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TRIBUNAL DE APELACIONES DE TRABAJO DE 4º TURNO

SENTENCIA Nº 389

MINISTRO REDACTOR: Dr. Adolfo Fernández de la Vega Méndez

Montevideo, 20 de diciembre de 2017

VISTOS EN EL ACUERDO:

Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: OLIVERA, LETICIA C/ URUMOD Y ASOCIADOS S.A. EN FORMACIÓN y otros. Proceso Laboral Ordinario (Ley 18.572)” IUE 0002-040471/2014, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 5º Turno, a cargo de la Dra. María Del Carmen Corujo Milán.

RESULTANDO:

1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente.

2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 15 /2017 (fs.316-326), de fecha 5 de abril de 2017, se amparó parcialmente la demanda, condenando a Urumod y Asociados S.A. en formación, Mario Martínez ...

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TRIBUNAL DE APELACIONES DE TRABAJO DE 4º TURNO

SENTENCIA Nº 389

MINISTRO REDACTOR: Dr. Adolfo Fernández de la Vega Méndez

Montevideo, 20 de diciembre de 2017

VISTOS EN EL ACUERDO:

Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: OLIVERA, LETICIA C/ URUMOD Y ASOCIADOS S.A. EN FORMACIÓN y otros. Proceso Laboral Ordinario (Ley 18.572)” IUE 0002-040471/2014, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 5º Turno, a cargo de la Dra. María Del Carmen Corujo Milán.

RESULTANDO:

1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente.

2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 15 /2017 (fs.316-326), de fecha 5 de abril de 2017, se amparó parcialmente la demanda, condenando a Urumod y Asociados S.A. en formación, Mario Martínez Péndola, Grupo Moda del Uruguay S.A. en formación, Milcity S.A. Salón Rosado y El Circo a abonar a la Sra. Leticia Olivera la suma total de $ 276.713.73 por los rubros que surgen de los considerandos, suma que se encuentra reajustada y con intereses al día de la fecha. No haciendo lugar a las excepciones de falta de legitimación activa, pasiva, prescripción, y defecto en el modo de proponer la demanda. Se fijaron daños y perjuicios en un 10%.

3) La representante de la parte co-demandada Richard Sebastián Almeida Machado y Rafael Maximiliano Almeida González, directores y dueños de Grupo Moda Uruguay S.A. interpone recurso de apelación contra la sentencia definitiva (fs. 337-350), agraviándose en síntesis en cuanto:
La recurrida no hizo lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva, haciendo una incorrecta valoración de la prueba testimonial, entendió que hubo sucesión de empresas en el mismo ramo (continuidad), cuando hubo inexistencia de conjunto económico y/o de empleador complejo, en tanto los domicilios, los propietarios, los instrumentos, los giros y el personal de las mismas son diferentes. Afirma que Grupo Moda del Uruguay S.A. no posee relación con las empresas Milcity SA, Mario Martínez y Urumod y Asociados S.A. No tuvo en cuenta el contrato de comodato entre la actora y Grupo Moda el que se rige por el Derecho Civil, no resultando suficiente prestar servicios en beneficio de otro para que exista relación laboral. Tampoco se consideró que el director de Urumod y Asociados S.A., manifestó que el Sr. Mario Martínez, fue empleado de su empresa, agregando los recibos de sueldo correspondientes. Sostiene que contrariamente a lo expresado en la sentencia agregó certificación notarial justificando la representación de los directores y dueños Rafael Maximiliano Almeida González y Richard Sebastián Almeida Machado. La sentencia concluyó de la declaración Sra. Moreira que existió una relación laboral y que todas las personas fueron lo mismo, siendo que surge probado que la única accionista de Milcity SA desde el año 1999 a 2002 con el 100% del capital accionario era ella.

4) El co-demandado Sr. Mario Martínez, interpone recurso de apelación contra la sentencia definitiva, agraviándose en síntesis en cuanto (fs. 355-368): La recurrida no acoge las excepciones de prescripción, falta de legitimación pasiva y activa y defecto en el modo de proponer la demanda. Tiene por configurado la existencia de un conjunto económico, siendo que tal figura no resulta probada en autos, por no existir una relación de intercambio económico, vinculación de capitales o administración en común entre las empresas codemandadas. La atacada aplicó la regla de la admisión de los hechos a la empresa Milcity SA porque no contestó la demanda siendo que fue notificada en un domicilio incorrecto, lo que no fue advertido. Afirma que de la prueba testimonial y documental agregada surge que los únicos accionistas y directores de la mentada empresa lo fueron Ivonne Moreira y Héctor Castagna y que su parte fue empelado de la esta. Asimismo califica de sospechosos los testimonios de los testigos propuestos por su parte, cuando los propuestos por la actora debieron recibir el mismo trato. Tampoco se tuvo en cuenta el contrato de comodato que había celebrado la actora con el Grupo Moda ni se consideró que su parte fue empleado de la empresa Urumod y Asociados SA, según declaraciones de su dueño. Condenó en forma absurda a los nombres de fantasía El Circo y Salón Rosado. Y respecto a los rubros objeto de condena sostiene que nada adeuda pues operó la prescripción de la acción ya que la empresa Mario Martínez se clausuró el 24 de setiembre de 2010. Hizo lugar a la hora extra peticionada por el período 2009-2011, cuando no fue plenamente acreditada. Expresa que no corresponden los daños y perjuicios preceptivos estimados en un 10%.

5) Por providencia Nº 1719/2017 de fecha 11 de agosto de 2017, se confirió traslado de los recursos de apelación por el término legal (fs. 399), resultando evacuado a fs. 402-408.

6) Por decreto Nº 1994/2017 de fecha 8 de setiembre de 2017 se tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación y por evacuado el traslado conferido, franqueándose la alzada (409).

7) Recibidos los autos por el Tribunal con fecha 21 de Noviembre de 2017, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 433)

CONSIDERANDO:

I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, salvo en cuanto condena a Salón Rosado y El Circo, en lo que se revoca por tratarse de nombres de fantasía sin personería jurídica, por los fundamentos que seguidamente se expondrán.

II) Las personas físicas codemandada se agravian –en puridad- porque la recurrida no hizo lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva y activa opuestas en sus respectivas defensas, tuvo por configurada la existencia de conjunto económico y empleador complejo, no consideró el contrato de comodato firmado por la actora con la empresa Grupo Moda, no tuvo en cuenta la calidad de empleado del codemandado Martínez, ni hizo lugar a la excepción de prescripción cuando se acreditó que la empresa había sido clausurada el 24 de setiembre de 2010, condenó al pago de una hora extra y estimó los daños y perjuicios preceptivos en un 10%. Tales agravios se analizarán en forma conjunta pues todos fincan en un mismo punto medular, a saber, la inexistencia de la figura del conjunto económico y/o empleador complejo que la sentencia apelada tuvo por configurada sin haberse acreditado los elementos que la conformar así como la continuidad de empresas (sucesión) que las hace responsable por el todo. En suma, no amparó las excepciones de falta de legitimación pasiva y activa.
Como cuestión liminar, cabe señalar que si bien se hace referencia a dos figuras de creación doctrinaria y jurisprudencial, como la del conjunto económico y empleador complejo o plural, en puridad, ambas se tratan de figuras diferentes. Pues la primera hace referencia a la existencia de un único empleador-deudor (el grupo), esto es, un mismo centro de dirección, interés y patrimonial, mientras que la segunda refiere a empresas diversas pero independientes entre sí que se benefician con la tarea del trabajador, al punto que este presta su función para todas considerándolas sus empleadoras en función de la aplicación de la teoría de la personería laboral del empleador. Y en tanto a la sucesión de empresas o continuidad de las mismas, el supuesto es que una suceda a la otra, empero a diferencia de las figuras que vienen de señalarse, no pueden coexistir al mismo tiempo.

III) Conforme a lo expresado, en primer lugar corresponde desestimar los agravios esgrimidos por ambas codemandadas apelantes por haber la recurrida entendido probado en autos que medió una conjunto económico entre las sociedades y persona física codemandada, que tenía como centro de interés a esta última, que se sirvió las diversas formas societarias para explotar las peluquerías de la calle San José y Paraguay.
Debemos partir que para examinar la existencia de la legitimación de las partes del proceso no debe olvidarse que la situación planteada debe ser analizada y resuelta a la luz de los principios rectores que rigen el derecho del trabajo, ya que como lo señala la Dra. Josefina Plá Regules en su conocida monografía sobre el tema, publicada en la "Revista de Derecho Laboral", N° 101, págs. 131 y ss., en materia laboral la personería del empleador no debe encararse con las severidades de la materia civil, desde que esta rama del derecho no puede permitir que un excesivo formalismo la torne inoperante y haga ilusoria la aplicación de la legislación en la materia, lo cual no implica relevar al pretensor de la carga de la prueba de la existencia del conjunto económico entre las personas jurídicas codemandadas, que invoca para justificar su reclamo, demostrando que en la realidad de hechos prestó servicios para todas ellas, pues sabido es, que conforme las normas legales que regulan la carga probatoria en nuestro derecho procesal (arts. 137 y 139 del C.G.P.), recae sobre la parte actora, la carga de acreditar la legitimación pasiva que atribuye a la excepcionante y la existencia del conjunto económico que según postula integrarían las sociedades codemandadas (cfr. "Anuario de Jurisprudencia Laboral", Año 1998, sent. N° 38 de fecha 21.8.1998 del J.L.T. 8°, Dra. Rosina Rossi, c. 115; Año 2000, sent. N° 83 de fecha 26.9.2000 del J.L.T. 6°, Dra. Teresita Rodríguez Mascardi, c. 158; Año 2005, sent. N° 118 de fecha 6.4.2005 del T.A.T. 3°, Gómez Franco, Piatniza y Molinari, c. 100).
Se ha señalado que la complejidad de la actividad empresarial lleva a la creación de diversas personas jurídicas vinculadas entre sí, y a veces también entrelazadas con la actividad de una persona física, para viabilizar la ejecución de una explotación. Ello, por supuesto no constituye ilicitud alguna, pero en los hechos puede erigirse en una dificultad para el trabajador que prestó servicios para esa unidad económica a la hora de pretender demandarla. De allí, que el Derecho Laboral ha edificado sobre la base de la primacía de la realidad y del principio protector, la teoría de la personería laboral del empleador, y como proyección de ella, la del "conjunto económico".
Define el Dr. Ermida Uriarte al conjunto económico o grupo de empresas como: "el conjunto de empresas, formal y aparentemente independientes, que están sin embargo recíprocamente entrelazadas, al punto de formar un todo complejo pero compacto, en cuanto responde a un mismo interés. El poder económico se sitúa a nivel de grupo y no al nivel de cada empresa componente, aún cuando los derechos y obligaciones respecto a terceros nazcan a nivel de cada uno de ellas" (cfr. "Empresas Multinacionales y Derecho Laboral", pág. 73).
El Dr. Américo Plá Rodríguez, citando a Savatier, refiere que: "El poder económico se sitúa a nivel del grupo, aun cuando los derechos y las obligaciones respecto de los terceros nazcan a nivel de cada una de las sociedades dotadas de personalidad jurídica que pertenece al grupo. Ignorar la existencia del grupo considerando que el único empleador que se ha comprometido con cada trabajador es la sociedad que ha sido parte del contrato, importaría desinteresarse en muchos aspectos de la protección efectiva y real de los trabajadores. Por eso, más allá de la máscara formal, se tienen en cuenta los verdaderos titulares del poder y de la decisión" (cfr. "Curso de Derecho Laboral", tom. I, vol. I, págs. 150 y ss.). Entiende el distinguido profesor que: "concretamente se configura el "conjunto económico" si se presentan los siguientes factores: a) unidad de domicilio patrimonial de la empresa, b) similitud o analogía de giros por concomitancia o sucesividad; 3) utilización en común de implementos industriales; 4) identidad de organización administrativa o comercial; 5) utilización de locales comunes, estando alguna o algunas de las empresas eximidas del pago del arrendamiento; 6) identidad de la integración de los directores o mandatarios de las empresas referidas a algunas o algunos de sus miembros y 7) imposición de una empresa a otra de condiciones o lugar de comercialización de sus productos o con referencia a sus servicios, etc., de tal modo que le crea una situación de supeditación real" (cfr. ob ct. págs. 154 y 155).
Por su parte, el Dr. Alejandro Castello sostiene: "que el grupo de empresas puede definirse como aquel que se constituye cuando dos o más empresas se relacionen por vínculos estables de dominación o control, sea éste directo o indirecto, interno o externo, o se encuentran bajo la influencia dominante de una o más personas físicas o jurídicas, con independencia de la forma jurídica u organizativa que adopten (centralizada o descentralizada) y actúen bajo una dirección económica unificada". Agrega este autor que: "Como apunta De Simone, si se quiere continuar hablando de grupos, se debe utilizar una noción más amplia de éstos, que sea en grado de comprender todas las formas de relaciones económicas entre empresas, incluyendo a aquellas que derivan de situaciones de dependencia de mercado que puedan asegurar a un sujeto económico la capacidad de conducir la gestión de la otra empresa, configurando así desde el punto de vista sustancial la existencia de un grupo. Creemos que los elementos que manejamos en nuestra definición permiten, por un lado, encuadrar cualquier forma de estructuración u organización que adopte el grupo subordinado y, por otro lado, establecer un criterio claro de delimitación del grupo que otorgue certeza jurídica" (cfr. "Grupo de Empresas y Derecho del Trabajo", págs. 151 y 152).
Estos conceptos elaborados y propulsados por la doctrina, no existiendo en el orden nacional legislación que lo regulen salvo en materia fiscal, fueron recepcionados por la jurisprudencia laboral, que conceptuó que el descubrimiento de la unidad subyacente en el conjunto económico es un imperativo del principio de primacía de la realidad, postulando para ello una mayor flexibilidad y amplitud de los medios probatorios, reconociendo el derecho del trabajador (malgré la falta de disposiciones legales) de reclamar contra cualquiera o todas las empresas que componen esa unidad que responderán en forma solidaria por la deuda laboral, aun cuando formalmente haya figurado como dependiente de una de ellas. Reiterados fallos han insistido en que el conjunto económico es una realidad más económica que jurídica y que es natural que requiera una pluralidad de personas jurídicas diferentes, pues de lo contrario no podría hablarse de conjunto. No se requiere la comprobación de maniobras fraudulentas o de un ejercicio abusivo de las firmas societarias para perjudicar a terceros. Se ha dicho que no hay formas determinadas de creación de los conjuntos económicos, ya que son tantas las posibilidades a las que se pueden acceder por quienes lo forman, que no es posible limitarlas a esquemas determinados. Lo que importa destacar es que el poder económico se sitúa a nivel del grupo, aun cuando los derechos y obligaciones frente a terceros nazcan a nivel de cada una de las sociedades dotadas de personería jurídica. La vinculación económica de las empresas las hace solidariamente responsables por los créditos laborales. Cuando se trata de relaciones laborales no puede ignorarse la existencia del grupo, considerando que el único empleador que se ha comprometido con el trabajador, es la sociedad que ha participado del contrato respectivo. Esto último importaría dejar de lado la protección efectiva que corresponde brindar a los trabajadores, y que por el contrario más allá de la máscara formal, hay que buscar y responsabilizar a los titulares del poder y de la decisión, tratando que no se eluda mediante el recurso de constituir diferentes personas jurídicas colectivas, las responsabilidades laborales que dicho conjunto de empresas adquiere frente a un dependiente (cfr. "Anuario de Jurisprudencia Laboral", Año 1981, c. 967; Años 1984-1987, c. 214, 216 a 223; Años 1988-1991, c. 182 a 186; Año 1992, c. 247 a 252, 254 a 260 y 263; Años 1993, c. 133, 135 a 138, 141 y 705; Años 1994-1995, c. 174 a 180, 182, 184 y 185; Años 1996-1997, c. 277 a 237, 239 a 246; Año 2005, c. 90; Año 2006, c. 61; "Revista Uruguaya de Derecho Procesal", N° 2-3/94, c. 530; "La Justicia Uruguaya", c. 13.098).
Si bien originariamente el concepto de conjunto económico se refería a un grupo de sociedades, o sea, personas jurídicas, la evolución del instituto conlleva a aceptar que el conjunto económico puede incluir también personas físicas. Esto ha sido estudiado por el Dr. Américo Plá Rodríguez, en su monografía titulada "Sobre el alcance de la noción de conjunto económico", en la cual, establece al respecto: "Las mismas razones que dieron origen al conjunto económico en relación a las personas jurídicas, operan para incluir también a las personas físicas ... Este centro de dirección puede ser una persona física que ha organizado las diferentes sociedades para diversificar su actividad, o que para ampliar, extender, o potenciar su negocio ha adquirido otras sociedades pero que las conduce a todas desde una perspectiva personal ... Si hay una sociedad dominante (llamada comúnmente, sociedad madre) y tres o cuatro sociedades filiales, el total forma el conjunto económico. Si en lugar de ser una sociedad dominante, es una persona física la que dirige, organiza y decide ¿Por qué se va a encarar el conjunto económico prescindiendo del elemento clave? ¿O habrá que renunciarlo porque no se puede alcanzar al centro de todo el grupo? No es razonable poner como condición que deban ser necesariamente personas jurídicas. Incluso se habría creado una escapatoria para eludir las obligaciones y responsabilidades que se derivan de la actuación del conjunto. En esto como en otros aspectos de este fenómeno económico y social tan dinámico, se fue produciendo una evolución. Al principio sólo se hablaba de sociedades porque eran las más frecuentes. Luego se habló de empresas. Entre ellas, entraron las unipersonales. Luego se concibió la integración con personas físicas aunque no hubieran constituido una empresa." (Cfr. "Judicatura", N° 36, págs. 16 y 17; en idéntico sentido ver "Anuario de Jurisprudencia Laboral", Año 1992, c. 1140; Años 1994-1995, c. 175, 178, 186, 188 y 189; Años 1996-1997, c. 232 y 237; Año 2001, c. 121 y 128; Año 2002, c. 87, 92 y 101; Año 2003. c. 148 y 151; Año 2004, c. 88 y 111; año 2005, c. 102; Año 2007, c. 109).
Aplicando los precedentes conceptos, luego de analizar racionalmente la probanza de marras, tomando en cuenta cada medio producido y su conjunto, a la luz de los principios lógicos y normas de experiencia que conforman la sana crítica de conformidad con lo preceptuado por el art. 140 del C.G.P. (cfr. Marabotto, "Curso sobre el CGP", pág. 14; Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial", tom. I, pág. 305), el Colegiado estima que la asiste razón a la recurrida cuando concluye que en la especie se verifica acreditado suficientemente un supuesto de conjunto económico entre las personas jurídicas y físicas codemandadas que conlleva a desestimar la excepciones de falta de legitimación causal y prescripción deducidas en autos.
Al respecto se comparte el pormenorizado análisis de la probanza que hace al respecto la recurrida (fs. 319 vto.-324 vto.), así como el letrado de la parte actora en sus fundados alegatos, que para nada resultan enervados por los agravios relacionados por los recurrentes.
En efecto, más allá de lo que pueda resultar de los documentos, en la materia tiene especial aplicación el principio de primacía de la realidad, siendo al respecto contundentes los testimonios de Bastón, Barreiro, Ubilla, Grandeman y Trevellini, ofrecidos por la actora, hábiles y con eficaz razón de sus dichos, al tratarse de clientes de años de las peluquerías, que coinciden en señalar al Sr. Mario Martínez como el que se presentaba y comportaba como el verdadero propietario de las mismas.
Esto es corroborado por el testimonio ofrecido por el propio demandado, Sra. Ivonne Moreira, que a fs. 225 da cuenta que el propietario siempre fue Martínez, quien le pagaba el sueldo, daba las órdenes y era el único con potestades para despedir, si bien en un período en la calle San José apareció un encargado o socio llamado Héctor. Aclara que Milcity, Grupo Moda y Urumod, esas empresas siempre fueron lo mismo, tuvieron el mismo personal y a Martínez como principal, no conociendo a otra persona. “Salón Rosado” y “El Circo” eran simplemente nombres de fantasía.
Se ha destacado que la importancia de la probanza indiciaria al momento de acreditar la existencia de un conjunto económico (cfr. S.C.J en sent. N° 182/2001 en “Anuario de Jurisprudencia Laboral” Año 2001, c. 115 y en sent. N° 3/2005 en ob. cit. Año 2005, c. 80). En el caso, llama la atención de que Martínez hubiere pretendido presentar documentos referentes a Milcity, porque realmente si fue solo un simple empleado de esta sociedad y no titular de la misma, realmente no se entiende como cómo pudo conseguirlos. También es muy sugestivo que la Escribana Falca declare a fs. 221 vto y 222 que el certificado y demás recaudos de fs. 95 a 97 que presenta en el juicio Urumod lo pagó Martínez, lo que demuestra nuevamente que es el centro de interés al que responden las formas societarias.
Todos estos elementos hacen que se comparta el análisis probatorio realizado por la a-quo, dándole credibilidad a los testimonios ofrecidos por la actora en desmedro de los de la demandada, compartiéndose los cuestionamientos que hace respecto de estos últimos la recurrida.
Los testimonios también permiten determinar que la relación laboral fue continua, más allá de cómo se hiciera figurar formalmente en los documentos. Tampoco hay dudas que existió una continuidad entre las sucesivas formas jurídicas que se fueron adoptando para la explotación de la peluquería, siendo el centro de interés a la cual respondían todas las sociedades, el Sr. Martínez.
En síntesis, la sentencia (fs.323 vto.), partiendo de la base que hubo continuidad entre las empresas Milicitu, Mario Martínez, Urumod y Grupo Moda, pues tenían el mismo domicilio y local, estando al frente de las mismas la persona física pre nombrada, concluye (fs.324), aplicando la teoría de la personería laboral del empleador y el principio de primacía de la realidad, que todos conformaban un conjunto económico en base a los siguientes indicios: giros similares, continuidad de empresas, identidad de asiento físico, identidad patrimonial y de personas físicas al frente de las mismas. A juicio del Colegiado asiste razón a la recurrida, pues todos los codemandados, hoy recurrentes, aparecen entrelazados entre sí, enmascarando un mismo centro de interés patrimonial y de dirección que dan certeza a la figura recogida en la atacada y los hace pasible de responder en forma solidaria por los créditos laborales objeto de condena. De ahí que corresponda su confirmatoria.

IV) También resultan de franco rechazo, los agravios esgrimidos por las recurrentes por no haberse considerada acreditada la calidad de comodataria de la actora de Urumond, en el período en que se desempeñó en el local de la calle Paraguay.
Al respecto, se comparte con la recurrida que el certificado notarial no alcanza para poder ponderar el contrato, que insólitamente no fue presentado en autos. Al no presentarse el mismo, sin perjuicio de que se priva a la actora de poder desconocer su firma, tampoco podemos saber qué fue lo que se pactó y si las clausulas no encubren subordinación. Cabe reiterar que, en materia laboral prima la realidad frente a los documentos o contratos, y esa realidad nos habla que el mentado comodato en nada quiebra la existencia de trabajo subordinado en beneficio del grupo con un único centro de dirección e interés, extremo que los agravios deducidos no logran enervar, pues repiten los fundamentos de las defensas ensayadas en la excepciones desestimadas, con acierto, por la apelada.
Tal conclusión, nos exime de pronunciarnos sobre los agravios por la desestimación de la excepción de prescripción ya que, como se sostiene en la atacada, se trató de una única relación laboral y la solidaridad pasiva tiene como consecuencia jurídica que el plazo se interrumpe para todos los codemandados (art.1398 C. C.).

V) Determinada la existencia de la relación laboral, no habiéndose presentado los recibos, no corresponde hacer lugar a los agravios por la condena a los rubros laborales recepcionados, esgrimidos en base al comodato.
Respecto a la aplicación de la regla de la admisión por la incomparecencia de la codemandada Milcity SA, entendemos que le asiste razón a la recurrida, pues partiendo de la base que todas tenían un mismo domicilio real y fiscal, mal puede alegarse tardíamente indefensión alguna.

VI) Sin embargo, corresponden amparar los agravios por la condena a los nombres de fantasía “El Circo” y “Salón Rosado”, que adoptaron las distintas personas jurídicas codemandadas, pues carecen de personería jurídica.

VII) Los agravios de fondo versan sobre la condena al pago de horas extras y la estimación de los daños y perjuicios preceptivos, los que no han de ser de recibo y ello porque la actora cumplió con la carga probatoria de acreditar la hora extra reclamada, la que la sentencia limitó en el tiempo en base a dicha carga probatoria (fs.325), y la parte demandada se limitó genéricamente a contradecir su existencia, no aportando documentación alguna en su respaldo, ni formuló liquidación de alternativa que respalde tal defensa. Asimismo, no puede soslayarse que las horas extras recepcionadas, resultan avaladas por el testimonio de Moreira. Todo lo que conduce al rechazo de los agravios formulados al respecto.

VIII) En cuanto a los daños y perjuicios preceptivos los mismos corresponden por imperio legal (art. 4 ley 10.449 al que remite el art. 16 de la ley 18.572), cuando hay condena al pago de rubros de naturaleza salarial como la de autos, siendo que el estimativo es acorde a las pautas exigidas en la norma citada.

IX) Sobre la conducta procesal observada por las partes no se hará especial condenación en el grado (art.688 C. Civil, art.261 C.G.P).

Por los fundamentos expuestos, las normas legales citadas, los arts. 17 y 18 de la ley 18.572, su modificativa ley 18.847, arts. 197 y 198 C.G.P y su modificativa ley 19.090, el Tribunal,

FALLA:

Confírmase la sentencia apelada, salvo en cuanto condena a “Salón Rosado” y “El Circo”, en lo que se revoca, por tratarse de nombres de fantasía sin personería jurídica.
Sin especial condenación en el grado.
Notifíquese electrónicamente y devuélvase.
Honorarios fictos: 5 Bases de Prestaciones y Contribuciones.


Dra. Rita Beatriz Patrón - MINISTRA PRESIDENTE
Dra. Sylvia Judith De Camilli - MINISTRA
Dr. Adolfo Fernández de la Vega Méndez - MINISTRO
Esc. Alicia Damini - SECRETARIA LETRADA

DDU - CASO - JPP - 11267