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Jurisprudencia Nacional


JUZGADO LETRADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 3º TURNO


BPS: prescripción de adeudo tributario y devolución de lo indebidamente abonado
"Tenemos presente la lentitud con que la Administración actúa para determinar los tributos adeudados por el contribuyente. Es claro, el perjuicio va de cargo del contribuyente, a quien se le cobra todo el tiempo de tardanza por los tributos no determinados. Es esta tremenda inercia en la que con efectiva negligencia actúa la Administración y pone de cargo del administrado todo el tiempo de su tardanza; cuando sabemos que nadie debe ampararse en su propia culpa; no debiendo el tiempo insumido en determinar los tributos adeudados afectar a los contribuyentes."



SENTENCIA Nº 50

Montevideo, 19 de diciembre de 2008

VISTOS:

Para Sentencia Definitiva de Primera Instancia estos autos caratulados: “RPR C/ BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Hecho, Acto. IUE: 2-6808/2008”.

RESULTANDO:

1) Se interpone pretensión declarativa de prescripción de un adeudo tributario, objeto del régimen de facilidades de pago al amparo del art. 2º de la ley 17.963 y la devolución de lo indebidamente abonado y de lo que se abone en su mérito contra el Banco de Previsión Social.

2) El Sr. RRP en su calidad de actor es propietario de la finca sita en calle 10 y calle 8, Las Cañas, Departamento de Río Negro. Se presentó el 21 de marzo de 1996 e inscribió ante el BPS una obra civil que realizaría en dicho inmueble, y el 15 de abril de 1999 declaró ante el organismo, la suspensión de la misma con fecha 31 de marzo de 1999.

3) Como consecuencia de la obra realizada en el referido inmueble la Administración le notificó el 9 de octubre de 2005 el adeudo proveniente de los avalúos realizados por los montos de $ 1.117.408 y $ 276.463.

4) La Asesoría Tributaria dispuso la determinación de los tributos de seguridad social impuestos a las retribuciones por el período 1/04/96 al 30/03/99 y 1/09/97 al 30/09/97 más multas y recargos al 28/02/05, lo que arrojó la cantidad de $ 1.101.937; $ 15.471; y $ 271.870.

5) Las referidas resoluciones no fueron notificadas formalmente al actor, sólo surge la constancia de una comunicación telefónica.

6) En definitiva el 28/06/07 suscribió un acuerdo de pago con la Administración de acuerdo a lo establecido en la ley 17.963 y respecto de los adeudos tributarios referidos.

7) Sostiene que en la especie se realizó el convenio cuyo objeto constituyó un adeudo que se encontraba extinguido por prescripción. La obra fue suspendida el 31 de marzo de 1999, la que fue debidamente inscripta, por lo que es aplicable el término de prescripción quinquenal que se computa a partir del 1º de enero del 2000, al 31 de diciembre del 2004, aplicándose ese instituto a las sanciones e intereses.
No ha existido suspensión o interrupción de la prescripción. El convenio suscripto en el año 2007 incluye obligaciones tributarias extinguidas por prescripción.

8) Sostiene que el acuerdo de pago carece de causa jurídica, y los pagos que se han efectuado y los que se realicen en el futuro son pagos indebidos “mal puede ser objeto de un régimen de facilidades, un adeudo no existente”. Invoca el principio de legalidad “supone que no existe tributo sin ley que lo establezca”. El acuerdo de pago se basa en el art. 2º de la ley 17.963 “por las deudas mantenidas a dicha fecha por tributos que recauda ...”. En conclusión se presume una obligación tributaria existente y cuyo cobro puede ser percibido coactivamente por la Administración, lo que no sucede en la especie; no reconociendo causa jurídica los pagos efectuados. Siendo evidente que el dicente “no tuvo intención de cumplir un acto de mera liberalidad (causa donandi), a efectos de enriquecer al demandado”.

9) Extinta la obligación tributaria no subsiste obligación natural alguna que pueda sustentar el convenio suscripto con el Banco de Previsión Social. Aduce asimismo que no se puede renunciar a la prescripción consumada en Derecho Tributario.

10) En definitiva, solicita se condene, acogiendo la demanda y declarando prescripto el adeudo tributario que fue objeto del régimen de facilidades estatuido por la ley 17.963, imponiendo al demandado la devolución de todas las cantidades recibidas en su mérito, debidamente reajustadas con más intereses legales, de conformidad con el Decreto-Ley 14.500.

11) El 10/03/08 se dio traslado de la demanda, la que fue contestada de fs. 97 a 106.

12) Argumenta el Banco de Previsión Social que el actor es contribuyente por ser titular de la obra registrada a realizarse en el padrón de su propiedad en la Primera Sección Judicial, Departamento de Río Negro, Balneario Las Cañas.

13) Durante el período de realización de la obra, marzo del 96 hasta su suspensión el 21/03/099 se realizaron los aportes al sistema unificado de la construcción, por la suma de jornales inferior a la que realmente insumió la obra, tal como surge del expediente administrativo, y fue constatado por pericia del Arquitecto del organismo. Se realizó la liquidación de la suma actualizada al 28/02/05, se determinaron los adeudos por resoluciones del 4/11/05 las que no fueron impugnadas y operó la aceptación tácita, deviniendo firmes los actos mencionados.

14) La deuda fue convenida de acuerdo a la ley 17.963 el 26/06/07. Posteriormente el actor planteó una petición ante su representada de devolución de tributos, ante la cual el organismo no se ha expedido aún.

15) Considera improcedente y controvierte la pretensión. La declaración de prescripción ya fue solicitada en vía administrativa y se sostiene que se ha renunciado a la prescripción al otorgar el convenio, lo que realizó en forma voluntaria, cuando la obligación tributaria ya se había extinguido por prescripción.

16) No resulta visible el pago por error y el actor debe de conocer el plazo de prescripción. Conoció el contenido de las actuaciones administrativas y no impugnó las mismas, por lo que el convenio realizado dos años después fue con total conocimiento de que había operado la prescripción “sin error, en forma voluntaria y con el ánimo de renunciar a la prescripción consumada y sin reserva de especie alguna, pagando las obligaciones originadas en su propio incumplimiento”.

17) Cuando se realizó el convenio la obligación civil ya se había extinguido, “convirtiéndose en una obligación natural, la que cumplida no concede acción para reclamar su devolución”.

18) El instituto del pago de lo indebido está regulado en los arts. 75 a 77 del Código Tributario y para integrar dicha normativa debe acudirse al Derecho Civil. Es entonces que en el convenio operó una renuncia tácita a la prescripción consumada, por lo cual resulta aplicable el art. 1189 del Código Civil al Derecho Tributario, no formulando el actor reserva alguna, suscribiéndolo en forma voluntaria, y luego de dos años de haber abandonado las actuaciones administrativas sin impugnarlas.
El art. 1441 del Código Civil clasifica las obligaciones en civiles o meramente naturales. Las obligaciones naturales son definidas de la siguiente forma: “... procediendo la sola equidad no confieren acción para exigir su cumplimiento, pero cumplidas autorizan a retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas ...”; el art. 1442 del CC enumera como tales a “las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción”.
El art. 1445 del CC exige que el pago sea voluntario, vale decir libre, no ocasionado y espontáneo. Cuando se paga una obligación por error de derecho no puede repetirse lo pagado, estándolo dispuesto por el art. 1314 del Código Civil.
No existió falta de causa jurídica en el convenio suscrito, ya que se realizó de acuerdo a la ley 17.963 y la obligación devino natural por renuncia a la prescripción consumada, lo que pone de manifiesto la voluntad de pago y de acogerse al régimen de facilidades, recibiendo la Administración el pago en condiciones legales.

19) Según la RD 28-6/1997 que aprueba un manual sobre normas de prescripción y caducidad, es posición del organismo “el pago de una obligación prescripta se transforma en una obligación natural, por lo cual si vencido el plazo de prescripción el contribuyente paga, total o parcialmente sus adeudos, lo pagado no se devuelve”.

20) Concluye que en el caso que la Sede entendiera que corresponde alguna devolución, nunca correspondería la relativa a los aportes personales de los trabajadores, retenidos por la actora en cuanto agente de retención (legal), y que se integraron al convenio de facilidad de pago, ya que debería contar con el consentimiento de los trabajadores.

21) Solicita en definitiva, se desestime la demanda en todos sus términos, con las respectivas condenas procesales.

22) El 15/05/08 se convocó a las partes a audiencia preliminar para el día 18/07/08, y posteriormente se señaló audiencia para el 23/07/08 (fs. 107 y 108). En esa fecha se pidió prórroga por parte del accionante como consecuencia de un padecimiento cardíaco. Posteriormente el 3/10/08 se ratificó la demanda y la contestación, se tentó la conciliación, se fijó el objeto del proceso y de la prueba, las medidas probatorias y se señaló audiencia de alegatos para el día 19/11/08. Se produjeron los alegatos, y por auto 2359 se señaló audiencia de dictado de Sentencia para el día de la fecha.

CONSIDERANDO:

Debemos de distinguir cuál es el derecho aplicable al caso concreto, vale decir, si nos atenemos a las normas establecidas en el Derecho Tributario o a la aplicación del Derecho Civil esgrimido por la demandada.

1) Existen principios fundamentales en relación a la extinción de las obligaciones tributarias.
Enseña Pérez Novaro, en su libro “Modos de extinción de la obligación tributaria”, que hay que rescatar, entre otros, el de “Carácter perecedero de toda obligación personal”. Es entonces que explica que el destino natural de las obligaciones es la extinción de las mismas por ser “el derecho del crédito una relación jurídica perecedera”. “La obligación tributaria, como especie del género obligacional y como un vínculo de carácter personal, y no real, tiene vocación de extinguirse, lo que se verificará por alguno de los modos elegidos expresamente por el legislador ...” (pág. 41).
El “Principio de reserva de ley formal y material”; la ley regula como objeto, la creación, ejecución y extinción de las obligaciones, por lo que existe el principio de reserva absoluta de la ley formal en cuanto a los modos de extinción. Es éste principio de legalidad el que rige en forma preceptiva en el Derecho Tributario, ya que el Decreto-Ley 14.306 que da origen al Código Tributario así lo dispone. Establece los presupuestos de hecho, y determina la forma de extinción de las obligaciones tributarias. Nos encontramos ante un derecho autónomo y específico donde prevalecen sus normas sobre las otras ramas del derecho.
Existe el “Principio de tipicidad”; el mismo es descripto por el legislador en forma abstracta en una norma legal. Sólo cuando se verifican las circunstancias previstas en la norma se produce la consecuencia jurídica en ella determinada. En cuanto a la extinción de las obligaciones tributarias, éstas están reguladas en el art. 28 y siguientes, el que nos habla del pago, compensación, confusión, remisión y prescripción.

2) Sin perjuicio de éstos principios citados no debemos de dejar de tener presente los contenidos en nuestra norma fundamental, la Constitución de la República, como son los principios de igualdad, de tutela jurisdiccional, de debido proceso, de defensa, entre otros.

3) Es la Administración como parte del Estado, la que debe salvaguardar los derechos de los ciudadanos, vale decir, contribuyentes, siendo celosa guardián de implementar los principios constitucionales y en especial el de igualdad de las partes, de tal forma de no fracturar el ordenamiento jurídico, y en consecuencia el Estado de Derecho.
No debemos de olvidar que el Estado, crea, cobra, y dirime controversias, debiendo ser cauteloso y esmeradamente cuidadoso en preservar la igualdad entre las partes-(el contribuyente y la administración).
No es parapetándose en otras ramas del derecho, como ser el Derecho Civil, que se logra eludir la responsabilidad en esta litis.
Es por esto que la aplicación de los Principios de Derecho son la fundamental guía de un Estado Democrático. Para hacer posible destruir los probables resabios absolutistas, producto de otras épocas ya perimidas que tanto costó a la civilización y que a partir de 1789, bajo el tríptico de “Libertad, Igualdad y Fraternidad” se logró llegar al Estado Republicano de Derecho.

4) Sosteniéndonos en el Principio de Legalidad, creemos que el mismo es el quid de la cuestión y diremos lo siguiente sobre el caso que nos ocupa.

5) El actor inscribió la obra en marzo de 1996 y la suspensión de la misma el 31/3/99 de acuerdo a derecho, cumpliendo y no burlando a la Administración. Realizó el aporte unificado de la construcción, la que no fue suficiente de acuerdo a la Administración, por la cual se originan adeudos tributarios que incluye los aportes patronales y los personales del tributo unificado, el impuesto a las retribuciones personales de cargo patronal y el de los dependientes, así como el tributo correspondiente a la Caja de Profesionales Universitarios.
Esto fue consecuencia del contralor realizado por la Administración en la obra por la cual se inició el expediente administrativo correspondiente y se dictó las resoluciones administrativas del 4/11/05.

6) Realizó convenio al amparo de la ley 17.963 el 26 de julio de 2007. Posteriormente planteó una petición de devolución de los tributos pagados en las cuotas del convenio, sosteniendo que la deuda tributaria ha prescripto.
Lo que existe en dicho convenio es la admisión del pago de una obligación en determinadas cuotas, de acuerdo con la Administración. A nuestro entender no existe una renuncia tácita a la prescripción operada, ya que de haberse efectuado la misma no existe deuda y por lo tanto no hay norma legal que sustente la obligación.
Debemos aplicar las normas del Derecho Tributario, en el cual la prescripción opera ipso iure, por lo que no deberá ser invocada, ni alegada por ningún otro mecanismo.
La ley establece cuándo se configura el requisito, y producido éste la prescripción opera.

7) Cuál es el efecto de la prescripción? Sin lugar a dudas, extinguir la obligación tributaria que tuvo nacimiento en la ley. Producido esto no hay obligación existente, y por lo tanto no existe derecho al crédito por parte del Estado, ni deuda por parte del contribuyente.

8) No se puede renunciar a algo que no existe; es la renuncia a la nada, sea expresa o tácita es absolutamente irrelevante para el derecho, y no genera efectos jurídicos.
Recalcamos el Principio de Legalidad y la Especialidad del Derecho Tributario. El art. 2º del Código Tributario reza: “Sólo la ley puede: 1º) crear tributos, modificarlos y suprimirlos ...”. He aquí el quid de la cuestión, existe un sólo derecho aplicable y es el Derecho Tributario, y un sólo instituto aplicable y es la norma contenida en el art. 38 del Código Tributario cuando dice: “El derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado ...”.

9) Tenemos presente la lentitud con que la Administración actúa para determinar los tributos adeudados por el contribuyente. Es claro, el perjuicio va de cargo del contribuyente, a quien se le cobra todo el tiempo de tardanza por los tributos no determinados.
Es esta tremenda inercia en la que con efectiva negligencia actúa la Administración y pone de cargo del administrado todo el tiempo de su tardanza; cuando sabemos que nadie debe ampararse en su propia culpa; no debiendo el tiempo insumido en determinar los tributos adeudados afectar a los contribuyentes.

10) Es por esto que existe el instituto de la prescripción en que se impone coto legal a la pretensión de cobro, como consecuencia del transcurso del tiempo.

11) En relación al convenio, como dijimos, es de aplicación la autonomía del Derecho Tributario y no debemos ocurrir al Derecho Civil y Comercial donde rige la autonomía privada, que otorga fuerza de ley al convenio realizado entre las partes (art. 1291 del Código Civil).
En el Derecho Tributario el sistema es totalmente opuesto, como dijimos el Principio de Legalidad refiere a que sólo la ley puede crear la obligación tributaria, así como extinguirla.
La Administración debe actuar con autorización legal para remitir adeudos, aplicar alícuotas, omitir la aplicación de penas y sanciones, otorgar facilidades de pago. Es por esto que el convenio se basa en lo dispuesto en la ley 17.963 y no en la mera voluntad de las partes como operaría en el Derecho Civil. Por eso sostenemos la invalidez del convenio por falta de objeto, ya que no existe obligación tributaria porque ésta ha prescripto.
Estamos hablando de la pérdida del derecho de la Administración a percibir los tributos, las sanciones y los intereses de los mismos, por no haber ejercido su derecho en tiempo y forma, ni haberlo interrumpido o suspendido de acuerdo a lo prescrito en la norma.

12) El contribuyente realizó pagos que no debía haber efectuado, por lo tanto la Administración debe devolverle lo cobrado. Es más, la Administración debería haber declarado de oficio la prescripción, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 16.713, art. 152 y no haber inducido al contribuyente en la formulación del convenio de autos.
La Administración no se debe prevalecer de su condición ni de la ignorancia del ciudadano para conservar en sus arcas lo que la ley no autoriza a recaudar.
En cuanto a la obligación natural, entendemos que es un instituto de Derecho Civil que no es aplicable, por ir contra el sistema normativo tributario, contra el principio de legalidad y de igualdad entre las partes de raigambre constitucional.

13) Debemos de velar por la aplicación de las normas que tutelan el interés general de los contribuyentes y que regulan específicamente regimenes especiales de derecho, como el que nos ocupa.

14) Referente a la RD 28-6/1997 hay que tener presente el principio de jerarquía de las normas y por lo tanto éste no obliga al contribuyente, ya que es una resolución del organismo que da directivas a sus funcionarios, al cual se le puede oponer válidamente cuando el individuo siente vulnerados sus derechos que están protegidos en normas superiores.

15) En relación a los aportes patronales, no se encuentra probada la retención y en definitiva se le aplica el régimen de prescripción tributario, ya que es dinero de la recaudación del Estado que en base al sistema de solidaridad intergeneracional se aplica al pago de las prestaciones de la seguridad social.

Por los fundamentos legales expuestos,

FALLO:

1) Declarando la Prescripción del adeudo tributario objeto de estos autos, imponiéndole al Banco de Previsión Social la devolución de las cantidades recibidas, debidamente reajustadas más sus intereses legales , de acuerdo al Decreto-Ley 14.500.
2) Difiérese el cumplimiento al proceso de ejecución de sentencia, establecido en el art.378 del CGP.
3) La conducta procesal de las partes no amerita la imposición de condenación especial.
4) Ejecutoriada, cúmplase y repuestas las vicésimas, archívese.
5) Honorarios fictos: $U 50.000 (pesos uruguayos cincuenta mil) para la parte no exonerada.

Dr. Pablo Eguren Casal - Juez Letrado