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TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 2º TURNO

SENTENCIA Nº 110

MINISTRO REDACTOR: Dr. Tabaré Sosa

Montevideo, 21 de junio de 2018

VISTOS:

Para definitiva en segunda instancia este juicio que por DAÑOS Y PERJUICIOS sigue Sebastián MAYAYO contra Ramiro OZER (IUE: 2-30345/16), venido a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia No. 56/17 de 31 de octubre de 2017, dictada por la Señora Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 18º Turno, Dra. Estela Jubette y

RESULTANDO:

I.- La apelada (fs. 212/230), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión, ampara la demanda y condena al reclamado a abonarle al actor la suma de U$S 45.000 más intereses desde la demanda y hasta su pago efectivo, sin especiales condenas.

II.- Contra la ...


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TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 2º TURNO

SENTENCIA Nº 110

MINISTRO REDACTOR: Dr. Tabaré Sosa

Montevideo, 21 de junio de 2018

VISTOS:

Para definitiva en segunda instancia este juicio que por DAÑOS Y PERJUICIOS sigue Sebastián MAYAYO contra Ramiro OZER (IUE: 2-30345/16), venido a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia No. 56/17 de 31 de octubre de 2017, dictada por la Señora Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 18º Turno, Dra. Estela Jubette y

RESULTANDO:

I.- La apelada (fs. 212/230), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión, ampara la demanda y condena al reclamado a abonarle al actor la suma de U$S 45.000 más intereses desde la demanda y hasta su pago efectivo, sin especiales condenas.

II.- Contra la misma se alza la parte perdidosa y expresa agravios a fs. 233/241; en síntesis, manifiesta que se interpretan erróneamente los hechos, se valora incorrectamente la prueba y se aplica equivocadamente el derecho.
Está acreditado que el actor se encuentra en posesión de copia con suficiente calidad; igualmente que el actor nunca ostentó la condición de productor. En otro orden, señala que la condena en todo caso no debe ser por lucro cesante sino por pérdida de chance, y que el daño moral debe ser rechazado.

III.- Se contestaron los agravios (fs. 248/252) y se franqueó la alzada (No. 3927/17 de fecha 20/XII/17).

IV.- Recibido el proceso en el Tribunal se dispone la sustanciación de la prueba superviniente alegada, la que es admitida sin perjuicio (fs. 262/266); los autos se giraron a estudio en forma sucesiva y en acuerdo del día de hoy (art. 203.4 in fine y 204.2 C.G.P. red. Ley 19.090-), por unanimidad de votos se resolvió el dictado de decisión anticipada (art. 200 C.G.P. red. Ley 19.090-).

CONSIDERANDO:

I.- La Sala irá a la solución confirmatoria con matizaciones, siendo ello así por lo subsiguiente.

II.- Destaca el Tribunal que por una parte, se reclama por la mitad de equipamiento técnico que según el reclamante el demandado detentaría ilegítimamente en su poder por habérselo apropiado indebidamente. Señala el actor que entre ambas partes habría existido una sociedad y por la mitad del valor de tales equipos pide condena por U$S 15.000 Por otro lado, se alega que Ozer se habría apropiado también indebidamente del film “Fraylandia” arrogándose la propiedad y dirección del mismo y que por ello, no pudo ser estrenado en Uruguay y Argentina por el impetrante, que por este concepto reclama pérdida de chance y la cuantifica en U$S 20.000. Finalmente, pretende U$S 10.000 por daño moral.

III.- A su turno el demandado replica diciendo que “Fraylandia” fue producida exclusivamente por él, que Mayayo nunca fue coproductor, que la actuación del accionante se limitó a codirigir y escribir el guión con él, realizar fotografía y cámara del proyecto, que jurídicamente Mayayo le cedió todos los derechos a su persona. Sobre el equipamiento, manifiesta que si bien fue facturado a la empresa unipersonal del actor por razones fiscales, el dinero surgió del FONA, por lo cual el equipo pertenece al proyecto que dicho fondo financió y que tuvo al demandado como único productor. Respecto a la pérdida de chance, explicita que el actor no es productor y no tiene derecho a ningún estrenar la obra, y que, aun considerándole director, cedió sus derechos patrimoniales habiendo autorizado al demandado a decidir sobre la divulgación del film.

IV.- La Ley No. 9.739, modificada por la Ley 17.616, emplea el término “obras audiovisuales” en varios artículos, entre ellos, el 5 y el 29. Por obra audiovisual puede entenderse toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, susceptible de ser proyectada o exhibida a través de aparatos idóneos, o por cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido; independientemente de las características del soporte material que las contiene, sea en películas de celuloide, en videogramas, representaciones digitales o en cualquier otro objeto o mecanismo, conocido o por conocerse, las obtenidas por un procedimiento análogo a la cinematografía (BORGGIO, La obra audiovisual y el productor audiovisual en Uruguay, en LJU 118,2,3). Nuestra Ley de Derecho de Autor, en los arts. 5 y 29 reformulados, trata a las obras cinematográficas - videográficas y demás obras audiovisuales-, como una categoría autónoma dentro de la producción intelectual científica o artística. Para percibir cómo se elabora y crea en nuestro tiempo la obra audiovisual, debe tener en cuenta la gran revolución tecnológica en que se encuentra inmersa la sociedad contemporánea, lo que facilita la creación de obras plurales.
BERTRAND (La propiedad industrial en perspectiva, publicada en Derecho de Alta Tecnología, No. 96, p. 4) se refiere a este aspecto manifestando que con las artes clásicas el fenómeno del acto creativo que había servido de postulado al derecho de autor (una creación marcada por el derecho de autor), ha dejado su lugar a obras realizadas generalmente en forma colectiva en el marco de contratos de trabajo o de servicios, con el objeto de responder a un pliego de condiciones (del comitente) o a las necesidades del mercado, es decir, en un contexto y bajo imposiciones que transforman en inexistentes la marca de la personalidad de un autor individual. Este nacimiento de la creación en grupo (señala EMERY, Tercer congreso Iberoamericano sobre derecho de autor y derechos conexos, 1997, p. 699 y 700) corresponde en el derecho de autor a la noción de obra colectiva, en tanto obra preparada por una persona a partir de contribuciones de autores que han participado en su elaboración creándolas a tal fin. En el derecho francés se entiende por obra colectiva a la obra creada por iniciativa de una persona física o moral, que la edita, la publica, la divulga bajo su dirección y su nombre y en la cual la contribución personal de los diversos autores que participan en su elaboración se hace en conjunto, sin que sea posible atribuir a cualquiera de ellos un derecho individual sobre la realización del conjunto (DESBOIS, Le droit d´bauteur en France, la destination des oeuvres, p. 47, cit. por BORGGIO, en op. cit.). Así, en nuestra época, predomina el trabajo en equipo, como es notorio, dada la complejidad de labores y conocimientos involucrados en la creación de una obra audiovisual. Y de allí que el art. 29 de la Ley en examen considere una presunción legal “iuris tantum” de coautores de la obra audiovisual.
La Ley 9.739, en su actual art. 29 inc. 2° presume, salvo prueba en contrario, coautores de la obra audiovisual al director o realizador, al autor del argumento, al autor de la adaptación, al autor del guión y diálogos, al compositor si lo hubiere y al dibujante en caso de dibujos animados.

V.- Importante a los efectos de una correcta elucidación de la contienda es definir al productor de obra audiovisual (recuérdese que el accionante dijo haber sido coproductor) y en ese orden, se coincide con SATANOWSKY (Derechos Intelectuales, t. I, p. 232, 1954) y JESSEN (Derechos intelectuales, p. 113 y ss.) en que se trata de quien organiza el trabajo técnico, industrial y artístico, concerniente a la realización material e intelectual de la obra, a lo que se añade iniciativa y dirección general. La concibe y la crea, desarrolla todas las actividades indispensables para que se exteriorice y se lo mencione en calidad de tal en el título, así como quien financia ya que la misma requiere medios técnicos y financieros considerables.

VI.- A la luz de lo anterior, observa la Sala que la prueba obrante en autos es contundente en demostrar que entre ambas partes hubo una sociedad de hecho para trabajar en la película de mención. Ambas partes realizaron actos propios de un productor, lo que avala la versión del actor cuando refiere en su pretensión a coproducción asociada (nal. 5º, fs. 42 v.). Es más, es el propio demandado quien en su contestación de demanda, relaciona que el actor encaja dentro de los conceptos técnicos relacionados al decir que el accionante se limitó a codirigir y escribir el guión con él, realizar fotografía y cámara del proyecto. En cuanto a la probanza documental, el FONA reconoce a ambos litigantes como creadores del proyecto (fs. 3), los créditos finales de la obra audiovisual los informan como directores y guionistas (fs. 5). El contrato con la IMM donde se otorga la financiación es celebrado por el actor (fs. 8/10), aunque si bien es cierto que no está firmado es un indicio que puede ser considerado, en tanto se trata de algo que indica, o que hace conocer algo, derivado de la relación lógica que existe entre el hecho indicador y el hecho indicado (TARIGO, Curso..., t. II, p. 241, IUDP, 1974), o, como enseña COUTURE (Vocabulario..., p. 332, Depalma, 1976), el objeto material o circunstancia de hecho que permite formular una conjetura y sirve de punto de partida para una prueba. Con otras palabras aunque en el mismo sentido lo relaciona GALLINAL (Estudios..., arts. 448 a 458 CPC, p. 139, Barreiro y Ramos, 1920) al señalar que indicio es el hecho generador o que indica, así como también a la relación entre ambos hechos, generador y generado, dando más acabada idea de lo que es el indicio y del procedimiento que en él se emplea, el inductivo o de inducción. El convenio se aprueba con Mayayo (fs. 11/13) y los contactos en la IMM fueron efectuados por éste (fs. 15 y ss. y 125 y ss.). El certificado de obra finalizada expedido por el MEC también tiene a Mayayo y su empresa unipersonal productora (“Calderita Pictures”) como destinatario (fs. 18). “BuenCine” producciones también reconoce al actor como director, los equipos se presumen fueron comprados por el accionante porque él tiene los recibos (fs. 32/34, 36/37) y el seguro también fue pago por éste (fs. 35). La gestión para adquirir los equipos se entiende fue hecha en conjunto (fs. 38/39). La producción y el guión es reconocida por el MEC hecha por Ozer y la dirección por Mayayo (fs. 50), de igual modo que lo hizo la IMRN (fs. 51) y la ORT (fs. 52). El FONA reconoce como productor al demandado y director al actor (fs. 53/58) y le entrega dinero a aquél (fs. 59/60). Río Uruguay TV Fray Bentos SA y Mario Handler reconocen al demandado como productor (fs. 64 y ss.). La documental aportada como prueba en segundo grado (fs. 246), admisible dada la fecha del documento posterior a la conclusión de la causa, da cuenta de lo mismo, de la situación del actor como deudor ante la IMM porque al no haberse estrenado la película no había dinero recaudado para reembolsar el préstamo. Respecto de la testimonial, Spagnuolo señala haber contactado sólo con el actor para realizar su trabajo en la obra y admite reconocerlo como productor (fs. 159 y ss.). Nerguizian da cuenta también del trabajo en quipo y del manejo conjunto del dinero que les daba el FONA. Alonso (fs. 159 y ss.) depone más o menos en el mismo sentido que Spagnuolo dejando ver el trabajo mancomunado. En igual sentido Caso (fs. 182 y ss.). De la valoración de los elementos relacionados queda claro a juicio del Tribunal que no había roles fijos preestablecidos, sino que el trabajo en conjunto se iba desenvolviendo según las circunstancias del momento y cómo se fueran dando las cosas; cualquiera asumía la tarea que se presentara, sin perjuicio de que uno quizás haya tenido más participación que otro en algunos puntos (financiación, dirección, contactos, etc.) aunque no exclusividad en la tarea. De esto se extrae que evidentemente, el trabajo fue en equipo, en conjunto, sin poderse destacar a uno de los dos como principal. Por consiguiente, asiste razón al actor en su reclamo por el rubro patrimonial de daño emergente. Sin perjuicio de ello, señala el Tribunal que la prueba rendida no es suficiente para disponer condena líquida por lo pedido ya que el quantum debeatur debe surgir de proceso de liquidación de sentencia con el límite de lo pedido (U$S 15.000), lo que así se dispondrá.

VII.- Sobre el restante rubro de daño patrimonial reclamado, lo peticionado fue pérdida de chance de estrenar la película en Uruguay desde el año 2012 y de obtener beneficios por el trabajo realizado. La pérdida de oportunidades se concreta en frustración de estreno de la película involucrada en la especie y la contingentada privación de las ganancias que se hubiesen obtenido. Se requería prueba del hecho ilícito impidiente del “lucro captando” y de la ventaja que se habría obtenido después de no haber mediado el hecho ilícito; asimismo la oportunidad debe ser directa, pues el beneficio inobtenido debe derivar directamente de un concreto hecho ilícito (relación de causalidad). La causa directa de la frustración del estreno no aparece plenamente probada. Solamente la documental de fs. 19 que acompaña la demanda, donde “BuenCine” informa su interés en distribuir la película, aunque ello a convenir con las salas de cine.
Luego, también se desconoce si las salas de cine hubiesen aceptado o convenido contratar la reproducción de esta película, aspecto que desdibuja por completo la causa del beneficio inobtenido. Respecto del segundo aspecto, es de recordar que la chance debe ser seria aunque implique la existencia de un alea (TRIGO REPRESAS, Pérdida de chance, p. 27 y ss., Astrea, Bs. As., 2008) y en el caso, esa seriedad de la chance no se vislumbra porque se trata de un supuesto muy genérico, vago e hipotético (ZABALA DE GONZÁLEZ, Resarcimiento de daños, daños a las personas, t. 2a, p. 374). Por último, debe tenerse en cuenta la teoría de la causalidad probabilística y el derecho positivo (véase MEDINA ALCOZ, La teoría de la pérdida de oportunidad, p. 432 y ss) ya que junto al sistema causal tradicional se sitúa un régimen de imputación probabilística que desplaza los requerimientos probatorios normales para establecer causalidades probables que dan lugar a indemnizaciones, pero ello requiriere de soluciones legislativas como en el derecho suizo donde en el Anteproyecto de modificación del Código de Obligaciones se establece ... si no es posible una prueba concluyente o la persona que soporta la carga de la prueba no puede proporcionarla razonablemente, el Tribunal puede apreciarla en virtud de una probabilidad razonable; el Tribunal puede también asignar una indemnización de acuerdo con el grado de probabilidad. En suma, el rubro pérdida de oportunidad o de chance debe rechazarse, amparando en su mérito los agravios esgrimidos.

VII.- Sobre el daño extrapatrimonial o moral, la Sala mantiene su criterio restrictivo en cuanto a que las molestias y disgustos que pueda haber sufrido la actora carecen de entidad suficiente para configurar un verdadero daño moral. Así ha dicho la Sala desde larga data en términos que la actual integración revalida que como dice GAMARRA citando sentencia de esta Sala en anterior integración, la importancia del daño moral es considerada como requisito esencial para la procedencia de la acción indemnizatoria y así se requiere que el infortunio cuya reparación se reclama tenga cierta entidad: los disgustos ... no habilitan para ejercer la pretensión reparatoria. El fundamento de este criterio que es acompañado por la doctrina, puede leerse en un fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno: “si el daño carece de cierta entidad, su propia existencia se hace dudosa ...” (GAMARRA, Tratado ...,
tomo XIX, págs. 268-269; ADCU, tomo XXII, casos 293 y 294, pág. 90). Y más recientemente se ha afirmado: ... se requiere un gran sufrimiento, un dolor intenso, situaciones afectivas muy profundas, no toda perturbación espiritual, no todo dolor ni cualquier efecto penoso son daño moral para nuestro jueces...” (Cfm. Gamarra, Tratado..., tomo XXV, pág. 84; Sentencia de la Sala No. 164 de fecha 9.9. 94, en ADCU, tomo XXVIII, caso 168, pág. 80; Sentencia de la Sala No 24 de 19.2.2003 en ADCU, tomo XXXIV, caso 141, pág. 80)??? (Sentencia de la Sala No. 52 de fecha 5.4.2006, en ADCU, tomo XXXVII, pág. 99, caso 190, sentencia 259/2008).??? Por consiguiente, la situación de Mayayo no encarta dentro de los requerimientos o exigencias para que el daño espiritual que reclama sea indemnizable; por lo tanto, nuevamente asiste razón a los agravios de la demandada y el punto será revocado.

VIII.- La solución acordada y la correcta conducta procesal de las litigantes en el grado imponen que las costas y costos deban sufragarse por su orden. Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal,

FALLA:

Confirmase en parte la sentencia apelada en cuanto condena por daño patrimonial emergente cuya determinación se difiere a la vía del art. 378 del C.G.P. (fundamento de derecho VI parte final) y salvo en cuanto a los rubros pérdida de chance y daño moral, los que se revocan y se dejan sin efecto. Costas y costos del grado por su orden. Oportunamente, devuélvase.

Dr. Tabaré Sosa Aguirre - MINISTRO
Dr. John Pérez Brignani - MINISTRO
Dr. Álvaro França – MINISTRO
Esc. Rodolfo Benzano - SECRETARIO LETRADO

DDU - CASO - TAC2 - 10373