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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SENTENCIA Nº 289

Montevideo, 5 de abril de 2018

VISTOS:

Para sentencia definitiva estos autos caratulados “R., M. A. C/ SENTENCIA NRO. 14 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2015, DICTADA POR EL JUZGADO LETRADO DE ATLÁNTIDA DE 2º TURNO. RECURSO DE REVISIÓN”, I.U.E. 1-115/2015.

RESULTANDO:

I) A fs. 10-23 compareció el Sr. M. A. R. y dedujo el presente recurso de revisión contra la sentencia definitiva N° 14 del 17 de marzo de 2015 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Atlántida de 2° Turno en los autos caratulados: “I. B., J. c/ R. R., M. Pérdida de patria potestad”, I.U.E.
526-296/2014. Mediante dicha sentencia, se acogió la demanda y, en su mérito, se dispuso la pérdida de la patria potestad del Sr. M. A. R. sobre su hija M. I. R. I. Según el impugnante, recién tomó conocimiento de la existencia del proceso de pérdida de patria potestad que se entabló en su contra el 13 de mayo de 2015, cuando, al comparecer a una audiencia en el juicio de visitas que él promovió ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Atlántida de 2° Turno (autos caratulados “R., M. A. c/ I., J. Visitas”, I.U.E. 526-360/2014), se le informó que se había ...

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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SENTENCIA Nº 289

Montevideo, 5 de abril de 2018

VISTOS:

Para sentencia definitiva estos autos caratulados “R., M. A. C/ SENTENCIA NRO. 14 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2015, DICTADA POR EL JUZGADO LETRADO DE ATLÁNTIDA DE 2º TURNO. RECURSO DE REVISIÓN”, I.U.E. 1-115/2015.

RESULTANDO:

I) A fs. 10-23 compareció el Sr. M. A. R. y dedujo el presente recurso de revisión contra la sentencia definitiva N° 14 del 17 de marzo de 2015 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Atlántida de 2° Turno en los autos caratulados: “I. B., J. c/ R. R., M. Pérdida de patria potestad”, I.U.E.
526-296/2014. Mediante dicha sentencia, se acogió la demanda y, en su mérito, se dispuso la pérdida de la patria potestad del Sr. M. A. R. sobre su hija M. I. R. I. Según el impugnante, recién tomó conocimiento de la existencia del proceso de pérdida de patria potestad que se entabló en su contra el 13 de mayo de 2015, cuando, al comparecer a una audiencia en el juicio de visitas que él promovió ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Atlántida de 2° Turno (autos caratulados “R., M. A. c/ I., J. Visitas”, I.U.E. 526-360/2014), se le informó que se había suspendido la audiencia porque su contraparte había presentado (el 11 de mayo, es decir, dos días antes de la audiencia) un escrito invocando un hecho nuevo.
Para su sorpresa, ese hecho nuevo consistió en el dictado de la sentencia que decretó la pérdida de la patria potestad respecto de su hija.
Adujo, en muy escueta síntesis, que pudo comprobar una serie de irregularidades y de maniobras fraudulentas por parte de la Sra. I. y de las abogadas intervinientes, que lo colocaron en situación de indefensión.
En función de ello y de la extensa argumentación que expuso en su libelo impugnativo, el compareciente circunscribió el recurso de revisión en las causales previstas en el art. 283 nums. 6) y 7) del C.G.P.

II) Por resolución N° 255 del 2 de marzo de 2016, se le dio ingreso al recurso interpuesto y se ordenó el libramiento de oficio al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Atlántica de 2° Turno a fin de que remitiera los autos caratulados “I. B., J. c/ R. R., M. Pérdida de patria potestad”, I.U.E. 526-296/2014 (fs. 47).

III) Por decreto N° 792 del 30 de mayo de 2016, se emplazó a la Sra. J. I. para que compareciera a contestar el recurso de revisión interpuesto en el plazo de treinta días (fs. 56).

IV) Posteriormente, una vez emplazada en el nuevo domicilio denunciado por el impugnante a fs. 72, el 21 de marzo de 2017 la Sra. J. I. contestó el recurso revisión, expresando, en lo medular, que si bien parecería que hubo serias irregularidades, no se verifican las condiciones para hacer lugar al recurso de revisión deducido (fs. 98102).

V) Las testigos propuestas por la parte recurrente no concurrieron a la audiencia celebrada el 14 de setiembre de 2017.
Como se dejó constancia en el acta de la audiencia (fs. 184), la testigo M. D. R. S. había avisado con antelación que no podría concurrir por razones de salud, de lo cual se había conferido vista a ambas partes (fs. 159-164 vto. y 166-168).
Por su parte, la testigo M. S. faltó a la audiencia sin previo aviso, a pesar de haber sido debidamente notificada (fs. 184).
Como la parte recurrente no solicitó la conducción, sino la citación por segunda vez de las testigos que propuso y no concurrieron a la audiencia (fs. 184-184 vto.), la Corporación así lo dispuso.

VI) A fs. 211-212 vto. se presentó la testigo M. D. R. S., oportunidad en la cual, adjuntando un certificado médico, manifestó que no podría concurrir a la prórroga de la audiencia señalada para el 26 de octubre de 2017.
La Suprema Corte de Justicia, por auto N° 2.006 del 25 de octubre de 2017, tuvo por justificada la incomparecencia de la referida testigo a la continuación de la audiencia fijada para el día siguiente (fs. 214).

VII) En la prórroga de la audiencia celebrada el 26 de octubre de 2017, a la cual no asistieron ninguna de las dos testigos citadas, la parte recurrente interpuso el recurso de reposición contra el aludido auto N° 2.006/2017.
La Corporación, luego de oír a la contraparte, hizo lugar al recurso y, en su mérito, revocó por contrario imperio la resolución impugnada, ordenando la conducción de ambas testigos para la continuación de la audiencia, que se fijó para el día 16 de noviembre de 2017 (fs. 218-223).

VIII) En sendos escritos, las testigos M. D. R. S. y M. S. solicitaron no ser conducidas a la audiencia, manifestado su voluntad de concurrir y asumiendo el deber de hacerlo (fs. 224 y 229, respectivamente).

IX) Por auto N° 2.099 del 7 de noviembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia dejó sin efecto las órdenes de conducción oportunamente dispuestas (fs. 231).

X) Ambas testigos comparecieron a la prórroga de la audiencia que se celebró el 16 de noviembre de 2017, brindando las declaraciones que lucen en el acta respectiva (fs. 237-257).

XI) Luego de que la Corporación convocó a continuación de audiencia para oír los alegatos de las partes, el 16 de febrero del año en curso la parte emplazada a contestar el recurso de revisión ofreció su desistimiento a las defensas planteadas en autos (fs. 285-286).

XII) En la prórroga de audiencia que se celebró el 22 de febrero de 2018, ambas partes alegaron de bien probado, la Suprema Corte de Justicia dio por concluida la causa y dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia (fs. 290-294).

XIII) Finalizado el estudio y acordada la presente resolución en forma legal y oportuna, la Corporación citó a audiencia para lectura de sentencia para el día de la fecha.

CONSIDERANDO:

I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, hará lugar al recurso de revisión interpuesto, en virtud de los fundamentos que expresará a continuación.

II) Los argumentos expresados en el recurso de revisión.
Según el impugnante, recién tomó conocimiento de la existencia del proceso de pérdida de patria potestad en el que fue demandado el 13 de mayo de 2015, cuando, al comparecer a una audiencia en un juicio de visitas que él inició ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Atlántida de 2° Turno (autos caratulados “R., M. A. c/ I., J. Visitas”, I.U.E. 526-360/2014), se le informó que se había suspendido la audiencia porque su contraparte había presentado (el 11 de mayo, esto es, dos días antes de la audiencia) un escrito invocando un hecho nuevo.
Ese hecho nuevo consistió en el dictado de la sentencia que decretó la pérdida de la patria potestad que ejercía sobre su hija.
Expresó que logró comprobar una serie de irregularidades y de maniobras fraudulentas por parte de la Sra. I. y de las abogadas intervinientes, que lo colocaron en situación de indefensión.
El 22 de mayo de 2015 dedujo acción de nulidad del proceso de pérdida de patria potestad, a raíz de lo cual, en el expediente principal, se formó la pieza caratulada “R., M. A. Acción de nulidad”, I.U.E. 526-625/2015.
En dicha pieza, al conferírsele traslado de la acción de nulidad, la Sra. J. I. se allanó a la pretensión deducida.
Luego, cuando se le confirió vista, el representante del Ministerio Público sostuvo que la acción de nulidad promovida debería tramitarse por la vía del recurso de revisión. También solicitó la formación y la remisión de testimonio de las actuaciones a la Justicia Penal.
Las Dras. M. S. y M. D. R. S., abogadas en el juicio de pérdida de patria potestad, renunciaron al patrocinio una vez que se presentó la referida acción de nulidad. Asimismo, la Dra. M. S. renunció al patrocinio de la Sra. I. en el juicio de visitas, y también lo hizo después de que se presentó la acción de nulidad en la que se pusieron de manifiesto las maniobras fraudulentas efectuadas y la situación de indefensión del compareciente.
El recurrente expresó que nunca firmó un escrito entendiendo las consecuencias del allanamiento a una demanda de pérdida de patria potestad respecto de su menor hija. Ningún profesional lo asistió personalmente en el juicio de pérdida de patria potestad y jamás consultó a un abogado a tal fin. Sostuvo, además, que el contenido del escrito de demanda le resulta totalmente extraño y ajeno a su voluntad. Ni siquiera conoce a las Dras. M. S. y M. D. R. S.
También aseveró que no escribió ni firmó la nota que luce a fs. 6 vto. del mencionado expediente, escrito que fue firmado por la Dra. M. S. como la supuesta abogada que lo asistía y en el cual constituyó domicilio electrónico para recibir las notificaciones que debían practicársele.
El contenido del escrito de contestación de demanda de pérdida de patria potestad es irreal, falso e insincero, ya que el impugnante nunca tuvo la intención de perder la patria potestad sobre su hija.
Resulta sorprendente que el 20 de mayo de 2014 se presentó la demanda y la contestación en conjunto de pérdida de patria potestad, en la cual, en apariencia, el padre era defendido por la Dra. M. S., y 21 días después, es decir, el 10 de junio de 2014, la misma persona haya presentado demanda de visitas asistido por otro profesional, invocando hechos radicalmente opuestos a los esgrimidos en el allanamiento de la demanda de pérdida de patria potestad, manifestando que la madre obstaculizaba el vínculo con su hija y expresando su interés en que se fijara un régimen de visitas.
En el escrito de demanda y contestación conjunta de pérdida de patria potestad, no se especificó qué abogada patrocinaba a qué parte.
Las notificaciones a su parte se efectuaban en el domicilio electrónico de la Dra. M. S.
Así y todo, dicha profesional se presentó a fs. 16, solicitando la sustitución de testigos por parte de la actora. A fs. 18 vto. la Dra. M. S. concurrió personalmente al Juzgado y se notificó por la parte actora del decreto que acogió la solicitud de sustitución de testigos, es decir que quien, en teoría, era su abogada, se notificó y asumió la defensa de su contraparte.
La Dra. M. S., que se presentaba como patrocinante del recurrente en el proceso de pérdida de patria potestad, a su vez patrocinaba a la Sra. I. en el proceso de visitas en el cual el primero la había demandado para poder ver a su hija.
Mientras que, en el expediente de pérdida de patria potestad, el 5 de agosto de 2014 la Sra. I. solicitó la sustitución de testigos (fs. 16), siendo patrocinada por la Dra. M. S., la Sra. I. ya había sido notificada de la demanda de visitas el 30 de julio de 2014 (fs. 14), es decir, la Sra. I. y la Dra. S. tenían cabal conocimiento de que el compareciente estaba realizando actos positivos tendientes a mantener el vínculo con su hija.
El 30 de setiembre de 2014 la Dra. S. patrocinó a la Sra. I. en la audiencia que se celebró en el proceso de pérdida de patria potestad, dejándose consignado en el acta que no compareció la parte demandada.
Otra muestra de la indefensión que sufrió el recurrente es que la Dra. S. no solicitó el cumplimiento de la prueba dispuesta por la Sede el 23 de julio de 2014, consistente en la práctica de un informe sobre las condiciones socio económicas del hogar de las partes por una asistente social.
Sin dudas, el juicio de visitas era un hecho nuevo que la Sra. I. debió haber denunciado en el proceso de pérdida de patria potestad, extremo que echaría por tierra la prueba del abandono irrefragable que había invocado la madre de la niña en dicho litigio.
La forma en que el recurrente tomó conocimiento del proceso de pérdida de patria potestad es demostrativa del comportamiento de mala fe de la Sra. I. y de la Dra. S. Así, el impugnante se enteró de que había perdido la patria potestad respecto de su hija cuando la Dra. M. S., ejerciendo el patrocinio de la Sra. I. en el juicio de visitas, invocó como hecho nuevo el dictado de la sentencia definitiva en el proceso de pérdida de patria potestad.
Luego de presentada la acción de nulidad por parte del ahora recurrente, el 27 de julio de 2015, en el proceso de pérdida de patria potestad, la Dra. M. S. renunció al patrocinio de la Sra. I., al mismo tiempo que la Dra. M. D. R. S. renunció al patrocinio del compareciente.
Posteriormente, el allanamiento de la Sra. I. a la acción de nulidad entablada por el impugnante resulta sumamente relevante, puesto que, en dicha oportunidad, la madre de la niña aceptó que existían importantes contradicciones entre los procesos de pérdida de patria potestad y de visitas.
En suma, la propia contestación de la demanda con allanamiento a la pretensión de pérdida de patria potestad constituye una maniobra fraudulenta que es, precisamente, el fundamento de la nulidad del proceso de pérdida de patria potestad, ya que lo colocó en una clara situación de indefensión.

III) Los argumentos expresados en la contestación del recurso de revisión.
A su vez, la parte emplazada a contestar el recurso, Sra. J. I., sostuvo que la firma que luce en el escrito de allanamiento de demanda de pérdida de patria potestad es de puño y letra del Sr. R.
Asimismo, señaló que el recurrente no solicitó un peritaje caligráfico que permitiera descartar que las firmas que lucen en el escrito de fs. 6 vto. y en el de allanamiento a la demanda son suyas.
Adujo que, si el recurrente firmó el escrito de allanamiento a la demanda de pérdida de patria potestad sin asesorarse, ello no constituye una hipótesis de indefensión.
También expresó que, en la vida profesional, en infinidad de oportunidades, en los casos de firma conjunta, una de las partes firma más por desinterés que por interés, es decir, lo hace para no perder tiempo.
Con relación a las invocadas maniobras fraudulentas, el recurrente no justificó cuál habría sido el perjuicio que le habrían causado dichas irregularidades, ya que, si se allanó a la pretensión de pérdida de patria potestad, esas supuestas desviaciones no afectaron el resultado del proceso que él consintió.
La Sra. I. concluyó que correspondía desestimar el recurso de revisión deducido (fs. 98-102).

IV) Sobre el desistimiento de la oposición formulada por la parte emplazada a contestar el recurso.
Con carácter liminar, corresponde que la Corporación se pronuncie sobre el desistimiento de la parte emplazada a contestar el recurso de las defensas que opuso en estos autos.
En la sesión de la audiencia de rigor que se celebró el 16 de noviembre de 2017, los abogados de la Sra. I. expresaron que, si el peritaje caligráfico que se iba a practicar concluyera que la firma estampada en el escrito de demanda y contestación conjunta de pérdida de patria potestad que se le atribuyó al Sr. R. era falsa, presentarían un escrito por el cual manifestarían el allanamiento de su cliente al recurso de revisión (fs. 256-257).
Por decreto N° 2.426 del 14 de diciembre de 2017, la Corporación les confirió vista personal a ambas partes del peritaje caligráfico glosado a fs. 4-13 de la pieza separada I.U.E. 527-1085/2017 (fs. 260), vista que no fue evacuada por la parte emplazada a contestar el recurso de revisión.
Fue recién después de que la Suprema Corte de Justicia convocara para continuar la audiencia el 22 de febrero de 2018 (auto N° 49 del 2 de febrero de 2018; fs. 279) que la Sra. I. desistió de las defensas que opuso en este proceso y solicitó que las costas y los costos relativos al recurso de revisión en trámite fueran soportados por ambas partes en el orden causado (fs. 285-286).
La parte recurrente no solo se opuso a que se hiciera lugar al desestimiento planteado por su contraria, sino que, en su alegato de bien probado, solicitó que, además, la Sra. I. fuese condenada en costas y costos de conformidad con lo establecido en el art. 688 del C. Civil y en los arts. 231 y 292 del C.G.P. (fs. 292 y minuto 7:42 de su alegato oral registrado en el sistema Audire).
Al alegar de bien probado, la parte emplazada a contestar el recurso entendió que el recurrente no aceptaba el desistimiento de las defensas opuestas, tal como se desprende también del alegato de bien probado que él formuló. Textualmente, los abogados de la Sra. I. expresaron: “(...) esperamos que la Corte haga lugar a los cuestionamientos de índole procesal realizados (...)” (minuto 3:09 a 3:24 de su alegato oral registrado en el sistema Audire). Es decir que, aunque en términos poco categóricos, impetraron que no se hiciera lugar al recurso de revisión, ya que eso fue, claro está, lo que se buscó al formular las defensas que opusieron al evacuar el traslado del recurso de revisión.
Este Colegiado entiende que el desistimiento de las defensas que planteó la parte emplazada a contestar el recurso es ineficaz, por lo que no lo inhibe para pronunciarse sobre el fondo del asunto, máxime si se tiene en cuenta la gravedad de los comportamientos denunciados por el Sr. R. en su recurso de revisión y la conducta procesal contradictoria que adoptó y demostró la Sra. I.; primero, al allanarse a la acción autónoma de nulidad con la cual el Sr. R. pretendió impugnar la cosa juzgada alcanzada por la sentencia que hizo lugar a la pretensión de pérdida de la patria potestad que ostentaba sobre su hija; y luego, al contestar oponiéndose a la procedencia del recurso de revisión y ofrecer un tardío desistimiento de las defensas opuestas en el presente proceso.
Asimismo, la denuncia del fraude que se habría cometido en el proceso de pérdida de patria potestad, por comprometer la causa pública, también obsta a otorgarle eficacia al desistimiento de las defensas planteado por la Sra. I.
Dicha conducta procesal será analizada en un Considerando específico.

V) El fondo del asunto.
V.1) Los indicios que llevaron a sospechar la maniobra que se urdió en el proceso de pérdida de patria potestad.
La Suprema Corte de Justicia comparte íntegramente el prolijo y detallado relato que la parte recurrente realizó en su escrito inicial, narración que dio cuenta de indicios que permitían avizorar una estratagema y varias conductas dirigidas a un único fin: privar al Sr. M. A. R., padre de la niña M. R. I., de su derecho a defenderse en el proceso que la Sra. J. I. dirigió en su contra para que perdiera la patria potestad sobre la hija que tuvieron en común.
Si bien estos elementos indicativos de la maniobra fraudulenta fueron corroborados de manera categórica por la prueba recolectada en el presente expediente y en el proceso penal que aún está en trámite ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Atlántida de 1° Turno, resulta de utilidad mencionarlos para, de tal modo, poder apreciar a cabalidad la envergadura del ardid de que fue víctima el recurrente.
En primer lugar, no parece lógico o del todo razonable que el 10 de junio de 2014 el Sr. R. promoviera un proceso para que se fijara un régimen de visitas respecto de su hija (nota de cargo a fs. 9 vto. del testimonio del expediente acordonado “R.; M. A. c/ I.; J. Visitas”, I.U.E. 526-360/2014), luego de que, tan solo 21 días antes (es decir, el 20 de mayo de 2014), hubiese firmado un escrito de demanda y contestación conjunta por el cual se allanaba a la pretensión de pérdida de patria potestad respecto de su hija que promovió en su contra la Sra. I. (nota de cargo a fs. 6 del testimonio del expediente acordonado “I. B. J. c/ R. R. M. Pérdida de patria potestad”, I.U.E. 526296/2014).
Ello, en la medida en que la solicitud de un régimen de visitas resulta por completo incompatible al supuesto desinterés de un padre de mantener contacto con su hija, desinterés que, según la versión de la Sra. I. y de la testigo M. S., habría sido lo que motivó al Sr. R. a firmar el mencionado escrito de demanda y contestación conjunta de pérdida de patria potestad.
Y la explicación que la testigo M. S. pretendió dar de este comportamiento errático resultó, por decirlo de algún modo, en extremo pueril.
Así, la referida testigo (que, según ella, habría actuado como patrocinante de la Sra. I. en el proceso de pérdida de la patria potestad), al ser interrogada por la Corporación en la sesión de la audiencia que se celebró el 16 de noviembre de 2017, expresó que:
“(...) el hecho de la pérdida de la patria potestad no implicaba bajo ningún concepto el impedimento que ese progenitor por más que estuviese desinvestido no pudiera por ejemplo pedir visitas (...)” (fs. 249 vto.).
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia le preguntó a la testigo la razón por la cual, al contestar la demanda de visitas patrocinando a la Sra. I., no invocó que poco antes se había promovido un proceso de pérdida de patria potestad en el que el reclamante de las visitas había estado de acuerdo (fs. 250), interrogante frente a la cual la testigo brindó una respuesta ambigua y evasiva.
Tan fútil es el argumento de que la pérdida de la patria potestad no obsta a que el padre que ya no la ostenta más solicite un régimen de visitas que, en el proceso de visitas, la Sra. I. (patrocinada por la Dra. M. S.) invocó como hecho nuevo, justamente, la sentencia que hizo lugar a la pérdida de la patria potestad reclamada por la Sra. I. y supuestamente consentida por el Sr. R. como circunstancia que privaría al padre de la niña de legitimación para reclamar visitas (fs. 47-49 vto. del testimonio del expediente de visitas I.U.E. 526360/2014).
Cuando la Suprema Corte de Justicia le preguntó, específicamente, si no le pareció extraña la actitud del Sr. R. en cuanto a que inició un proceso de visitas a los pocos días de haberse allanado a la pretensión de pérdida de la patria potestad, la testigo declaró:
“Francamente la experiencia que yo tengo son personas que tienen pareceres variados, actitudes confusas, no de todos, pero no me llamó la atención” (fs. 253).
La secuencia cronológica que continuó después es coherente con el relato del recurrente.
En efecto, el 11 de mayo de 2015 la Sra. I. invocó como hecho nuevo el dictado de la sentencia de pérdida de patria potestad (nota de cargo a fs. 49 vto. del testimonio del expediente de visitas I.U.E. 526-360/2014). El 22 de mayo de 2015 el Sr. R. evacuó el traslado que se le confirió del hecho nuevo invocado por su contraparte (nota de cargo a fs. 66 del referido testimonio). Y ese mismo día promovió lo que denominó como “acción de nulidad” a raíz de que, al conferírsele traslado del hecho nuevo, tomó conocimiento del proceso de pérdida de patria potestad que se siguió en su contra y en el cual ya se había dictado sentencia definitiva haciendo lugar a la pretensión (nota de cargo a fs. 16 del expediente incorporado por cordón “R. M. A. en autos 'I. B. J. c/ R. M. Pérdida de patria potestad' 526-296/2014. Acción de nulidad”, I.U.E. 526-625/2015).
También resulta significativo el hecho de que, al evacuar el traslado que se le otorgó oportunamente, la Sra. I. se allanó a la acción de nulidad (fs. 19-21 del citado expediente), actitud de no oposición que no reiteró al evacuar el traslado del recurso de revisión en estudio.
Otro hecho que llama la atención con relación al accionar de las letradas que figuran como patrocinantes de las dos partes del expediente de pérdida de patria potestad es la confusión o poca definición en cuanto a quién ejercía la defensa de cada uno de los litigantes.
Así, en el escrito que figura a fs. 7 vto. del testimonio del expediente de pérdida de patria potestad, la Dra. M. S. firmó como la supuesta abogada que asistía al Sr. R., escrito en el cual constituyó domicilio electrónico para recibir las notificaciones que debían practicársele a él.
Sin embargo, en la sesión de la audiencia que se celebró el 16 de noviembre de 2017, le aseveró a la Suprema Corte de Justicia que ella había actuado en dicho expediente como patrocinante de la Sra. I. (en especial, fs. 240, 243-243 vto. y 246-246 vto.).
En el escrito de demanda y contestación conjunta de pérdida de patria potestad, no se especificó qué abogada patrocinaba a qué parte.
Las notificaciones correspondientes al Sr. R. se efectuaban en el domicilio electrónico de la Dra. M. S.
Así y todo, dicha profesional se presentó a fs. 17-17 vto. del testimonio del expediente de pérdida de patria potestad solicitando la sustitución de testigos por parte de la Sra. I..
Cuando en el expediente de pérdida de patria potestad, el 5 de agosto de 2014 la Sra. I. solicitó la sustitución de testigos (fs. 17-17 vto. ya citadas), siendo patrocinada por la Dra. M. S., la Sra. I. ya había sido notificada de la demanda de visitas el 30 de julio de 2014 (actuación a fs. 15 del testimonio del expediente respectivo), es decir, la Sra. I. y la Dra. S. tenían cabal conocimiento de que el compareciente estaba realizando actos positivos tendientes a mantener el vínculo con su hija.
El 30 de setiembre de 2014 la Dra. S. patrocinó a la Sra. I. en la audiencia que se celebró en el proceso de pérdida de patria potestad, dejándose consignado en el acta que no compareció la parte demandada, oportunidad en la cual nada dijeron sobre la pretensión de visitas que había deducido el padre de la niña.
Interrogada específicamente por la Corporación en cuanto a por qué no invocó la existencia del proceso de pérdida de patria potestad (a cuya pretensión, supuestamente, se había allanado el Sr. R.) al contestar la demanda de visitas patrocinando a la Sra. I., la testigo M. S. respondió que no lo hizo porque dicho proceso aún no había finalizado (fs. 251), explicación que no resulta convincente a juicio de este órgano colegiado.
Las Dras. M. S. y M. D. R. S., abogadas en el juicio de pérdida de patria potestad, renunciaron al patrocinio una vez que se presentó la referida acción de nulidad (esta acción se entabló el 22 de mayo de 2015 -nota de cargo a fs. 16 del testimonio del expediente I.U.E. 526-625/2015 y las abogadas renunciaron al referido patrocinio letrado el 27 de julio de 2015 -notas de cargo a fs. 66 y 67 del testimonio del expediente I.U.E. 526-296/2014).
Asimismo, la Dra. M. S. renunció al patrocinio de la Sra. I. en el juicio de visitas, y también lo hizo después de que se presentó la acción de nulidad en la que se pusieron de manifiesto las maniobras fraudulentas efectuadas y la situación de indefensión del compareciente (la renuncia se presentó el 27 de julio de 2015; nota de cargo a fs. 73 vto. del testimonio del expediente I.U.E. 526-360/2014).
V.2) La prueba de la maniobra que se urdió y de la indefensión que sufrió el Sr. R. en el proceso de pérdida de patria potestad.
Como se adelantó en el Considerando anterior, los indicios que dejaban entrever la estratagema puesta en funcionamiento en el expediente de pérdida de patria potestad quedaron totalmente probados en autos.
La testigo M. S. no dudó en afirmar que su colega, la Dra. M. D. R. S., fue quien patrocinó efectivamente al Sr. R. en el proceso de pérdida de patria potestad (fs. 240), que la mencionada profesional también recibía en su domicilio electrónico todas las notificaciones que se practicaron en dicho expediente (fs. 247) y que ambas abogadas mantenían comunicación con respecto al desarrollo del trámite (fs. 248 vto.).
La citada testigo también aseveró que le leyó al Sr. R. el contenido del escrito de demanda y contestación conjunta de pérdida de la patria potestad antes de que él lo firmara en su presencia, que le dio el teléfono de la Dra. M. D. R. S. para que se contactara con ella y que el Sr. R. firmó junto con ella el escrito en el cual éste constituyó domicilio electrónico en su casilla de correo (fs. 239 vto., 241 y 242), hechos cuya falsedad quedó plenamente probada.
Efectivamente, por medio del peritaje caligráfico practicado en Sede Penal, se probó, sin lugar a ninguna duda, que la firma que luce en el escrito de demanda y contestación conjunta y que se le atribuyó al Sr. R. es apócrifa, del mismo modo en que lo es la firma que se le imputó a él y que figura en el escrito que también firmó la Dra. M. S., por el cual el Sr. R. constituía domicilio electrónico en la casilla de esta profesional (fs. 11-12 de la “Pieza formada con testimonio de pericia caligráfica del expediente 5261006/2015”, I.U.E. 527-1085/2017).
De manera que el Sr. R. no firmó ninguno de los dos escritos, y mucho menos lo hizo en presencia de la Dra. S., como ella aseveró falazmente ante esta Corporación.
Asimismo, fue totalmente falsa la aseveración de la Dra. M. S. cuando expresó que la Dra. M. D. R. S. fue quien ejerció la efectiva defensa del Sr. R. y de que ambas abogadas intercambiaron opiniones personales sobre el caso en cuestión.
En esta línea de desentrañar el ardid que se urdió en contra de los intereses del Sr. R., las respuestas que brindó la testigo M. D. R. S. fueron tan sorpresivas como elocuentes y categóricas.
Así, la abogada que, conforme a la declaración de la testigo M. S., habría patrocinado al Sr. R. y con la cual habría mantenido contacto sobre el expediente de pérdida de patria potestad, no vaciló al decir que nunca vio y que no conoce al Sr. R. y que todas las firmas que se suponían que eran de ella y que figuran en el expediente de pérdida de patria potestad no le pertenecían (fs. 254 vto.).
Sin embargo, la testigo M. D. R. S. tampoco dijo toda la verdad.
Justamente, si bien el dictamen pericial dio cuenta de que las firmas que se le atribuyeron y que figuran a fs. 4 (escrito de demanda y contestación conjunta), 37 vto. (escrito por el cual ambas profesionales aclaran qué número de matrícula tiene cada una) y 65 (escrito por el cual la Dra. M. D. R. S comunicó su renuncia al patrocinio letrado del Sr. R.) del expediente original de pérdida de patria potestad no pertenecen a la Dra. M. D. R. S, los peritos calígrafos actuantes concluyeron que la firma que luce a fs. 44 vto. de dicho expediente (constancia de que la Dra. S. se notificó de la sentencia definitiva de pérdida de patria potestad) sí la estampó la Dra. S. (fs. 10 y 12 de la pieza incorporada por cordón I.U.E. 527-1085/2017), a pesar de que ella lo negó al declarar ante la Suprema Corte de Justicia.
Además, los peritos afirmaron, con contundencia, que las firmas apócrifas que se le atribuyeron a la Dra. M. D. R. S y que lucen en los escritos de fs. 4, 37 vto. y 65 del expediente de pérdida de patria potestad fueron falsificadas por la Dra. M. S. (fs. 10 y 12 de la pieza I.U.E. 5271085/2017).
Es dable poner de relieve que este peritaje se incorporó al presente proceso como prueba trasladada (art. 145 del C.G.P.) y que sus conclusiones no fueron refutadas por prueba idónea de signo contrario.
V.3) La subsunción de los hechos probados en las causales de revisión invocadas
A juicio de la Corporación, los hechos que invocó la parte impugnante y que resultaron efectivamente probados en autos se subsumen perfectamente en las causales en las que fundó el recurso de revisión en estudio.
El art. 283 del C.G.P., en la redacción dada por la ley 19.090, establece:
“Causales. Procede la revisión:
(...)
6) Cuando existiere colusión o cualquier otra maniobra fraudulenta, siempre que hubiere causado perjuicio al recurrente o a la causa pública (artículos 114 y 115.2).
7) Cuando se reclame la nulidad por indefensión y no se haya podido hacer valer por las vías del artículo 115”.
V.3.1) La maniobra fraudulenta como causal de revisión.
Como expresa Pereira Campos, el agregado del vocablo “cualquier” que introdujo la ley 19.090 tiene un efecto expansivo de la causal de fraude como habilitante de la revisión.
De esta forma, el citado autor sostiene:
“(...) ya no se exige más que la colusión o la maniobra fraudulenta sea de las partes, lo que había conducido a nuestra Suprema Corte de Justicia en algunos fallos que para proceder el recurso debía existir acuerdo colusivo entre las partes (y por ello para hacer valer esta causal se habilitaba a los terceros – art. 284.1). Con la nueva redacción cualquier hipótesis de colusión o maniobra fraudulenta habilita la revisión si se dan los demás requisitos legales aunque no hayan participado ambas partes. Así puede pensarse en maniobras fraudulentas entre una parte y un testigo, entre una parte y el juez, etc. (...)” (Pereira Campos, Santiago, Código General del Proceso. Reformas de la ley 19.090 (Comparadas y comentadas), 1a. edición, Universidad de Montevideo, Montevideo, 2013, pág. 88).
Al estudiar la causal del art. 283 num. 6) del C.G.P. en su redacción original, Landoni expresa que el proceso colusivo (según Ferrara) constituye una forma anómala del juicio, que, en vez de ser una lucha entre los litigantes, es una “comedia para dañar a terceros”. A lo cual agrega que Gelsi Bidart, por su parte, señala que la simulación procesal puede darse tanto de un acto como de una etapa, de un incidente o de un proceso en su integridad, y significa la existencia de un acto o proceso “aparente”, “simulado”, “representado” por las partes con o sin la complicidad del juez (Landoni Sosa, Ángel, “El recurso de revisión”, en Curso sobre el Código General del Proceso, Tomo II, F.C.U., Montevideo, 1990, págs. 44 y 45).
Por su parte, el Maestro Couture define a la colusión procesal de la siguiente forma:
“Confabulación o entendimiento malicioso de un litigante con otro o con terceros, dirigido a producir perjuicio a su adversario en el proceso o a terceros a quienes alcanza la cosa juzgada” (Couture, Eduardo J., Vocabulario Jurídico, 3a. edición actualizada y ampliada por Ángel Landoni Sosa, B de F,
Buenos Aires, 2004, pág. 170).
El citado autor define al fraude en estos términos:
“Calificación jurídica de la conducta, consistente en una maquinación o subterfugio insidioso tendiente a la obtención de un provecho ilícito” (Couture, Eduardo J., ob. cit., pág. 358).
En el caso en análisis, no hay duda del fraude procesal que cometió la Dra. M. S., quien falsificó varias firmas en el expediente de pérdida de patria potestad y que mintió al declarar como testigo en el presente expediente para sustentar su engaño en el proceso que llevó a que el Sr. R. perdiera la patria potestad sobre su hija.
En el marco del proceso de revisión, surgirían elementos indicativos que le permiten afirmar a la Corporación que la Sra. I. no sería ajena a la maniobra urdida en contra del accionante.
Así, pues, la Sra. I., al evacuar el traslado del recurso de revisión, expresó: “Esta parte afirma, con toda certeza, que la firma que luce en el escrito de allanamiento a la demanda, es de puño y letra del recurrente” (el subrayado figura en el texto original; fs. 99).
Asimismo, al alegar de bien probado, la parte impugnante sostuvo que, al ser interrogada en Sede Penal, la Sra. I. declaró que fue ella quien recogió la supuesta firma que el Sr. R. habría estampado en el escrito de demanda y contestación conjunta de pérdida de patria potestad (fs. 291 y minuto 4:36 a minuto 4:52 de la grabación de su alegato oral registrado en el sistema Audire), lo cual, a la postre, resultó ser falso. Y esta afirmación no fue desmentida por los abogados de la Sra. I., que podrían haber refutado la aseveración de su contraria en oportunidad de alegar de bien probado ante esta Corporación, lo cual no hicieron.
En síntesis, la Suprema Corte de Justicia tiene por probado que existió una maniobra (ejecutada en varios actos) que perjudicó, indudablemente, al Sr. R., al punto que determinó que perdiera la patria potestad sobre su hija. También tiene por plenamente acreditado que la Dra. M. S. fue protagonista de dicho fraude y considera que existen elementos de convicción suficientes que permiten sostener, muy verosímilmente, que la Sra. I. fue partícipe directa del engaño.
Del comportamiento de las Dras. M. S. y M. D. R. S y de la Sra. J. I., se dará cuenta a la Justicia Penal competente, a fin de que tome conocimiento y determine si sus conductas encartarían eventualmente en algún tipo delictivo.
V.3.2) La nulidad por indefensión que no se pudo hacer valer por las vías del art. 115 del C.G.P. como causal de revisión Couture enseña que la Suprema
Corte de los Estados Unidos ha sostenido sistemáticamente que la garantía del debido proceso, en cuanto refiere a las actuaciones judiciales, consiste en una razonable oportunidad de hacerse escuchar, constituida por una notice y por una hearing. En un caso, se dijo que esa razonable oportunidad de hacerse escuchar significaba asegurarle al demandado “su día ante el tribunal” (his day in Court). Interpretando el sentido del debido proceso, la Suprema Corte del mencionado país ha sostenido que his day in Court implica, entre otras garantías, que el demandado haya tenido la debida noticia de la promoción de los procedimientos con los cuales su derecho puede ser afectado. El Maestro pone de relieve que, para que la garantía del debido proceso esté vigente a cabalidad, es menester, como elemento previo, la debida comunicación de la demanda al demandado. Este elemento (equivalente a la notice) está constituido, en el régimen procesal hispanoamericano, por los actos de citación y emplazamiento. La comunicación de la demanda, en la medida en que constituye una efectiva garantía, es la piedra angular del proceso. Sin ella, nada puede cumplirse, salvo que el demandado subsane los errores o vicios de esa comunicación con su propia presencia; pero si tal cosa no acontece y no se han cumplido con estrictez y hasta con solemnidad las formas establecidas en la ley, todo lo actuado adolece de nulidad (Couture, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil, Tomo I, 3a. edición, Lexis Nexis Depalma, Buenos Aires, 2003, págs. 44 a 46).
La jurisprudencia nacional, desde larga data, ha entendido que la nulidad por indefensión ocurre cuando existe una pérdida efectiva y real de la oportunidad de tomar conocimiento del proceso y de ejercer, en tiempo, defensas en él. Del mismo modo, ha sostenido que la sanción de nulidad exige algo más que el mero apartamiento de las formas del emplazamiento; esa desviación debe incidir negativamente en la garantía del debido proceso para llegar a configurar nulidad. Esto se explica también por el principio del finalismo: solo el emplazamiento inhábil para cumplir su fin es inválido. A contrario sensu: aun defectuoso, el emplazamiento es válido si alcanzó a cumplir su finalidad esencial, que consiste en enterar al demandado de la existencia del proceso y brindarle una razonable oportunidad de defensa. El defecto del acto de comunicación de la demanda, cuando es de tal entidad que frustra u obsta a la obtención de la finalidad a la que ese acto está destinado, acarrea la nulidad de todo lo actuado ulteriormente, pues el proceso se ha seguido sin conocimiento de la parte demandada, colocándola en la situación que se califica como “indefensión”, violándose un fundamental derecho de defensa en juicio (por citar solamente algunos casos, pueden verse: R.U.D.P. 4/2005, c. 648, 650 y 654, págs.
812 y 813; R.U.D.P. 2/2006, c. 474, págs. 277 y 278; R.U.D.P. 2/2007, c. 495, pág. 289; R.U.D.P 1-2/2009, c. 22, págs. 18 y 19; R.U.D.P. 1-2/2010, c. 44, págs. 29 y 30; y R.U.D.P. 1/2011, c. 32, págs. 26 y 27).
Precisamente, en el caso de autos, la nulidad por indefensión que invocó el Sr. R. no pudo hacerla valer, efectivamente, por otra vía, puesto que, de conformidad con el dictamen del representante del Ministerio Público actuante, la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Atlántida de 2° Turno, por sentencia interlocutoria N° 5.657 del 28 de setiembre de 2015, ordenó la clausura de dicho proceso y dispuso que el accionante acudiera por la vía procesal pertinente (fs. 24-25 del expediente acordonado I.U.E. 526-625/2015).
La indefensión que sufrió resulta inconcusa, en el bien entendido de que la maniobra fraudulenta que se ejecutó en su contra lo privó de su derecho a ejercer las defensas que entendiera pertinentes en el proceso de pérdida de la patria potestad, ya que recién tomó conocimiento de él luego de que se dictó la sentencia definitiva.
En suma, se lo privó de su derecho al debido proceso, que, como es sabido, compone un plexo de garantías esenciales que son inherentes a la personalidad humana y que han sido reconocidas por nuestra Constitución y por diversos tratados internacionales ratificados por nuestro país. En otros términos, se vulneró, con flagrancia, un derecho humano fundamental del recurrente.
En consecuencia, puesto que resultaron acreditadas las dos causales de revisión que invocó el Sr. R., la Corporación acogerá el recurso interpuesto.

VI) La conducta procesal de la parte emplazada a contestar el recurso de revisión y los gastos causídicos en el presente proceso Capítulo aparte merece la conducta procesal de la Sra. I. Diversos son los extremos que habilitan a concluir, sin hesitación, que actuó con malicia que merece la nota de temeridad.
Así, pues: aseveró con total contundencia (incluso subrayó la frase) que la firma que figura en el escrito de demanda y contestación conjunta de pérdida de patria potestad es de puño y letra del Sr. R. (fs. 99 de estos autos); insinuó que éste no sufrió ningún perjuicio que habilitara la revisión (fs. 99 y 101); en Sede Penal, declaró que el Sr. R. estampó dicha firma en su presencia (hecho invocado por la parte recurrente en su alegato de bien probado y no controvertido por ella; fs. 291 y minuto 4:36 a minuto 4:52 de la grabación de su alegato oral registrado en el sistema Audire); no dio una explicación convincente cuando la Corporación la interrogó directamente acerca de cómo explicaba el cambio de actitud que demostró al allanarse a la “acción de nulidad” y, por otra parte, oponerse a la procedencia del recurso de revisión, aduciendo, sencillamente, que el cambio de postura obedeció a su cambio de patrocinio letrado entre un procedimiento y otro (fs. 256); ofreció desistir de las defensas opuestas al evacuar el traslado del recurso de revisión, pero, frente a la negativa de la contraria a aceptar este desistimiento, volvió a insistir con que correspondería que este Colegiado hiciera lugar a los cuestionamientos de índole procesal realizados (minuto 3:09 a 3:24 de su alegato oral registrado en el sistema Audire), es decir, que desestimara el recurso de revisión.
Tal como conjeturó la parte impugnante, no es de extrañar que el tardío ofrecimiento de desistir de la oposición planteada al evacuar el traslado del recurso de revisión se debiera a la inminencia de la práctica del peritaje caligráfico que permitiría comprobar si las firmas que se le atribuyeron al Sr. R. eran auténticas o no, y a la futura incorporación de dicho dictamen como prueba trasladada a este expediente.
También es dable destacar que, en su alegato, los abogados de la Sra. I. insistieron en que el ofrecimiento de desistir de las defensas que opusieron determinaría que cada parte se hiciera cargo de los gastos procesales en el orden causado, es decir, esta motivación los llevó a insistir en el mentado desistimiento.
El art. 5 del C.G.P., entre los principios cardinales del proceso, reconoce la buena fe, la lealtad, la dignidad de la justicia y el respeto que se deben los litigantes, imponiéndoles a todos los partícipes del proceso ajustar su conducta a tales imperativos éticos.
A su vez, el art. 63 del citado cuerpo normativo prevé que los actos procesales habrán de ser realizados con veracidad y buena fe y tener por causa un interés legítimo.
Como quedó demostrado y se detalló con anterioridad, la Sra. I. se comportó en sentido opuesto al estándar de comportamiento ético que exige el Código General del Proceso e intervino en los hechos determinantes de la revocación de la sentencia impugnada, lo cual, al amparo de lo consagrado en el art. 688 del C. Civil y en los arts. 56.2 y 292 inc. 2 del C.G.P., la hace merecedora de las máximas sanciones procesales.

VII) Las conductas profesionales de las Dras. M. S. y M. D. R. S
En atención al comportamiento de ambas profesionales que quedó de manifiesto en estos autos, la Suprema Corte de Justicia ordenará la formación de un expediente administrativo tendiente a comprobar si, eventualmente, las Dras. S. y S. incurrieron en alguna falta que merezca una corrección disciplinaria en el marco de lo consagrado en los arts. 137, siguientes y concordantes de la ley 15.750.

Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad,

FALLA:

Acógese el recurso de revisión interpuesto, con las costas y los costos de cargo de la parte emplazada a contestar el recurso.
En su mérito, anúlase la sentencia definitiva N° 14 del 17 de marzo de 2015 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Atlántida de 2° Turno en los autos caratulados: “I. B., J. c/ R. R., M.. Pérdida de patria potestad”, I.U.E. 526-296/2014, restituyéndole la patria potestad al Sr. M. A. R. sobre su hija M. I. R. I. Líbrese oficio al Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, al efecto pertinente.
Fórmese testimonio de estas actuaciones y remítase al Juzgado Letrado de Primera
Instancia de Atlántida de 1° Turno. Previa extracción de testimonio de las actuaciones útiles para la formación de la pieza administrativa para juzgar el comportamiento profesional de las Dras. M. S. y M. D. R. S, devuélvanse los expedientes acordonados.
Y, oportunamente, archívese.


Dra. Elena Martínez - PRESIDENTE DE LA SCJ
Dr. Jorge O. Chediak González - MINISTRO DE LA SCJ
Dr. Felipe Hounie - MINISTRO DE LA SCJ
Dr. Eduardo Turell - MINISTRO DE LA SCJ
Dra. Bernadette Minvielle - MINISTRA DE LA SCJ
Dr. Gustavo Nicastro Seoane - SECRETARIO LETRADO DE LA SCJ

DDU - CASO - JPP - 11274