeral siguiente (num. 6) se diferencia el procedimiento y cómputo de plazos que se aplicará en caso de que la notificación de la providencia vaya “acompañada de documentos emitidos en soporte papel”. Consideramos técnicamente erróneo restringir los documentos a estas dos categorías (electrónicos o en “soporte papel”), pues no sólo no prevé la presentación de otros documentos ya existentes –cualquier objeto físico que acompañe un escrito; cintas de video; archivos de sonido, etc.-, sino que dificulta la presentación de otro tipo de documentos que puedan crearse en el futuro. Hubiéramos preferido que la Acordada se refiriera a documentos electrónicos y en otros soportes.

Para las notificaciones de providencias que deban practicarse acompañadas de documentos en soporte papel, se incluirá en el correo electrónico una constancia de que “en la Sede quedan a disposición del interesado las copias de la actuación respectiva.” En este caso la notificación se computará desde que el notificado retire las correspondientes copias, o a más tardar desde el tercer día hábil “a contar del siguiente a aquel en que estuviere disponible la comunicación electrónica en la casilla del interesado." Esta solución está en línea con el art. 84 del C.G.P. que prevé la carga de concurrir al Tribunal para interesarse de la actuaciones.

Como dijimos antes, el servicio será administrado por el Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo a través de la Unidad de Administración de Notificaciones Electrónicas (UANE), la cual se crea y regula en el numeral III de la Acordada S.C.J. Nº 7.637, nums. 7 y siguientes.

La norma se aboca en el num. 9 a establecer los Cometidos de la UANE, y si bien estos se limitan a concretar el carácter operativo de la misma, resulta conveniente detenerse en el análisis de algunos de ellos. Los numerales 9.3 y 9.5 le asignan el cometido de administración de las cuentas y su seguridad informática (integridad y calidad de las notificaciones). El numeral 9.6 le impone informar sobre las “indisponibilidades” (debió decirse “interrupciones”) del servicio a las correspondientes Sedes y –eventualmente- a la Suprema Corte de Justicia en el caso de que la interrupción (se hace referencia aquí a “inhabilitación”) supere las 24 hs., a los efectos de que el máximo jerarca del servicio defina cómo deberán computarse en ese caso los plazos afectados. La UANE incluye dentro de sus cometidos “Guardar un historial de todas las comunicaciones emitidas por esos medios a fin de dirimir cualquier duda o conflicto en el momento que fuere necesario.” (numeral 9.9) Consideramos francamente inconveniente esta solución, así como la redacción que se le confirió al texto.

De una primera lectura podría inferirse que la UANE tiene facultades jurisdiccionales o de árbitro para dirimir los conflictos vinculados a las notificaciones electrónicas. En realidad, y tratando de interpretar el verdadero sentido de la norma y superar lo confuso de su redacción, lo que ésta quiso decir es que la UANE deberá guardar el historial informático para que, en caso de que exista un conflicto o duda, informe a la autoridad competente para que ésta lo resuelva.

Pero aún confiriéndole este alcance al texto, no se soluciona el problema de fondo. En efecto, seguramente que en la mayoría de los casos al historial se recurrirá para que el Juez o una de las partes tengan certeza respecto a la fecha exacta en que una notificación se realizó o si la misma estaba dotada de las formalidades requeridas (documentos que se acompañaron a la misma; si estaba debidamente firmada; cuándo estuvo a disposición del titular de la casilla; etc.) En este caso la UANE podrá informar de manera imparcial respecto a lo que indiquen los antecedentes en su poder. Sin embargo, en algún caso el conflicto a dirimir podría suscitarse entre un usuario y la propia UANE, volviéndose así ésta juez y parte del mismo. Con la particularidad de que los conflictos que se planteen entre los administrados y la UANE serán de carácter administrativo y no jurisdiccional.

El Poder Judicial contará con un servidor propio, dedicado exclusivamente a las comunicaciones electrónicas. (CARRION, Ivonne. Coordinadora General del Profuso. Ob. Cit.)

El hecho de que el servidor del sistema sea administrado (léase manejado) por una de las partes del conflicto, coloca a la otra en inferioridad de condiciones y viola el principio de igualdad de las partes en el proceso, según está establecido en los artículos 4 y 5 del Código General del Proceso. Sin embargo, este inconveniente que no descalifica o invalida el nuevo sistema de comunicaciones electrónicas judiciales recientemente sancionado, y que constituye a nuestro juicio un importante avance en la administración de Justicia de nuestro país, debería ser subsanado. Una forma relativamente fácil, práctica y económica de evitar el riesgo sobre el cual hemos alertado, sería la instalación de un “servidor espejo” a cargo de una entidad independiente.

Surge a todas luces el Colegio de Abogados del Uruguay (principal organización gremial de los profesionales del sector de nuestro país) como la institución indicada para actuar como contraparte de la SCJ-UANE, administrando un servidor que contenga la misma información que ésta y al cual se pueda recurrir como tercero imparcial en caso de que exista algún conflicto a dirimir.

Por último, se incluye en esta Acordada un num. 13 referente a la “Depuración inicial del Servidor” en el cual se advierte que “los correos se depurarán periódicamente del servidor, eliminándose aquéllos que se encuentren en la casilla por un plazo mayor al del período de antigüedad que se estableciera.” Entendemos que este plazo deberá ser extenso en la medida que los recursos de hardware para su almacenamiento son cada vez más económicos y que los usuarios naturales del sistema (fundamentalmente los profesionales del Derecho) no siempre cuentan con los conocimientos técnicos que le permitan respaldar la información. También deberá ser el jerarca máximo de la organización (Suprema Corte de Justicia) la que establezca la periodicidad con que deberá efectuarse la depuración, si ésta alcanzará a todos los correos, aún a los no leídos y qué recaudos se adoptarán para conservar respaldo de esa información. (Cfme. BECERRA BARREIRO, Rodolfo. Notificación Electrónica. Revista de Derecho Laboral, No. 232, págs. 761 y sig.)

III) Intimaciones electrónicas judiciales - Acordada S.C.J. Nº 7.644

La Acordada S.C.J. Nº 7.644, de 20 de febrero de 2009, amplió el alcance de la Acordada S.C.J. Nº 7.637 y autorizó la realización de intimaciones judiciales también por medios electrónicos.

Apartándose de lo que la ortodoxia jurídica indica en cuanto a no incluir definiciones en el articulado de las normas, la Acordada definió al domicilio electrónico judicial como “la dirección de correo electrónico correspondiente a la casilla de correo electrónico que otorga el Poder Judicial dentro de su propio servidor”

Las intimaciones electrónicas podrán realizarse a distintos sujetos vinculados al proceso, y aún antes de que éste se formalice, según se establece en varios literales del num. 2, según vemos a continuación. El literal a) prevé que tendrán lugar “al inicio del proceso” o en “calidad de diligencias preparatorias”. Para que ello sea posible, la parte intimada deberá poseer un domicilio electrónico en forma previa. Tal sería el caso -por ejemplo- de la constitución de un domicilio electrónico contractual, en el cual la parte podrá ser constituida en mora. De esta forma se ratifica lo manifestado anteriormente en cuanto a que la constitución de un domicilio electrónico es obligatoria para quienes tramiten asuntos ante la Justicia, pero no está limitada exclusivamente a ellos.

En los literales siguientes se prevé que se pueda intimar a “las partes en un proceso en trámite”; a los demás “sujetos vinculados al proceso” y a los “auxiliares de la justicia que estén interviniendo en el proceso” (literales b, c y d) Por último, el literal e) posibilita que los Alguaciles, en el marco de las facultades que le confiere el art. 132 de la Ley Nº 15.750, cuando se denuncie como dirección del destinatario la casilla electrónica del Poder Judicial, realicen intimaciones de pago, protestas de daños y perjuicios o los actos para comprobar la mora del deudor.

En cuanto a la forma en que se practicarán las intimaciones, al igual que en el caso de las notificaciones, se prevé que para los casos establecidos en los literales a) a d) antes referidos, el procedimiento y los plazos diferenciará según se practiquen solas o acompañadas de documentos informáticos; o que vayan acompañadas de documentos en otros soportes. Es de orden destacar que en esta norma se mejora la redacción de la Acordada anterior (antes cuestionada) y se habla de “documentos emitidos en soporte material” en lugar de en “soporte papel”.

Una novedad importante que presenta esta norma es que los Alguaciles serán dotados de firma digital a los efectos de cumplir las diligencias electrónicas a su cargo. El num. 2 de la Ley Modelo de la UNCITRAL para las Firmas Electrónicas de 2001, la define como “datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo que puedan ser utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el mensaje de datos”. Si bien no se aclara qué sistema de firma digital se empleará –simétrica o de clave única; asimétrica o de doble clave u otros procedimientos-, nuestra legislación autorizó en el art. 24 de la Ley No. 17.243 su uso “en todo caso” y le confiere idéntica validez y eficacia que a la autógrafa si está autenticada por “claves u otros procedimientos seguros”. De esta forma los documentos electrónicos firmados por los Alguaciles, al tener idéntica validez y eficacia que los similares en papel, adquieren el carácter de documentos públicos con todas las consecuencias que de ello se derivan.

Por último, cabe destacar que el num. 4 literal e) prevé que los Alguaciles “deberán llevar un registro electrónico de las diligencias … que les fueran cometidas o solicitadas.”

IV) Algunas precisiones - Acordada S.C.J. Nº 7.6448

Como era de esperar, ya se han presentado una serie de problemas prácticos e interpretativos a la hora de materializar la nueva normativa. Y sin dudas también podemos afirmar desde ya que se recurrirá en muchos casos, a la vieja y manida fórmula del "criterio del juzgado" para resolverlos, aunque a veces este criterio desvirtúe y hasta contradiga a la propia norma. Hasta aquí, nada nuevo.

Lo que sí resulta novedoso y alentador es que la propia Suprema Corta de Justicia intervenga para despejar estas dudas. Tal es el caso de esta Acordada que establece a texto expreso, y sin lugar a otra interpretación, que "el único domicilio de constitución obligatoria, válido para realizar notificaciones e intimaciones electrónicas judiciales, es el domicilio electrónico ..."

Y esto viene al caso por dudas formuladas por los usuarios internos y por algunos autores compatriotas, que ya han ingresado al análisis doctrinario del nuevo sistema, los cuales consideran que además del domicilio real y electrónico, deberá constituirse otro para "la notificación a domicilio". En efecto, un ejemplo de ello es el trabajo antes citado de Becerra  Barreiro, en el que se afirma "La constitución de domicilio electrónico no enerva la necesidad de constitución de domicilio en el radio del Tribunal, pues el resto de las notificaciones que deban efectuarse a domicilio deberían realizarse en el domicilio constituido en el radio del mismo." (Ob. Cit. pág. 767). Pues bien, ahora queda claro que esto no es así, la S.C.J. lo dispuso a texto expreso despejando cualquier tipo de dudas.

Otro aspecto que admite más de una interpretación -y del cual la Acordada nada dijo- es la relativa a la posibilidad de notificarse directamente en el expediente. El nuevo sistema de domicilio electrónico impide que el profesional o la parte sea notificada como hasta ahora en el propio expediente en la baranda del Juzgado? Este problema era habitual en el sistema anterior cuando la notificación ya "había salido" de la Sede y el profesional se presentaba a notificarse personalmente.

Entendemos que a partir de ahora esta situación no se dará porque una de las características del correo electrónico es la instantaneidad. Si el correo se envió (salió del juzgado) la notificación ya se produjo. Por tanto, sí ésta sólo consiste en documentos en soporte electrónico (num. 5) la notificación ya se produjo y no tiene sentido volver a realizarla. Si por el contrario, la notificación está acompañada de documentos en otros soportes (num. 6), el profesional estará en condiciones de retirar los otro documentos pues el plazo ya le corre.

  V) Conclusiones

En consecuencia, de lo que viene de decirse, cabe concluir que la implementación por parte del Poder Judicial de un sistema de comunicaciones electrónicas judiciales constituye un verdadero acierto y un avance importante en el sistema de Justicia nacional.

Debe tenerse en cuenta que este mecanismo, en el cual se profundiza el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento en el proceso judicial, constituye un eslabón más del proceso de informatización iniciado ya hace algunos años. A la informatización de las Sedes e implementación del programa de gestión -ya mencionado- se sumó últimamente la consulta remota a través de Internet.

Ahora el proceso se profundiza.

Sin dudas que el nuevo sistema supondrá una mejora en la eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos pues reducirá significativamente los tiempos de las notificaciones y reducirá los costos del proceso.

El sistema aparece en una primera instancias como básico y hasta si se quiere elemental. No aprovecha mayormente el potencial que la tecnología posibilita. No resulta posible aún presentar los escritos judiciales en soporte digital (demanda, contestación, etc.), ni se digitalizan los documentos presentados en otros soportes para ser enviados con los correos electrónicos que se utilizan para realizar las notificaciones o intimaciones. Seguramente esta será una segunda etapa que acompañará este proceso, que como afirmamos en el título "supone un camino sin retorno para el Poder Judicial."

Los operadores del sistema deberemos estar con ánimo colaborativo y vigilantes para supervisar que la implementación de estos nuevos procesos tecnológicos, que seguramente al principio nos depararán una serie de vicisitudes y  complicaciones, se consoliden en forma sana y ágil.

La implementación por parte de la UANE de los mecanismos de seguridad, resultará fundamental para la credibilidad en el sistema. También la capacitación de los funcionarios del Poder Judicial resultará decisiva para el éxito del emprendimiento.

Pero lo importante es que se está en el camino correcto.