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JUZGADO ESPECIALIZADO EN CRIMEN ORGANIZADO DE 1º TURNO

SENTENCIA Nº 309

Montevideo, 10 de abril de 2018

VISTOS:

Para sentencia interlocutoria de primera instancia estos autos caratulados “TESTIMONIO DE AUTOS IUE 2-37467/2015” IUE 474-107/2016, tramitados con el Fiscal Letrado Penal Especializado en Crimen Especializado Dr. Luis Pacheco y la Defensa de Confianza Dr. Diego Camaño.

RESULTANDO:

I) LAS ACTUACIONES CUMPLIDAS.
1) El día 1º de setiembre de 2015 se dio inicio en esta sede judicial a una investigación presumarial de carácter reservado respecto de los ciudadanos mexicanos G.G.V. y W.A., por la eventual comisión en nuestro país de delito de Lavado de Activos procedente del narcotráfico (fs. 1-46).
2) En el marco de la instrucción cumplida en sede judicial, el 22 de abril de 2016 se recibió declaración en calidad de indagada a la Escribana G.G.A. por su eventual responsabilidad penal en virtud de haber intervenido profesionalmente en la celebración de varios contratos celebrados por el matrimonio mexicano en nuestro país (fs. 579 y 641-654).
3) Concluida la instrucción y habiéndose formulado requisitoria por el Ministerio Público, por resolución nº 372/2016 del 23 de abril de 2016, se dispuso el procesamiento y prisión de G.G.V. y H.A.P. por la comisión de un delito de Lavado de Activos, así como el procesamiento y prisión de J.L., L.F. y P.G. por la comisión de un delito de Asistencia al Lavado de Activos (fs. 746-751). Por resolución nº 373/2016 ...

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JUZGADO ESPECIALIZADO EN CRIMEN ORGANIZADO DE 1º TURNO

SENTENCIA Nº 309

Montevideo, 10 de abril de 2018

VISTOS:

Para sentencia interlocutoria de primera instancia estos autos caratulados “TESTIMONIO DE AUTOS IUE 2-37467/2015” IUE 474-107/2016, tramitados con el Fiscal Letrado Penal Especializado en Crimen Especializado Dr. Luis Pacheco y la Defensa de Confianza Dr. Diego Camaño.

RESULTANDO:

I) LAS ACTUACIONES CUMPLIDAS.
1) El día 1º de setiembre de 2015 se dio inicio en esta sede judicial a una investigación presumarial de carácter reservado respecto de los ciudadanos mexicanos G.G.V. y W.A., por la eventual comisión en nuestro país de delito de Lavado de Activos procedente del narcotráfico (fs. 1-46).
2) En el marco de la instrucción cumplida en sede judicial, el 22 de abril de 2016 se recibió declaración en calidad de indagada a la Escribana G.G.A. por su eventual responsabilidad penal en virtud de haber intervenido profesionalmente en la celebración de varios contratos celebrados por el matrimonio mexicano en nuestro país (fs. 579 y 641-654).
3) Concluida la instrucción y habiéndose formulado requisitoria por el Ministerio Público, por resolución nº 372/2016 del 23 de abril de 2016, se dispuso el procesamiento y prisión de G.G.V. y H.A.P. por la comisión de un delito de Lavado de Activos, así como el procesamiento y prisión de J.L., L.F. y P.G. por la comisión de un delito de Asistencia al Lavado de Activos (fs. 746-751). Por resolución nº 373/2016 del 24 de abril de 2016, se dispuso el procesamiento y prisión de W.A.A. por la comisión de un delito de Asistencia al Lavado de Activos (fs. 774-777).
4) Conforme vista fiscal nº 993/2016 del 17 de mayo de 2016, por decreto nº 537/2016 del 26 de mayo de 2016 se dispuso la expedición de testimonio de la causa IUE 237467/2015 para proseguir la indagatoria respecto del agente inmobiliario A.P. y de la Escribana G.G. (fs. 994).
Con fecha 1º de setiembre de 2016 se formó el presente testimonio IUE 474-107/2016 (fs. 1296).
5) Por dictamen nº 430/2017 del 18 de abril de 2017 y de acuerdo a los fundamentos expuestos, el representante del Ministerio Público solicitó el enjuiciamiento sin prisión y con imposición de medida sustitutiva de la Escribana G.G., bajo la imputación de un delito de Asistencia al Lavado de Activos previsto en el art. 57 del dec-ley nº 14.294, redacción dada por la ley nº 17.016. Solicita asimismo se traba embargo genérico a su respecto hasta cubrir un monto de U$S 200.000 (fs. 1494-1497).
6) El día 26 de junio de 2017 se realizó audiencia ampliatoria en los términos el art. 126 del C.P.P., en la cual la Defensa de la indagada formuló sus descargos, agregando prueba documental y solicitando prueba por informes a U.I.A.F. y a la Asociación de Escribanos (fs. 1559-1594).
7) Por auto nº 744/2017 del 30 de junio de 2017 se hizo lugar al ofrecimiento probatorio de la Defensa disponiendo la solicitud de los informes peticionados (fs. 1595).
La U.I.A.F. presentó el informe requerido con fecha 12 de diciembre de 2017 (fs. 1602 y 1605) y la Asociación de Escribanos lo hizo el día 20 de diciembre de 2017 (fs. 16071612).
8) Por decreto nº 21/2018 del 1º de febrero de 2018 se citó a las partes para el dictado de resolución, subiendo los autos al despacho con fecha 19 de febrero de 2018 (fs. 1613-1615)

II) LA PRUEBA RECIBIDA.
En relación a la eventual responsabilidad penal de la Escribana G.G. por los hechos referidos en la requisitoria fiscal, obran en estas actuaciones las siguientes probanzas:
a) Actuaciones cumplidas en la pieza principal IUE 2-37467/2015:
1) informe remitido por el Banco Central del Uruguay sobre W. A. (fs. 2-36 y 39-45);
2) informes del Equipo Multidisciplinario de la sede y anexos (fs. 57-76, 77-246, 248 y 249-315);
3) diligencia de allanamiento en el estudio de la Esc. G. G. sito en Constituyente nº 1467 esc. 1302 (fs. 391-394 y 426-427)
4) declaraciones del encausado G.G.V. recibidas en presencia de Defensor (fs. 580, 655-659, 738-739);
5) declaraciones del encausado J.L. recibidas en presencia de Defensor (fs. 583, 673678, 740-742);
6) declaraciones de la encausada L.F. recibidas en presencia de Defensor (fs. 584, 679-705, 743-745);
7) declaraciones de la encausada W.A. recibidas en presencia de Defensor (fs. 756, 757-768, 773);
8) declaraciones de la Esc. G. recibidas en presencia de Defensor de acuerdo al art. 113 del C.P.P. (fs. 579, 641-654);
9) acta de entrega de efectos incautados (fs. 1040);
10) informe de SENACLAFT sobre sociedades vinculadas a los encausados y bienes adquiridos (fs. 1057-1059);
11) informe de U.I.A.F. sobre giros en los cuales intervino estudio de la Esc. G. (fs. 1271-1279).
b) Actuaciones cumplidas en estos autos IUE 474-107-2016:
1) documentación (copias) presentada por la Escribana G. (fs. 1301-1476 1477-1486, 1502-1558);
2) declaración de la Esc. G. G. recibida en los términos del art. 126 del C.P.P. (fs. 1559-1594);
3) informe de SENACLAFT y anexos documentales (fs. 1602, 1605 y 1605 vto.);
4) informe de la Asociación de Escribanos del Uruguay (fs. 1608-1612).

CONSIDERANDO:

I) CUESTIONES PRELIMINARES.
1) La normativa aplicable.
1) Esta resolución debe decidir respecto de la presunta comisión por parte de la Escribana G.G. del delito de Lavado de Activos en la modalidad de asistencia, en tanto Fiscalía solicitó su enjuiciamiento bajo la imputación referida y fundó su requisitoria en las previsiones del art. 57 del dec-ley nº 14.294 incorporado por el art. 5 de la ley nº 17.016.
Previamente a la decisión a recaer en esta providencia, entiende la suscrita que dada la reciente sanción de la Ley integral del Lavado de Activos nº 19.574, promulgada el 20 de diciembre de 2017, se plantea la cuestión de cuál es la normativa aplicable al caso.
2) A modo de breve reseña, se dirá que el delito de lavado o blanqueo de capitales nace en el derecho internacional con la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (Convención de Viena) aprobada por nuestro país por la ley No. 16.579 del 7 de setiembre de 1994. En el marco del combate a la delincuencia organizada relacionada al tráfico de drogas, la convención recomendaba a los Estados firmantes la tipificación como delito de una serie de conductas, entre ellas, la conversión o transferencia de bienes procedentes de dicho tráfico.
Posteriormente, se firman en el año 2000 la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) aprobada por ley nº 17.861 del 7 de setiembre de 2004 y en el año 2006 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida) aprobada por ley No. 18.056 del 14 de noviembre de 2006.
Ambas convenciones reiteran y amplían el marco del delito de lavado o blanqueo de activos.
En consonancia con la normativa internacional, nuestro derecho interno sancionó el tipo penal del Lavado de activos en el art. 5º de la ley nº 17.016 del 22 de octubre de 1998, la cual introdujo modificaciones e incorporaciones al dec-ley nº 14.294 del 31 de octubre de 1974 sobre estupefacientes. Así, en relación al tema que nos ocupa, el art. 5 de la ley nº 17.016 incorporó el art. 54 y el art. 57 al dec-ley nº 14.294 mencionado.
El art. 54 disponía: “El que convierta o transfiera bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de los delitos tipificados por la presente ley o delitos conexos, será castigado con pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría”. Por su parte el art. 57 establecía: “El que asista al o a los agentes de la actividad delictiva en los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos, ya sea para asegurar el beneficio o el resultado de tal actividad, para obstaculizar las acciones de la Justicia o para eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones, o le prestare cualquier ayuda, asistencia o asesoramiento, será castigado con una pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría”.
El tipo penal se fue expandiendo a través de sucesivas leyes que ampliaron el elenco de delitos precedentes y las personas obligadas a reportar operaciones sospechosas (ley nº 17.060 del 23 de diciembre de 1998, ley nº 17.343 del 25 de mayo de 2001, ley nº 17.835 del 23 de setiembre de 2004, ley nº 18.026 del 25 de setiembre de 2006 y ley nº 18.494 del 3 de junio de 2009). El art. 13 de la ley nº 17.835 elevó la pena de delitos tipificados en los artículos 54 y 55 del dec-ley nº 14.294 (incorporados por el art. 5 de la ley nº 17.016) a guarismos de penitenciaría –mínimo de dos años a un máximo de quince años-, la que se mantuvo en leyes posteriores.
Finalmente, en el pasado año 2017 se sancionó la Ley Integral del Lavado de Activos nº 19.574, promulgada el día 20 de diciembre de 2017, cuyo cometido es ordenar, sistematizar y actualizar toda la normativa vigente relativa a Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En su articulado incluye varios tipos penales ya existentes, a saber: Conversión y transferencia (art. 30), Posesión y tenencia (art. 31), Ocultamiento (art. 32) y Asistencia (art. 33). Además, amplía nuevamente el elenco de delitos precedentes y las personas obligadas a reportar obligaciones sospechosas.
Por otra parte, el art. 79 de la ley nº 19.574 dispone en forma expresa la derogación de todas las leyes anteriores relativas al lavado de activos, incluyendo los arts. 54 y 57 del dec-ley nº 14.294 y las posteriores leyes modificativas. Por lo cual la suscrita deberá pronunciarse respecto de cuál es la ley aplicable al caso.
3) En relación a la vigencia de la ley penal en el tiempo, el art. 15 del Código Penal establece que “cuando las leyes penales configuran nuevos delitos o establecen una pena más severa, no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia. Cuando se suprimen, en cambio, delitos existentes o se disminuye la pena de los mismos, se aplican a los hechos anteriores a su vigencia .....”. La misma norma contiene el art. 7 del C.P.P. (ley nº 15.032 del año 1980).
Es decir que, en consonancia con los principios establecidos en los tratados internacionales (art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos), nuestro derecho interno ha consagrado un sistema de irretroactividad absoluta de la norma más gravosa al justiciable y de retroactividad absoluta de la norma más favorable (Cfme. Langón, M.Código Penal Comentado, Universidad de Montevideo, ed. 2008, Tomo I, p. 124).
El principio de irretroactividad de la ley penal es consecuencia necesaria del principio de legalidad, cuya finalidad es impedir que alguien sea penado por un hecho que al momento de su comisión no era delito.
Toda conducta ilícita se rige por la ley vigente al momento en el cual fue sancionada, no pudiendo aplicarse una ley penal a hechos cometidos antes de su vigencia.
Enseña Francisco Muñoz Conde que “la prohibición de retroactividad de las leyes penales se asienta, desde el punto de vista jurídico, en los principios de legalidad y seguridad jurídica, como límites de la intervención penal del Estado”, agregando que “viene impuesta por el más elemental concepto de justicia”. El mismo principio de legalidad justifica la retroactividad como excepción. Así, expresa: “... resulta indudable que las leyes penales que aumenten las penas, establezcan circunstancias agravantes o creen figuras agravadas del delito, no pueden ser aplicadas de modo retroactivo. De esta forma, la prohibición de retroactividad de la ley perjudicial para el reo confirma el carácter de límite para el Estado y garantía para el ciudadano que posee el principio de legalidad. Pero precisamente porque ése es el sentido de la garantía, cabe afirmar que la aplicación retroactiva de las leyes penales que beneficien al reo, no lesiona su contenido”, por lo cual, “la retroactividad de la ley penal más favorable constituye así una excepción al principio general de la irretroactividad de las leyes penales” (Conde Muñoz, F; García Arán, M.-Derecho Penal, Parte General, 3ª ed., ps. 150-154).
Entonces, en el supuesto de una ley penal vigente al momento de comisión del delito y otra al tiempo de la sentencia, deberá aplicarse la norma más favorable al imputado. Y la determinación de la norma más favorable no puede hacerse en abstracto, sino que debe analizarse en cada caso concreto, comparando las soluciones que establece cada ley para determinar cuál es la menos gravosa para el autor.
Por su parte, el Profesor Gonzalo Fernández afirma que "la irretroactividad penal abarca tanto a la norma de conducta (nullum crimen) como a la pena (nulla poena) y obliga no sólo al legislador en el momento de la sanción de la ley sino también al juez, en la fase ulterior de interpretación y aplicación de la misma" ("El Derecho Penal intertemporal" Ed. B de F, 2015, p.
4) Y la única excepción es la aplicación en forma retroactiva de la ley penal más benigna. Esto significa que un hecho del pasado deberá juzgarse de acuerdo a las normas vigentes al momento de comisión del hecho delictivo, por lo cual la norma anterior, aun cuando haya sido derogada por otra ley posterior, mantiene su "aplicación ultractiva o extractiva". Es decir, "una ley puede estar formal y expresamente derogada, pero sin embargo conservar eficacia para regir un hecho cometido durante el lapso que estuvo vigente, a pesar de haberse sancionado una nueva ley" (Fernández, G. ob. cit., p-6-7).
En el caso de autos, el delito de Asistencia al Lavado de Activos -cuya imputación solicita la Fiscalía-se habría perpetrado durante la vigencia de los arts. 54 y 57 del dec-ley nº 14.294, incorporados por el art. 5 de la ley nº 17.016 y con la pena establecida por el art. 13 de la ley nº 17.835.
El art. 54 vigente a esa fecha establecía: “El que convierta o transfiera bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de los delitos tipificados por la presente ley o delitos conexos, será castigado con pena de penitenciaría con mínimo de dos años y un máximo de quince años.” Por su parte, el art. 57 disponía: “El que asista al o a los agentes de la actividad delictiva en los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos, ya sea para asegurar el beneficio o el resultado de tal actividad, para obstaculizar las acciones, o le prestare cualquier ayuda, asistencia o asesoramiento, será castigado con una pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría
5) Como se dijo anteriormente, el art. 79 de la ley nº 19.574 dispuso la derogación de las normas transcriptas, entre otras. Sin embargo, esto no supuso la derogación de las figuras delictivas, sino que éstas se mantienen en la nueva normativa, específicamente en los arts. 30 y 33, con redacción casi idéntica.
En efecto, la nueva ley nº 19.574 establece en su art. 30: “(Conversión y transferencia). El que convierta o transfiera bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de las actividades delictivas establecidas en el art. 34 de la presente ley, será castigado con pena de dos años a quince años de penitenciaría.” El art. 33 dispone: “(Asistencia).-El que asista al o a los agentes en las actividades delictivas establecidas en el art. 34 de la presente ley, ya sea para asegurar el beneficio o el resultado de tal actividad, para obstaculizar las acciones de la justicia o para eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones, o le prestare cualquier ayuda, asistencia o asesoramiento, con la misma finalidad, será castigado con una pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría”.
Lo mismo puede decirse respecto del delito precedente, en el caso, delitos relativos a tráfico de estupefacientes, en cuanto es coincidente la normativa anterior (art. 54 del dec-ley nº 14.294, incorporado por el art. 5 de la ley nº 17.016, y sus sucesivas modificaciones) y la actualmente vigente (art. 34 nº 1 de la ley nº 19.574).
Finalmente, en relación al decomiso previsto como consecuencia del delito de Lavado de activos, las normas recientemente aprobadas tampoco varían las previsiones del art. 63 del dec-ley nº 14.294 en la redacción dada por el art. 2º de la ley nº 18.494. Específicamente, los arts. 49, 50, 51 y 53 de la ley nº 19.574 reproducen casi literalmente el art. 63 numerales 1, 2, 3 y 5, remitiendo a su lectura en honor a la brevedad.
6) Señala la exposición de motivos de la ley nº 19.574 que la misma “refleja una tarea de ordenamiento, sistematización y actualización de la normativa vigente en materia de lavado de activos”. Expresa que en la realidad actual el lavado de activos se presenta como un delito autónomo que comprende el producto de delitos graves, además del narcotráfico, por lo cual corresponde desvincularlo de la legislación de drogas. Afirma además que la dispersa y profusa legislación anti lavado dificulta su comprensión y aplicación por los operadores del derecho, por lo cual es necesario crear un marco legal que la ordene.
De esta forma, la nueva ley en sus capítulos V, VI y VII sistematiza toda la normativa relativa a delitos, medidas cautelares y decomisos, agregando nuevos delitos precedentes y recogiendo recomendaciones del GAFI. Pero como se extrae de la transcripción de las normas contenida en el numeral anterior, no se realizaron modificaciones sustanciales a los tipos penales. Por el contrario, en lo esencial, se mantuvieron las conductas típicas, las penas a aplicar y el régimen del decomiso como consecuencia jurídica del delito.
Es decir que a pesar de la redacción del art. 79, la sanción de la ley nº 19.574 no determinó la derogación de los tipos penales relativos al lavado de activos, los que fueron recogidos en una ley integral que –como ya se dijo-sistematiza y actualiza toda la normativa sobre el tema, antes dispersa en diversas leyes. En el caso se produjo una sucesión de leyes regulatorias de la misma conducta, que mantienen el tipo penal en los mismos términos, por lo cual no puede hablarse de una ley posterior derogatoria de un delito anterior. Tampoco es una ley posterior más beneficiosa, por lo cual, en aplicación del principio de irretroactividad, corresponde mantener la "ultractividad" de la ley anterior.
En consecuencia, corresponde el dictado de la presente resolución al amparo de las disposiciones vigentes al momento de comisión de los hechos, esto es, los arts. 54, 57 y 63 del dec-ley nº 14.294 en la redacción dada por el art. 5 de la ley nº 17.016, art. 13 de la ley nº 17.835 y art. 8 de la ley nº 18.494.
2) La requisitoria del Ministerio Público.
1) El representante del Ministerio Público solicitó el enjuiciamiento de G.G. bajo la imputación de un delito continuado de Asistencia a los agentes del delito de Lavado de Activos previsto en el art. 57 del dec-ley nº 14.294 redacción dada por la ley nº 17.016, a título de dolo eventual.
En síntesis, fundamenta la requisitoria en que la Escribana intervino, desde el año 2012 al 2016, en operaciones inmobiliarias, transferencias de acciones societarias y compraventas de vehículos en las que figuraban como compradores o participantes algunos de los procesados en la causa principal. Asimismo, sostiene que, durante el mismo período, ofició como Escribana de confianza de dichas personas, intermediando en la constitución de sociedades anónimas panameñas y realizando certificaciones, protocolizaciones y autenticaciones, lo cual emerge de las respectivas escrituras y actas notariales agregadas. Reseña las distintas operaciones en las que intervino la indagada, entendiendo que no cumplió las reglas de la debida diligencia exigidas por la normativa vigente en ese tiempo. Concluye que su conducta encuadra en la figura delictiva peticionada (fs. 1494-1497).
2) En relación a la requisitoria fiscal, se comparten las consideraciones de la Defensa, entendiendo la suscrita que el principio de congruencia es plenamente aplicable en el procedimiento presumarial. Esto implica que aún en esta etapa, la selección de hechos que el Ministerio Público da por primariamente acreditados continenta la actuación del juez (T.A.P. 1er. Turno, sent. nº 353/2014 del 13 de octubre de 2014 en autos IUE 475-73/2014).
Ya hace años el Profesor Walter Guerra manifestaba: “Cuando el Juez en un proceso penal, requiere el pronunciamiento del Ministerio Público, previo al dictado del auto de procesamiento, no está haciendo otra cosa que realizar el derecho impuesto por la Constitución. Bajo este modelo, los hechos alegados por el representante fiscal y la calificación que el mismo haga de estos hechos, obligan al Juez, salvo que se haya incurrido en error manifiesto” (Guerra, Walter, ¿El Juez Penal puede procesar de oficio imputando delitos más graves a hechos no propuestos por el Ministerio Público en su requisitoria?, Rev. Uruguaya Derecho Procesal año 2001 nº 4, p. 363)”.
Más recientemente, han sostenido los Prof. Garderes y Valentín: “La relación entre la solicitud fiscal de procesamiento y el auto de procesamiento está pautada, al igual que toda sentencia, por el principio de congruencia, por lo que, en nuestro concepto, no es admisible que el Juez evada el marco fáctico propuesto por el Fiscal en su requisitoria de enjuiciamiento, aun cuando eventualmente pueda admitirse en relación a la tipificación de esa conducta una variación fundada en la regla iura novit curia -sólo admisible si no altera los hechos considerados en la pretensión de enjuiciamiento” (El nuevo régimen del presumario, Nota 92, p.63).
En consecuencia, el juez debe limitar su análisis y resolución a los hechos incluidos por la Fiscalía en su requisitoria de procesamiento, pues de lo contrario y respecto de los hechos ajenos a esa solicitud, estaría actuando de oficio en contravención al principio acusatorio que rige nuestro proceso penal de acuerdo a lo dispuesto por el art. 22 de la Constitución dela República.

II) LOS HECHOS PRIMARIAMENTE ACREDITADOS.
1) De acuerdo a lo dispuesto por el art. 174 del C.P.P. el juez debe realizar la valoración de las pruebas recibidas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, conforme lo dispuesto por el art. 174 del C.P.P. El sistema de la sana crítica tiene por base los principios lógicos y de experiencia que son, ante todo, reglas del correcto entendimiento humano (Cfme. Couture, Fundamentos, p. 270), lo propio de un ser que actúa racionalmente o de manera razonable (Cfme. Marabotto, Curso del C.G.P., T. I, p. 146) y configuran un sistema de libre apreciación razonada, basado en reglas objetivas de razón, experiencia y ciencia
(Cfme. Vescovi, Derecho Procesal, T. I., p. 85).
Como enseñara el recordado Profesor y Magistrado Dr. Víctor H. Bermúdez, "las reglas de la sana crítica” conforman una categoría intermedia entre la prueba legal o tasada, y la libre convicción.
Sin llegar a constituir un nuevo sistema, establece un correctivo o un criterio de limitación a la libertad concedida al juez en el sistema de la libre convicción. El juez no puede apreciar la prueba en forma caprichosa, en forma arbitraria, sino que debe hacerlo mediante un razonamiento lógico y en aplicación de los datos que le suministra la experiencia (Cf. “Los Medios de Prueba” Curso sobre el Código del Proceso Penal Ley No. 15.032, pág. 321).
Atendiendo a la plataforma fáctica de la requisitoria del Ministerio Público (contenida en los numerales 1 a 3 y 8 de su dictamen) y a las consideraciones expuestas por la Defensa al formular sus descargos, valoradas las probanzas recibidas de acuerdo a lo explicitado en el numeral anterior, entiende la suscrita que en esta etapa procesal han quedado primariamente acreditados los hechos que se relatan a continuación.
2) La Escribana G.G. conoció a los cónyuges G.G.V. y W.A.A. en el año 2012, en ocasión que éstos adquirieron el chalet Quincho Grande en Punta del Este (bien inmueble padrón nº 7.617 localidad catastral Punta del Este, Maldonado).
En efecto, el anterior propietario del bien –C.L. en calidad de Director de Landivia S.A.era cliente de la escribana y fue quien los presentó cuando aquéllos se interesaron en la adquisición del chalet. La escribana autorizó la escritura de compraventa del inmueble y a partir de entonces, intervino como profesional en otros negocios realizados por el matrimonio G.-A. (informe 57-61, declaraciones fs. 655-659, 757-768, 641-641 y 1559-1594, documentos fs.).
Así, el 28 de mayo de 2012 la Escribana G.G. autorizó la escritura de compraventa del inmueble mencionado (chalet Quincho Grande, padrón nº 7.617 localidad catastral Punta del Este, Maldonado) en el precio de U$S 2.000.000. La adquirente fue la sociedad panameña Montella Global S.A. representada por W.A. (beneficiaria final).
De la constancia D) resulta el control realizado de la sociedad panameña (fs. 1526-1530). El precio se abonó mediante transferencias bancarias (fs. 1531-1534).
La escribana gestionó la compra de la sociedad Montella Global S.A. través del Estudio Mossack y Fonseca (declaración de la indagada fs. 624 vto.) y posteriormente la protocolizó y registró ante D.G.I., constituyendo domicilio en su estudio (documentos fs. 78-127, declaración fs. 1565 vto.-1566).
El 6 de diciembre de 2012, autorizó la escritura de compraventa por la cual Montella Global S.A. adquirió el terreno sito frente al chalet Quincho Grande (bien inmueble padrón nº 11.197, localidad catastral Punta del Este, Maldonado) en la suma de U$S 77.000. Según cláusula segunda, el precio fue abonado mediante letra de cambio expedida por el HSBC Bank. La escritura fue suscrita por G.G.V. en calidad de apoderado de W.A. (beneficiaria final) (fs. 1545-1549).
El 25 de mayo de 2013 autorizó la promesa de compraventa por la cual Montella
Global S.A. prometió vender el inmueble padrón nº 11.197 a J.L., pagaderos en cuotas (fs. 655-659, 673-678, 679-705, 757-768, 641-641 y 1559-1594).
En el año 2013 a solicitud de sus clientes nuevamente gestionó la compra de la sociedad panameña “Deltodo Enterprises” S.A. destinada a la adquisición de tres terrenos en Punta Ballena (Maldonado), lo cual no se concretó.
El 5 de setiembre de 2014 certificó dos contratos de compraventa de sendos vehículos, otorgado por J.L. a favor de Dalaithy S.A. (cuyas titulares son W.A. y su madre C.A.): camioneta marca VW Saveiro matrícula B XXX y auto marca Audi matrícula OAC XXX (informe fs. 61, declaraciones fs. 655-659, 673-678, 679-705, 757768, 641-641 y 1559-1594.).
Los automotores habían sido adquiridos anteriormente (0 km) por G.V. y registrados a nombre de J.L. –dependiente de G.V..
Cuando cesó la relación laboral, la escribana realizó la titulación a nombre del real propietario.
El 31 de agosto de 2015 a solicitud de H.A. (padre de W.A.) certificó y protocolizó la declaratoria del solicitante a efectos del Registro de Acciones Nominativas, constituyendo el domicilio de la sociedad en su estudio sito en Constituyente 1467 esc. 1302 (fs. 192-201). El 24 de marzo de 2016 a solicitud de H.A. (padre de W.A.) certificó y protocolizó nueva declaratoria de domicilio de la misma sociedad, que se constituyó en la ciudad de Punta del Este (fs. 203-205 y 1554-1558).
El día 5 de abril de 2016, al recibir advertencia del estudio Mossack y Fonseca y hacerse pública la presunta vinculación del matrimonio G.V.-A. con el narcotráfico en México y Estados Unidos, la escribana concurrió al Banco Central a poner en conocimiento su vinculación profesional y realizó el Reporte de Operación Sospechosa tal como le fue indicado (fs. 1535-1536).

III) LA CALIFICACIÓN JURÍDICA.
1) El delito de Lavado de Activos en la modalidad Asistencia.
1) El lavado o blanqueo de capitales, es una actividad dirigida a hacer aparecer como lícitos fondos provenientes de ilícitos, tratando de ocultar su verdadero origen ilícito y sus titulares, ingresándolos al mercado financiero, inmobiliario, bienes y servicios con la apariencia de haber sido generados en una actividad lícita.
La doctrina lo ha definido como “el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita” (Blanco Cordero, Isidro. -El delito de blanqueo de capitales, Pamplona, Arazandi, 1997, p. 101).
Comprende tres elementos: el conocimiento del origen ilícito del dinero, la intencionalidad de ocultar ese origen ilícito y la ocultación que puede adquirir diversas modalidades.
El delito de Lavado de activos propiamente dicho presenta dos modalidades: convertir y/o transferir activos procedentes de algunos de los delitos precedentes establecidos en la ley, entendiéndose por “activos” los bienes, dinero, productos o instrumentos provenientes del delito antecedente.
La “conversión” consiste en la acción de "...invertir, cambiar, modificar, transformar o de cualquier forma trasmutar los efectos del delito, especialmente el dinero que de él proviene, incorporándolos o sustituyéndolos por otros bienes de procedencia en principio lícita".
En cuanto al verbo "transferir", es el cambio de titularidad de esos bienes hacia otros destinos o personas, la remisión de fondos de una cuenta a otra,....”. (Langón, M.Código Penal comentado, T. II, ed.UM, p. 344).
Respecto al delito de asistencia a los agentes del lavado de activos –cuya imputación se requiere en estos obrados-afirma el Profesor Langón que “las figuras encartadas en el art. 57 se vinculan estrechamente con el encubrimiento personal (art. 197 del C.P.), visto que de lo que se trata aquí es de asistir, ayudar o asesorar, de cualquier manera, a los delincuentes principales de los delitos previstos por la ley (incluidos a los ‘lavadores’), sea que con ello se pretenda: a) asegurar el beneficio o el resultado del delito (ayudarlo a conseguir su objetivo final); b) obstaculizar las acciones de la justicia (dificultando la investigación); o c) eludir las consecuencias de sus acciones (obteniendo de ser posible su impunidad) (ob. cit., p. 348-350).
El objeto material sobre el que caen los delitos de lavado de activos mencionados puede ser alguno de los delitos tipificados como delitos precedentes por nuestra legislación, que como se ha dicho se fueron extendiendo desde el narcotr áfico hacia otros delitos graves, tales como el terrorismo, el contrabando de determinada magnitud, delitos de lesa humanidad, etc.
2) En nuestra legislación el lavado de activos es un delito autónomo, por lo cual no es exigible para su persecución la prueba fehaciente del delito antecedente. “En efecto, no es necesario que exista un proceso pendiente mediante el cual se esté investigando ese delito base, siendo suficiente una prueba indiciaria de que los bienes o valores manejados provienen de alguna actividad delictiva elencada en la ley como delito antecedente. Así, para la instauración del proceso penal por lavado de dinero basta la prueba indiciaria de la existencia de una actividad criminal direccionada a los delitos precedentes elencados en el tipo” (Rev. Der. Penal, nº 24, c. 187, p. 408).
Delito precedente que pudo haber sido cometido en el país o fuera de él.
La “independencia típica entre el lavado de dinero y el delito antecedente” “hace que no sea exigible para perseguir el lavado de dinero, la prueba cabal del delito antecedente. En efecto, no es necesario que exista un proceso pendiente mediante el cual se esté investigando ese delito base, siendo suficiente una prueba indiciaria de que los bienes o valores manejados provienen de alguna actividad delictiva elencada en la ley como delito antecedente. Así, para la instauración del proceso penal por lavado de dinero basta la prueba indiciaria de la existencia de una actividad criminal direccionada a los delitos precedentes elencados en el tipo” (Adriasola Gabriel, Recepción por la jurisprudencia de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos y toma de posición sobre el bien jurídico tutelado, en Rev. de Der. y Trib., 8/08, p.
185).
En el caso, resulta de la causa principal IUE 2-37467/2015 que el delito precedente al Lavado de Activos imputado a los encausados es el delito de tráfico de estupefacientes, perpetrado en México y Estados Unidos, respecto del cual existe requisitoria internacional pendiente de G.G.V., habiéndose dictado sentencia de extradición en primera instancia aún no ejecutoriada. Por lo cual ha quedado suficientemente acreditada la existencia del delito precedente
3) En relación a las obligaciones en el control y prevención del lavado de activos impuestas a los profesionales, específicamente en el caso los escribanos públicos, mucho se ha discutido.
Expresaba el Profesor Miguel Langón:
“En cuanto a la asistencia y al asesoramiento, tareas propias de todo profesional universitario, debe distinguirse con cuidado las actividades lícitas propias de su profesión, de aquellas que entrarían en la zona de la prohibición, y por lo tanto de la criminalidad. Se deben aplicar las normas generales de interpretación, de modo que una cosa es asistir al cliente o aconsejarle respecto de la mejor instrumentación de su negocio (que es lícito) y otra muy distinta asesorar al lavador, de modo que el elemento subjetivo, el conocimiento y la intención del profesional, será determinante en uno u otro sentido (“Lavado de dinero y política criminal en el Uruguay”, Estudios de Derecho Penal Económico, Universidad de Montevideo, 2008, pp. 39-44).
Por su parte, la jurisprudencia española recurre a la “teoría de los actos neutrales” y los distingue de las “conductas delictivas de cooperación referidas al delito de blanqueo de capitales”. Señala la Sala 2a del Tribunal Supremo de España en su sentencia nº 942/2013 del 11 de diciembre de 2013 que los actos neutros consisten en “conductas causales desde un punto de vista natural, pero que, en tanto que pueden estar amparadas en su adecuación social, pueden no suponer un peligro (o un aumento del peligro) jurídicamente desaprobado para el bien jurídico, y, en esa medida, no resultar típicos. (...). La distinción entre los actos neutrales y las conductas delictivas de cooperación puede encontrar algunas bases ya en los aspectos objetivos, especialmente en los casos en los que la aparición de los actos, aparentemente neutrales, tiene lugar en un marco de conducta del tercero en el que ya se ha puesto de relieve la finalidad delictiva. Dentro de estos aspectos objetivos se encuentra no solo la conducta del sujeto, aisladamente considerada, sino también el marco en el que se desarrolla. Y a ello ha de añadirse el conocimiento que el sujeto tenga de dicho marco. Pues resulta difícil disociar absolutamente aquellos aspectos objetivos de los elementos subjetivos relativos al conocimiento de que, con la conducta que se ejecuta, que es externamente similar a otras adecuadas socialmente por la profesión o actividad habitual de su autor, se coopera a la acción delictiva de un tercero”.
En general la jurisprudencia española se ha inclinado por un criterio mixto "como elemento diferenciador de actos neutrales de los que no lo son, exigiendo que el sujeto conozca la verdadera naturaleza y finalidad del acto, y que este, objetivamente sirva, y coadyuve a la facilitación del delito, lo que supone un aporte necesario a tal fin" (Supremo Tribunal sent. nº 165/2013).
En lo que respecta a los Escribanos Públicos, la actuación dentro de los marcos legales, cumpliendo la legislación nacional, la normativa del Reglamento Notarial y las reglamentaciones administrativas –especialmente en relación a la prevención de lavado de activos-no es en principio punible. La sanción penal exige dolo –conciencia y voluntad de intervenir en una escritura fraudulenta-o cuando menos dolo eventual determinado por la existencia de serias sospechas de la ilicitud.
3) La valoración probatoria.
1) De acuerdo a lo dispuesto por el art. 125 del C.P.P. del año 1980 que rige estas actuaciones, la providencia de enjuiciamiento debe fundarse en dos extremos: la constatación de un hecho delictivo y elementos probatorios suficientes para determinar que el indagado tuvo participación en el mismo. Según enseña la doctrina en conceptos que recoge la jurisprudencia, “cuando se dicta un auto de procesamiento el Juez, emitiendo un juicio de probabilidad, declara que hay elementos probatorios suficientes para presumir que el imputado es culpable. Es un juicio de probabilidad ...... donde los elementos afirmativos deben ser superiores a los negativos, de modo ya que no basta la simple posibilidad de que concurran los elementos de la imputación. ..... La duda sobre cualquier extremo de la imputación no autoriza el procesamiento, sino que obliga a declarar la falta de mérito para dictarlo” (Vélez Mariconde, citado en Rev. Der. Penal, nº 11, c. 900, p. 510).
Pero la suficiencia que constituye la nota reclamada para que la prueba reunida en la instrucción presumarial justifique el procesamiento, guarda relación con la requerida para condenar: "...serán suficientes cuando, a criterio del Juez, ellas permitan, por sí solas, o, conjuntamente con otras nuevas a producir durante el ulterior desarrollo del proceso, concluir éste en una probable sentencia condenatoria" (TAP 2º, S. 159/97, LJU, c. 13336).
Así lo ha entendido el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo Turno, afirmando que “la exigencia de suficiente que constituye la nota distintiva de la prueba reunida para procesar a un individuo, debe ser correlacionada con la requerida para condenar que no es otra que la plena prueba. ..... Es decir, la suficiencia requerida lo es en relación a los elementos de convicción, o, dicho de otra manera, suficientes probanzas que persuadan que el imputado tuvo participación en el delito. ..... Pero además esto supone que cuando las pruebas recogidas en la etapa presumarial carecen de esta idoneidad probatoria, el Juez no debe trasponer esta etapa del procedimiento penal” (Rev. Der. Penal, nº 11, c. 906, p. 512-513; Cfme. Rev. Der. Penal, nº 12, c. 320, p. 433, c. 323, p. 435). En el mismo sentido, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno que “para establecer que ha existido una conducta desvalorada por el derecho penal sentenció como resultado de la voluntad de un sujeto determinado, es necesario que el juez llegue a esa convicción y resuelva decretar el auto de procesamiento. ...... Pero debe reunirse elementos suficientes y evaluar la posibilidad cierta o probable de obtener nuevos elementos que refuercen el nexo hecho-autor” (Rev. Der. Penal, nº 11, c. 971, p. 533).
Analizadas las emergencias de las presentes actuaciones presumariales de acuerdo a las consideraciones expresadas anteriormente, la proveyente se permitirá discrepar con el representante del Ministerio Público, entendiendo que la prueba reunida en autos no tiene la fuerza convictiva suficiente para disponer la sujeción a proceso penal de la indagada Escribana G.G.
2) En primer lugar, la normativa aplicable a su actuación está contenida en la ley nº 18.494 del 5 de junio de 2009 y el Decreto 355/2010, vigentes en la época de los hechos relatados. El art. 2º numeral III de la ley nº 18.494 establece los actos a los cuales los escribanos públicos deben aplicar los controles de “debida diligencia” de acuerdo a lo establecido en el art. 1º. Por su parte, el Decreto nº 355/2010 reglamenta dichos controles.
En mérito a dicha normativa, asiste razón a la Defensa en cuanto las operaciones en las cuales intervino la Esc. G. pasibles de ser sometidas a control de debida diligencia son las dos compraventas de inmuebles: padrones nº 7.617 y nº 11.197 de la localidad catastral Punta del Este, departamento de Maldonado. Extremo que comparte el Grupo de Trabajo “Prevención de Lavado de Activos” de la Asociación de Escribanos del Uruguay (informe fs. 1609-1612).
3) En segundo lugar, entiende la suscrita que en tales actos la Esc. G. cumplió sus obligaciones de actuar con la “debida diligencia intensificada” de acuerdo a lo establecido en los arts. 3 a 9 del Decreto nº 355/2010, específicamente el art. 9 que refiere a la actuación de los escribanos.
En efecto, de los documentos agregados a fs. 1514-1522 resultan los controles llevados a cabo por la escribana previo al otorgamiento de la primera escritura, en consonancia con la normativa citada. En este sentido, además de la información recabada en forma personal (tales como chequeo de listas ONU y PPE en la web del Banco Central), la indagada concurrió al HSBC Bank donde W.A. tenía cuenta y controló la documentación existente en la carpeta del banco, especialmente en relación a sus propiedades y medios de vida –ya presentadas en la institución en oportunidad de la apertura de la cuenta en el año 2011 (constancia de fs. 1515).
Al respecto se comparten las consideraciones del informe de la Asociación de Escribanos del Uruguay en cuanto la circunstancia que W.A. tuviera cuenta bancaria es un elemento de confianza para el escribano, dado los sistemas de contralores por prevención de lavado de activos con que cuentan las instituciones bancarias, indudablemente superiores a los que puede tener el profesional.
Tampoco la compra de la sociedad panameña Mondal Global S.A. para la adquisición de los inmuebles podía ser, en aquella época, un elemento de sospecha. Tal como señala la Defensa, las sociedades constituidas en el extranjero contaban con beneficios fiscales (tributaban porcentajes menores en IRNR e Impuesto al patrimonio que las sociedades uruguayas), por lo cual –además de legal-era un incentivo para que los bienes inmuebles fueran adquiridos a nombre de sociedades extranjeras. En este caso, además, la representante de la sociedad W.A. era la clienta de la escribana y beneficiaria final del negocio, por lo cual no había ocultamiento de las personas físicas.
Al respecto, como señala el informe de la Asociación de Escribanos, es relevante que W.A. era la titular de la cuenta bancaria y la representante de la sociedad. Y en la escritura del segundo inmueble comparece G.G.V. en representación de su esposa W.A.. En ambos casos la beneficiaria final es W.A., por lo cual como se indica en el informe referido, “no se utilizan testaferros” (fs. 1610).
En ambas compraventas el precio fue abonado a través del sistema bancario, según se consigna en las respectivas escrituras y resulta de los recaudos agregados por la indagada (fs. 1531-1534).
Otro elemento que permite aventar las sospechas que pudiera despertar el negocio.
En otros aspectos, según declaraciones recibidas en autos, el matrimonio adquirió el inmueble a un precio adecuado a su valor, con destino a casa habitación de la familia, donde se instaló con sus menores hijos y los padres de W.A.. La familia viajaba frecuentemente al exterior y mostraba un nivel de vida acorde con los ingresos que habían declarado –verificados por la escribana en el banco-y las inversiones que había realizado. Además de los dos inmuebles, el matrimonio adquirió tres vehículos, lo cual también era ajustado a su nivel económico.
Entiende la proveyente que asiste razón a la Defensa en cuanto las intervenciones de la escribana posteriores a la compra de los inmuebles –aun cuando no están incluidas en la exigencia de debida diligencia-no fueron los actos que usualmente se realizan para ocultar bienes adquiridos con dinero ilícito, desde que en todos los casos los titulares o beneficiarios finales fueron claramente identificados, tanto en caso de inmuebles, vehículos o sociedades.
En relación a las sociedades referidas en el dictamen fiscal, tanto del informe agregado por U.I.A.F. (fs. 2-45 y 57-76) como de los recaudos agregados y declaraciones ya mencionadas, resulta que la Esc. G. gestionó ante el Estudio Mossack y Fonseca la compra de dos sociedades panameñas: Mondella Global S.A. y Deltodo Enterprises S.A. No intervino en la constitución de dichas sociedades, sino que protocolizó la constitución de la sociedad para el registro de sus beneficiarios finales, que como ya se dijo eran sus propios clientes.
Finalmente, de la promesa de compraventa del terreno padrón nº 11.197 a favor de J.L. y L.F., tampoco resultan elementos de sospecha atento al conocimiento que la escribana tenía de los adquirentes y de sus medios de vida –resultante de las declaraciones recibidas en estos obrados y en la causa principal, claramente reseñadas en el escrito presentado a fs. 1559 y siguientes-así como en virtud de la forma de pago del precio estipulada en el contrato (entrega inicial de U$S 15.000 y cuotas acordes a los ingresos del matrimonio).
4) En tercer lugar, respecto de los controles realizados sobre antecedentes de las personas G.G.V. y W.A., se dejó constancia que en el año 2012 -antes de las compraventas de inmuebles -se chequearon las listas de ONU y PPE existentes en la web del Banco Central, sin que arrojaran resultados. Posteriormente en el año 2013 realizó nuevo control sin que surgieran datos sobre los mencionados (fs. 1539-1541). En el año 2013 la escribana tuvo a la vista certificación de autoridades mexicanas dando cuenta que G.V. no registraba sentencias de condena dictada por las autoridades judiciales (fs. 1543). En el año 2014 comienzan el trámite para obtener la residencia en nuestro país ante la Dirección Nacional de Identificación Civil (fs. 1542). Es decir que de la información recabada por la escribana no resultaron datos que le permitieran sospechar sobre la procedencia ilícita del dinero invertido por los encausados en nuestro país.
Nótese que como bien expresa la Defensa, en agosto de 2015 que W.A. fue incluida en la Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y es recién a partir de esa publicación, que en octubre de 2015 las autoridades uruguayas comenzaron una investigación de carácter reservado sobre las actividades presuntamente delictivas de los ciudadanos mexicanos.
Dicha investigación se hizo público en abril de 2016 cuando se dispusieron los procesamientos recaídos en la causa principal.
Por lo cual, a juicio de la suscrita, no puede exigírsele a la escribana mayores contralores que los que en su momento cumplieron organismos tales como la Dirección Nacional de Migración y la Dirección Nacional de Identificación Civil y entidades bancarias como el HSBC Bank y el Banco Central.
5) Por lo expuesto, entiende la proveyente que las actuaciones cumplidas no han reunido los elementos de convicción suficientes que permitan concluir que la Esc. G.G. realizó las conductas típicas previstas en el art. 57 del dec-ley nº 14.294 redacción dada por la ley nº 17.016.
De acuerdo a las circunstancias de su intervención profesional reseñadas en numerales anteriores, no puede concluirse que su accionar haya estado dirigido a ayudar, asistir o asesorar a los agentes del lavado de activos en la conversión, ocultamiento o transferencia de los fondos procedentes del delito de narcotráfico.
Tampoco es posible la imputación a título de dolo eventual que requiere la Fiscalía. Ha dicho el Profesor Langón que “la posible imputación subjetiva a título de dolo eventual (previsión de un resultado no querido directamente, pero asumido en cuanto dicha previsión no detuvo el accionar del agente) que la ley uruguaya, considera un caso de intencionalidad, hace que pueda incriminarse al profesional que, en el ámbito de la duda o la sospecha, igual instrumentó o se prestó a actuar, aun no sabiendo con certeza, pero debiendo haber sabido que se trataba de lavar dinero de procedencia ilícita con su participación...”. Para ello será necesario “probar que el sujeto actuó previendo el resultado, aun cuando no lo hubiera querido directamente, pues tal previsión del resultado como posible o como probable no le hizo detener su acción, sino que en tal tesitura igual actuó, comprometiendo con ello su responsabilidad penal por dolo eventual, delito que entonces la ley considera intencional (art. 18 C.P.) ...” (Langón Cuñarro, Lavado de dinero y política criminal en el Uruguay, Estudios de Derecho Penal Económico, Universidad de Montevideo, 2008, pp. 39/44).
A juicio de la suscrita, dicha prueba no se ha logrado en estas actuaciones, desde que en las operaciones realizadas no existieron elementos claros de sospecha sobre la procedencia ilícita de los fondos. Al decir de la jurisprudencia española, la actuación profesional de la indagada se ajustó a lo que se denomina “actos neutrales”, por lo tanto, se encuentra dentro de los límites legales no punibles.
Por último, cabe señalar que según informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), a la fecha aún no se ha adoptado resolución en la investigación iniciada en el mes de abril de 2016 respecto de la eventual existencia de irregularidad es en la actuación profesional de la Esc. G. (fs. 1602 y 1605). Sin perjuicio de la independencia de la investigación administrativa respecto de la investigación penal, siendo el derecho penal de ultima ratio, entiende la suscrita que la ausencia de sanción administrativa a dos años de iniciada la investigación, es otro elemento que abona la posición que la escribana cumplió las reglas de la diligencia debida.
6) En conclusión, no surgen de la instrucción cumplida los elementos de convicción suficientes exigidos por el art. 125 del C.P.P., y no se prevé que éstos puedan aportarse durante la tramitación del eventual proceso, en el entendido que -a varios años de los hechos-la instrucción se encuentra agotada.
Por lo que de acuerdo a los extremos de hecho y consideraciones de derecho antes expuestas y conforme lo dispuesto por los arts. 3, 18 y 60 del Código Penal y art. 57 del dec-ley nº 14.294 en la redacción dada por la ley nº 17.016, se desestimará la solicitud de enjuiciamiento formulada por el Ministerio Público.

RESUELVO:

Desestímase la solicitud de procesamiento formulada por el Ministerio Público y clausúranse las actuaciones presumariales respecto de la indagada G.G. respecto del indagado A.P., recíbase la declaración peticionada a fs. 1497, cometiéndose. Notifíquese al Ministerio Público y a la Defensa.

Dra. Beatriz Larrieu de las Carreras – JUEZ LDO. CAPITAL

DDU - CASO - JPP - 11275