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TRIBUNAL DE APELACIONES DE TRABAJO DE 4º TURNO

SENTENCIA Nº 338

MINISTRO REDACTOR: Dra. Rita Patrón Betancor

Montevideo, 15 de noviembre de 2017

VISTOS EN EL ACUERDO:

Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “REYES, CESAR Y OTROS C/ WALLESTEIN, RICARDO Y OTROS –DEMANDA DECLARATIVA DE CONJUNTO ECONÓMICO Y SUCESIÓN DE EMPRESA”, IUE: 0261-000834/2013, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Florida de 3° Turno, a cargo del Dr.
Daniel Erserguer.

RESULTANDO:

1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales consignados en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente.

2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 34 de 3 de abril de 2017 (fs. 1663-1701), se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los codemandados Ricardo Wallerstein, Cooperativa El Águila, Telmor S.A., Jacobo Wolkowicz y Roberto Wallerstein. Se desestimó la demanda incoada en todos sus términos. Sin especial condenación procesal.

3) El representante judicial de la parte actora, interpone en su nombre y representación, recurso de apelación contra la sentencia definitiva (fs. 1702-1740), agraviándose en apretada síntesis por cuanto:
A) La recurrida acoge la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado Ricardo Wallerstein, Cooperativa El Aguila, Telmor S.A, Jacobo Wolkowicz y Roberto Wallerstein, desestimando la demanda, entendiendo que no se verificó la existencia de un conjunto económico y sucesión de empresa. Respecto a Telmor SA, la sentencia entiende erróneamente que esta adquiere la propiedad del local y sus instalaciones (no el establecimiento comercial), no teniendo la llave del negocio ni organiza la explotación industrial de la curtiembre, realizando una inversión inmobiliaria y en cuanto a Jacob Wolcowicz, sostiene que solo tuvo relación con Telmor por un período corto y no explotó ni organizó ni controló la actividad de la curtiembre, cuando todos los jerarcas lo sindicaron como quien compró ...

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TRIBUNAL DE APELACIONES DE TRABAJO DE 4º TURNO

SENTENCIA Nº 338

MINISTRO REDACTOR: Dra. Rita Patrón Betancor

Montevideo, 15 de noviembre de 2017

VISTOS EN EL ACUERDO:

Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “REYES, CESAR Y OTROS C/ WALLESTEIN, RICARDO Y OTROS –DEMANDA DECLARATIVA DE CONJUNTO ECONÓMICO Y SUCESIÓN DE EMPRESA”, IUE: 0261-000834/2013, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Florida de 3° Turno, a cargo del Dr.
Daniel Erserguer.

RESULTANDO:

1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales consignados en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente.

2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 34 de 3 de abril de 2017 (fs. 1663-1701), se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los codemandados Ricardo Wallerstein, Cooperativa El Águila, Telmor S.A., Jacobo Wolkowicz y Roberto Wallerstein. Se desestimó la demanda incoada en todos sus términos. Sin especial condenación procesal.

3) El representante judicial de la parte actora, interpone en su nombre y representación, recurso de apelación contra la sentencia definitiva (fs. 1702-1740), agraviándose en apretada síntesis por cuanto:
A) La recurrida acoge la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado Ricardo Wallerstein, Cooperativa El Aguila, Telmor S.A, Jacobo Wolkowicz y Roberto Wallerstein, desestimando la demanda, entendiendo que no se verificó la existencia de un conjunto económico y sucesión de empresa. Respecto a Telmor SA, la sentencia entiende erróneamente que esta adquiere la propiedad del local y sus instalaciones (no el establecimiento comercial), no teniendo la llave del negocio ni organiza la explotación industrial de la curtiembre, realizando una inversión inmobiliaria y en cuanto a Jacob Wolcowicz, sostiene que solo tuvo relación con Telmor por un período corto y no explotó ni organizó ni controló la actividad de la curtiembre, cuando todos los jerarcas lo sindicaron como quien compró la empresa en remate y tomaba las decisiones manteniendo a los anteriores titulares en los cargos gerenciales. Agrega, que aparece como el nuevo dueño en el periódico El Heraldo (fs.254) de los acordonados. Con relación a la legitimación pasiva de Ricardo, Roberto y Ariel
Wallerstein, sostiene que estos ante los trabajadores eran los verdaderos empleadores de la firma siendo la cara visible en la dirección de la empresa, eran como integrantes del grupo los que operaban junto con Telmor SA y Jacobo Wolcowicz sobre las sociedades fantasmas Almenil, Kladil y Kindale SA que llevó a la ruina a la empresa.
B) Aplicó en forma errónea el art. 11 y 218 del C.G.P., no extendiendo los efectos de la cosa juzgada de la sentencia dictada en los autos acordonados “Reyes Cesar Eduardo y otros c/ Kindale SA y otro – demanda laboral” (IUE: 260-291/2012), entendiendo que no alcanza a los codemandados, aludiendo a que los actores no fueron parte en dicho proceso. Afirma, que los trabajadores tomaron conocimiento de la existencia del conjunto económico y sucesión de empresa entre Kindale SA, las personas físicas codemandadas, Cooperativa El Aguila y Telmor SA a posteriori de haber iniciado juicio laboral contra la primera, hecho que a su entender habilita a extender los efectos de la cosa juzgada contra todos los responsables del pago del crédito laboral pretendido en autos, de ahí que se haya impetrado la declaración de conjunto económico y sucesión de empresa. Si bien integraron la Cooperativa El Aguila a partir del 2012, desconocían la realidad económica del grupo pues no tenían acceso a la documentación para conocer a sus miembros y las actividades que desarrollaban, pues no eran personal de confianza ni administrativos y fueron excluidos de la cooperativa a raíz del embargo de algunos bienes de la planta. Al tratarse de deudores solidarios responden por los créditos laborales del grupo y es de aplicación lo dispuesto en el art. 218.2 CGP. Lo que se pretendió con la acción declarativa (art.11.3 CGP), es justamente extender los efectos de la cosa juzgada a todos los miembros del grupo económico.
C) No tuvo por acreditada la existencia de un conjunto económico y sucesión de empresas, entendiendo que ambas figuras no pueden existir a la vez, pues la primera supone la supervivencia de todo el grupo y la segunda la extinción de las anteriores. Expresa que por el contrario, todas las empresas fueron usadas como pantalla y las personas físicas deben responder como explotadoras de la fábrica, integrantes del mismo grupo económico y la cooperativa como sucesora de tales empresas. En cuanto a la legitimación pasiva de la cooperativa entiende que esta es una pseudo cooperativa, que responde a los intereses de los Wallerstein, creada por estos y que la declaración vinculante lo demuestra claramente.

4) Por decreto N° 2478/2017 de 28 de abril de 2017, se confirió traslado del recurso de apelación (fs.1741), el que fue evacuado por la Cooperativa El Aguila de fs. 1749 a 1760, por Jacobo Wolkowicz de fs.1761 a 1780, por Telmor SA de fs.
1784 a 1797, por Ricardo Wallerstein de fs. 1798 a 1819.

5) La representante de la Cooperativa El Aguila funda el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria N° 1667/2015 (fs. 393 vto.), por la que se desestimó la prescripción de la acción laboral opuesta en su defensa, entendiendo que al impetrarse una acción declarativa (art. 11 y 218 CGP), no se trata de ningún crédito laboral cuya procedencia ya fue dilucidada. Afirma, que la demanda se presentó el 16/10/2013 mientras que el despido acaeció el 10/1/2012, sin que se solicitara citación a audiencia de conciliación administrativa previa. Por lo que, al haber sido interpuesta la demanda vencido largamente el año del cese de la relación laboral de los actores con Kindale SA, la acción laboral declarativa se encuentra prescripta (fs. 1746-1749).

6) Por auto N° 3287/2017 de 29 de mayo de 2017, se confirió traslado del fundamento de la apelación diferida (fs. 1781), el que fue evacuado por la parte actora de fs.1823-1829 vto.

7) Por providencia N° 3803/2017 de 14 de junio de 2017, se tuvo por evacuados los traslados conferidos, por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación, franqueándose la alzada (fs. 1822).

8) Por decreto N° 3835/2017 de 16 de junio de 2017, se tuvo por evacuado el traslado de la apelación diferida y se ordenó el cumplimiento del auto que ordenó la alzada (fs. 1836).

9) Recibidos los autos por el Tribunal el 20 de octubre de 2017, se ordenó el pase a estudio por su orden (fs. 1859).

CONSIDERANDO:

I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar las sentencias recurridas, salvo en cuanto no se recepciona la excepción de prescripción de la acción interpuesta, en lo que se revoca y en su lugar, se declara operada la misma respecto a la Cooperativa El Águila, por los fundamentos que seguidamente se expondrán.

II) El representante de los actores se agravia –en puridad- porque la recurrida amparó las excepciones de falta de legitimación pasiva opuesta por los codemandados personas físicas y las personas jurídicas codemandadas, entendió que no les alcanza los efectos de la cosa juzgada (art. 218 CGP), porque no fueron parte en el proceso laboral y en definitiva no hace lugar a la acción declarativa (art. 11.3 CGP) de conjunto económico de empresas y sucesión de empresa por la Cooperativa El Águila.

III) Por una cuestión de orden procesal, comenzaremos por pronunciarnos sobre el agravio por haber entendido la sentencia que a los demandados no les alcanza los efectos de la cosa juzgada (art. 218 CGP), pues no fueron parte en el proceso laboral seguido contra la empresa Kindale SA, la que a su entender integra el conjunto económico con los demás demandados y de quien sería la sucesora la Cooperativa El Águila.
Tal agravio no ha de ser de recibo y ello, porque evidentemente el art. 218.2 que se pretende aplicar a través de la acción declarativa impetrada, como lo sostiene la atacada, al ser una norma de excepción requiere una interpretación estricta y por ende, solo cabe extender los efectos de la cosa juzgada a los codeudores solidarios expresamente establecidos en la ley (como lo dispone el art. 12 del Decreto Ley 14.188 para los socios integrantes de las sociedades de responsabilidad limitada para los rubros de naturaleza salarial) y los emergentes de contratos que así lo dispongan, sin haber sido llamados a juicio.
En el caso de la figura objeto de acción, es de creación doctrinaria y jurisprudencial, por lo que solo ingresaría en lo dispuesto en el art. 218.3 CGP, debiendo haber sido emplazados en forma conjunta al juicio, desde que no se presume la solidaridad pretendida y la carga probatoria de su existencia recae enteramente sobre quien la invoca, para luego de acreditada poder responder in solidium por el todo. Ha de verse que las leyes 18.099 y 18.251 que imponen la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria a las empresas principales en casos de subcontratación, intermediación y suministro de mano de obra, requieren que el tercero garante sea demandado en forma conjunta (art. 10 ley 18.251).
Tal conclusión, en principio dejaría sin contenido los demás agravios, sin perjuicio al ser objeto de la acción instaurada la desestimación de la existencia de conjunto económico y sucesión de empresa, ingresaremos al examen de los agravios de fondo, luego de analizar el agravio de la codemandada Cooperativa El Águila respecto al rechazo de la excepción de prescripción de la acción interpuesta por su parte en función de lo dispuesto en el art. 1 de la ley 18.091.

IV) La codemandada Cooperativa El Águila funda su recurso de apelación contra la interlocutoria que desestimó la excepción de prescripción de la acción laboral prevista en el art. 1 de la ley 18.091, entendiendo en lo medular que contrariamente a lo sostenido en la sentencia apelada, se trata de una acción laboral y no civil, más allá de que no se haya seguido el trámite de la estructura procesal prevista en las leyes 18.572 y 18.847. La pretendida acción declarativa tiene su fuente en lo dispuesto en el art. 11.3 del C.G.P., que es de aplicación por remisión del art. 31 de la ley 18.572 pues no es una situación prevista en la mentada ley. El art. 1 de la ley 18.091 prevé que “las acciones originadas en las relaciones de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquél en que haya cesado la relación laboral en que se fundan”. Véase que la ley no habla de acción laboral, vale decir, que en principio la mentada acción declarativa, originada en relaciones de trabajo, ingresaría o se vería comprendida, contrariamente a lo sostenido en la sentencia, por el régimen de prescripción estatuido en la citada ley.
Si bien la prescripción debe ser analizada en forma contextual con las normas del Código Civil, a saber, arts. 1240, 1287 y 1398, en cuyo caso de existir solidaridad pasiva, no estaría prescripta pues, se interrumpió con los mecanismos previstos en los arts. 3 y 4 de la ley 18.091 cuando se ejercitaron los derechos contra la empresa Kindale SA. En el caso concreto, al tratarse de una solidaridad no prevista en la ley ni en un contrato, tal aprovechamiento, a nuestro juicio, no podría haberse operado. Pues a la sazón, no se inició acción alguna contra los ahora codemandados, para poder declarar la solidaridad emergente de la existencia de conjunto económico y sucesión de empresa impetrada. De ahí, que a nuestro juicio y respecto a la Cooperativa El Águila la acción se encuentra prescripta (art.1191 C. Civil), por lo que, corresponde revocar la sentencia apelada en dicho punto y declarar operada la prescripción de la acción laboral impetrada respecto a la recurrente.

V) Dicha conclusión, dejaría sin objeto el estudio del agravio por el amparo de la excepción de falta de legitimación pasiva fincada en que no hubo tal sucesión de empresa y que mal podía haberse neutralizado tal figura con la del conjunto económico en cuestión. De todas maneras, al respecto, no se comparte tal argumentación, pues en dicho punto, la sentencia es acertada, ya que de principio, si hay conjunto económico en la ficción jurídica se trata de un único empleador (el grupo económico) y en situaciones de sucesión de empresa, se trata de empleadores diferentes, adquiriendo las obligaciones laborales por la enajenación del establecimiento. Tal transferencia en el caso en debate, tampoco tiene cabida, pues la Cooperativa codemandada adquirió la curtiembre en subasta pública. Ello determina que para que se concrete la hipótesis de la transferencia de establecimiento debe haber un vínculo de sucesión directa y convencional, con lo que, cuando el método de traspaso ha consistido en subasta pública, expropiación o adjudicación por licitación, no estaríamos ante el típico caso de transferencia (Cf. Prof. Silva Carretón, citando a Krotoschin en “La extinción del contrato de trabajo por responsabilidad del empleador”, pág., 161). Entonces, habrá transferencia de empresa, esto es, sucesión de empleador, cuando cambia el “dueño”, pero no cambia el lugar donde se cumple la actividad que corresponde a su objeto, los bienes muebles e inmuebles con que se desarrolla la actividad sean los mismos, siempre que haya sido por sucesión directa y convencional, que como se vio, no fue el caso, desde que la adquisición por la Cooperativa lo fue a la luz de lo dispuesto en la ley 18.407 art. 104 y 18.387 art.238).
Por todo lo cual, corresponde desestimar los agravios deducidos y confirmar aún por otros fundamentos la sentencia apelada.

VI) En relación a los agravios deducidos contra los demás codemandados por haber entendido la recurrida que no se acreditó el conjunto económico, tampoco correspondería su amparo. Se ha señalado que la complejidad de la actividad empresarial lleva a la creación de diversas personas jurídicas vinculadas entre sí, y a veces también entrelazadas con la actividad de una persona física, para viabilizar la ejecución de una explotación. Ello, por supuesto no constituye ilicitud alguna, pero en los hechos puede erigirse en una dificultad para el trabajador que prestó servicios para esa unidad económica a la hora de pretender demandarla. De allí, que el Derecho Laboral ha edificado sobre la base de la primacía de la realidad y del principio protector, la teoría de la personería laboral del empleador, y como proyección de ella, la del "conjunto económico".
Describe el Dr. Ermida Uriarte al conjunto económico o grupo de empresas como: "el conjunto de empresas, formal y aparentemente independientes, que están sin embargo recíprocamente entrelazadas, al punto de formar un todo complejo pero compacto, en cuanto responde a un mismo interés. El poder económico se sitúa a nivel de grupo y no al nivel de cada empresa componente, aún cuando los derechos y obligaciones respecto a terceros nazcan a nivel de cada uno de ellas" (cfr. "Empresas Multinacionales y Derecho Laboral", pág. 73).
El Dr. Américo Plá Rodríguez, citando a Savatier, refiere que: "El poder económico se sitúa a nivel del grupo, aun cuando los derechos y las obligaciones respecto de los terceros nazcan a nivel de cada una de las sociedades dotadas de personalidad jurídica que pertenece al grupo. Ignorar la existencia del grupo considerando que el único empleador que se ha comprometido con cada trabajador es la sociedad que ha sido parte del contrato, importaría desinteresarse en muchos aspectos de la protección efectiva y real de los trabajadores. Por eso, más allá de la máscara formal, se tienen en cuenta los verdaderos titulares del poder y de la decisión" (cfr. "Curso de Derecho Laboral", tom. I, vol. I, págs. 150 y ss.). Entiende el distinguido profesor que: "concretamente se configura el "conjunto económico" si se presentan los siguientes factores: a) unidad de domicilio patrimonial de la empresa, b) similitud o analogía de giros por concomitancia o sucesividad; 3) utilización en común de implementos industriales; 4) identidad de organización administrativa o comercial; 5) utilización de locales comunes, estando alguna o algunas de las empresas eximidas del pago del arrendamiento; 6) identidad de la integración de los directores o mandatarios de las empresas referidas a algunas o algunos de sus miembros y 7) imposición de una empresa a otra de condiciones o lugar de comercialización de sus productos o con referencia a sus servicios, etc., de tal modo que le crea una situación de supeditación real" (cfr. ob ct. págs. 154 y 155).
Por su parte, el Dr. Alejandro Castello sostiene: "que el grupo de empresas puede definirse como aquel que se constituye cuando dos o más empresas se relacionen por vínculos estables de dominación o control, sea éste directo o indirecto, interno o externo, o se encuentran bajo la influencia dominante de una o más personas físicas o jurídicas, con independencia de la forma jurídica u organizativa que adopten (centralizada o descentralizada) y actúen bajo una dirección económica unificada". Agrega este autor que: "Como apunta De Simone, si se quiere continuar hablando de grupos, se debe utilizar una noción más amplia de éstos, que sea en grado de comprender todas las formas de relaciones económicas entre empresas, incluyendo a aquellas que derivan de situaciones de dependencia de mercado que puedan asegurar a un sujeto económico la capacidad de conducir la gestión de la otra empresa, configurando así desde el punto de vista sustancial la existencia de un grupo. Creemos que los elementos que manejamos en nuestra definición permiten, por un lado, encuadrar cualquier forma de estructuración u organización que adopte el grupo subordinado y, por otro lado, establecer un criterio claro de delimitación del grupo que otorgue certeza jurídica" (cfr. "Grupo de Empresas y Derecho del Trabajo", págs. 151 y
152).
Estos conceptos elaborados y propulsados por la doctrina, no existiendo en el orden nacional legislación que lo regulen salvo en materia fiscal, fueron recepcionados por la jurisprudencia laboral, que conceptuó que el descubrimiento de la unidad subyacente en el conjunto económico es un imperativo del principio de primacía de la realidad, postulando para ello una mayor flexibilidad y amplitud de los medios probatorios, reconociendo el derecho del trabajador (malgré la falta de disposiciones legales) de reclamar contra cualquiera o todas las empresas que componen esa unidad que responderán en forma solidaria por la deuda laboral, aun cuando formalmente haya figurado como dependiente de una de ellas. Reiterados fallos han insistido en que el conjunto económico es una realidad más económica que jurídica y que es natural que requiera una pluralidad de personas jurídicas diferentes, pues de lo contrario no podría hablarse de conjunto. No se requiere la comprobación de maniobras fraudulentas o de un ejercicio abusivo de las firmas societarias para perjudicar a terceros. Se ha dicho que no hay formas determinadas de creación de los conjuntos económicos, ya que son tantas las posibilidades a las que se pueden acceder por quienes lo forman, que no es posible limitarlas a esquemas determinados. Lo que importa destacar es que el poder económico se sitúa a nivel del grupo, aun cuando los derechos y obligaciones frente a terceros nazcan a nivel de cada una de las sociedades dotadas de personería jurídica. La vinculación económica de las empresas las hace solidariamente responsables por los créditos laborales. Cuando se trata de relaciones laborales no puede ignorarse la existencia del grupo, considerando que el único empleador que se ha comprometido con el trabajador, es la sociedad que ha participado del contrato respectivo. Esto último importaría dejar de lado la protección efectiva que corresponde brindar a los trabajadores, y que por el contrario más allá de la máscara formal, hay que buscar y responsabilizar a los titulares del poder y de la decisión, tratando que no se eluda mediante el recurso de constituir diferentes personas jurídicas colectivas, las responsabilidades laborales que dicho conjunto de empresas adquiere frente a un dependiente (cfr. "Anuario de Jurisprudencia Laboral", Año 2005, c. 90; Año 2006, c. 61).
Aplicando los precedentes conceptos, luego de analizar racionalmente la probanza de marras, tomando en cuenta cada medio producido y su conjunto, a la luz de los principios lógicos y normas de experiencia que conforman la sana crítica de conformidad con lo preceptuado por el art. 140 del C.G.P., el Colegiado concluye que en la especie le asiste plena razón a la recurrida cuando sostiene que en autos no se verifica acreditado suficientemente un supuesto de conjunto económico entre las personas jurídicas codemandadas, compartiéndose el pormenorizado análisis de la probanza que hace la misma en su fundado pronunciamiento, siendo irrelevantes los agravios para enervarlo. Ello, por los siguientes fundamentos: a) no se acreditó en forma clara que todas las empresas y personas físicas codemandadas respondieran a un único centro patrimonial de interés y dirección común, pues parecería que el grupo inversor que adquirió el inmueble y la maquinaria en subasta pública por la ejecución iniciada por el BROU, no se dedicó a la explotación de la curtiembre; b) si bien la actividad de la curtiembre siguió siendo la misma, el inmueble y maquinaria fue alquilado a la empresa empleadora de los actores y luego a la Cooperativa que los mismos integraron bajo el gerenciamiento de anteriores autoridades; c) de haber existido un mismo centro de interés no se hubiera promovido el desalojo del local. En suma, no se desprende comunidad de intereses entre los codemandados que indiquen sin dubitaciones, la existencia de un conjunto económico entre todos los codemandados que los haga pasible de responder in solidum por los créditos laborales reclamados y reconocidos en un juicio laboral (acordonado) en el que no fueron parte y por ende, no pudieron ejercer el derecho de defensa y en cuya oportunidad procesal debió probarse –prima facie- la mentada figura de creación doctrinaria y jurisprudencial que haga extensible los efectos de la cosa juzgada pretendida en base a lo dispuesto en el art. 218 CGP. Todo lo que le da la razón a la sentencia atacada.
Adviértase que para que exista conjunto económico tienen que coexistir todas las empresas, mientras que según se plantea por los recurrentes, de lo que se trata es de sociedades anónimas que encubren al verdadero empleador (pantallas), que se crean y se extinguen en una suerte de sucesión de empleadores que como vimos, resultan incompatibles con la figura invocada.
Asimismo, nos permitimos expresar que de toda la prueba de autos, resulta que los actores conocían desde el inicio quienes eran sus empleadores y todas vicisitudes empresariales que determinaron la participación de diferentes empresas en la gestión de la curtiembre, al punto tal, que algunos de los demandantes hoy apelantes, integraban como socios cooperativistas la codemandada Cooperativa El Aguila.
De ahí, que no sólo los codemandados no conforman un conjunto económico según todos los elementos probatorios cuidadosamente analizados en la atacada a la luz de la más prestigiosa doctrina, sino que en aplicación de la teoría del acto propio, se puede afirmar sin duda alguna, que los actores estaban en pleno conocimiento de quienes componían la parte empleadora de la relación laboral que los vinculaba.

VI) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado.

Por tales fundamentos expuestos, las normas legales citadas y los arts. 17 y 18 de la Ley N° 18.572 de fecha 13.9.2009 en la redacción dada por los arts. 6 y 7 de la ley 18.847 de fecha 15.11.2011 y arts. 197 y 198 CGP, el Tribunal,

FALLA:

Confírmanse la sentencias recurridas, salvo en cuanto no se recepciona la excepción de prescripción de la acción interpuesta en lo que se revoca y en su lugar, se declara operada la misma respecto a la cooperativa el Aguila.
Sin especial imposición de costos y costas en el grado.
Honorarios fictos: cinco bases de prestaciones y contribuciones.
Notifíquese y devuélvase.

Dra. Rita Patrón Betancor - PRESIDENTE
Dra. Sylvia De Camilli Hermida - MINISTRO
Dr. Adolfo Fernández De La Vega Méndez - MINISTRO
Esc. Alicia Damini - SECRETARIA LETRADA

DDU - CASO - JPP - 11262