Novedades



TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 2° TURNO

SENTENCIA Nº 129

MINISTRO REDACTOR: Dr. Álvaro França

Montevideo, 23 de agosto de 2017

VISTOS:

Para sentencia definitiva en segunda instancia este juicio que por DAÑOS Y PERJUICIOS sigue Susana DE LEÓN contra la INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO y Rodolfo MEDEIROS, I.U.E.: 2-55949/15, venido a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia No. 39/16 de 11 de noviembre de 2016, dictada por la Señora Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 11º Turno, Dra. Lola Gómez.

RESULTANDO:

I.- La recurrida (fs. 145/153), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión, desestimó en todos sus términos la demanda deducida sin especial condenación.

II.- Se interpuso el correspondiente recurso de apelación en el cual, en lo sustancial, se expresaron los siguientes agravios (fs. 154/155). Que la IMM no acreditó haber empleado toda la diligencia de un buen padre de familia en el caso, producto de un contenedor de basura mal ubicado en la vía pública y que provocara el accidente de marras. Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura, estimando que no hay elementos que enerven la presunción de responsabilidad por el hecho de las cosas. En igual sentido se pronunció sobre el conductor del automóvil embestidor, de quien considera no logró desvirtuar la presunción que pesaba en su contra. Asimismo, alegó que el hecho de la víctima no estaba debidamente probado ni tampoco adecuadamente fundado en el fallo. En definitiva, solicitó se revocara la recurrida y se amparara la demanda en todos sus términos.

III.- Se contestaron los agravios (fs. 158/161 y 163/166) y se franqueó la alzada (No. 170/17 de fecha 16 de febrero de 2017, por remisión de Auto ...

El texto completo ha sido incorporado en la Base de Datos respectiva y sólo puede ser visualizado por los suscriptores de El Derecho Digital. Por más información haga click aquí o consulte al (+598) 2903 5119.



TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 2° TURNO

SENTENCIA Nº 129

MINISTRO REDACTOR: Dr. Álvaro França

Montevideo, 23 de agosto de 2017

VISTOS:

Para sentencia definitiva en segunda instancia este juicio que por DAÑOS Y PERJUICIOS sigue Susana DE LEÓN contra la INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO y Rodolfo MEDEIROS, I.U.E.: 2-55949/15, venido a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia No. 39/16 de 11 de noviembre de 2016, dictada por la Señora Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 11º Turno, Dra. Lola Gómez.

RESULTANDO:

I.- La recurrida (fs. 145/153), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión, desestimó en todos sus términos la demanda deducida sin especial condenación.

II.- Se interpuso el correspondiente recurso de apelación en el cual, en lo sustancial, se expresaron los siguientes agravios (fs. 154/155). Que la IMM no acreditó haber empleado toda la diligencia de un buen padre de familia en el caso, producto de un contenedor de basura mal ubicado en la vía pública y que provocara el accidente de marras. Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura, estimando que no hay elementos que enerven la presunción de responsabilidad por el hecho de las cosas. En igual sentido se pronunció sobre el conductor del automóvil embestidor, de quien considera no logró desvirtuar la presunción que pesaba en su contra. Asimismo, alegó que el hecho de la víctima no estaba debidamente probado ni tampoco adecuadamente fundado en el fallo. En definitiva, solicitó se revocara la recurrida y se amparara la demanda en todos sus términos.

III.- Se contestaron los agravios (fs. 158/161 y 163/166) y se franqueó la alzada (No. 170/17 de fecha 16 de febrero de 2017, por remisión de Auto No. 577/17 de fecha 31 de marzo de 2017).

IV.- Recibido el proceso en el Tribunal, los autos se giraron a estudio en forma sucesiva y en acuerdo celebrado al efecto (art. 203.4 in fine y 204.2 C.G.P. –red. Ley 19.090-), por unanimidad de votos se resolvió el dictado de decisión anticipada (art. 200 C.G.P. –red. Ley 19.090-).

CONSIDERANDO:

1) El Tribunal procederá a confirmar la recurrida por compartirse sus fundamentos y por lo que se dirá.

2) En la especie se acumularon dos pretensiones con arreglo al art. 120 C.G.P.
Por un lado, se reclamó contra la IMM por contenedor de basura cuya posición no era la correcta de estar a lo dichos de la actora por lo cual tuvo que descender hacia la calzada para colocar la basura dentro del recipiente mencionado, lo que a su juicio agravó el riesgo de accidentes.
Y por otro lado, se demandó al chofer del automotor embestidor, quien habría circulado en la ocasión a velocidad excesiva y con impericia que no se describió en debida forma y tal circunstancia determina, a juicio del Tribunal, que se confirme la recurrida en el punto por deficiencia de alegación.

3) En lo que tiene relación con la eventual responsabilidad de la IMM debe resolverse en el marco de la responsabilidad estatal con apego al art. 24 de la Constitución. En tal sentido, resulta del caso recordar que conforme a nuestra Carta Magna “El Estado es civilmente responsable en caso de que se configure una falta en el servicio a su cargo que implique un “daño causado a terceros” (art. 24 Constitución) y siempre que exista un nexo de causalidad entre tal falta y el perjuicio.
Asimismo como lo ha sostenido reiteradamente la Suprema Corte de Justicia -participando de la opinión de Sayagués Laso- que el criterio básico para determinar cuándo surge responsabilidad de la Administración es el de la falta de servicio. La Administración tiene el deber de asegurar el funcionamiento correcto (standard o medio y de acuerdo a determinadas circunstancias coyunturales) de los servicios administrativos; es, en consecuencia, responsable si el servicio no funcionó o si lo hizo con irregularidades o demoras y en tanto ello repercuta en perjuicio de terceros (Cf. Sayagués Laso, Tratado de Derecho Administrativo, t. 1, Ed. 1988, págs. 651/652 y 660/661, y, entre otras, sentencias del Tribunal Nos. 192/95, 324/97, 97/98, 10/00, 704/08 y 5-101/15).
Y como ha expresado la Suprema Corte de Justicia (No. 167/98 en LJU c. 13670) adoptando el criterio de falta de servicio desarrollado por la jurisprudencia y doctrina francesas y seguido en el país por Sayagués Laso, en estos casos de acuerdo al art. 139 del C.G.P. el particular que invoca la responsabilidad de la Administración debe probar la existencia de una falta de servicio, esto es, que el servicio funciono mal, no funcionó o funcionó tardíamente, para el éxito de la reclamación. Acepta la Corporación en ese pronunciamiento que de todo servicio se espera un determinado nivel medio o estándar, variable según su misión y las circunstancias del caso, apareciendo la falta cuando se sobrepasa ese nivel y el juez para preguntarse si hay o no falta, debe preguntarse qué se podía esperar del servicio, teniendo en cuenta las dificultades más o menos importantes de su misión, las circunstancias de tiempo, lugar y recursos de que se disponían (Nos. 226/06 y 270/08 de la Sala).
Por lo tanto, debe analizarse si el servicio no funcionó, si funciono con demora o funcionó irregularmente deriva responsabilidad. En el mal funcionamiento del servicio quedan comprendidos los casos de culpa personal del funcionario, porque es evidente que en tales casos el servicio no funcionó como era debido (Cfm Sayagués, Enrique Tratado de Derecho Administrativo tomo I pág 663; del Tribunal Nos. 171/11 y 292/2011).
A los efectos de un encuadre más preciso del caso el Tribunal ha entendido que “...se integra la normativa general constitucional con las normas de derecho privado aplicables a la responsabilidad contractual o extracontractual (De Cores, ADCU T. XII p. 399 y ss.; Nos. 166/11 y 5-36/16 de la Sala, entre otras). En igual sentido se ha expresado “Siguiendo a De Cores (“Reflexiones sobre la naturaleza de la responsabilidad civil del Estado”; en ADCU XXII, p. 403 y ss.), es del caso señalar que la responsabilidad civil del Estado habrá de integrarse con las normas de derecho privado aplicables a la responsabilidad contractual o extracontractual, según la concreta hipótesis sometida a decisión...” (Nos. 137/11 y 5-36/16, entre otras).
En la demanda no se fundó el motivo por el cual se la demandaba, se alegó que la posición de la volqueta agravó el riesgo (casi sic. Fs. 36 vto.). No se relató porque la posición de la volqueta no era la que correspondía, ni porque el servicio había mal funcionado. Tampoco se fundó en la responsabilidad por el hecho de las cosas (art. 1324 inc. 1º C. Civil) ni que incidencia tuvo ésta en el accidente.
Aún cuando se lo entendiera aplicable, la IM Montevideo alegó el hecho de la víctima con fundamento normativo en que la reclamante jamás debía estar de pie sobre la calle y en cuanto a lo fáctico. Sostuvo que el contenedor, al momento del accidente, tenía dos aberturas, por lo cual no había ninguna necesidad de bajar a la calzada para depositar los residuos y que la actora había incumplido con las disposiciones del Digesto Municipal (D. 594, 543) así como con el RNCV artículo 11.4.
La codemandada sostuvo que no había motivo alguno para que la actora bajara a la calzada ya que el contenedor tenía dos aberturas y por tanto se configuró el hecho de la víctima. Para que la eximente funcione debe contar con sus notas características de imprevisibilidad e irresistibilidad (GAMARRA, Trat..., XIX p. 340 y 358; PEIRANO, Resp. Extracontractual, p. 431/431, 1954; LJU 12970; de la Sala No. 131/11), circunstancias suficientemente alegadas por la defensa en su momento.
Este último punto -la innecesariedad del descenso a la calle- resulta de sencilla constatación; si bien no hay prueba fehaciente de cuál era el contenedor que existía en el lugar de referencia al 10/III/14 -día del evento dañoso-, es un dato que se extrae de la realidad cotidiana de quien vive en la ciudad y la frecuenta (art. 141 C.G.P.) que el contenedor existente a ese momento y en dicho sitio no puede ser otro que al que se refiere la IMM en su contestación de demanda, el que hay en prácticamente todo Montevideo, con dos aberturas, una a cada lateral y el pedal apuntando hacia la vereda. Esto es reforzado por el testimonio del Sr. Barmaimon (fs. 119), vecino de la actora y por ende, conocedor de las características del contenedor que, según él, “estaba casi en la puerta de su casa”.
No fue alegado -ni menos aún probado- que la actora hubiese tenido que utilizar la abertura lateral que da hacia la calle por el hecho de que la otra estuviese obstruida por bolsas de residuos, circunstancia que suele ocurrir; por ello, nada en relación cabe analizar.
De esta forma, y sin perjuicio de que es correcta y se comparte la invocación de la IMM de normas relativas a que el peatón no debe abordar la calzada para estas cuestiones -tal como lo señala al contestar la demanda y es recogido por la “a quo” en su fallo-, no se explica suficientemente por qué la actora desciende a la calle en lugar de utilizar la abertura que da hacia la vereda, pues es irrelevante si el contenedor se encontraba “al revés”. Este es un hecho absolutamente imprevisible e irresistible para la IMM, que en modo alguno pudo evitar el daño ocurrido. Así la cosas, el hecho de la víctima -con sus notas características- en relación a esta codemandada se halla plenamente acreditado todo lo cual lleva a confirmar la recurrida en todos sus términos.

4) Con relación al demandado Medeiros, si bien la confirmatoria se impone por lo dicho en forma precedente, debe señalarse que la parte cumplió con su carga probatoria y pudo derribar la presunción de responsabilidad respecto del chofer de vehículo automotor que embiste a peatón. Conviene recordar que el régimen legal aplicable al embestimiento de un peatón por un vehículo automotor es el de la responsabilidad por hecho de las cosas (art. 1324 inciso 1º del Código Civil) donde la víctima no está obligada a probar la culpa ni la relación de causalidad; presunción simple por la que el guardián, probando que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño, hace cesar la responsabilidad (de la Sala Nos. 214/2002 en ADCU XXXIII, p. 405, c. 849; más recientemente y en actual integración No. 5-24/16, entre otras).
A efectos de enervar dicha presunción, el chofer demandado describió que la actora invadió súbitamente la calzada, de forma imprudente, fuera de la zona de seguridad y sin que fuera necesario para el fin que perseguía todo lo cual llevó a que fuera irresistiblemente embestida.
La culpa de la víctima luce indefectiblemente de la narración efectuada ante la autoridad policial por el testigo presencial Sr. Barmaimon (fs. 4), vecino de la actora y que por ello se reputa creíble su versión primigenia por más que luego diga que no había visto el accidente. Este testigo expresó a la policía actuante que “el peatón saltó de atrás del contenedor mirando hacia el sur en forma distraída no percatándose del auto” y tal indicio no puede ser desconocido por la circunstancia de que el testimonio sólo emerja del parte policial no excluye su admisión si da razón convincente de sus dichos (R. de D. J. y A., t. 40, p. 81; LJU 5096), extremo que se estima razonablemente cumplido.
Ello, además, por cuanto surge sospechoso el hecho de que dicho testigo haya ofrecido una versión o relato detallado a la autoridad policial, instantes después de la ocurrencia del ilícito, y que posteriormente, ya con asesoramiento letrado, se desdiga en audiencia judicial de su narración ante la policía, lo que se considera realizado por la simple razón de que no favorece a la actora, a su vecina.
Incluso, a mayor abundamiento, puede decirse que según lo que la propia actora declara frente a la autoridad policial, recién vio el auto una vez que depositó la basura en el contenedor (fs. 5 “ab initio”), cuando la diligencia media de un buen padre de familia indica que previamente a ingresar a la calle -es decir, antes de depositar los residuos- debió haberse asegurado de la inexistencia de cualquier vehículo que pudiese significar un riesgo para su integridad física.
De forma coadyuvante con el hecho acontecido, cabe traer a colación los certeros conceptos de GAMARRA, quien con su brillo y autoridad destaca que no hay ningún deber de prevenir la culpa ajena y evitar anticipadamente los efectos de la misma; tanto el peatón como el automovilista tienen el derecho a conducirse en el entendido que los demás conductores o peatones observarán las reglas del tránsito (Trat..., T. XIX Ed. 1988 p. 341).
Así las cosas, la Sala concluye entonces que es absolutamente imprevisible, inesperable para un chofer promedio, aún avisado y prevenido, que un peatón se asome abruptamente por detrás de un contenedor de residuos para colocar los suyos, cuando ello es perfectamente posible sin necesidad de descender hacia la acera, por así estar diseñado el recipiente, hecho éste notorio y exento de prueba (art. 138 C.G.P.). Por ello, nada cabe endilgar al chofer codemandado, quien se reitera no tenía por qué prever este curiosa conducta de la víctima.
Y finalmente, nada hay sobre el invocado exceso de velocidad; no existe ningún elemento de juicio, siquiera indiciario, que lleve a concluir tal cosa.
En suma, en este punto también debe confirmarse la decisión resistida absolviendo al codemandado Sr. Medeiros.

5) La correcta conducta procesal de las litigantes en el grado impone que las costas y costos de la presente instancia deban sufragarse por su orden (arts. 56 [red. L. 19.090] y 261 [red. L. 16.699] C.G.P. y 688 C. Civil).

Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal,

FALLA:

Confirmase la recurrida sin especial condenas en la instancia.
Notifíquese personalmente y oportunamente devuélvase a la Sede Letrada A Quo con copia en la forma de estilo (honorarios fictos 10 bpc). 


Dr. Tabaré Sosa Aguirre - MINISTRO
Dr. John Pérez Brignani - MINISTRO
Dr. Álvaro França – MINISTRO
Esc. Rodolfo Benzano - SECRETARIO LETRADO

DDU - CASO - JPP - 11251