Novedades

SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2022, con un resultado:
A) Deficitario de $ 86.160.070.000 (ochenta y seis mil ciento sesenta millones setenta mil pesos uruguayos) correspondientes a la ejecución presupuestaria.
B) Deficitario de $ 14.104.238.000 (catorce mil ciento cuatro millones doscientos treinta y ocho mil pesos uruguayos) por concepto de operaciones extrapresupuestarias, derivadas de la aplicación de normas legales.
Los importes referidos precedentemente surgen de los estados demostrativos y auxiliares que acompañan a la presente ley como Anexo y forman parte de la misma.

ART. 2º.- La presente ley regirá a partir del 1° de enero de 2024, excepto en aquellas disposiciones que en forma expresa se establezca otra fecha de vigencia.
Los créditos asignados para sueldos y para gastos de funcionamiento e inversión están cuantificados a valores de 1° de enero de 2023 y se ajustarán en la forma dispuesta en los artículos 68 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, 4° de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, con la modificación introducida por el artículo 2° de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022, 4° de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022, y 27 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, en la redacción dada por el artículo 6° de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020.

ART. 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a corregir los errores u omisiones, numéricas o formales, que se comprobaren en la presente Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 2022, requiriéndose el informe previo de la Contaduría General de la Nación si se trata de gastos de funcionamiento, o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto si se trata de gastos de inversión.
De las correcciones propuestas se dará cuenta a la Asamblea General, que podrá expedirse en un plazo de quince días, transcurrido el cual, sin expresión en contrario, el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, aprobará las correcciones. Si la Asamblea General se expidiera negativamente, las correcciones serán desechadas.
Si se comprobaren diferencias entre las planillas de créditos presupuestales y los artículos aprobados en la presente ley, se aplicarán estos últimos.

SECCIÓN II
FUNCIONARIOS
SISTEMA ESCALAFONARIO

ART. 4º.- (Creación). Créase una estructura integrada por escalafones, ocupaciones y cargos, que constituyen el sistema escalafonario para los funcionarios del Poder Ejecutivo con excepción de los que revistan en los actuales escalafones del servicio exterior, militar, policial, docente, judicial y los dependientes de la Dirección General de Casinos, los funcionarios de la Dirección General Impositiva, de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

ART. 5º.- (Integración). El sistema escalafonario creado por el artículo anterior, se integra por los siguientes escalafones: PT, Profesional y Técnico, AE, Administrativo y Especializado, y SG, Servicios Generales.
El Poder Ejecutivo podrá disponer la implementación gradual del nuevo sistema escalafonario estableciendo la correspondencia de cargos con el sistema de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, basándose, entre otros, en los principios de buena administración, objetividad, racionalidad y equidad, dando cuenta a la Asamblea General.

ART. 6º.- (Definición de escalafón) - Se entiende por escalafón un conjunto de cargos agrupados por ocupaciones asociados por el nivel de complejidad del trabajo para los que se requiere una formación determinada.

ART. 7º.- (Definición de ocupación). Se entiende por ocupación la actividad conformada por un conjunto de tareas asociadas en base al tipo de trabajo asignado según los conocimientos, habilidades y competencias requeridas.

ART. 8º.- (Valoración de la ocupación). La valoración de las ocupaciones estará basada en los siguientes factores: los conocimientos, capacidades y habilidades, la supervisión de personal y gestión de los recursos, el ambiente o entorno organizacional donde se ubica y el ambiente físico donde se desempeña.
Las retribuciones de cada cargo dentro de cada escalafón se corresponderán con la valoración de las respectivas ocupaciones.
Lo previsto en los incisos anteriores también será aplicable a las funciones contratadas.

ART. 9º.- (Catálogo de ocupaciones y valoración). Apruébase el listado de ocupaciones por escalafón, con su correspondiente valoración, que se detalla a continuación:

ART. 10.- Sustitúyese el artículo 35 de la Ley N° 19.121, de 20 de agosto de 2013, en la redacción dada por el artículo 3° de la Ley N° 19.438, de 14 de octubre de 2016, por el siguiente:
"ARTÍCULO 35. (Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional).- Créase en el ámbito de la Presidencia de la República la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional.
La Comisión estará integrada por representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que la presidirá, y contará con el apoyo técnico de la Contaduría General de la Nación en el ámbito de su competencia. En los temas vinculados al Sistema de Carrera Administrativa por ocupaciones podrá participar un veedor de la Confederación de Funcionarios del Estado.
Los cometidos de la Comisión serán el estudio y asesoramiento del sistema ocupacional y retributivo de los Incisos de la Administración Central y del proceso de adecuación de las estructuras de cargos, debiendo pronunciarse preceptivamente acerca de la oportunidad y mérito de la provisión de vacantes. En cuanto al Sistema de Carrera Administrativa por ocupaciones, tendrá como cometido el análisis de las ocupaciones, el valor de las mismas y sus retribuciones, asesorando al Poder Ejecutivo en la materia y proponiendo los cambios que estime necesarios en el mismo.
Los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, que hagan uso de la facultad conferida por el artículo 18 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, atenderán las recomendaciones de la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional que resulten del análisis realizado en cumplimiento del inciso precedente.
El Poder Ejecutivo reglamentará el funcionamiento de la Comisión que se crea por el presente artículo pudiendo establecer para su apoyo la creación de subcomisiones técnicas, con participación de representantes de los funcionarios".

ART. 11.- (Inventario y actualización de ocupaciones). Facúltase al Poder Ejecutivo a actualizar, incorporando, modificando, fusionando o eliminando ocupaciones y a redefinir las retribuciones relacionadas a dichas ocupaciones, así como las de carácter variable, contando con el previo análisis de la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional creada por el artículo 35 de la Ley N° 19.121, de 20 de agosto de 2013, en la redacción dada por el artículo 10 de la presente ley.
En todos los casos, deberá darse cuenta a la Asamblea General.

ART. 12.- (Definición de cargo). Se entiende por cargo un puesto de trabajo previsto presupuestalmente dentro de la estructura de ocupaciones que conforman el sistema escalafonario, al que le corresponde un conjunto de tareas asociadas a una misma actividad dentro de una ocupación.

ART. 13.- (Definición de categorías de los cargos). Dentro de cada escalafón, los cargos se agrupan en las siguientes categorías ascendentes, asociadas a la complejidad de las tareas de cada ocupación: Categoría I, Formación; Categoría II, Desarrollo; Categoría III, Especialización; y Categoría IV, Jefatura. Las jefaturas podrán tener una o más ocupaciones en su órbita.

ART. 14.- (Definición de grado) -El grado es la posición jurídica que tiene un cargo dentro de la ocupación, en el escalafón respectivo, en atención a su jerarquía en relación con los demás.
El grado 1 integra la Categoría I, Formación, los grados 2 y 3 integran la Categoría II, Desarrollo, los grados 4 y 5 integran la Categoría III, Especialización.

ART. 15.- (Jefaturas de departamento). El nivel superior de la carrera administrativa es la jefatura de departamento que se encuentra inmediatamente por debajo de las funciones de Administración Superior.
Las jefaturas de departamento tendrán dos categorías. La categoría A para departamentos cuyos cometidos sean sustantivos de la organización. La categoría B para departamentos cuyos cometidos sean de soporte al funcionamiento de la organización.
En cada jefatura de departamento podrá haber una o más ocupaciones, según las características de la organización.

ART. 16.- (Escalafón Profesional y Técnico). El escalafón PT, Profesional y Técnico, comprende los cargos y los contratos de función pública asimilados, correspondientes a las ocupaciones relativas al análisis, asesoramiento o ejecución de políticas para cuyo desempeño se requiere necesariamente formación terciaria.

ART. 17.- (Escalafón Administrativo y Especializado). El escalafón AE, Administrativo y Especializado, comprende los cargos y los contratos de función pública asimilados, correspondientes a las ocupaciones relativas a la implementación de políticas que implican actividades de apoyo administrativo o especializado para cuyo desempeño se requiere formación de educación media superior o terciaria según el perfil del cargo.

ART. 18.- (Escalafón de Servicios Generales). El escalafón SG, Servicios Generales, comprende los cargos y los contratos de función pública asimilados, correspondientes a las ocupaciones en las que predominan la destreza y habilidad manual en actividades de apoyo para cuyo desempeño puede requerirse formación en oficios.

ART. 19.- (Escala retributiva). Las ocupaciones estarán asociadas a una escala retributiva compuesta por veintidós niveles de pago. A cada escalafón corresponderán los siguientes niveles mínimos y máximos correspondientes a una carga de trabajo equivalente a treinta y cinco horas semanales a valores de 2023, conforme a la escala siguiente:

A partir de la implementación en cada Inciso o unidad ejecutora del nuevo sistema escalafonario y de carrera administrativa, no serán de aplicación todas aquellas disposiciones generales o especiales que sean contrarias a lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la presente ley.

ART. 20.- (Niveles retributivos de las jefaturas de departamento) -La categoría A de jefe de departamento será remunerada en el nivel de pago 17, que tendrá un valor de $ 85.766 (ochenta y cinco mil setecientos sesenta y seis pesos uruguayos), a valores de enero 2023. La categoría B de jefe de departamento será remunerada en el nivel de pago 12 que tendrá un valor de $ 58.916 (cincuenta y ocho mil novecientos dieciséis pesos uruguayos), a valores de enero 2023.

ART. 21.- (Desaplicación). A partir de la implementación en cada Inciso o unidad ejecutora del sistema escalafonario establecido en los artículos anteriores, dejarán de aplicarse en su ámbito los artículos 29 a 34 y 44 y sus modificativos, de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, y los artículos 28 a 32 y sus modificativos, de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007.

SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA

ART. 22.- (Ingreso). El ingreso a la carrera administrativa de los funcionarios del Poder Ejecutivo será por el cargo del último grado de la ocupación en el escalafón respectivo, siempre que exista vacante y no haya personal a redistribuir que pueda ocuparla.

ART. 23.- (Provisoriato) - La designación inicial tendrá carácter provisorio en los términos dispuestos por el artículo 5° de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021.

ART. 24.- (Titularidad de cargo) - Cumplido exitosamente el provisoriato, todo funcionario presupuestado es titular de un cargo y tiene el derecho y el deber de desempeñarlo en las condiciones que establezca la Administración, de conformidad con la Constitución de la República, la ley y los reglamentos.

ART. 25.- (Régimen de ascenso) - La carrera administrativa se desarrollará mediante el ejercicio del derecho al ascenso progresando en la escala jerárquica de cargos en base a las ocupaciones definidas en el nuevo sistema escalafonario para los funcionarios del Poder Ejecutivo comprendidos en la presente ley.
El Poder Ejecutivo, por razones fundadas y previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil, podrá determinar un ámbito de aplicación diferente.

ART. 26.- Procedimientos para el ascenso) - Verificada la existencia de vacantes que la Administración decida proveer, los ascensos se realizarán por concurso de oposición y méritos.
En dichos concursos se valorarán los conocimientos, aptitudes y actitudes de los postulantes, definidos para el ejercicio del cargo a proveer, su calificación o evaluación del desempeño anterior, la capacitación que posee con relación al cargo para el cual concursa y los antecedentes registrados en su foja funcional.
El Poder Ejecutivo reglamentará los aspectos de procedimiento y de integración de los tribunales de concurso.

ART. 27.- (Movilidad entre ocupaciones) - Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones precedentes, los funcionarios presupuestados podrán postularse para la provisión de cargos de cualquier escalafón y ocupación en el ámbito del Poder Ejecutivo en tanto reúnan los requisitos para ello.
Hasta que no se haya aplicado el presente régimen de carrera a todos los Incisos y unidades ejecutoras comprendidas en el artículo 4° de la presente ley, el Poder Ejecutivo por razones fundadas y previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil podrá delimitar el ámbito de aplicación.

ART. 28.- (Publicidad de convocatorias) - Las convocatorias a concursos deberán ser publicadas en el Portal de Ascensos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, durante un plazo no inferior a quince días, sin perjuicio de toda otra publicidad específica que se disponga.
La omisión del cumplimiento de la obligación dispuesta en el inciso precedente constituirá falta grave.

ART. 29.- (Provisión de vacantes) - Cada Inciso iniciará el procedimiento de provisión de vacantes de ascenso anualmente en el momento que considere oportuno, en función de sus necesidades.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, deberá llamar a concurso al 100% (cien por ciento) de las vacantes de ascenso generadas cada dos años.

ART. 30.- (Movilidad temporaria por razones de servicio) - A requerimiento del supervisor directo del funcionario, el director de unidad ejecutora podrá, por razones fundadas de servicio, asignar temporariamente al funcionario una ocupación distinta a la de su cargo, siempre que la ocupación que se requiere desempeñar temporalmente implique el desarrollo de tareas relacionadas con la formación, competencias y habilidades del mismo.
Si el valor de la ocupación a la que se lo asigna es igual o inferior a la de su cargo, este cambio no implicará modificación alguna en la remuneración percibida por el funcionario.
Si el valor de la ocupación al que se lo asigna es superior a la de su cargo, el funcionario tendrá derecho a percibir la diferencia salarial correspondiente, siempre que el Inciso cuente con disponibilidad presupuestal para cubrir esa diferencia.
En ambos casos la asignación no podrá realizarse por un período superior a dieciocho meses.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ART. 31.- (Sistema de Gestión del Desempeño - Creación) - Créase el Sistema de Gestión del Desempeño orientado a la mejora continua de la Administración que se realizará por competencias, a los efectos de su consideración en cuanto a la carrera administrativa, la formación, la movilidad, la permanencia en el ejercicio del cargo y las tareas asignadas o funciones.
Los principios rectores del Sistema de Gestión del Desempeño son imparcialidad, transparencia, validez, confiabilidad, equidad, respeto mutuo, aprendizaje y fortalecimiento del potencial individual y colectivo.

ART. 32.- El Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, reglamentará el presente Sistema de Gestión de Desempeño, que comenzará a aplicarse con un plan piloto en el ejercicio 2024.
Una vez finalizado y evaluado el plan piloto, se implementará con carácter definitivo a partir del ejercicio 2025.

ART. 33.- (Evaluación por competencias). La evaluación por competencias es el proceso de valorar la aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes que se emplean en el desempeño de una ocupación.

ART. 34.- (Validación y certificación de competencias). La Oficina Nacional del Servicio Civil validará y certificará en un proceso de aplicación gradual las competencias de los funcionarios en el desempeño de las ocupaciones.

ART. 35.- (Vigencia). Hasta tanto no se aplique en forma definitiva el nuevo sistema de evaluación de desempeño, continuará vigente el régimen de los artículos 31 y 32 de la Ley N° 19.121, de 20 de agosto de 2013.

FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

ART. 36.- (Administración superior). La administración superior comprende las ocupaciones cuyas actividades se asocian a la función de liderazgo de equipos y cuyo desempeño impacta de forma sustantiva en los resultados estratégicos de la organización.

ART. 37.- (Línea de jerarquía) - Dentro de una unidad ejecutora la línea jerárquica se inicia con el jerarca de la misma y continúa como funciones de administración superior, comprendiendo las gerencias de área que tienen jerarquía sobre las direcciones de división.

ART. 38.- (Procedimiento para la asignación de funciones de administración superior) - La asignación de las funciones de administración superior se realizará por concurso de oposición y méritos, en el que se evaluarán las competencias requeridas para el desempeño de la ocupación.
El concurso se realizará mediante un llamado abierto al que podrán postularse funcionarios de la Administración Central de cualquier categoría y ocupación.
El concurso podrá prever la realización de una segunda convocatoria simultánea a funcionarios públicos en general y una tercera simultánea a la ciudadanía.

ART. 39.- (Reserva del cargo o función) - Los funcionarios públicos que accedan a las funciones de administración superior quedarán comprendidos en el régimen de reserva del cargo o función del artículo 21 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

ART. 40.- (Suscripción de un compromiso de gestión). La persona seleccionada deberá suscribir de común acuerdo con el jerarca, un compromiso de gestión que se formalizará en un contrato en el que se detallen las tareas a desarrollar en la gerencia de área o división en atención a las pautas, políticas y estrategias definidas y alineado al Plan Estratégico de la Administración correspondiente.
El cumplimiento de dicho compromiso deberá ser evaluado anualmente y el vínculo contractual podrá no renovarse por evaluación insatisfactoria fundada, sin derecho a indemnización.
El incumplimiento del jerarca de efectuar la evaluación será considerado falta grave.

ART. 41.- (Duración). Las funciones de administración superior tendrán una vigencia de hasta tres años, pudiendo ser renovados por hasta tres años más en caso de evaluación satisfactoria por parte del jerarca.
Vencido dicho plazo o su prórroga, la función deberá ser concursada nuevamente y quien la desempeñaba podrá volver a su cargo de origen.

ART. 42.- (Gobernanza). La Comisión de Compromisos de Gestión, creada por el artículo 57 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, en la redacción dada por el artículo 350 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, asesorará a los Incisos de la Administración Central en la elaboración de los compromisos de gestión.
La Oficina Nacional del Servicio Civil y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto llevarán un registro de las funciones de administración superior.
Los Incisos de la Administración Central deberán informar a estas oficinas respecto de las contrataciones, evaluaciones y desvinculaciones de las personas que ejercen funciones de administración superior.

NORMAS DE APLICACIÓN

ART. 43.- La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios del Poder Ejecutivo podrá realizarse en régimen de teletrabajo, cuando lo permitan las necesidades y condiciones del servicio, y se cuente con la conformidad del funcionario.
El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en este artículo, estableciendo el régimen aplicable al teletrabajo, basado en las experiencias piloto desarrolladas en distintos organismos y con informe previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

ART. 44.- (Régimen de transición). Los Incisos y unidades ejecutoras deberán tener aprobadas las reestructuras previstas en el artículo 8° de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, en la redacción dada por el artículo 7° de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022, previo a la implantación del nuevo sistema escalafonario y de carrera previsto en la presente ley.
En cada Inciso y unidad ejecutora, hasta que no sea implantado el nuevo sistema escalafonario y de carrera, los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo continuarán rigiéndose por las normas vigentes del sistema previsto en la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986.

ART. 45.- En las reestructuras de puestos de trabajo que se realicen con los escalafones y grados previstos en las Leyes N° 15.809, de 8 de abril de 1986 y N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, los nuevos cargos tendrán en su denominación la serie a la que pertenecen, que estará asociada a un grupo ocupacional previsto en la nueva carrera administrativa.

ART. 46.- (Tutela de derechos adquiridos). La migración funcional hacia el nuevo sistema escalafonario y de carrera administrativa no podrá significar lesión de derechos funcionales o pérdida retributiva.

ART. 47.- (Financiamiento del nuevo sistema de carrera) - A partir de la implementación en cada unidad ejecutora, de la nueva carrera administrativa regulada en la presente ley, todos los conceptos retributivos de carácter permanente de los funcionarios incluidos en la nueva carrera, clasificados conforme al artículo 51 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, como compensación especial o incentivo, no serán de aplicación.
Dichas compensaciones, cuando no correspondan al cumplimiento de tareas especialmente encomendadas por el jerarca, financiarán las ocupaciones resultantes de la nueva carrera administrativa. Si la retribución que le corresponde al cargo al que accede, correspondiente a la ocupación de la nueva carrera administrativa, fuera igual o superior a la que el funcionario percibe en la actual estructura, se asignará aquella. Si fuera menor, la diferencia se mantendrá como una compensación personal transitoria, que se irá absorbiendo en futuros incrementos por cambios en la tabla de sueldos y compensaciones o partidas de carácter permanente, cualquiera sea su financiación, que se otorguen en el futuro.
Dicha compensación personal llevará todos los aumentos que el Poder Ejecutivo disponga para los funcionarios de la Administración Central.
Al ingresar los funcionarios a las ocupaciones que en cada caso les correspondan, el jerarca de la unidad ejecutora, previa anuencia del jerarca del Inciso, con el informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación, revisará las compensaciones especiales que se hayan otorgado por el cumplimiento de las tareas especialmente encomendadas. Si la ocupación a la que accede el funcionario comprende dichas tareas, se dejará sin efecto la compensación especial sin que en ningún caso se pueda afectar el principio general consagrado en el artículo 46 de la presente ley.
No se encuentran comprendidas en lo antes dispuesto las compensaciones especiales que correspondan a nocturnidad, presentismo, vivienda, transporte, guardería, alimentación, dedicación exclusiva, subrogación, quebranto de caja, tareas insalubres, compromisos de gestión o incentivos al rendimiento y por trabajo en días inhábiles o tareas extraordinarias.
Los créditos correspondientes a las economías que se generen por la implementación de la nueva carrera se reasignarán al Inciso 23 "Partidas a Reaplicar", programa 483 "Políticas de Recursos Humanos" y al objeto del gasto que a tales efectos habilitará la Contaduría General de la Nación.
El 60% (sesenta por ciento) de dichos créditos, calculados a setiembre de cada año, se destinarán a incrementar la escala retributiva prevista en el artículo 19 de la presente ley en el año subsiguiente. El 40% (cuarenta por ciento) restante, a aumentar los máximos retributivos.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación.

ART. 48.- (Recursos contra la migración a la ocupación). En caso de interposición de recursos administrativos respecto de la asignación a un funcionario de la respectiva ocupación, será preceptivo el informe de la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional.
El organismo deberá remitir a la Comisión el recurso recibido en un plazo de diez días.
La Comisión se deberá expedir en un plazo de sesenta días.

ART. 49.- (Implementación). Los funcionarios que ingresen al Poder Ejecutivo en Incisos o unidades ejecutoras donde esté implementado el nuevo sistema escalafonario y de carrera administrativa se regirán por sus disposiciones.

ART. 50.- En las reestructuras de puestos de trabajo que se realicen al amparo de lo previsto por el artículo 8° de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, en la redacción dada por el artículo 7° de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022, con los escalafones y grados previstos en la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, y en la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, los cargos tendrán como denominación y serie a la que pertenecen la asociada a un grupo ocupacional y nivel previsto en la nueva carrera administrativa.
Aquellos cargos ocupados para los que exista ley que determine compensaciones de acuerdo con la actual denominación o serie se mantendrán incambiados y se modificarán al vacar indicando en la condición del cargo dicha modificación.
Los cargos que se crean o se transforman en la presente ley deberán adecuarse a lo previsto en el inciso primero del presente artículo, con el asesoramiento previo y preceptivo de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Esta disposición entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

ART. 51.- Dispónese que el derecho a optar previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, podrá ser ejercido por los funcionarios que se encuentren prestando tareas en comisión a la fecha de vigencia de la presente ley, cuando alcancen una antigüedad de tres años en la oficina de destino.
La incorporación se financiará, de ser necesario, con cargo a los créditos autorizados en la unidad ejecutora correspondiente, en el grupo 0 "Servicios Personales", sin verse afectados los créditos presupuestales del Inciso de origen. En ningún caso se podrá disminuir el nivel retributivo de los funcionarios.
Si la retribución que corresponde al cargo en el que se incorpora el funcionario fuese menor a la que percibía en el organismo de origen, la diferencia resultante se mantendrá como compensación personal, la que se irá absorbiendo por futuros incrementos, por cambios en la tabla de sueldos, ascensos, compensaciones o partidas de carácter permanente, cualquiera sea su financiación, que se otorguen en el futuro.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en este artículo los funcionarios de los Entes Autónomos, los que revistan en los escalafones J "Docente en otros organismos", H "Docentes de la Administración Nacional de Educación Pública", M "Servicio Exterior", K "Militar" y L "Policial".

ART. 52.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a propuesta de los Incisos de la Administración Central, a designar en cargos presupuestados del último grado del escalafón respectivo, a quienes, al 31 de diciembre de 2022, se encuentren desempeñando tareas permanentes propias de un funcionario público y hayan sido contratados bajo la modalidad de arrendamientos de servicio, del artículo 7° de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, y del artículo 92 de la Ley N° 19.121, de 20 de agosto de 2013, siempre y cuando el personal contratado haya sido seleccionado mediante un concurso celebrado a través de Uruguay Concursa, de organismos nacionales o internacionales de cooperación o procedimiento concursal similar.
Asimismo autorízase al Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social" a designar en cargos presupuestados del último grado del escalafón respectivo a los funcionarios contratados al amparo del artículo 524 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015.
Las designaciones se deberán realizar bajo el régimen de provisoriato establecido por el artículo 5° de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, las cuales estarán exceptuadas de los procedimientos regulados en los artículos 93 y 94 de la Ley N° 19.121, de 20 de agosto de 2013.
Las designaciones en la modalidad prevista en este artículo deberán realizarse en el último grado del escalafón correspondiente, pudiéndose crear las vacantes para este fin, dándose cuenta a la Asamblea General.
Si la retribución que corresponde al cargo en el que se incorpora el contratado fuese menor a la del vínculo anterior, la diferencia resultante se mantendrá como compensación personal, la que se irá absorbiendo por futuros incrementos, por cambios en la tabla de sueldos, ascensos, aumento del grado del funcionario, compensaciones o partidas de carácter permanente, cualquiera sea su financiación, que se otorguen en el futuro.
En los casos que corresponda, a efectos de determinar la retribución antes referida se tomará en cuenta el valor mensual correspondiente al vínculo contractual anterior excluido el impuesto al valor agregado. Asimismo, de corresponder, se deducirán las sumas correspondientes al aguinaldo cuando este no estuviera incluido en las retribuciones correspondientes al vínculo contractual anterior.
Se requerirá informe previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente artículo y el financiamiento de los cargos a crear.
Se autoriza a la Contaduría General de la Nación a reasignar al grupo 0 "Servicios Personales" los créditos presupuestales desde gastos de funcionamiento o inversiones, así como las reasignaciones que correspondan, a efectos de financiar lo dispuesto en el presente artículo, sin que ello implique costo presupuestal.
Lo dispuesto en esta disposición entrará en vigencia a la fecha de la promulgación de la presente ley.

ART. 53.- (Extensión de la licencia por maternidad para la funcionaria pública en casos de complejidad, licencia por paternidad del funcionario público y vigencia). La licencia maternal será de dieciocho semanas en el caso de nacimientos a término cuando el peso del bebé al nacer sea menor o igual a 1,5 kg.
Independientemente de la semana de gestación en que se produzca el nacimiento, en los casos en que el recién nacido presente algún trastorno, enfermedad, comorbilidad o afección, que por su naturaleza o gravedad implique riesgo o compromiso de vida del recién nacido, con internación o con tratamiento domiciliario, la licencia por maternidad podrá extenderse hasta que el hijo de la beneficiaria cumpla seis meses de edad.
Por el mismo término se extenderá el período de amparo a la licencia por maternidad en los casos en que el recién nacido presente algún trastorno, enfermedad, comorbilidad o afección que, sin implicar riesgo de vida, involucra discapacidades sensoriales, físicas o intelectuales, que requieran internación o tratamiento, que a juicio del médico especialista necesite o se beneficie de los cuidados de la madre.
En todos los casos previstos en el presente artículo, la extensión de la licencia por maternidad será un derecho de la beneficiaria, para cuyo ejercicio no se requerirá preaviso al empleador.
En ningún caso, el período de licencia por maternidad será inferior a catorce semanas.
La licencia por paternidad será de treinta días en caso de nacimientos múltiples, pretérmino así como en las situaciones previstas en este artículo.
Los trabajadores públicos, serán beneficiarios de una licencia para el cuidado del recién nacido, que podrán usar indistintamente y en forma alternada el padre y la madre una vez finalizado el período de licencia maternal, hasta que el hijo de los beneficiarios cumpla seis meses de edad o hasta los nueve meses de edad, en las situaciones previstas en el presente artículo.
Uno u otro beneficiario solo podrán acceder a la licencia, siempre que la trabajadora permaneciera en actividad o amparada a licencia médica, salvo lo considerado en el inciso tercero del presente artículo.
Para poder ampararse a lo dispuesto en este artículo, las/os beneficiarias/os deberán presentar las constancias médicas correspondientes.
Lo establecido en el presente artículo será de aplicación a los nacimientos que ocurran a partir de la promulgación de esta ley.
También será de aplicación a los nacimientos que hayan tenido lugar antes de la promulgación de la presente ley, siempre que aún no haya finalizado el período de amparo a la licencia por maternidad de la beneficiaria o que aún no haya finalizado el amparo a la licencia por paternidad del beneficiario, ambos casos de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo.
La aplicación de este artículo no menoscabará la vigencia de reglamentos, decretos, convenios colectivos o individuales, que garanticen a los trabajadores o trabajadoras de la actividad pública condiciones más favorables que las previstas en la presente disposición.

SECCIÓN III
ORDENAMIENTO FINANCIERO

ART. 54.- Sustitúyese el numeral 19) del literal D) del artículo 482 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 314 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:
"19)La adquisición y reparación de bienes y la contratación de servicios, realizadas en el marco de las actividades de investigación científica desarrolladas por la Universidad de la República, por la Universidad Tecnológica o por el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, hasta un monto anual de 50.000.000 UI (cincuenta millones de unidades indexadas), para cada uno de los organismos. Quedan comprendidos en esta excepción y por dicho monto anual los establecimientos de extensión e investigación agropecuaria pertenecientes a la Universidad de la República".

ART. 55.- Sustitúyese el artículo 488 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 323 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020 (artículo 47 del TOCAF 2012), por el siguiente:
"ARTÍCULO 488.- El Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y con la conformidad del Tribunal de Cuentas, elaborará pliegos de condiciones estándar de acuerdo al objeto de la contratación y al tipo de procedimiento, los que podrán formularse en forma electrónica.
Los pliegos estándar deberán contener como mínimo:
1) Los requisitos de admisibilidad de las propuestas y los derechos y garantías que asisten a los oferentes.
2) Los lineamientos para la presentación de las propuestas, forma de cotización de precios y forma en que deben describirse los atributos de los bienes y servicios ofertados, a efectos de favorecer la correcta evaluación de la oferta.
3) Las condiciones económico-administrativas del contrato y su ejecución, en particular, lo concerniente a pautas para la evolución de precios y forma de pago.
4) Las acciones y penalidades derivadas de la eventual falta de cumplimiento del contrato.
5) Toda otra condición o especificación que se estime conveniente para asegurar la plena vigencia de los principios generales de la contratación administrativa.
Dichos pliegos conformarán un repositorio electrónico residente en la plataforma transaccional administrada y actualizada por la Agencia Reguladora de Compras Estatales, que permitirá a las unidades ejecutoras construir su pliego de condiciones particulares en un proceso integrado al ciclo de la compra.
Los pliegos estándar serán de aplicación obligatoria para todas las administraciones públicas estatales.
Todas las referencias normativas sobre el pliego único se entenderán realizadas a los pliegos estándar referidos en el inciso primero de este artículo.
El Poder Ejecutivo podrá delegar en la Agencia Reguladora de Compras Estatales la elaboración y aprobación de dichos pliegos".

ART. 56.- (Licencias especiales) - Sustitúyese el inciso 11 del artículo 15 de la Ley N° 19.121 (Estatuto del Funcionario Público) por el siguiente:
"Por adopción, de trece semanas continuas, que podrá ser aplicable a partir de que se haya hecho efectiva la entrega del menor. Cuando los dos padres adoptantes sean beneficiarios de esta licencia, solo uno podrá gozar de la misma, y al restante corresponderán diez días hábiles".

ART. 57.- Sustitúyese el artículo 489 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 324 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020 (artículo 48 del TOCAF 2012), por el siguiente:
"ARTÍCULO 489.- El pliego de condiciones que en cada caso regirá el procedimiento administrativo de contratación se conformará con el pliego estándar a que refiere el artículo 488 de la presente ley, al que se integrará el conjunto de especificaciones particulares referidas al objeto concreto de la convocatoria.
Sin perjuicio de los requisitos previstos en los numerales 1) a 5) del inciso segundo del artículo 488, el pliego deberá contener los siguientes elementos:
A) La descripción detallada del objeto, incluyendo los servicios comprendidos dentro del mismo.
B) Las condiciones especiales de diseño, normas de fabricación o atributos técnicos requeridos.
C) Los criterios objetivos de evaluación, en un balance acorde al interés de la Administración de elegir la oferta más conveniente y la garantía en el tratamiento igualitario de los oferentes, conforme a uno de los siguientes sistemas:
1) Determinación del o de los factores (cuantitativos o cualitativos), pudiendo incluir el precio como factor cuantitativo, así como la ponderación de cada uno de ellos, a efectos de determinar la calificación técnica a ser asignada a cada oferta o alternativa evaluable ofrecida, incluyendo en esta valoración los atributos de experiencia e idoneidad del oferente.
2) Exigencia de requisitos mínimos y posterior empleo respecto de quienes cumplan con los mismos, de la aplicación del factor precio en forma exclusiva u otro factor de carácter cuantitativo, siempre que esto haya sido previsto en las bases que rigen el llamado.
D) El o los tipos de moneda en que deberá cotizarse, el procedimiento de conversión en una sola moneda para la comparación de las ofertas y el momento en que se efectuará la conversión, debiendo indicarse también si los precios son firmes o ajustables, en cuyo caso se deberá especificar los factores a usarse en su actualización.
E) La posibilidad de efectuar adjudicaciones parciales y las circunstancias en que ello sea aplicable.
F) Las clases y monto de las garantías, así como el alcance y cobertura de los términos de garantías y soporte técnico, en caso de corresponder.
G) El modo de proveer el objeto de la contratación y los criterios a utilizar en la evaluación de la calidad y recepción de los bienes y servicios objeto del contrato.
H) Si se otorgan o no beneficios fiscales o de otra naturaleza y la determinación de los mismos.
I) Toda otra especificación que contribuya a asegurar la claridad necesaria para los posibles oferentes.
El ordenador interviniente determinará el precio a aplicar para el pliego que rige el llamado o si el mismo no tiene costo.
En ningún caso se exigirán a los oferentes en el pliego del llamado requisitos que no estén directamente vinculados a la consideración del objeto de la contratación o a la evaluación de la oferta, salvo que estos se encuentren establecidos en alguna disposición legal que los prevea a texto expreso.
Se reserva exclusivamente al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de demostrar estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.
En caso de que el pliego del procedimiento exija documentación a la que se pueda acceder a través del Registro Único de Proveedores del Estado, la obligación se considerará cumplida.
Lo establecido en el inciso anterior es sin perjuicio de las disposiciones sobre contenido de los pliegos a que refiere el artículo 8 de la Ley N° 16.134, de 24 de setiembre de 1990, y a las disposiciones contractuales sobre comparación de ofertas contenidas en contratos de préstamos con organismos internacionales de los que la República forma parte".

ART. 58.- Sustitúyese el artículo 31 de la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011, con las modificaciones introducidas por los artículos 29 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, y 14 de la Ley N° 19.535, de 25 de setiembre de 2017 (artículo 50 del TOCAF 2012), por el siguiente:
"ARTÍCULO 31.- Es obligatoria la publicación en el sitio web de compras y contrataciones estatales, por parte de las administraciones públicas estatales, la convocatoria a todos los procedimientos competitivos correspondientes a contrataciones de obras, bienes y servicios, incluyendo la publicación del pliego de condiciones particulares, así como sus posteriores modificaciones o aclaraciones; esta obligación tendrá el alcance establecido en el artículo 4° de la Ley N° 15.869, de 22 de junio de 1987.
Todas las administraciones públicas estatales deberán dar publicidad en el sitio web de compras y contrataciones estatales, al acto de adjudicación, declaración de desierta o de rechazo de ofertas, a todos sus procedimientos de contratación de monto superior al 20% (veinte por ciento) del límite de su procedimiento de compra directa, incluidos los realizados por mecanismos de excepción, así como las ampliaciones y los actos de reiteración de gastos observados por el Tribunal de Cuentas, en la forma que disponga la reglamentación. Estos organismos contarán para ello con un plazo de diez días luego de producido el acto que se informa.
La Agencia Reguladora de Compras Estatales facilitará a las empresas interesadas la información de las convocatorias en forma electrónica y en tiempo real".

ART. 59.- Agrégase como inciso quinto del literal E) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, el siguiente:
"Los contribuyentes que nunca hayan estado comprendidos en la exoneración establecida en el presente literal podrán, por única vez, quedar incluidos en la misma, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación".

ART. 60.- Agréganse al literal D) del artículo 482 de la Ley N° 15.903, (artículo 33 del TOCAF 2012) de 10 de noviembre de 1987, los siguientes numerales:
"38)Las compras de bienes que realice el Ministerio del Interior con el fin de reparar la flota destinada directamente a la seguridad pública hasta el monto establecido para la licitación abreviada.
39) Las compras de bienes y servicios tercerizados imprescindibles para reparar y mantener en condiciones dignas los establecimientos carcelarios en todo el país hasta el monto límite de hasta dos veces el establecido para la licitación abreviada.
40) La contratación temporal de docentes y conferencistas en el marco de las distintas actividades que ejecuta la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Dichas contrataciones podrán recaer en personas nacionales o extranjeras y su pago será acumulable con todo tipo de remuneración de actividad o pasividad, sea de naturaleza pública o privada, permanente o eventual.
41) La contratación de bienes o servicios que integren la canasta de bienes y servicios que el Servicio de Cantinas de las Fuerzas Armadas debe proporcionar a sus beneficiarios en las condiciones que establezca la reglamentación.
42) La adquisición de materiales, equipo y demás suministros que realice el Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada Nacional necesarios para la reparación de Buques de Terceros o ejecución de obras por cuenta de terceros".

ART. 61.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 24 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, en la redacción dada por el artículo 51 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:
"Los organismos comprendidos en el artículo 451 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y sus modificativas, a excepción de los Gobiernos Departamentales que se excluyen de dicha obligación, elaborarán planes anuales de contratación de bienes y servicios correspondientes al ejercicio financiero, que deberán publicar hasta el 31 de diciembre del año previo al planificado, en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y que contendrán como mínimo, la descripción y el alcance del objeto y fecha estimada para la publicación del llamado".
Lo dispuesto en este artículo entrará a regir a partir de los planes anuales de contratación correspondientes al ejercicio 2025.

ART. 62.- Exceptúase al Inciso 04 "Ministerio del Interior" de lo previsto en el inciso segundo del artículo 24 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, en la redacción dada por el artículo 51 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, respecto a las compras de bienes y servicios vinculados a la seguridad pública financiadas con fondos provenientes de refuerzos de créditos en el marco del artículo 41 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

ART. 63.- Exceptúase al Ministerio del Interior de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, en la redacción dada por el artículo 34 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022.

SECCIÓN IV
INCISOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

INCISO 02
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ART. 64.- Facúltase al Poder Ejecutivo a aprobar una nueva estructura organizativa de la unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes" del Inciso 02 "Presidencia de la República", con previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil, dando cuenta a la Asamblea General.
La nueva estructura podrá contener la redistribución de cometidos entre las distintas unidades organizativas comprendidas en la misma y será un insumo para las reformulaciones que se aprueben en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, en la redacción dada por el artículo 7° de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022, contemplando las funciones gerenciales previstas en el inciso tercero de dicho artículo, con criterio de optimización y complementariedad.
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 65.- Créanse en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 481 "Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", los siguientes cargos:

Las erogaciones resultantes de las creaciones dispuestas en el inciso precedente se financiarán con los créditos correspondientes a las supresiones de los siguientes cargos:

El excedente resultante de la supresión de los cargos se reasignará al objeto del gasto 092.000 "Partidas Globales a Distribuir".
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 66.- Modifícanse en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 481 "Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes", las denominaciones y series de los siguientes cargos vacantes, sin que esto implique modificaciones en la retribución asignada a los mismos, de acuerdo al siguiente detalle:

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 67.- Agrégase a la Ley N° 18.621, de 25 de octubre de 2009, el siguiente artículo:
"ARTÍCULO 12 Bis. (De los Centros Coordinadores de Emergencia Municipales).- Los Centros Coordinadores de Emergencias Municipales (CECOEM) son los órganos responsables de la formulación, en el ámbito de sus competencias y en consonancia con las políticas globales del Sistema Nacional de Emergencias y del Comité Departamental de Emergencias, de políticas y estrategias a nivel local:
A) Integración. El CECOEM o CECOEL estará integrado, como mínimo por el alcalde del municipio, un representante del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública o de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, según corresponda, y un representante de la Dirección Nacional de Bomberos así como de toda institución pública que esté radicada en la localidad de su jurisdicción y cuya comparecencia sea relevante para el mejor funcionamiento del centro coordinador.
B) Cometidos. Serán sus cometidos:
- Analizar los riesgos más probables de ocurrencia en su localidad.
- Desarrollar un plan de respuesta inicial ante un evento adverso o emergencia.
- Redactar los protocolos de actuación acorde a los riesgos detectados.
- Mantener enlace permanente con los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales y los Comités Departamentales de Emergencias (CDE), de conformidad a los protocolos establecidos por cada CDE".

ART. 68.- Sustitúyese el artículo 331 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:
"ARTÍCULO 331. (Competencia).- A la Agencia Reguladora de Compras Estatales, le compete:
1) Asesorar al Poder Ejecutivo en la fijación y conducción de la política en materia de compras públicas.
2) Asesorar a las entidades estatales dependientes del Poder Ejecutivo en materia de compras y contrataciones y, mediante convenios, a los entes autónomos y servicios descentralizados, gobiernos departamentales, personas públicas no estatales y personas de derecho privado que administren fondos públicos.
3) Desarrollar y mantener el Registro Único de Proveedores del Estado al servicio de las entidades estatales y de las empresas proveedoras, proponiendo al Poder Ejecutivo las pautas técnicas y demás aspectos vinculados a la materia que deban ser objeto de la reglamentación.
4) Desarrollar, publicar y coordinar con las diversas entidades estatales, la efectiva aplicación de un catálogo único para la adquisición de bienes por parte del Estado.
5) Instrumentar un registro de normas técnicas y especificaciones de diseño referentes al catálogo único para la adquisición de bienes a que refiere el numeral precedente.
6) Elaborar guías para la contratación de bienes y servicios, con la finalidad de promover la adopción de estándares técnicos que permitan comparar con objetividad niveles de calidad, costos y eficiencia, de forma de procurar un adecuado control de la ejecución y correcto cumplimiento de los contratos.
7) Elaborar y difundir documentación y pautas técnicas en materia de adquisición de bienes y servicios, así como diseñar programas de capacitación, en especial, en aspectos vinculados a la elaboración y aplicación de normativa especializada, a la aplicación de las mejores prácticas a la identificación y a la mitigación de riesgos en los procedimientos administrativos de contratación y de ejecución de contratos.
8) Desarrollar y mantener el sitio web de compras y contrataciones estatales, como canal de comunicación y vínculo interactivo entre los proveedores y las entidades estatales.
9) Asesorar a las entidades estatales en la elaboración y difusión de su plan anual de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 482 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y sus modificativas.
10) Por cuenta y orden de las entidades estatales, personas públicas no estatales y personas de derecho privado que administren fondos públicos, realizar los procedimientos administrativos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, de conformidad con la normativa vigente, así como asistirlos técnicamente en las diversas etapas de contratación.
11)Imponer las sanciones de advertencia, multa, ejecución de garantía de mantenimiento de la oferta o de fiel cumplimiento del contrato y suspensión ante incumplimiento de proveedores.
12)Promover el uso de las tecnologías de la información, observando los lineamientos y recomendaciones definidos por el Poder Ejecutivo, a fin de simplificar los procedimientos y favorecer el desempeño de compradores y proveedores, como herramientas para la mejora de la gestión y la transparencia del sistema de compras y contrataciones en el sector público.
13)Generar mecanismos que provean información al ciudadano sobre las contrataciones que realicen las entidades estatales, de manera actualizada y de fácil acceso, promoviendo la transparencia del sistema y la generación de confianza en el mismo.
14)Para el cumplimiento de sus cometidos, la Agencia Reguladora de Compras Estatales podrá comunicarse directamente con todas las entidades públicas, estatales o no, así como con las entidades privadas vinculadas a su ámbito de actuación.
15)Desarrollar y mantener la plataforma electrónica que permita el seguimiento y control de la ejecución de las contrataciones que efectúen las administraciones públicas estatales, proponiendo al Poder Ejecutivo los lineamientos técnicos a los efectos de su reglamentación".

ART. 69.- Créanse en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 481 "Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes", veinticuatro cargos de Asesor XI, Serie Profesional, escalafón A, grado 04 y dos cargos de Técnico X, Serie Técnico, escalafón B, grado 03, los que serán ocupados por aquellas personas que se encuentren cumpliendo tareas permanentes, propias de un funcionario público, que hayan sido seleccionadas mediante un concurso o procedimiento similar debidamente acreditado, cuyo vínculo haya iniciado con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, que el Poder Ejecutivo designará con previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes ingresarán al amparo del artículo 5° de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021.
A efectos de financiar las creaciones dispuestas en el inciso anterior, asígnase una partida de $ 3.584.689 (tres millones quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y nueve pesos uruguayos), para el ejercicio 2023. A partir del ejercicio 2024, se financiarán con cargo al Inciso 24 "Diversos Créditos", programa 481 "Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes", Proyecto 526 "ARCE", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 199.000 "Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores", por la suma de $ 14.338.754 (catorce millones trescientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta y cuatro pesos uruguayos).
Si la retribución que corresponde al cargo en el que se incorpora el contratado fuese menor a la del vínculo anterior, la diferencia resultante se mantendrá como compensación personal, la que se irá absorbiendo por futuros incrementos, por cambios en la tabla de sueldos, ascensos, compensaciones o partidas de carácter permanente, cualquiera sea su financiación, que se otorguen en el futuro.
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 70.- Sustitúyese el artículo 308 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:
"ARTÍCULO 308. (Competencia).- A la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, le compete:
1) Asesorar y asistir al Poder Ejecutivo y, en especial, a sus unidades ejecutoras, en el monitoreo y evaluación de las políticas públicas fijadas por éste.
2) Asesorar y asistir a solicitud de los entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales, en el monitoreo y evaluación de las políticas públicas ejecutadas por estos en el marco de sus respectivas competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 311 de la presente ley, en lo pertinente.
3) Informar periódicamente al Poder Ejecutivo sobre los avances y resultados obtenidos respecto del monitoreo y evaluación de la ejecución de los programas, proyectos, objetivos y metas asociados a la gestión de gobierno.
4) Asistir a las entidades estatales coordinando los planes de trabajo asociados a la instrumentación de políticas públicas, cuando intervenga más de una unidad ejecutora.
5) Promover la aplicación de instrumentos que favorezcan la modernización de la gestión pública, priorizando la eficiencia en la utilización de los recursos del Estado en una visión estratégica definida. En tal sentido, requerirá a las entidades públicas la remisión de un relevamiento de los bienes del Estado.
6) Promover la participación ciudadana en la evaluación de los servicios a la población y en el control de la trasparencia en el manejo de los fondos públicos relacionados.
7) A solicitud del Ministro de Economía y Finanzas, podrá coordinar con la Auditoría Interna de la Nación, el análisis de los informes técnicos elaborados por esta, a efectos de realizar el correspondiente monitoreo para la efectiva aplicación de las correcciones y recomendaciones contenidas en dichos informes.
8) A solicitud del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, podrá asistir en materia de monitoreo y evaluación de proyectos contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, pudiendo realizar recomendaciones para el correcto desarrollo de los mismos.
9) A solicitud del Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, podrá asistir en materia de monitoreo y evaluación de la política de recursos humanos del Estado.
10)Asesorar al Poder Ejecutivo y a sus unidades ejecutoras en el monitoreo y evaluación de los procesos jurisdiccionales, contra todo órgano del Estado o empresas de derecho privado en las que el Estado tenga participación mayoritaria en su capital accionario, asesorando respecto a las políticas preventivas en tal sentido, en cuanto fuere pertinente.
11)Monitorear y evaluar los proyectos de innovación en la gestión pública que sean considerados de interés para la Presidencia de la República".

ART. 71.- Créanse en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 481 "Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes", Proyecto 000 "Funcionamiento", en la Financiación 1.1 "Rentas Generales", quince cargos de Asesor XI, Serie "Estrategias, Control y Fiscalización/SENACLAFT", escalafón A, grado 04.
Créase en el mismo Inciso, programa y unidad ejecutora una compensación especial por el desempeño de funciones especiales, de hasta $ 17.103.821 (diecisiete millones ciento tres mil ochocientos veintiún pesos uruguayos), más aguinaldo y cargas legales, la que deberá financiarse con créditos propios del Inciso. La misma se abonará a los funcionarios que cumplan efectivamente funciones en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El Inciso comunicará a la Contaduría General de la Nación las reasignaciones de créditos presupuestales del grupo 0 "Servicios Personales", a medida que se vayan ocupando los cargos creados por este artículo.
La presente disposición entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 72.- Sustitúyese el artículo 29 de la Ley N° 18.191, de 14 de noviembre de 2007, con la modificación introducida por el artículo 40 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:
"ARTÍCULO 29.-
De los diferentes elementos.
1) Todo vehículo automotor, para transitar por la vía pública, deberá poseer como mínimo el siguiente equipamiento obligatorio, en condiciones de uso y funcionamiento:
A) Sistema de dirección que permita al conductor controlar con facilidad y seguridad la trayectoria del vehículo en cualquier circunstancia.
B) Sistema de suspensión que proporcione al vehículo una adecuada amortiguación de los efectos que producen las irregularidades de la calzada y contribuya a su adherencia y estabilidad.
C) Dos sistemas de frenos de acción independiente que permitan controlar el movimiento del vehículo, detenerlo y mantenerlo inmóvil.
D) Sistemas y elementos de iluminación y señalización que permitan buena visibilidad y seguridad en la circulación y estacionamiento de los vehículos.
E) Elementos de seguridad, matafuego, balizas o dispositivos reflectantes independientes para casos de emergencia.
F) Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta que permitan al conductor una amplia y permanente visión adyacente al vehículo que no se puede observar de forma directa.
G) Un aparato o dispositivo que permita mantener limpio el parabrisas asegurando buena visibilidad en cualquier circunstancia.
H) Paragolpes delantero y trasero, cuyo diseño, construcción y montaje sean tales que disminuyan los efectos de impactos.
I) Un parabrisas construido con material cuya transparencia sea inalterable a través del tiempo, que no deforme sensiblemente los objetos que son vistos a través de él y que en caso de rotura, quede reducido al mínimo el peligro de lesiones corporales.
J) Una bocina cuyo sonido, sin ser estridente, pueda oírse en condiciones normales.
K) Un dispositivo silenciador que reduzca sensiblemente los ruidos provocados por el funcionamiento del motor.
L) Rodados neumáticos o de elasticidad equivalente que ofrezcan seguridad y adherencia aun en caso de pavimentos húmedos o mojados.
M) Guardabarros que reduzcan al mínimo posible la dispersión de líquidos, barro, piedras, etcétera.
N) Los remolques y semirremolques deberán poseer el equipamiento indicado en los literales B), D), L) y M), además de un sistema de frenos y paragolpes trasero.
Ñ) Los vehículos automotores de más de dos ruedas deberán llevar una rueda auxiliar en condiciones tales que pueda sustituir a las anteriores cuando sufran daños. Dicho elemento no será exigible a aquellos vehículos que cuenten con un sistema alternativo al cambio de ruedas que ofrezca suficientes garantías para la continuidad en la conducción y movilidad del vehículo.
2) En las combinaciones o trenes de vehículos deberán combinarse las siguientes normas:
A) Los dispositivos y sistemas de frenos de cada uno de los vehículos que forman la combinación o tren deberán ser compatibles entre sí.
B) La acción de los frenos de servicio, convenientemente sincronizada, se distribuirá de forma adecuada entre los vehículos que forman el conjunto.
C) El freno de servicio deberá ser accionado desde el comando del vehículo tractor.
D) El remolque deberá estar provisto de frenos y tendrá un dispositivo que actúe automática e inmediatamente sobre todas las ruedas del mismo si en movimiento se desprende o desconecta del vehículo tractor.
Las condiciones del buen uso y funcionamiento de los vehículos se acreditarán mediante un certificado a expedir por la autoridad competente o el concesionario de inspección técnica en quien ello se delegue, donde se establecerá la aptitud técnica del vehículo para circular.
3) Las motocicletas y bicicletas deberán contar con un sistema de frenos que permita reducir su marcha y detenerlas de modo seguro.
4) Los vehículos automotores no superarán los límites máximos reglamentarios de emisión de contaminantes que la autoridad fije a efectos de no molestar a la población o comprometer su salud y seguridad.
5) Los accesorios tales como sogas, cordeles, cadenas, cubiertas de lona, que sirvan para acondicionar y proteger la carga de un vehículo, deberán instalarse de forma que no sobrepasen los límites de la carrocería y estarán debidamente asegurados. Todos los accesorios destinados a proteger la carga deberán reunir las condiciones previstas en el artículo 21.
6) El uso de la bocina solo estará permitido a fin de evitar accidentes.
7) Queda prohibida la instalación de bocinas en los equipos de descarga de aire comprimido.
8) Los vehículos habilitados para el transporte de carga en los que esta sobresalga de la carrocería de los mismos deberán ser debidamente autorizados a tal fin y señalizados, de acuerdo a la reglamentación vigente".

ART. 73.- Las entidades públicas estatales y no estatales deberán publicar en sus respectivos sitios web la representación cartográfica de los límites de su jurisdicción cuando esta sea subnacional- y de los límites de las circunscripciones administrativas en las que organizan su gestión.
Cométese a la Infraestructura de Datos Espaciales, con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Límites Administrativos, la definición de los criterios técnicos, entre los que se deberá prever la publicación en formato abierto, así como el contralor del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo.

ART. 74.- Atribúyese a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC) el cometido de diseñar y desarrollar una estrategia nacional de datos e inteligencia artificial basada en estándares internacionales, en los ámbitos público y privado. En todo lo que respecta al tratamiento de datos personales, será preceptiva la actuación conjunta con la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP).
La estrategia deberá fundarse en principios de equidad, no discriminación, responsabilidad, rendición de cuentas, transparencia, auditoría e innovación segura, respetando la dignidad humana, el sistema democrático y la forma republicana de gobierno. Los principios de la protección de datos personales incluidos en la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008, serán parte de la citada estrategia.
Como parte de esta estrategia nacional de inteligencia artificial, se establece un plazo de ciento ochenta días para la presentación ante el Poder Legislativo de un informe y recomendaciones para su regulación legal, orientada a su desarrollo ético, la protección de los derechos humanos y, al mismo tiempo, el fomento de la innovación tecnológica.
Para el cumplimiento de sus cometidos, AGESIC podrá establecer grupos de trabajo, comités asesores y otros mecanismos de participación que incluyan las perspectivas de actores del sector público, del sector privado, de la academia y de la sociedad civil organizada.
AGESIC realizará recomendaciones específicas a entidades del sector público y del sector privado para el desarrollo e implementación de los sistemas de inteligencia artificial mencionados, y para la fiscalización de su cumplimiento, sin perjuicio de las competencias propias de la URCDP y de otras entidades públicas en sus respectivos ámbitos de actuación.

ART. 75.- En el marco del diseño y desarrollo de la estrategia nacional de datos e inteligencia artificial, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC) deberá identificar y proponer medidas en favor de la innovación, respetando los principios definidos en el artículo que antecede.
En especial, se promoverá la creación de entornos controlados de prueba con el objetivo de poner en práctica proyectos tecnológicos de innovación en ámbitos definidos con entidades interesadas.
Para la ejecución de los proyectos referidos, deberá contarse con el informe favorable de un comité técnico integrado en forma preceptiva por AGESIC, por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales y por representantes de todas las entidades públicas con competencia específica en el proyecto de que se trate. El comité podrá invitar a otras entidades del sector público, sector privado, la academia y la sociedad civil a participar en el proceso de evaluación.
La presentación de los proyectos al comité deberá incluir protocolos de actuación, mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas, evaluación de impacto en la protección de datos personales, gestión de eventuales perjuicios o daños, normativa impactada por el proyecto, plazo, excepciones requeridas para ser llevado a cabo, de corresponder, y otros requisitos que determine la reglamentación.
Las condiciones para la ejecución del proyecto y las excepciones solicitadas serán resueltas por resolución fundada de AGESIC, previo informe favorable del comité técnico.
AGESIC elaborará un proyecto de reglamentación de los entornos mencionados en este artículo que elevará al Poder Ejecutivo en un plazo de noventa días a contar de la promulgación de la presente ley.

ART. 76.- Autorízase a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento, en su rol de responsable del Padrón Demográfico Nacional de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, a suscribir los acuerdos necesarios con los organismos públicos y entidades privadas que correspondan para asegurar la completitud del conjunto mínimo de datos referido en el citado artículo. En el tratamiento de dichos datos, deberá darse cumplimiento a los principios establecidos en la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008.

ART. 77.- Atribúyese a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), el cometido de asesorar al Ministerio de Salud Pública, en la aplicación de tecnologías de la información en el ámbito de la salud en general. En ese marco, AGESIC pondrá a disposición del Ministerio de Salud Pública, cuando este lo requiera, medios digitales para el procesamiento de información de salud y realizará su gestión en calidad de encargado de tratamiento de conformidad con la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008, asegurando en todos los casos la calidad de los resultados y la seguridad y privacidad de la información recibida.

ART. 78.- Las entidades públicas y las entidades privadas vinculadas a servicios o sectores críticos del país, referidas en el artículo 149 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 84 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, deberán:
A) Adoptar medidas de seguridad eficaces para proteger sus activos de información críticos, de conformidad con los lineamientos indicados por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC).
B) Designar un responsable de seguridad de la información y comunicarlo a AGESIC.
C) Planificar la adopción de las medidas necesarias para mitigar y mejorar los controles existentes en la materia, y adoptar las medidas de prevención que determine la reglamentación.
D) Informar de forma completa e inmediata la existencia de un potencial incidente de ciberseguridad, de conformidad con los criterios establecidos por el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, y poner a disposición toda la información que le sea requerida por este.
E) Incorporar, en función de su nivel de madurez, el marco de ciberseguridad desarrollado por AGESIC.
F) Dar cumplimiento a otras medidas que se determinen por el Poder Ejecutivo a efectos de proteger los activos de información, siguiendo los estándares nacionales e internacionales en la materia.
A efectos de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, atribúyese a AGESIC el cometido de desarrollar, promover la implantación y monitorear una estrategia nacional de ciberseguridad.

ART. 79.- Facúltase a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) a adoptar las siguientes medidas con respecto a las entidades que incumplan con las obligaciones establecidas en el artículo que antecede:
A) Requerir el ajuste de los procedimientos a la normativa vigente en materia de ciberseguridad en los plazos que se definan por AGESIC.
B) Requerir el cumplimiento de medidas específicas para la prevención de riesgos vinculados al sector de la entidad.
C) Requerir informaciones complementarias vinculadas a la ocurrencia de incidentes de seguridad, las medidas adoptadas y a la aplicación de la normativa en materia de ciberseguridad en general.
D) Apercibir, considerando la gravedad o reiteración del incumplimiento por parte de la entidad.
AGESIC comunicará en forma semestral a la Asamblea General el listado de las entidades que hayan incumplido con las obligaciones referidas en el artículo que antecede, y las medidas adoptadas en función de lo dispuesto en el presente artículo.

ART. 80.- Créase el Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad, el que será administrado por la Agencia para el Desarrollo de Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), en el que se ingresarán los datos técnicos y antecedentes vinculados a los incidentes de ciberseguridad denunciados, además de los informes elaborados por el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy).
Las entidades públicas y las entidades privadas vinculadas a servicios o sectores críticos del país, referidas en el artículo 149 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 84 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, deberán comunicar la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad a AGESIC en un plazo de veinticuatro horas de conocido y complementar la información necesaria para el registro efectivo a la brevedad.
Autorízase a AGESIC a comunicar datos básicos de la ocurrencia de los incidentes mencionados a otras entidades públicas o privadas pertenecientes a sectores o servicios críticos que puedan haberse visto afectados o se encuentren involucrados en el incidente.
La información gestionada y elaborada por el CERTuy en el marco de incidentes de seguridad específicos y la incorporada en el citado registro, podrá ser declarada reservada en función a lo dispuesto por el literal A) del artículo 9° de la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008, cumpliendo con las demás estipulaciones del citado artículo.

ART. 81.- La Agencia para el Desarrollo de Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) colaborará con la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) en la inclusión de requisitos de seguridad por diseño en los pliegos de compras públicas.
AGESIC y ARCE determinarán un listado de servicios o productos que requerirán, previo a la publicación de la compra respectiva, de un informe en materia de seguridad por parte de la Dirección de Seguridad de la Información de la AGESIC.

ART. 82.- Autorízase a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) a aplicar la modalidad de contratación prevista en los artículos 7° y 8° de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, para contratar funcionarios que desarrollen tareas en el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy).
El Poder Ejecutivo podrá establecer un proceso de contratación simplificado a los fines indicados en el inciso anterior, previo asesoramiento de AGESIC y la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Extiéndase la facultad conferida a AGESIC para el otorgamiento de la compensación prevista en el artículo 81 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, a los funcionarios que desempeñen tareas en el CERTuy.

ART. 83.- Créase el Comité de Gestión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, integrado por un representante de cada uno de los siguientes órganos: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Banco de la República Oriental del Uruguay, Banco Central del Uruguay, Administración Nacional de Telecomunicaciones, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Agencia de Evaluación y Monitoreo de Políticas Públicas y Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), que lo presidirá.
Son cometidos del Comité:
A) Apoyar a AGESIC en la implantación y monitoreo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
B) Colaborar con AGESIC en la puesta en práctica de las recomendaciones elaboradas por el Consejo Asesor Honorario de Seguridad de la Información creado por el artículo 119 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, en la redacción dada por el artículo 71 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022.
C) Proveer, en el marco de sus posibilidades, personal técnico para facilitar la actuación de AGESIC en el marco de las actividades referidas en los literales anteriores.
AGESIC podrá promover la creación de comités ad hoc específicos integrados por entidades públicas y privadas para asegurar la participación de múltiples actores en el diseño, implantación y monitoreo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, así como en la elaboración y puesta en práctica de recomendaciones en la materia.
La reglamentación establecerá la forma de funcionamiento del Comité de Gestión y de los comités asesores ad hoc que se creen.

ART. 84.- Atribúyese al Consejo Asesor Honorario de Seguridad de la Información creado por el artículo 119 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, en la redacción dada por el artículo 71 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022, la competencia de recomendar a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento la aplicación de normas técnicas específicas en materia de ciberseguridad en las entidades públicas y en las entidades privadas vinculadas a servicios o sectores críticos del país, referidas en el artículo 149 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 84 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020.

ART. 85.- Sustitúyese el último inciso del artículo 49 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:
"En el caso de convenios celebrados con organismos estatales fuera del Presupuesto Nacional, los fondos percibidos en aplicación de los mismos constituirán "Recursos con Afectación Especial", cuya titularidad y disponibilidad corresponderá en su totalidad a AGESIC, estando exceptuados de lo dispuesto en el artículo 594 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987. El producido de la recaudación será destinado al cumplimiento de los cometidos establecidos en el inciso primero de este artículo".

ART. 86.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley N° 19.828, de 18 de setiembre de 2019, por el siguiente:
"ARTÍCULO 21.- Para participar de cualquier competencia deportiva en el deporte federado se deberá contar con el carné del deportista vigente, expedido por la Secretaría Nacional del Deporte, para la respectiva disciplina.
Los clubes, federaciones y organizadores de espectáculos deportivos no podrán incluir o admitir la participación de deportistas en sus competencias, sean estas de carácter oficial o amistoso, nacional o internacional, que no cuenten con el carné del deportista vigente.
En caso de incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme las normas y reglamentos de la respectiva federación o confederación, el club, federación u organizador del espectáculo deportivo, será sancionado por resolución de la Secretaría Nacional del Deporte con una multa entre 20 UR (veinte unidades reajustables) a 20.000 UR (veinte mil unidades reajustables).
Son circunstancias agravantes:
A) La reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de una nueva infracción, conforme lo dispuesto en el inciso segundo del presente artículo, dentro del plazo de cinco años contados desde la comisión de la anterior infracción.
B) La continuidad, entendiéndose por tal la violación a lo dispuesto en el inciso segundo del presente artículo, cometida en el mismo momento o en momentos diversos como acciones ejecutivas de una misma resolución.
C) Que el deportista participe de la competencia sin contar con el certificado de aptitud médico-deportiva vigente a que refiere el artículo 447 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010.
D) La falsificación ideológica o material del certificado de aptitud médico deportiva vigente a que refiere el artículo 447 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010.
E) La intención de engañar u ocultar información al presentar la documentación correspondiente ante la Secretaría Nacional del Deporte, a fin de que esta expida el carné del deportista.
F) Que la competencia se haya realizado sin el consentimiento de la federación reconocida como entidad dirigente, conforme a lo previsto en el literal E) del artículo 5° de la presente ley.
La acción judicial de cobro de la sanción pecuniaria prevista en el presente artículo será ejercida por la Secretaría Nacional del Deporte, aplicándose las disposiciones de los artículos 91 y 92 del Código Tributario.
El producido de las multas recaudadas constituirán "Recursos con Afectación Especial", cuya titularidad y disponibilidad corresponderá en su totalidad a la Secretaría Nacional del Deporte, quedando exceptuada de lo dispuesto en el artículo 594 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, la que podrá destinarlo a la Fundación Deporte Uruguay, a efectos de financiar la preparación y participación de deportistas en competencias internacionales representando a Uruguay".

ART. 87.- Sustitúyese el artículo 71 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, por el siguiente:
"ARTÍCULO 71.- Una vez aprobada la constitución de las sociedades anónimas deportivas por la Auditoría Interna de la Nación e inscriptas en el Registro Nacional de Comercio, deberán inscribirse en el Registro de Instituciones Deportivas de la Secretaría Nacional del Deporte en un plazo de quince días corridos a partir de su publicación en el Diario Oficial".

ART. 88.- Sustitúyese el artículo 72 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, por el siguiente:
"ARTÍCULO 72.- El capital mínimo de las sociedades anónimas deportivas y los porcentajes mínimos de suscripción e integración, serán los establecidos en general para las sociedades anónimas.
Las acciones serán nominativas y de igual valor".

ART. 89.- Sustitúyese el artículo 73 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, por el siguiente:
"ARTÍCULO 73.- Podrán ser accionistas de las sociedades anónimas deportivas las personas físicas y las personas jurídicas privadas. Ninguna persona física o jurídica podrá poseer en forma simultánea acciones en proporción superior al 1% (uno por ciento) del capital en dos o más sociedades anónimas deportivas que participen en la misma competición.
Para calcular el límite previsto en el inciso primero del presente artículo se computarán las acciones poseídas directa o indirectamente por el titular y las que lo sean por otra u otras personas o entidades que constituyan con aquel una unidad de decisión.
Aquellas personas físicas sujetas a una relación de dependencia con una sociedad anónima deportiva, ya sea en virtud de un vínculo laboral, profesional o de cualquier otra índole, no podrán poseer acciones de otra sociedad que participe en la misma competición que excedan de la proporción prevista en el presente artículo.
A efectos de respetar dichos límites, la superación de las cantidades previstas en el inciso tercero de este artículo implicará la obligación de enajenar la cantidad necesaria de acciones en el plazo de treinta días a partir de producida la violación.
La reglamentación establecerá la forma en que serán enajenadas las acciones que superen los máximos previstos en el presente artículo.
Quedan incluidos en el inciso primero del presente artículo los clubes deportivos que se constituyan como asociaciones civiles conforme lo previsto en el literal A) del artículo 67 de la presente ley, en tanto se encuentren inscriptos y al día en el Registro de Instituciones Deportivas de la Secretaría Nacional del Deporte, no pudiendo poseer más de un 25% (veinticinco por ciento) de las acciones de una sociedad anónima deportiva.
Los clubes deportivos que se constituyan como asociaciones civiles conforme lo previsto en el literal A) del artículo 67 de la presente ley no podrán ser accionistas de la Sociedades Anónimas Deportivas que participen en la misma competición".

ART. 90.- Sustitúyese el artículo 74 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, por el siguiente:
"ARTÍCULO 74.- Todos los actos o negocios jurídicos de los accionistas de una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) que supongan la enajenación, cesión, transferencia, gravamen, usufructo o disposición a cualquier título de las acciones de esta, deberán ser comunicados por la Sociedad al Registro de Instituciones Deportivas de la Secretaría Nacional del Deporte, dentro de los quince días corridos siguientes a la realización de los mismos.
Los estatutos de las SAD no podrán contener ninguna otra limitación a la libre transmisibilidad de las acciones.
Los fundadores de las SAD no podrán reservarse ventajas o remuneraciones de ningún tipo.
A los efectos de lo previsto en el artículo 380 del Código General del Proceso, y sus modificativas, se aplicarán a las acciones de las SAD las normas que rijan para las acciones de las sociedades anónimas".

ART. 91.- Sustitúyese el artículo 75 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, por el siguiente:
"ARTÍCULO 75.- La sociedad anónima deportiva estará administrada por una comisión directiva compuesta por un mínimo de dos integrantes conforme la forma y condiciones que establezcan los estatutos.
El presidente de la comisión directiva representará a la sociedad, salvo pacto en contrario dispuesto en el estatuto".

ART. 92.- Sustitúyese el artículo 77 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, por el siguiente:
"ARTÍCULO 77.- Aprobado por la Auditoría Interna de la Nación, todo aumento o disminución del capital, transformación, fusión, escisión o disolución de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y, en general, cualquier modificación de los estatutos sociales deberán ser comunicados por las correspondientes instituciones al Registro de Instituciones Deportivas de la Secretaría Nacional del Deporte, en un plazo máximo de quince días corridos desde la notificación de dicha aprobación.
Los actos eleccionarios, el nombramiento y la separación de los directivos de la SAD también deberán ser comunicados por las correspondientes instituciones al Registro mencionado en un plazo máximo de quince días corridos a partir de la realización de dichos actos".

ART. 93.- Agrégase a la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, el siguiente artículo:
"ARTÍCULO 78 Bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los clubes deportivos constituidos como asociaciones civiles conforme a lo previsto en el literal A) del artículo 67 de la presente ley podrán celebrar con la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) contratos de cesión de activos deportivos.
Tales contratos deberán ser previamente aprobados por la asamblea de socios del club deportivo constituido como asociación civil, debidamente convocada según lo previsto en el estatuto, a fin de tratar este como único punto del orden del día. La aprobación del convenio deberá contar con las mayorías que disponga el respectivo estatuto, que no podrá ser inferior al voto afirmativo de, al menos, el 60% (sesenta por ciento) de los socios con derecho a voto presentes en la asamblea.
Además de lo que las partes dispongan, dicho contrato deberá contener:
A) La referencia a la resolución de la asamblea de socios de la asociación civil que aprobó el acuerdo con la SAD.
B) El detalle de cada uno de los activos que se transfieren en el marco del contrato para ser administrados por la SAD.
C) El plazo del contrato.
D) Las garantías que se van a constituir.
E) Los derechos y obligaciones de ambas partes.
El contrato deberá presentarse, para su aprobación, ante la federación respectiva, y deberá adjuntarse testimonio notarial del acta de la asamblea de socios a que refiere el inciso segundo del presente artículo y certificado notarial que acredite que se ha cumplido con el estatuto.
Asimismo, deberá inscribirse ante la Secretaría Nacional del Deporte dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de su aprobación por parte de la federación respectiva.
La falta de aprobación por parte de la federación respectiva y de inscripción ante la Secretaría Nacional del Deporte determinará que el contrato no sea oponible a terceros, así como la imposibilidad de poder competir en cualquier competencia del deporte federado".

ART. 94.- Agrégase a la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, el siguiente artículo:
"ARTÍCULO 78 Ter.- La transformación de clubes deportivos constituidos como asociación civil conforme lo previsto en el literal A) del artículo 67 de la presente ley, en Sociedad Anónima Deportiva (SAD), sin perjuicio de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, deberá guardar las siguientes formalidades:
A) Ser aprobado por asamblea de socios del club deportivo constituido como asociación civil la cual deberá:
1) Ser convocada con una antelación no menor de cuarenta y cinco días a su celebración.
2) La convocatoria deberá publicarse en un diario de circulación nacional por el plazo de diez días corridos, y podrán también utilizarse otros medios de comunicación como ser redes sociales oficiales y sitios web o portales institucionales del club, o la notificación a los socios por correo electrónico o cualquier otro medio similar.
3) Ser convocada para tratar, como único punto del orden del día, la transformación a la SAD.
4) La transformación deberá ser aprobada por las mayorías que disponga el respectivo estatuto y no podrá ser inferior al voto afirmativo de al menos el 70% (setenta por ciento) de los socios con derecho a voto presentes en la asamblea.
B) Una vez aprobada la transformación, en el mismo acto se les otorgará a todos los socios con derecho a voto, hayan o no comparecido a la asamblea, el derecho a integrar el capital de la SAD en la forma y condiciones que establezca la reglamentación".

ART. 95.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, en la redacción dada por el artículo 256 de la Ley N° 20.130, de 2 de mayo de 2023, por el siguiente:
"ARTÍCULO 13. (Sujetos obligados no financieros).- Con las mismas condiciones también estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior:
A) Los casinos.
B) Las inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, con excepción de los arrendamientos.
C) Los abogados únicamente cuando actúen a nombre y por cuenta de sus clientes en las operaciones que a continuación se detallan y en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que den a sus clientes:
1) Promesas, cesiones de promesas o compraventas de bienes inmuebles.
2) Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.
3) Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.
4) Organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades.
5) Creación, operación o administración de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos.
6) Promesas, cesiones de promesas o compraventa de establecimientos comerciales.
7) Actuación por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
8) Las actividades descriptas en el literal H) del presente artículo. Tratándose de venta de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos, estarán obligados tanto cuando actúen a nombre propio como a nombre y por cuenta de un cliente.
D) Los escribanos o cualquier otra persona física o jurídica, cuando participen en la realización de las siguientes operaciones para sus clientes y en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que les presten:
1) Promesas, cesiones de promesas o compraventas de bienes inmuebles.
2) Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.
3) Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.
4) Organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades.
5) Creación, operación o administración de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos.
6) Promesas, cesiones de promesas o compraventa de establecimientos comerciales.
7) Actuación por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
8) Las actividades descriptas en el literal H) del presente artículo.
E) Los rematadores.
F) Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la intermediación o mediación en operaciones de compraventa de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas.
G) Los explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación.
H) Los proveedores de servicios societarios, fideicomisos y, en general, cualquier persona física o jurídica cuando en forma habitual realicen transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades:
1) Constituir sociedades u otras personas jurídicas.
2) Integrar el directorio o ejercer funciones de dirección de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones, en los términos que establezca la reglamentación.
3) Facilitar un domicilio social o sede a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídica, en los términos que establezca la reglamentación.
4) Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
5) Ejercer funciones de accionista nominal por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conforme a derecho, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones, en los términos que establezca la reglamentación.
6) Venta de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos.
I) Las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y en general, cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica.
J) Los contadores públicos y otras personas físicas o jurídicas que actúen en calidad de independientes y que participen en la realización de las siguientes operaciones o actividades para sus clientes y en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que les presten:
1) Promesas, cesiones de promesas o compraventas de bienes inmuebles.
2) Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.
3) Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.
4) Organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades.
5) Creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos.
6) Promesas, cesiones de promesas o compraventas de establecimientos comerciales.
7) Actuación por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
8) Las actividades descriptas en el literal H) del presente artículo.
9) Confección de informes de revisión limitada de estados contables en las condiciones que establezca la reglamentación.
10)Confección de informes de auditoría de estados contables.
K) Las administradoras de fondos de ahorro previsional.
L) Las sociedades anónimas deportivas.
Los sujetos obligados mencionados en los literales C), D) y J) del presente artículo, no estarán alcanzados por la obligación de reportar transacciones inusuales o sospechosas ni aun respecto de las operaciones especificadas en dichos numerales si la información que reciben de uno de sus clientes o a través de uno de sus clientes se obtuvo para verificar el estatus legal de su cliente o en el marco del ejercicio del derecho de defensa en asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación.
La información sobre operaciones inusuales o sospechosas deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. Esta unidad, en coordinación con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, reglamentará la forma en que se realizará dicha comunicación.
Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que deberán cumplir estos sujetos obligados, para el registro de transacciones, el mantenimiento de los respectivos asientos y el desarrollo de la debida diligencia de los clientes o aportantes de fondos. Cuando los sujetos obligados participen en un organismo gremial que, por el número de sus integrantes, represente significativamente a la profesión u oficio de que se trate, el organismo de control en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo podrá coordinar con dichas entidades la mejor manera de instrumentar el cumplimiento por parte de los agremiados o asociados de sus obligaciones en la materia. Si no existieran dichas entidades, el órgano de control podrá crear comisiones interinstitucionales cuya integración, competencia y funcionamiento serán establecidos por la reglamentación.
El incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos obligados por el presente artículo determinará la aplicación de sanciones por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Dichas sanciones se aplicarán apreciando la entidad de la infracción y los antecedentes del infractor y consistirán en apercibimiento, observación, multa o suspensión del sujeto obligado, cuando corresponda, en forma temporaria o, con previa autorización judicial, en forma definitiva.
Las suspensiones temporarias no podrán superar el límite de tres meses.
El monto de las multas se graduará entre un mínimo de 1.000 UI (mil unidades indexadas) y un máximo de 20.000.000 UI (veinte millones de unidades indexadas) según las circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor.
El Poder Ejecutivo establecerá los plazos, la forma y las condiciones en que se deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este artículo.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo podrá requerir a los sujetos obligados mencionados en este artículo información periódica de todo elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, los que estarán obligados a proporcionarla, bajo apercibimiento de que se apliquen las sanciones previstas en el presente artículo".

ART. 96.- Reasígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 282 "Deporte comunitario", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", la suma de $ 282.336 (doscientos ochenta y dos mil trescientos treinta y seis pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 291.000 "Servicios de vigilancia y custodia" al objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores".

ART. 97.- Reasígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 282 "Deporte comunitario", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2023, desde el Proyecto 720 "Centros Deportivos", objeto del gasto 799.000 "Otros Gastos", hacia el Proyecto 000 "Funcionamiento", objeto del gasto 291.000 "Servicios de vigilancia y custodia".
Este artículo entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

ART. 98.- Reasígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 283 "Deporte federado", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", la suma de $ 2.032.960 (dos millones treinta y dos mil novecientos sesenta pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 291.000 "Servicios de vigilancia y custodia", al objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores".

ART. 99.- Reasígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 282 "Deporte comunitario", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", la suma de $ 500.000 (quinientos mil pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 291.000 "Servicios de vigilancia y custodia", al objeto del gasto 578.007 "Servicio odontológico, guardería y otros".

ART. 100.- Reasígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 282 "Deporte comunitario", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 7.809.550 (siete millones ochocientos nueve mil quinientos cincuenta pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 143.000 "Supergas", al objeto del gasto 219.000 "Otros servicios básicos".

ART. 101.- Asígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 282 "Deporte comunitario", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", la suma de $ 2.000.000 (dos millones de pesos uruguayos), con destino a financiar las contrataciones de bienes y servicios vinculados al cumplimiento de los diversos cometidos de la referida unidad ejecutora.

ART. 102.- Reasígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 283 "Deporte federado", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 591.000 "Otras transferencias corrientes", al objeto del gasto 555.000 "Deportivas, culturales y recreativas".

ART. 103.- Reasígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 283 "Deporte federado", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", la suma de $ 855.183 (ochocientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y tres pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 591.000 "Otras transferencias corrientes", al objeto del gasto 555.000 "Deportivas, culturales y recreativas".

ART. 104.- Asígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 283 "Deporte federado", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 591.000 "Otras transferencias corrientes", una partida anual de $ 6.000.000 (seis millones de pesos uruguayos) para el ejercicio 2023 y una partida por única vez de $ 12.000.000 (doce millones de pesos uruguayos), para el ejercicio 2024, a efectos de atender las erogaciones resultantes de la candidatura de nuestro país para ser sede de la Copa Mundial FIFA 2030.
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 105.- Créase la Comisión de Expertos en Política Poblacional, la cual funcionará en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que, teniendo en cuenta las variables demográficas actuales y las que sean previsibles para el futuro, con consecuencias en la dimensión y cualidad de la población del país, procure incrementar las mismas con los siguientes cometidos:
1) Analizar fortalezas y debilidades de las políticas actuales de población del país y cualificación de la misma, en todas las áreas, tomando especialmente en cuenta el último censo poblacional.
2) Examinar los impactos de la dinámica demográfica actual y las políticas y medidas que procuren evitar o disminuir sus componentes o impactos negativos, si los hubiere, y, en tal caso, corregirlos y mejorarlos, en aras de un mayor y mejor desarrollo social y económico del país y de su población.
3) Analizar las experiencias internacionales exitosas pertinentes.
4) Formular recomendaciones de opciones de reforma de los regímenes legales, reglamentarios o de prácticas vigentes, al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, y comunicarlas a la población en general.
A tales efectos, la Comisión recabará, además de la opinión de expertos, nacionales e internacionales, en las diferentes materias que hagan a la temática de sus cometidos, la opinión de las organizaciones, nacionales o extranjeras que se dediquen a la misma.
La Comisión estará integrada por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un representante del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, un representante del Ministerio de Desarrollo Social, un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante de Presidencia de la República, el cual deberá tener vinculación con el Instituto Nacional de Estadística, y un representante de la OPP, que la presidirá.
Los miembros designados deberán tener notoria idoneidad en temas demográficos, educativos y de salud a ellos relacionados, inmigratorios, previsionales, económicos, legales u otros pertinentes para el cumplimiento de la tarea encomendada.
La integración reflejará la diversidad de visiones con respecto al tema, a cuyos efectos se invitará también a integrarla a los partidos políticos con representación parlamentaria.

ART. 106.- Asígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 283 "Deporte federado", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida por única vez de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos uruguayos), para el ejercicio 2023, con destino a la campaña publicitaria de prevención de ahogamiento infantil.
La Presidencia de la República comunicará a la Contaduría General de la Nación dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se asignan.
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 107.- Suprímese en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 481 "Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes", un cargo de particular confianza de "Director de División".
Créase en el mismo Inciso, programa y unidad ejecutora el cargo de particular confianza de "Subdirector de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas", el cual será designado por el Presidente de la República, entre personas que cuenten con notoria idoneidad y experiencia en la materia, cuya retribución se determinará aplicando el porcentaje de 55% (cincuenta y cinco por ciento) sobre el sueldo nominal de un Senador de la República, pudiendo adicionar a la misma exclusivamente los beneficios sociales, de conformidad con lo establecido por el artículo 16 de la Ley N° 18.996, de 7 de noviembre de 2012.
La erogación resultante de la creación dispuesta en el inciso segundo de este artículo, se financiará con los créditos correspondientes a la supresión del cargo de particular confianza dispuesta en el inciso primero, más el importe de $ 556.236 (quinientos cincuenta y seis mil doscientos treinta y seis pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales, del objeto del gasto 099.001 "Partida Proyectada", del Inciso 02 "Presidencia de la República", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes", programa 481 "Política de Gobierno", Financiación 1.1 "Rentas Generales".
La Contaduría General de la Nación realizará las reasignaciones necesarias desde el Objeto del Gasto 099.001 "Partida Proyectada".
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 108.- Asígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 283 "Deporte Federado", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", proyecto 000 "Funcionamiento", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 6.000.000 (seis millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, objeto del gasto 555.000 "Deportivas, Culturales y Recreativas", con destino a financiar la iniciación deportiva federada infantil.

ART. 109.- Exclúyese de la obligación establecida en el artículo 12 de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, en la redacción dada por el artículo 226 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, a los usuarios directos e indirectos de zonas francas que desarrollen únicamente actividades logísticas y de movimiento de mercaderías previstas en la Ley N° 15.921, de 17 de diciembre de 1987.

INCISO 03
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ART. 110.- A efectos de lo dispuesto en los artículos 42 y 168 de la Ley N° 19.775, de 26 de julio de 2019, y modificativas, solo se computarán los oficiales superiores que hayan ascendido a dicha jerarquía por vacante presupuestal real. La presente disposición será de aplicación hasta el 1° de enero de 2033.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley N° 19.775, de 26 de julio de 2019, solo se ascenderá a la jerarquía de oficial superior por vacante real presupuestal.

ART. 111.- Sustitúyese el artículo 73 de la Ley N° 10.808, de 16 de octubre de 1946, con la modificación introducida por el artículo 1° de la Ley N° 11.223, de 7 de enero de 1949, por el siguiente:
"ARTÍCULO 73.- La capacidad militar se probará con haber obtenido la calificación promedial de bueno, por lo menos, en las aptitudes de carácter, espíritu militar, instrucción, mando, gobierno y administración, cuyo conjunto determina la capacidad militar del oficial.
A) PARA EL CUERPO COMANDO:
Aspirantes: haber aprobado los exámenes prescritos por el plan de estudios de la Escuela Naval.
Guardia Marina y Alférez de Fragata: tener el tiempo de mando de equipaje y embarque o destino efectivo según el cuerpo.
Alférez de Navío: tener el tiempo de mando de equipaje y embarque o destino efectivo según el cuerpo y haber cumplido con aprobación el curso de pasaje de grado de Alféreces de Navío para Tenientes de Navío.
Teniente de Navío: tener el tiempo de mando de equipaje y embarque o destino efectivo según el cuerpo y haber cumplido con aprobación el curso de pasaje de grado de Tenientes de Navío para Capitanes de Corbeta.
Capitán de Corbeta: tener el tiempo de mando de equipaje y embarque o destino efectivo según el cuerpo y haber cumplido con aprobación el curso de pasaje de grado de Capitanes de Corbeta para Capitanes de Fragata.
Capitán de Fragata: tener el tiempo de mando de equipaje y embarque o destino efectivo según el cuerpo y haber cumplido con aprobación el curso de pasaje de grado de Capitanes de Fragata para Capitanes de Navío.
Capitán de Navío: llenar las condiciones establecidas para el grado y haber realizado el curso de información para Capitanes de Navío.
B) PARA EL CUERPO DE APOYO Y COMPLEMENTO:
Aspirantes: haber sido aprobado el modo de reclutamiento detallado en el literal B del artículo 20 de la presente ley orgánica.
Guardia Marina y Alférez de Fragata: tener el tiempo de mando de equipaje o destino efectivo según el cuerpo.
Alférez de Navío: tener el tiempo de mando de equipaje o destino efectivo según el cuerpo y haber cumplido con aprobación el curso de pasaje de grado de Alféreces de Navío para Tenientes de Navío".

ART. 112.- Incorpórase en el artículo 88 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, el siguiente inciso:
"Autorízase el pago de una compensación para el personal Superior y Subalterno de la unidad ejecutora 018 "Comando General de la Armada", desde la jerarquía de Cabo de Segunda a Capitán de Fragata del Comando de la Aviación Naval o sus unidades dependientes, que desempeñe efectivamente y en forma asidua servicios de mantenimiento y apoyo aeronaval, en las condiciones que establezca la reglamentación. Esta compensación se financiará con cargo a la partida prevista en el inciso primero de este artículo".
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 113.- Sustitúyese el artículo 83 de la Ley N° 14.106, de 14 de marzo de 1973, en la redacción dada por el artículo 88 de la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011, por el siguiente:
"ARTÍCULO 83.- Asígnase una partida anual de hasta $ 7.362.013 (siete millones trescientos sesenta y dos mil trece pesos uruguayos) en la unidad ejecutora 018 "Comando General de la Armada" y de $ 481.812 (cuatrocientos ochenta y un mil ochocientos doce pesos uruguayos) en la unidad ejecutora 004 'Comando General del Ejército' para otorgar un adicional de $ 195,68 (ciento noventa y cinco pesos uruguayos con sesenta y ocho centésimos) diarios para el Personal Superior y $ 152,91 (ciento cincuenta y dos pesos uruguayos con noventa y un centésimos) diarios para el Personal Subalterno, al personal que se indica a continuación:
1) Personal de las Fuerzas Armadas cumpliendo funciones de Represión de Contrabando en lugares aislados y alejados de centros poblados.
2) Personal del Servicio Geográfico Militar del programa 420 'Información Oficial y Documentos de Interés Público' del Ejército (Estudios Geográficos), por el cumplimiento de misiones de relevamientos cartográficos de la República, por los días pasados en trabajos de campo.
3) Personal de la Armada Nacional del programa 380 'Gestión Ambiental y Ordenación del Territorio', por los días pasados en trabajos de campo o embarcados, realizando levantamientos hidrográficos en las aguas de jurisdicción o interés de la República con el objetivo principal de mantener actualizadas las Cartas y Publicaciones Náuticas del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada y por los días de guardia cumpliendo funciones de seguridad náutica a fin de dar cumplimiento a las obligaciones del país como Estado Ribereño en lo que refiere al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), Capítulo V, Seguridad a la Navegación, Regla 4 (avisos náuticos), Regla 5 (servicios y avisos meteorológicos) y Regla 9 (Servicios Hidrográficos).
4) Personal de la Armada Nacional del programa 380 "Gestión Ambiental y Ordenación del Territorio", por los días pasados en trabajos de campo o embarcados y trabajos de altura en tareas de balizamiento para el Servicio de Iluminación y Balizamiento de la Armada (SERBA) y personal del SERBA que desempeña funciones en faros.
En el caso del personal de la Armada Nacional que desempeñe funciones en los faros aislados del territorio nacional (faros de Isla de Flores e Isla de Lobos) percibirán una compensación especial de $ 2.000 (dos mil pesos uruguayos) por día trabajado. Esta compensación es incompatible con la percepción de la prevista en el inciso anterior.
5) Personal del Servicio de Electrónica de la Armada, del programa 380 'Gestión Ambiental y Ordenación del Territorio', que cumple tareas de instalación y mantenimiento del Sistema de Cadena de Radares, Micro Ondas y Sistemas Comunicaciones, así como apoyo a la navegación.
6) Personal de la Armada Nacional del programa 380 'Gestión Ambiental y Ordenación del Territorio', por los días trabajados en tareas que involucren manipulación de armamento, munición y explosivos para el Servicio de Armamento de la Armada, desempeñando funciones en polvorines, ejercicios de tiro y todo lo que implique disposición final de los mismos, para una mejor gestión ambiental.
La partida asignada para atender esta compensación no podrá superar el monto del crédito asignado al objeto del gasto 042.024 "Adicional 30% desempeño funciones expresamente detalladas" al 1° de enero de 2011. La partida se ajustará en oportunidad y porcentaje igual a lo que se disponga para la Administración Central".

ART. 114.- Dispónese que todos los buques, de bandera nacional o extranjera que de acuerdo con la normativa correspondiente tengan la obligación de contar con un Sistema de Identificación Automática (AIS) deben mantenerlo encendido y transmitiendo a efectos de permitir su identificación mientras navegan o se encuentren fondeados en aguas de la República Oriental del Uruguay.
Se encuentra prohibido tener configurado la señal del AIS con datos identificatorios distintos al del buque en el que se encuentra dicho equipo.
A los efectos del presente artículo, se entiende por aguas de la República Oriental del Uruguay las aguas interiores, mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva.
El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones consagradas en los incisos primero y segundo de este artículo serán sancionadas con multa. El Poder Ejecutivo establecerá los montos de las multas y lo referido a la imposición, aplicación y percepción de las mismas. Lo recaudado será volcado a Rentas Generales.

ART. 115.- Créase en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 300 "Defensa Nacional", unidad ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea", una compensación especial para el personal militar que desempeñe tareas prioritarias o sensibles vinculadas al área financiero contable, gestión de adquisiciones, planificación y ejecución presupuestal, por un monto total anual de $ 478.100 (cuatrocientos setenta y ocho mil cien pesos uruguayos) más aguinaldo y cargas legales.
Reasígnase con destino a financiar la compensación antes dispuesta, en el Inciso, programa y unidad ejecutora referidos, Financiación 1.1. "Rentas Generales", la suma de $ 478.100 (cuatrocientos setenta y ocho mil cien pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 048.042 "Incr. salarial pers. subalt. K combatiente/no Combatiente", al objeto del gasto 042.568 "Comp. especial tareas prioritarias, sensibles área financiera".
El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo.

ART. 116.- Sustitúyese el artículo 66 de la Ley N° 19.670, de 15 de octubre de 2018, por el siguiente:
"ARTÍCULO 66.- Autorízase al Inciso 03 'Ministerio de Defensa Nacional', programa 440 'Atención Integral de la Salud', unidad ejecutora 033 'Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas', a abonar la diferencia de haberes que pudiera generarse en los casos de ascenso, en el subescalafón de los Servicios Generales, cuando el personal perciba una remuneración menor en el grado al que se asciende, la que será considerada una compensación personal y será absorbida en la oportunidad de generar derechos en la percepción de la permanencia en el grado.
La compensación que se crea por este artículo se financiará con cargo al crédito presupuestal previsto en los objetos del gasto 047.500 "Equiparación a Militares" y 042.520 "Compensación especial por cumplir condiciones específicas". En cada oportunidad, el Inciso deberá comunicar a la Contaduría General de la Nación el movimiento presupuestal correspondiente".

ART. 117.- Sustitúyese el artículo 102 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:
"ARTÍCULO 102.- Créase el Fondo de Viviendas para el Personal del Ministerio de Defensa Nacional administrado por el Servicio de Viviendas de las Fuerzas Armadas de la unidad ejecutora 034 'Dirección General de los Servicios' del Inciso 03 'Ministerio de Defensa Nacional', el cual será financiado de la siguiente manera:
A) Enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del Inciso 03 'Ministerio de Defensa Nacional', que el Poder Ejecutivo determine de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020.
B) Los aportes o cualquier otro tipo de financiamiento que provengan de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como todos aquellos aportes o financiamiento que provengan de cooperación interinstitucional nacional o internacional.
C) Donaciones con destino a la construcción, mejora y reparación de viviendas de servicio.
D) El Fondo estará integrado inicialmente con los recursos existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, previstos en el artículo 27 de la Ley N° 13.033, de 7 de diciembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 10 de la Ley N° 13.911, de 23 de noviembre de 1970.
E) Otros recursos con los que cuenta el Ministerio de Defensa Nacional, que el Poder Ejecutivo determine.
F) Recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa Nacional en el Presupuesto Nacional o en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, con dicho destino.
G) Recursos provenientes de las cuotas por concepto de mantenimiento que fije a ser abonadas por los usuarios de viviendas de servicio.
H) Recursos provenientes del interés generado por los préstamos otorgados a los funcionarios en actividad del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional" y a los retirados, jubilados y pensionistas del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, con destino a la compra, construcción, ampliación o reforma de única vivienda propia.
El Fondo de Vivienda para el Personal del Ministerio de Defensa Nacional constituirá fondos de terceros declarados por ley, cuyo destino será el mantenimiento, construcción, ampliación, reforma o reparación de las viviendas de servicio del Ministerio de Defensa Nacional, la construcción de viviendas para los funcionarios en actividad del Inciso 03 'Ministerio de Defensa Nacional', y los retirados, jubilados y pensionistas del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y el otorgamiento de préstamos a tales funcionarios, retirados, jubilados y pensionistas, con destino a la compra, construcción, ampliación y reforma de única vivienda propia.
La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos en el programa 401 'Red de asistencia e integración social', unidad ejecutora 034 "Dirección General de los Servicios", Proyecto 785 'Viviendas para el personal del Ministerio de Defensa Nacional', Financiación 1.8 'Fondo de terceros declarados por ley'".
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 118.- Créanse en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 367 "Política e Infraestructura Aeronáutica", unidad ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", Financiación 1.1 "Rentas Generales", veintiún cargos de Especialista X, Serie Controlador de Tránsito Aéreo, escalafón D, grado 1 y un cargo de Especialista X, Serie Operaciones, escalafón D, grado 1, para dar cumplimiento a los cometidos dispuestos por la Ley N° 19.925, de 18 de diciembre de 2020.
Lo dispuesto en el inciso anterior se financiará con el crédito resultante de la supresión de los siguientes cargos vacantes del programa 367 "Política e Infraestructura Aeronáutica", unidad ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", anteriores al 31 de diciembre de 2019:

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 119.- Créase en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 367 "Política e Infraestructura Aeronáutica", unidad ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", una compensación especial para los Controladores de Tránsito Aéreo pertenecientes a la División de Tránsito Aéreo de la Dirección de Circulación Aérea, por concepto de equiparación salarial de grado, por un monto anual de $ 1.597.795 (un millón quinientos noventa y siete mil setecientos noventa y cinco pesos uruguayos) más aguinaldo y cargas legales.
A efectos de financiar la compensación creada en el inciso anterior, reasígnase en el Inciso, programa y unidad ejecutora antes referidos, Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 1.597.795 (un millón quinientos noventa y siete mil setecientos noventa y cinco pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 042.520 "Compensación especial por cumplir condiciones específicas", al objeto del gasto 042.583 "Comp. Controladores Tránsito Aéreo equiparación salarial".
Dicha compensación estará sujeta a montepío y se ajustará anualmente de acuerdo al índice que determine el Poder Ejecutivo para los incrementos salariales de los funcionarios públicos de la Administración Central.

ART. 120.- Créase en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 367 "Política e Infraestructura Aeronáutica", unidad ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", Financiación 1.1 "Rentas Generales", grupo 0 "Servicios Personales" una compensación especial para los Controladores de Tránsito Aéreo pertenecientes a la División de Tránsito Aéreo de la Dirección de Circulación Aérea, que cumplan efectivamente funciones de Instructor de Entrenamiento en el Trabajo con competencia para la Habilitación de Controladores de Tránsito Aéreo, en el objeto del gasto 042.582 "Comp. Controladores Aéreo c/función Instructor entrenamiento", por un monto anual en el ejercicio 2023 de $ 578.850 (quinientos setenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos uruguayos) más aguinaldo y cargas legales y un monto anual a partir del ejercicio 2024 de $ 2.315.401 (dos millones trescientos quince mil cuatrocientos un pesos uruguayos) más aguinaldo y cargas legales.
Reasígnase, con destino a financiar lo dispuesto en el inciso anterior, en el Inciso, programa y unidad ejecutora y financiación antes mencionados, los créditos presupuestales de acuerdo al siguiente detalle:

La compensación autorizada en el presente artículo se fija en un valor hora de $ 714,63 (setecientos catorce pesos uruguayos con sesenta y tres centésimos), estará sujeta a montepío, se ajustará anualmente de acuerdo al índice que determine el Poder Ejecutivo para los incrementos salariales de los funcionarios públicos, no será tenida en cuenta para el cálculo del valor hora ni para el cálculo de retribuciones que se liquiden en base a porcentajes y será abonada por hora efectiva de instrucción.
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.
El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo.

ART. 121.- Créanse en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 300 "Defensa Nacional", unidad ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea", veinte cargos efectivos de Aerotécnico Tercero/Soldado de Primera, Serie Comando, escalafón K "Personal Militar", grado 15.
La creación de cargos referida en el inciso anterior se financiará con la supresión de las vacantes de los programas 343 "Formación y Capacitación" y 367 "Política e Infraestructura Aeronáutica", unidad ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", según el siguiente detalle:

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 122.- A los efectos de obtener las exoneraciones de tributos aplicables en ocasión de la importación al amparo de la Ley N° 9.977, de 5 de diciembre de 1940, modificativas y concordantes, ante la Dirección General Impositiva o Dirección Nacional de Aduanas, las personas físicas o jurídicas deberán presentar únicamente y en todos los casos un certificado expedido por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica que establezca que el bien o bienes, repuestos y en general todo elemento a adquirir al amparo de la norma legal citada se trata de material destinado a la actividad aeronáutica y que no se produce o no hay producción nacional suficiente a precios razonables y de probada eficiencia en la República Oriental del Uruguay al momento de presentarse la respectiva solicitud.

ART. 123.- Autorízase al Ministerio de Defensa Nacional a propuesta de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, en aquellas situaciones en las que se deba cubrir necesidades del servicio y que sean de evidente utilidad técnica, pueda homologar a un grado militar a los funcionarios civiles que ocupen cargos profesionales de médicos, odontólogos, químicos, nurses y técnicos de la salud en atención directa al paciente, de la unidad ejecutora 033 "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas" del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 440 "Atención Integral de la Salud".
1) Para otorgar las homologaciones, el Ministerio de Defensa Nacional tendrá en cuenta las siguientes condiciones:
A) El grado de la homologación deberá guardar relación con la función y la responsabilidad del funcionario o cargo que se proveerá.
B) Se otorgará acorde a las diferentes jerarquías militares previstas por los artículos 39 y 45 de la Ley N° 19.775, de 26 de julio de 2019, tomando en cuenta la jerarquía máxima existente en los subescalafones correspondientes a su función.
2) Los funcionarios civiles homologados a un grado militar no tendrán estado militar.
3) El personal civil homologado a un grado militar efectuará los aportes correspondientes al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y al Fondo Especial de Tutela Social de las Fuerzas Armadas.
La financiación del régimen de las homologaciones se hará con cargo al crédito del grupo 0 "Servicios Personales", de la unidad ejecutora 033 "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas", por lo cual previa a la designación deberá contar con informe favorable de la Contaduría General de la Nación en cuanto al financiamiento.
Exceptúase al Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", unidad ejecutora 033 "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas", de lo previsto por el artículo 97 de la Ley N° 19.121, de 20 de agosto de 2013, para todas las contrataciones de cargos profesionales de médicos, odontólogos, químicos, nurses y técnicos de la salud.
Lo dispuesto en este artículo tendrá vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición.

ART. 124.- Reasígnase, en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", unidad ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", programas 343 "Formación y Capacitación" y 367 "Política e Infraestructura Aeronáutica", en el objeto del gasto 578.099 "Gastos de promoción y bienestar social", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 24.862.868 (veinticuatro millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos uruguayos) con destino al pago de las compensaciones mensuales por alimentación y locomoción que percibe el personal que cumple funciones en la mencionada unidad ejecutora, desde los siguientes objetos del gasto del programa 367 "Política e Infraestructura Aeronáutica", Financiación 1.1 "Rentas Generales", según el siguiente detalle:

Facúltase al Ministerio de Defensa Nacional a redistribuir la partida asignada entre los programas que correspondan.

ART. 125.- Créase un proyecto de funcionamiento "Gastos DIE" en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 300 "Defensa Nacional", unidad ejecutora 003 "Estado Mayor de la Defensa", fuente de financiamiento 1.1 "Rentas Generales" y asígnase al mismo un crédito presupuestal de $ 400.000 (cuatrocientos mil pesos uruguayos).
Lo dispuesto en el inciso anterior se financiará con la disminución del crédito presupuestal del objeto del gasto 199 "Otros bienes de consumo" del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 300 "Defensa Nacional", unidad ejecutora 003 "Estado Mayor de la Defensa", fuente de financiamiento 1.1 "Rentas Generales".

ART. 126.- Increméntase en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 343 "Formación y Capacitación", unidad ejecutora 018 "Comando General de la Armada", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 051.000 "Dietas", en $ 20.000.000 (veinte millones de pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales, con destino al pago de las retribuciones por dietas docentes a los profesores civiles de la Escuela Naval.
El presente artículo se financiará, de acuerdo al siguiente detalle:
A) Con la supresión de hasta nueve vacantes civiles del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", unidad ejecutora 018 "Comando General de la Armada".
B) El saldo remanente, con reasignaciones de partidas del grupo 0 "Servicios Personales" de la Financiación 1.1 "Rentas Generales" del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", de la unidad ejecutora 018 "Comando General de la Armada" dentro de los cuales se podrán considerar los objetos del gasto 095.005 "Fondo para financiar funciones transitorias y de conducción", 095.002 "Fondos para contratos temporales derecho público y provisoriatos" y 095.008 "Fondos para contrato función pública".
El Inciso comunicará a la Contaduría General de la Nación los créditos presupuestales que se reasignan y las vacantes a suprimir, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos precedentes, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días de promulgada la presente ley.
El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el presente artículo.

ART. 127.- Increméntase en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 440 "Atención Integral de la Salud", unidad ejecutora 033 "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas", Financiación 1.1. "Rentas Generales", la partida establecida en el artículo 103 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, en $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales.
La partida autorizada en este artículo percibirá los incrementos salariales y ajustes que se determinen para los funcionarios públicos de la Administración Central y no serán utilizadas para el cálculo de ninguna otra retribución que se fije en base a porcentajes.

ART. 128.- Increméntase en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 440 "Atención Integral de la Salud", unidad ejecutora 033 "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas", objeto del gasto 283.000 "Servicios médicos, sanitarios y sociales", Financiación 1.1. "Rentas Generales", la partida establecida en el artículo 91 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022, en $ 30.000.000 (treinta millones de pesos uruguayos).

ART. 129.- Asígnase en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 300 "Defensa Nacional", unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría de Estado", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida de $ 423.000.000 (cuatrocientos veintitrés millones de pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales, para otorgar incrementos salariales desde la jerarquía de Soldado de Primera hasta la jerarquía de Teniente Coronel, combatiente y no combatiente, del escalafón K "Personal Militar", y para los civiles equiparados a un grado militar, en los grados y sus equivalentes, de acuerdo al siguiente detalle:

Las partidas autorizadas en este artículo percibirán los incrementos salariales y ajustes que se determinen para los funcionarios públicos de la Administración Central y no serán utilizadas para el cálculo de ninguna otra retribución que se fije en base a porcentajes.
El presente artículo se financiará parcialmente con un monto de $ 224.000.000 (doscientos veinticuatro millones de pesos uruguayos), de acuerdo al siguiente detalle:
A) Con la supresión de hasta ciento veinte vacantes civiles del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", excepto la unidad ejecutora 033 "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas".
B) Con la supresión de ochenta y dos contratos permanentes civiles (naturaleza 1800) de la unidad ejecutora 018 "Comando General de la Armada".
C) Con reasignaciones de partidas del grupo 0 "Servicios Personales", Financiación 1.1 "Rentas Generales", del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", dentro de los cuales se podrán considerar los objetos del gasto 095.005 "Fondo para financiar funciones transitorias y de conducción", 095.002 "Fondos para contratos temporales derecho público y provisoriatos" y 095.008 "Fondos para contrato función pública".
Facúltase al Ministerio de Defensa Nacional a redistribuir la partida asignada entre sus unidades ejecutoras, programas y objetos del gasto que correspondan.
El Inciso comunicará a la Contaduría General de la Nación los créditos presupuestales que se reasignan y las vacantes a suprimir, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos precedentes, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días de promulgada la presente ley.

INCISO 04
MINISTERIO DEL INTERIOR

ART. 130.- Facúltase a la Policía Nacional a requerir a organismos públicos e instituciones privadas la entrega del respaldo de filmaciones de cámaras de seguridad que tengan en sus instalaciones, cuando las filmaciones contribuyan al esclarecimiento de delitos, faltas o hechos con apariencia delictiva.
La entrega del registro fílmico, deberá realizarse a la autoridad requirente en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de efectuada la solicitud.

ART. 131.- Agréganse al artículo 107 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, los siguientes incisos:
"Además, tendrá a su cargo las tareas relacionadas a la detección, investigación, persecución y represión de las conductas y acciones antijurídicas relacionadas a delitos de explotación sexual infantil en línea.
También, realizará la investigación de los delitos informáticos o ciberdelitos, ejecutando las actividades y tareas concernientes a la prevención, detección, investigación, persecución y represión de los delitos computacionales, cibernéticos, electrónicos o vinculados a las tecnologías de la información, considerando los tipos penales previstos en el Código Penal, leyes especiales y normativas vigentes en la materia".

ART. 132.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 17.829, de 18 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 70 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:
"Quedan incluidas dentro de lo previsto en el literal D) anterior las retenciones solicitadas por el Ministerio de Defensa Nacional, derivadas de los préstamos con destino a vivienda otorgados al personal del Inciso en actividad, retirados, pasivos y pensionistas. También quedarán comprendidos en el literal D) los créditos otorgados a funcionarios del Inciso 04 "Ministerio del Interior", del escalafón L "Policial", por el Fondo de Tutela Social Policial o por cualquier forma de financiamiento cuyo destino sea la compra de vivienda. Cuando se trate de retenciones por concepto del servicio de garantía de alquileres provisto por el referido fondo o de las retenciones por el uso y goce de viviendas de propiedad de la unidad ejecutora 004 "Jefatura de Policía de Montevideo", con destino a casa-habitación de sus funcionarios, las mismas quedarán incluidas dentro de lo previsto en el literal A) anterior. Cuando se trate de retenciones por concepto de préstamos de carácter social provistos por el Fondo de Tutela Social Policial, las mismas quedarán incluidas dentro de lo previsto en el literal C)".

ART. 133.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 9° de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, en la redacción dada por el artículo 14 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:
"En los Ministerios de Economía y Finanzas, de Educación y Cultura, de Salud Pública, de Desarrollo Social e Interior, los Directores Generales de Secretaría podrán contar con dos adscriptos".

ART. 134.- Transfórmanse en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", en los programas que se indican, unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", en el escalafón L "Personal Policial", los siguientes cargos:

En

ART. 135.- Reasígnase en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", desde el objeto del gasto 095.005 "Fondo p/ financiar funciones transitorias y de conducción", una partida de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales, al objeto del gasto 042.570 "Compensación especial transitoria, personal desempeñe efectivamente tareas en MI", más aguinaldo y cargas legales, creada por el artículo 182 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020.

ART. 136.- Facúltase al Poder Ejecutivo a designar en el Ministerio del Interior a funcionarios del escalafón L "Personal Policial", en calidad de Encargados, en el desempeño de las funciones inherentes a los siguientes cargos: Director de la Policía Nacional, Subdirector Ejecutivo de la Policía Nacional, Subdirector de la Policía Nacional, Jefe de Policía de Montevideo, Jefes de Policía del Interior, Director de la Escuela Nacional de Policía, Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Director Nacional de Sanidad Policial, Director Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, Director Nacional de Identificación Civil, Director Nacional de Migración, Director Nacional de la Seguridad Rural.
Créase en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida de $ 11.080.272 (once millones ochenta mil doscientos setenta y dos pesos uruguayos) en el objeto del gasto 042.581 "Compensación especial Encargados Esc. Q-MI", más aguinaldo y cargas legales, con destino a abonar una compensación especial al personal del escalafón L "Personal Policial", que se desempeñen como Encargados de las funciones mencionadas en el inciso anterior, encontrándose vacante el correspondiente cargo Q "Particular Confianza". Una vez que dicho cargo sea ocupado, cesará la Encargatura y la compensación especial si la hubiera.
La referida compensación especial solo se podrá abonar a diez Encargados a la vez, como máximo. El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio del Interior, determinará la cuantía de la compensación, que no podrá exceder el 45% (cuarenta y cinco por ciento) de la remuneración nominal del cargo Q de "Particular Confianza" respectivo.

ART. 137.- Créanse en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", los siguientes cargos:

Suprímense en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", en los programas y unidades ejecutoras que se indican, los siguientes cargos técnicos del escalafón L "Personal Policial" y de los escalafones civiles A, B y C:

A los efectos de financiar la creación de cargos prevista, reasígnase desde el programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 199.000 "Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores", la suma de $ 2.992.752 (dos millones novecientos noventa y dos mil setecientos cincuenta y dos pesos uruguayos) para el ejercicio 2023 y la suma de $ 11.971.009 (once millones novecientos setenta y un mil nueve pesos uruguayos) a partir del ejercicio 2024.
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 138.- Facúltase al Inciso 04 "Ministerio del Interior", a transformar en el programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", un cargo de Cabo (PA) Escalafón L "Personal Policial", en el cargo que a continuación se detalla:

En:

La erogación resultante de la transformación se financiará con cargo a los créditos presupuestales del programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 095.005 "Fondo p/ financiar funciones transitorias y de conducción".
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 139.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley N° 19.315, de 18 de febrero de 2015, en la redacción dada por el artículo 58 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:
"ARTÍCULO 24. (Unidades dependientes de la Dirección de la Policía Nacional).- De la Dirección de la Policía Nacional dependerán las siguientes unidades policiales:
A) Jefaturas de Policía Departamentales.
B) Dirección Nacional de la Guardia Republicana.
C) Dirección Nacional de Bomberos.
D) Dirección Nacional de la Educación Policial.
E) Dirección Nacional de Policía Científica.
F) Dirección Nacional de Policía Caminera.
G) Dirección Nacional de la Seguridad Rural.
H) Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional.
I) Dirección General del Centro Comando Unificado.
J) Dirección General de Fiscalización de Empresas cuyo objeto sea la seguridad privada.
K) Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional".
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 140.- Increméntase en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 460 "Prevención y Represión del Delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", la partida prevista en el artículo 89 de la Ley N° 18.996, de 7 de noviembre de 2012, en la redacción dada por el artículo 184 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, en $ 513.706 (quinientos trece mil setecientos seis pesos uruguayos) anuales, incluido aguinaldo y cargas legales.
La erogación resultante se financiará con cargo a los créditos presupuestales del grupo 0 "Retribuciones Personales", objeto del gasto 092.000 "Partidas Globales a Distribuir", de la misma unidad ejecutora.

ART. 141.- Reasígnase en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos) desde el objeto del gasto 092.000 "Partidas Globales a Distribuir", incluido aguinaldo y cargas legales, al objeto del gasto 052.001 "Por trabajo en horas nocturnas", más aguinaldo y cargas legales, con destino a la remuneración del personal civil que realiza tareas en horas nocturnas.

ART. 142.- Sustitúyese el inciso cuarto del artículo 57 de la Ley N° 19.535, de 25 de setiembre de 2017, por el siguiente:
"El Ministerio del Interior retendrá el 85% (ochenta y cinco por ciento) del producido de la venta destinándose a inversiones; el 15% (quince por ciento) restante se volcará a Rentas Generales".

ART. 143.- Agréganse los siguientes cargos al artículo 148 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 124 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022, en los literales que a continuación se detallan:
B) Director o Encargado de la Dirección de Apoyo Tecnológico.
C) Encargado de la Dirección Nacional de Políticas de Género.
D) Director o Encargado de la División Sistemas de Información.
F) Subdirector o Encargado de la Subdirección de la Dirección Nacional de Políticas de Género.
G) Subdirector o Encargado de la Unidad de Cibercrimen, Segundos Jefes de las Zonas Operacionales de la Jefatura de Policía de Montevideo, Director General o Encargado de Análisis y Violencia en el Deporte, Ayudantes del Comando de la Dirección de la Policía Nacional, Jefe de la Asesoría Legal de la Dirección de la Policía Nacional, Jefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, Director o Encargado de Criminalística de la Dirección Nacional de Policía Científica, Director o Encargado de Identificación Criminal de la Dirección Nacional de Policía Científica, Jefes o Encargados de Regiones (I, II y III) del Comando de Bomberos del Área Metropolitana de la Dirección Nacional de Bomberos.
Suprímense los siguientes cargos en la norma referida en el inciso anterior, en los literales que a continuación se detallan:
D) Encargado de Dirección de la Dirección Nacional de Políticas de Género.
G) Encargado de la Subdirección de la Dirección Nacional de Políticas de Género.
A efectos de financiar lo dispuesto en los incisos precedentes, reasígnase en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", una partida de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 095.005 "Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción" y una partida de $ 2.234.498 (dos millones doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 092.000 "Partidas globales a distribuir", incluidos aguinaldo y cargas legales en ambas partidas, al objeto del gasto 042.550 "Compensación especial personal Superior", más aguinaldo y cargas legales.

ART. 144.- Transfórmanse en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", en los programas y unidades ejecutoras que a continuación se detallan, los siguientes cargos del escalafón L "Personal Policial":

En:

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 145.- Facúltase al Ministro del Interior a que, mediante resolución fundada, otorgue al personal que presta servicios en la unidad ejecutora 004 "Jefatura de Policía de Montevideo", el uso y goce de las viviendas que son propiedad de la referida unidad ejecutora con destino a casa-habitación.
Dispónese en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", unidad ejecutora 004 "Jefatura de Policía de Montevideo", que los ingresos provenientes de la actividad referida en el inciso anterior constituyen "Fondos de Terceros Declarados por Ley", cuyo destino será el mantenimiento, construcción, ampliación, reforma, reparación y otras tareas análogas para conservar los bienes inmuebles propiedad de la citada jefatura.
Facúltase a la Jefatura de Policía de Montevideo a retener de la retribución salarial, en forma mensual, el importe fijado por esta, por concepto de uso y goce de la vivienda policial adjudicada.

ART. 146.- Agrégase al artículo 131 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, el siguiente inciso:
"Ante situaciones excepcionales declaradas por el Sistema Nacional de Emergencias autorízase a incrementar la contratación de hasta cien ciudadanos adicionales a los indicados en el inciso anterior y por hasta el plazo de duración de la emergencia declarada que requiera la intervención de la Dirección Nacional de Bomberos. La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales a tales efectos".
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 147.- Créanse en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", unidad ejecutora 024 "Dirección Nacional de Bomberos", cuatro cargos de Bombero, escalafón L "Personal Policial", subescalafón Administrativo, grado 1.
Suprímense en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", unidad ejecutora 024 "Dirección Nacional de Bomberos", los siguientes cargos:

ART. 148.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 15.896, de 15 de setiembre de 1987, con la modificación introducida por el artículo 36 de la Ley N° 19.438, de 14 de octubre de 2016, por el siguiente:
"ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo dictará los reglamentos de policía de fuego, estableciendo las medidas y dispositivos de prevención de carácter permanente o circunstancial y los casos de su aplicación, así como las multas que correspondan por la contravención a sus disposiciones, las que se graduarán de acuerdo a su gravedad, entre un mínimo equivalente a 10 UR (diez unidades reajustables) y un máximo equivalente a 200 UR (doscientas unidades reajustables).
Los responsables técnicos habilitados para la presentación de proyectos en materia de protección y prevención contra incendios, podrán ser sancionados por las infracciones que cometan a la normativa vigente, de acuerdo al siguiente régimen:
- Primera observación: amonestación escrita.
- Segunda observación: suspensión por el plazo de noventa días corridos para actuar ante la Dirección Nacional de Bomberos.
- Tercera observación: suspensión por el plazo de ciento cincuenta días corridos para actuar ante la Dirección Nacional de Bomberos.
- Cuarta observación: suspensión por el plazo de doscientos cincuenta días corridos para actuar ante la Dirección Nacional de Bomberos.
- Quinta observación: suspensión por el plazo de hasta diez años como Técnico Registrado ante la Dirección Nacional de Bomberos, previa evaluación del Comité Técnico de Seguimiento.
Sin perjuicio del régimen progresivo establecido en este artículo, de existir razones fundadas, se podrán aplicar sanciones en función de la gravedad de la infracción sin respetar estrictamente la graduación establecida.
Las sanciones se aplicarán, en todos los procedimientos, previa vista al Técnico responsable. Las mismas se deberán anotar en el Registro de Técnicos que lleva la Dirección Nacional de Bomberos.
Las sanciones de suspensión producirán efectos desde el día siguiente a la notificación. El Técnico que es suspendido, no podrá presentar ningún trámite ante la Dirección Nacional de Bomberos, por el término de la suspensión y deberá retirar su patrocinio en todas las gestiones que tenga ante la Dirección Nacional de Bomberos en un plazo de veinte días. De no sustituirse al Técnico para la prosecución del trámite, este quedará paralizado".

ART. 149.- Créanse en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 460 "Prevención y represión del delito", en las unidades ejecutoras que se indican, los cargos en el escalafón L "Personal Policial" que se detallan a continuación:

A efectos de financiar parcialmente los cargos creados por el inciso precedente, suprímense en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 343 "Formación y capacitación", unidad ejecutora 029 "Dirección Nacional de Educación Policial", veinticinco cargos de Cabo, escalafón L "Personal Policial", subescalafón "Ejecutivo", grado 2.

ART. 150.- Agrégase al artículo 31 de la Ley N° 19.315, de 18 de febrero de 2015, el siguiente inciso:
"Dependerá directamente del Ministro del Interior, debiendo coordinar su accionar operativo con la Dirección de la Policía Nacional".

ART. 151.- Sustitúyese en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", unidad ejecutora 026 "Instituto Nacional de Rehabilitación", la denominación de la "Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida" por "Dirección Nacional de Medidas Alternativas" y la denominación del cargo de "Director Nacional de Supervisión de Libertad Asistida" por el de "Director Nacional de Medidas Alternativas", ambos creados por el artículo 136 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022.

ART. 152.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 93 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:
"Los saldos indisponibles deberán ser depositados por la autoridad administrativa en unidades indexadas, en la banca pública".
La presente disposición entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

ART. 153.- Agrégase al artículo 5° del Decreto-Ley N° 14.470, de 2 de diciembre de 1975, el siguiente inciso: "Conforme a lo señalado en el inciso precedente, corresponderá exclusivamente al Instituto Nacional de Rehabilitación:
1) Ordenar, determinar y disponer la unidad de internación, alojamiento y reclusión de las personas privadas de libertad.
2) Ordenar el traslado, derivación, realojo o reintegro de las personas privadas de libertad, dentro de las diferentes unidades del referido instituto".
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 154.- Agrégase al artículo 32 de la Ley N° 19.315, de 18 de febrero de 2015, el siguiente inciso:
"Dependerá directamente del Ministro del Interior, debiendo coordinar su accionar operativo con la Dirección de la Policía Nacional".

ART. 155.- Sustitúyese el artículo 46 de la Ley N° 18.250, de 6 de enero de 2008, por el siguiente:
"ARTÍCULO 46.- Son causales de denegatoria de la residencia de las personas:
1) Haber sido formalizadas o condenadas por delitos comunes de carácter doloso cometidos en el país o fuera de él que merezcan, según las leyes del país donde se cometió la conducta delictiva, la aplicación de penas privativas de libertad mayores de los dos años.
2) Registrar una conducta reiterante en la comisión de delitos.
En caso de que la constancia o certificado de antecedentes penales presentados por el interesado no cuente con información completa y que dicho documento no luzca la condena impuesta, se tomará como medida supletoria la pena que al delito corresponda aplicar según las leyes de la República Oriental del Uruguay.
Para que dichas personas puedan gestionar su residencia deberá haber transcurrido un término de cinco años sin haber cometido nuevo delito computado desde el cumplimiento efectivo de la condena. A tales efectos deberá descontarse, para la determinación del plazo, los días que el agente permaneciese privado de su libertad a raíz de la detención preventiva o por el cumplimiento de la pena".

ART. 156.- Sustitúyese el literal c) del artículo 14 del Decreto-Ley N° 14.762, de 13 de febrero de 1978, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:
"c)Desde los sesenta y ocho años de edad en adelante, permanente. En el caso de los residentes legales, para estar comprendidos en esta situación, deberán acreditar no haberse ausentado del país por un plazo superior a tres años en forma ininterrumpida".

ART. 157.- Agréganse al artículo 65 de la Ley N° 18.250, de 6 de enero de 2008, los siguientes incisos:
"Transcurrido el plazo de diez años desde el depósito de la caución, manteniéndose desconocido el paradero del tripulante desertor, la Dirección Nacional de Migración devolverá dicha caución a la empresa o agencia a instancia de esta. La devolución de la caución no exonera de responsabilidad a la empresa o agencia, la que continuará obligada a hacer efectiva la medida de reconducción al país de procedencia del buque o de nacionalidad en caso de que el desertor sea ubicado.
Transcurrido el plazo antes indicado, de constatarse en forma fehaciente que la empresa o agencia se encuentre disuelta, sin actividad o no sea posible ubicar a sus representantes, la Dirección Nacional de Migración podrá disponer de dichos valores, los que constituirán Financiación 1.2 'Recursos con Afectación Especial', con destino a gastos de funcionamiento de la misma. En tal caso, la referida unidad ejecutora será responsable de la reconducción del tripulante al destino que corresponda si se toma conocimiento de su paradero dentro del territorio nacional".

ART. 158.- Sustitúyese el literal C) del artículo 45 de la Ley N° 18.250, de 6 de enero de 2008, por el siguiente:
"C)Haber sido objeto de medidas de expulsión o de prohibición de reingreso al país y que la medida no haya sido revocada.
Sin perjuicio de lo indicado, cuando se trate de una expulsión administrativa que no comprenda las conductas mencionadas en los literales B) y D) de este artículo, podrá el extranjero expulsado ingresar nuevamente a Uruguay transcurridos tres años posteriores a la medida de expulsión".

ART. 159.- Sustitúyese el artículo 52 de la Ley N° 18.250, de 6 de enero de 2008, por el siguiente:
"ARTÍCULO 52.- La Dirección Nacional de Migración, en los casos previstos en los literales A), B) y C) del artículo 51 de la presente ley, atendiendo a las circunstancias del caso -parentesco con nacional, condiciones personales y sociales del migrante- deberá intimarlo previamente a regularizar su situación en el país en un plazo perentorio de sesenta días corridos bajo apercibimiento de resolverse su expulsión".

ART. 160.- Dispónese que la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior tiene atribuciones para solicitar al Registro Nacional de Antecedentes Judiciales del Instituto Técnico Forense los antecedentes judiciales del indagado o imputado, según corresponda.
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 161.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 8° de la Ley N° 19.684, de 26 de octubre de 2018, por el siguiente:
"La Dirección General del Registro de Estado Civil debe remitir testimonio de las partidas rectificadas al gobierno departamental respectivo, a la Dirección Nacional de Identificación Civil y a la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior, al Registro Cívico Nacional de la Corte Electoral y a la Dirección General de Registros a fin de que se efectúen las correspondientes modificaciones, inscripciones o anotaciones en los documentos pertinentes. En todos los casos, se conservarán los mismos números de documento de identidad, pasaporte y credencial cívica".

ART. 162.- Sustitúyese el artículo 155 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:
"ARTÍCULO 155.- Incorpórase al personal médico y paramédico del Inciso 04 'Ministerio del Interior', programas 440 'Atención integral de la salud' y 461 'Gestión de la privación de libertad', al régimen de acumulación de cargos establecido en el artículo 107 del Decreto-Ley N° 14.985, de 28 de diciembre de 1979.
Los funcionarios médicos y paramédicos, presupuestados y contratados, que presten funciones como tales en los programas antes referidos, a los únicos efectos de la acumulación de cargos públicos, contabilizarán la carga horaria efectiva de trabajo.
La acumulación de cargos tendrá los siguientes límites:
1) La realización de hasta un máximo de setenta y dos horas semanales de trabajo efectivo, incluyendo dentro de las mismas las horas presenciales, de guardia o retén no presencial.
2) Un máximo diario de doce horas de trabajo efectivo, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
A los efectos de la aplicación de este régimen, se entiende por personal médico a los profesionales médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos con título habilitante acorde a la normativa vigente y como personal paramédico a todas aquellas funciones relativas al desempeño de profesiones y servicios técnicos vinculados en forma directa a la atención y tratamiento de la salud humana que no se encuentren comprendidos en la categoría de personal médico".

ART. 163.- Transfórmanse, en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 440 "Atención Integral de la Salud", unidad ejecutora 030 "Dirección Nacional de Sanidad Policial", escalafón L "Personal Policial", los siguientes cargos:

En:

A efectos de financiar las transformaciones, suprímense en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 440 "Atención Integral de la Salud", unidad ejecutora 030 "Dirección Nacional de Sanidad Policial", escalafón L, un cargo de Agente (PE) (CP) Ayudante de Odontología y un cargo de Agente (PE)(CP) Ayudante de Informática.
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 164.- Agrégase a la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, el siguiente artículo:
"ARTÍCULO 52 Bis. (Decomiso ampliado).- En los casos de condena por los delitos previstos en los artículos 30 a 35 o por las actividades delictivas precedentes establecidas en el artículo 34 de la presente ley, el tribunal penal competente ordenará siempre el decomiso de los bienes, productos, instrumentos, fondos, activos, recursos o demás medios económicos de los que el condenado no pueda justificar su procedencia lícita.
Asimismo, también se ordenará el decomiso de aquellos bienes, productos, instrumentos, fondos, activos, recursos o demás medios económicos que se encuentren en poder del condenado, aunque la titularidad recaiga sobre otra persona física o jurídica que le preste su nombre.
En todos aquellos casos, en que el condenado no pueda justificar el origen lícito de los bienes, productos, instrumentos, fondos, activos, recursos o demás medios económicos, se presumirá que los mismos son producto de ganancias o reutilización de actividades ilícitas.
Desde la indagatoria preliminar, el tribunal penal competente podrá a solicitud del Ministerio Público, además de las previstas en el artículo 222 del Código de Proceso Penal, disponer las medidas cautelares que correspondan para asegurar el patrimonio del imputado a efectos de efectivizar el decomiso ampliado al momento de la condena".

ART. 165.- Sustitúyese el artículo 310 del Código Penal, aprobado por la Ley N° 9.155, de 4 de diciembre de 1933, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 19.645, de 27 de julio de 2018, por el siguiente:
"ARTÍCULO 310. (Homicidio).- El que, con intención de matar, diere muerte a alguna persona será castigado con una pena de cuatro a dieciocho años de penitenciaría.
Cuando se compute la circunstancia atenuante prevista en el numeral 1) del artículo 46, la pena mínima será de dos años de penitenciaría".

ART. 166.- Agrégase al artículo 312 del Código Penal, aprobado por la Ley N° 9.155, de 4 de diciembre de 1933, en la redacción dada por el artículo 2° de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, el siguiente numeral:
"10. Con o seguido por el vilipendio, la mutilación, el desmembramiento o la incineración del cuerpo de la víctima".

ART. 167.- Sustitúyese el artículo 536 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, por el siguiente:
"ARTÍCULO 536.- El Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, dependiente del Instituto Técnico Forense, solo comunicará los datos individualizados que obren en sus registros a los tribunales y juzgados del Poder Judicial y a la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior cuando así lo soliciten formalmente para dar cumplimiento a sus respectivos cometidos. Fuera de dichas autoridades y de la persona de cuyos propios datos se trate, nadie tendrá derecho a acceder a estos ni a solicitar copia alguna".
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 168.- Sustitúyese el artículo 539 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, por el siguiente:
"ARTÍCULO 539.- Asimismo, deberán comunicarse las sentencias de condena y fecha de ejecutoriada de la misma, cambios de jurisdicción, forma en que fue cumplida la pena, libertad anticipada y condicional, así como su extinción o cumplimiento, toda otra forma de terminación de la causa, como la gracia, el fallecimiento, la prescripción, amnistía o clausura dispuestas por leyes especiales, y en general toda la información que indican las planillas de antecedentes.
Lo referido en el presente artículo también deberá ser comunicado a la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior".
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 169.- Sustitúyese el numeral 208.4 del artículo 208 del Código del Proceso Penal, aprobado por la Ley N° 19.293, de 19 de diciembre de 2014, por el siguiente:
"ARTÍCULO 208.4.- La resolución judicial que disponga la interceptación deberá indicar el nombre del afectado por la medida y de ser posible, la línea telefónica u otro medio de comunicación a intervenir, grabar o registrar. También indicará la forma, alcance, la autoridad o funcionario que se encargará de la diligencia y la duración de la medida, cuyo plazo podrá ser extendido de seis meses hasta los dos años para el caso de investigaciones complejas o que involucren a organizaciones criminales".

ART. 170.- Sustitúyese el artículo 304 de la Ley N° 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente:
"ARTÍCULO 304 (Aplazamiento o sustitución excepcional del cumplimiento de la pena privativa de libertad).
304.1 Si mediaren las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 228 de este Código, podrá sustituirse o aplazarse el ingreso o reintegro del penado a la cárcel. Será competente para dictar resolución el juez de la causa.
En los casos en que se resuelva aplazar o sustituir la pena privativa de libertad el juez competente impondrá al condenado una o varias de las condiciones o medidas limitativas de la libertad ambulatoria previstas en los artículos 221 o 295 BIS de este Código
La sustitución, cuando se trate de delitos dolosos o ultraintencionales de acuerdo con el régimen previsto en el artículo 18 del Código Penal, solo podrá ser dispuesta cuando la pena impuesta no supere los veinticuatro meses de prisión.
304.2 Si las circunstancias excepcionales a que refiere el artículo 228 de este Código se produjeren durante el proceso de ejecución, conocerá el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia. El petitorio será formulado ante el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, por el defensor o por el propio penado y se tramitará por vía incidental.
Lo dispuesto en este artículo no procede en casos de reincidencia, reiteración o habitualidad".

ART. 171.- Para las enajenaciones establecidas en el artículo 199 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, se prescindirá de la obtención del certificado especial previsto por el artículo 664 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

ART. 172.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 82 de la Ley N° 19.670, de 15 de octubre de 2018, por el siguiente:
"ARTÍCULO 82.- Cualquier medida de utilización de dispositivo electrónico, podrá contar previamente con un informe técnico favorable respecto a su efectividad y viabilidad. En todos los casos, se deberá recabar el consentimiento expreso de la víctima para ser usuaria del programa de monitoreo electrónico. Será competencia del Juez competente adoptar las medidas de conexión acordes a la sana crítica y la valoración de los hechos".

ART. 173.- Agrégase al Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, el siguiente artículo:
"ARTÍCULO 37 BIS.- Cuando el delito tentado se cometiere en las inmediaciones o en el interior de las cárceles, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5) del artículo 36, el Juez podrá aplicar las disposiciones generales previstas en el artículo 87 de la Ley N° 9.155, de 4 de diciembre de 1933 (Código Penal), atendiendo a las circunstancias del caso y la gravedad del hecho cometido. En caso contrario, podrá mantener el régimen previsto en el artículo anterior.
En estos casos, el Juez al momento de dictar la sentencia de condena, impondrá juntamente con la pena que corresponda, la inhabilitación por un plazo máximo de cinco años, para el ingreso a establecimientos carcelarios y de privación de libertad de adolescentes infractores".

ART. 174.- Sustitúyese el artículo 228 de la Ley N° 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente:
"ARTÍCULO 228. (Elementos de especial relevancia).
228.1. Para decidir acerca de la imposición o en su caso la sustitución o la cesación de la prisión preventiva, el juez le asignará especial relevancia a los siguientes elementos de juicio:
a) necesidad de atender circunstancias familiares o especiales del imputado que hicieran evidentemente perjudicial su internación inmediata en prisión;
b) imputadas en estado de gravidez a partir del quinto mes de embarazo o madres que estén amamantando durante el primer año de lactancia;
c) imputados afectados por una enfermedad que acarree grave riesgo para su vida o salud, extremo que deberá ser acreditado por el informe pericial correspondiente;
d) imputados mayores de setenta años cuando ello no involucre riesgos considerando las circunstancias del delito cometido.
228.2. El juez ordenará la internación provisional del imputado en un establecimiento asistencial adecuado cuando se acredite por informe pericial que sufre una grave alteración de sus facultades mentales que acarree grave riesgo para su vida o salud.
228.3. En los supuestos previstos en los literales b) y c), previo a decidir, el Juez deberá solicitar siempre la historia clínica al prestador de salud".

ART. 175.- Sustitúyese el artículo 305 de la Ley N° 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente:
"ARTÍCULO 305. (Enfermedad del condenado).-
305.1 Si durante la ejecución de la pena privativa de libertad el condenado sufriera alguna enfermedad psíquica o física, la dirección del establecimiento deberá comunicarlo al Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, quien previo los peritajes necesarios, podrá disponer su internación en establecimiento adecuado. En todos los casos y previo a decidir, el Juez deberá, de oficio, solicitar siempre la historia clínica al prestador de salud.
305.2 En caso de urgencia, la administración queda facultada para disponer el traslado del recluso enfermo dando cuenta de inmediato al juez, con los justificativos de la medida adoptada.
305.3 El tiempo de privación de libertad sufrida en internación hospitalaria será computado como cumplimiento efectivo de la pena".

ART. 176.- Exceptúase al Ministerio del Interior de lo establecido en el inciso cuarto del artículo 32 de la Ley N° 15.851, de 24 de diciembre de 1986, pudiendo el titular de ese Ministerio tener hasta catorce funcionarios en comisión en total, en forma simultánea.

ART. 177.- Sustitúyese el numeral 8) del inciso segundo del artículo 414 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley N° 19.247, de 15 de agosto de 2014, por el siguiente:
"8) Los delitos de tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados".

ART. 178.- Sustitúyese el literal D) del artículo 4° del Título 11 del Texto Ordenado 1996, en la redacción dada por el artículo 325 de la Ley N° 18.996, de 7 de noviembre de 2012, por el siguiente:
"D) Automóviles con cilindrada superior a los dos mil centímetros cúbicos adquiridos o importados para ser arrendados por las empresas cuya actividad consiste en el arrendamiento de automóviles sin chofer, que estén autorizadas por el Ministerio de Turismo. Quedan comprendidos en el presente literal los vehículos adquiridos o importados para ser arrendados sin chofer al Ministerio del Interior por las referidas empresas, destinados al patrullaje policial".

ART. 179.- Las sanciones a aplicar al personal de la escala básica de la Policía Nacional ante una falta leve, no podrán significar en ningún caso descuento de sus haberes.

ART. 180.- Asígnase una partida anual de $ 300.000 (trescientos mil pesos uruguayos) para el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 401 "Red de asistencia e integración social", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Financiación 1.1 "Rentas Generales", Proyecto 000 "Funcionamiento'', objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", con destino a la contratación de servicios de interpretación virtual en lengua de señas para las comisarías.

ART. 181.- Asígnase una partida anual de $ 8.000.000 (ocho millones de pesos uruguayos) para el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 461 "Gestión de la privación de libertad", unidad ejecutora 026 "Instituto Nacional de Rehabilitación", Financiación 1.1 "Rentas Generales", Proyecto 000 "Funcionamiento", Objeto del Gasto 299.005 "Trabajo de reclusos remunerado", para la promoción del trabajo de personas privadas de libertad.

ART. 182.- Asígnase una partida anual de $ 32.000.000 (treinta y dos millones de pesos uruguayos) para el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Financiación 1.2 "Recursos con afectación especial", objeto del gasto 234.000 "Viáticos dentro del país", para funcionarios del Inciso.

ART. 183.- Asígnase una partida anual de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos uruguayos) para el Inciso 04 "Ministerio del Interior'', programa 461 "Gestión de la privación de libertad", unidad ejecutora 026 "Instituto Nacional de Rehabilitación", Financiación 1.1 "Rentas Generales", Proyecto 000 "Funcionamiento", objeto del gasto 111.000 "Alimentos para personas", para la mejora del servicio de alimentación, con destino prioritario para la Unidad N° 4 "Santiago Vázquez" y la Unidad N° 7 "Canelones".

ART. 184.- Agrégase al artículo 66 de la Ley N° 19.315, de 18 de febrero de 2015, el siguiente inciso:
"El ascenso al grado de Comisario General y Comandante General, deberá contar con venia de la Cámara de Senadores, o de la Comisión Permanente cuando corresponda".

INCISO 05
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ART. 185.- Sustitúyese el literal I) del artículo 31 de la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000, en la redacción dada por el artículo 145 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, por el siguiente:
"I)Las cláusulas que establezcan plazos límite previos a la renovación automática del contrato para que el consumidor manifieste su voluntad de no renovar. El consumidor podrá, dentro de los sesenta días corridos contados desde la fecha en que se produjo la renovación automática, rescindir o resolver el contrato, incluidos los contratos que impliquen el pago de una cuota social o afiliación, independientemente de su situación, teniendo el proveedor un máximo de quince días corridos para procesar la baja".

ART. 186.- Agrégase al artículo 42 de la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000, el siguiente literal:
"I)Dictar instrucciones particulares a los proveedores, tendientes a promover la protección al consumidor y evitar futuros conflictos de consumo. El caso de incumplimiento será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 47 de la presente ley".

ART. 187.- Sustitúyese el artículo 50 de la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000, por el siguiente:
"ARTÍCULO 50.- Para la imposición de las sanciones establecidas en la presente ley, se seguirá el siguiente procedimiento: comprobada la infracción por los funcionarios del servicio inspectivo, se labrará acta circunstanciada en forma detallada. En caso de que la comprobación sea en la tienda física, el acta será leída a la persona que se encuentre a cargo del establecimiento, quien la firmará y recibirá copia textual de la misma.
Tanto para las comprobaciones en tiendas físicas como en plataformas electrónicas, el infractor dispondrá de un plazo de diez días hábiles para efectuar sus descargos por escrito y ofrecer prueba, la que se diligenciará en un plazo de quince días, prorrogables cuando haya causa justificada. Vencido el plazo de diez días hábiles sin efectuar descargos o diligenciada la prueba en su caso, se dictará resolución".

ART. 188.- Sustitúyese el artículo 228 de la Ley N° 15.851, de 24 de diciembre de 1986, por el siguiente:
"ARTÍCULO 228.- Derógase el artículo 677 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, y restablécese la prohibición a toda persona física o jurídica que desarrolle actividades de carácter civil, comercial o industrial, de otorgar premios en efectivo o en especie a los consumidores de sus productos, cualquiera que sea el procedimiento empleado para ello.
Las infracciones a las prohibiciones serán sancionadas con multas de entre 10 UR (diez unidades reajustables) y 1.000 UR (mil unidades reajustables), las que se graduarán teniendo en cuenta los antecedentes registrados, la posición en el mercado del infractor y la gravedad del incumplimiento.
El producido de lo recaudado por las multas se destinará a Rentas Generales".

ART. 189.- Sustitúyese el inciso final del artículo 162 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 131 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:
"El Poder Ejecutivo reglamentará las facultades de la Unidad Defensa del Consumidor en el cumplimiento de ese cometido".

ART. 190.- Facúltase a la Unidad Defensa del Consumidor del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", a solicitar los resultados de las evaluaciones de conformidad, análisis y ensayos a productos de fabricación nacional o importados a la Dirección Nacional de Industrias del Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", para la publicación en su sitio web institucional, como así también difundirlo a los miembros de la Red de Consumo Seguro y Salud de la Organización de Estados Americanos, en la plataforma del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas de la misma organización y a los Estados Partes y Asociados del Mercosur.

ART. 191.- Sustitúyese el artículo 29 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:
"ARTÍCULO 29.- En todo lo no previsto en esta ley o en su decreto reglamentario, serán de aplicación las disposiciones del Decreto N° 500/991, de 27 de setiembre de 1991, modificativas y concordantes".

ART. 192.- Sustitúyese el artículo 7° de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, en la redacción dada por el artículo 3° de la Ley N° 19.833, de 20 de setiembre de 2019, por el siguiente:
"ARTÍCULO 7°. (Solicitud de autorización de concentraciones).- Todo acto de concentración económica quedará condicionado a la autorización del órgano de aplicación cuando, en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables, se configuren acumulativamente los siguientes extremos:
1) Que la facturación anual libre de impuestos en el territorio uruguayo del conjunto de los participantes en la operación, sea igual o superior a 500.000.000 UI (quinientos millones de unidades indexadas).
2) Que la facturación anual libre de impuestos en el territorio uruguayo de dos o más participantes en la operación, considerados individualmente, sea igual o superior a 30.000.000 UI (treinta millones de unidades indexadas).
Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, cuando la facturación anual libre de impuestos en el territorio uruguayo del conjunto de los participantes en la operación, en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables, sea igual o superior a 500.000.000 UI (quinientos millones de unidades indexadas) pero no se alcancen los umbrales individuales previstos en el numeral 2) en dicho ejercicio, los participantes del acto de concentración económica deberán informarlo al órgano de aplicación, quien podrá determinar, por resolución fundada dentro de los quince días hábiles siguientes a recibir la información, que el mismo quede sujeto a la solicitud de autorización prevista en la presente disposición.
Las solicitudes de autorización de concentraciones económicas deberán presentarse en forma previa al perfeccionamiento del acto o de la toma de control, lo que acaeciere primero.
A los efectos de la presente ley, se considerará concentración económica todo hecho, acto o convención que genere una transferencia o un cambio en el control de la totalidad o parte de uno o más participantes o unidades económicas, así como la creación o adquisición del control conjunto sobre una o varias entidades. A título enunciativo, comprende los llevados a cabo a través de: fusión de sociedades, adquisición de participaciones sociales, adquisición de establecimientos comerciales, industriales o civiles, adquisición total o parcial de activos empresariales. El término control se entenderá como la posibilidad de influir continua y decisivamente, de manera directa o indirecta, sobre la estrategia y el comportamiento competitivo de una o varias entidades.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición a propuesta del órgano de aplicación, debiendo determinar los criterios para la cuantificación de los umbrales indicados en el inciso primero, así como los requisitos y condiciones que deberán cumplirse para informar o solicitar la autorización de concentración ante el órgano de aplicación".

ART. 193.- Establécese que los cargos de la unidad ejecutora 002 "Contaduría General de la Nación", del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" que se detallan a continuación, modificarán al vacar su denominación, según el siguiente detalle:

El presente artículo entrará en vigencia a la fecha de promulgación de la presente ley.

ART. 194.- Créase en la unidad ejecutora 002 "Contaduría General de la Nación" del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" como "Incentivo", de acuerdo a lo que dispone el artículo 51 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, una compensación por compromisos de gestión.
El mismo se abonará al personal que desempeñe efectivamente tareas en la unidad ejecutora, condicionado al cumplimiento de metas anuales de desempeño, con las limitaciones que se establezcan en la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. No podrán percibirlo quienes se encuentren prestando funciones en comisión en otros organismos.
Lo dispuesto en el inciso primero se financiará con cargo a créditos presupuestales del grupo 0 "Servicios Personales" de la citada unidad ejecutora, pudiendo a tales efectos reasignar créditos de los objetos del gasto 092.004 "Partida global para reformulación de estructuras", 095.005 "Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción", 095.008 "Fondo para Contrato función pública" y 099.000 "Otras retribuciones".

ART. 195.- Sustitúyese el numeral 4) del artículo 48 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 238 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:
"4)Promover un sistema de información de auditoría interna gubernamental. A tales efectos, las unidades de auditoría interna o quienes ejerzan dicha función en los órganos de la Administración Central, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, cualquiera sea su grado de autonomía o descentralización, como así también las personas públicas no estatales, presentarán a la Auditoría Interna de la Nación:
A) Toda la información relativa a gobierno corporativo dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio.
B) La información relativa a control interno dentro del segundo semestre del año civil.
C) Lo relativo a las actuaciones realizadas por dichas unidades dentro de los diez días hábiles inmediatos a la culminación de los procesos.
D) Toda la información relacionada al funcionamiento de las unidades de auditoría interna para el año civil corriente dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio.
La Auditoría Interna de la Nación queda facultada para determinar el alcance, el contenido, los requisitos a cumplir y las sanciones que puedan corresponder.
Los jerarcas de los respectivos organismos son directa y personalmente responsables por la omisión o el incumplimiento de la obligación de informar, así como por el contenido de la información presentada.
Para el caso de los entes autónomos y los servicios descentralizados, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el presente numeral, deberán comunicar la información, dentro de los plazos establecidos precedentemente, conjuntamente al Poder Ejecutivo, a través de los respectivos ministerios, y a la Auditoría Interna de la Nación. Dicha información se tendrá por aprobada fictamente si en el plazo máximo de veinte días hábiles no se formulara observaciones por parte del Poder Ejecutivo".

ART. 196.- Sustitúyese el numeral 7) del artículo 212 de la Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 19.181, de 29 de diciembre de 2013, por el siguiente:
"7)Solicitar al juez competente:
A) La suspensión de las resoluciones de los órganos sociales contrarias a la normativa vigente al estatuto o al reglamento de la cooperativa.
B) La intervención judicial de su administración en los casos de violación de la normativa vigente o del estatuto social según determine la reglamentación.
C) Su disolución y liquidación cuando se compruebe fehacientemente la producción de una causal de disolución y la cooperativa no la haya promovido o cuando se comprueben actos ilícitos, incumplimientos u omisiones graves de lo dispuesto por la presente ley, por el estatuto o por el reglamento.
En los casos mencionados en este numeral y a solicitud de los organismos fiscalizadores será de cargo de la cooperativa la cobertura de todo gasto u honorarios que corresponda abonar a los veedores o interventores con facultades específicas, interventores administradores o intervención con desplazamiento de autoridades, así como liquidadores o comisión liquidadora en caso de disolución y con relación al desempeño de las tareas propias de la medida y por el plazo que esta dure, según lo establezca el juez competente en atención a la gravedad o entidad de las irregularidades constatadas".

ART. 197.- Sustitúyese el ARTÍCULO VIII del artículo 51 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 138 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:
"ARTÍCULO VIII.- Las instituciones públicas cualquiera sea su naturaleza; las personas públicas no estatales; los organismos privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado; los fideicomisos en donde el Estado sea fideicomitente, fiduciario o beneficiario; las personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza y finalidad en las que el Estado participe directa o indirectamente en todo o parte de su capital social, o las personas jurídicas de derecho privado reguladas o controladas por el Estado podrán solicitar a la Auditoría Interna de la Nación servicios de consultoría o auditoría.
La Auditoría Interna de la Nación podrá contratar con terceros, los apoyos necesarios para prestar los servicios previstos en el inciso anterior, debiendo planificar y fiscalizar su realización.
Dichas contrataciones serán abonadas con cargo a los montos que la Auditoría Interna de la Nación percibirá por parte de las entidades solicitantes, a los que podrá adicionarse hasta un 5% (cinco por ciento) del monto acordado con las mismas por concepto de administración y gastos, todo lo cual deberá constar en el convenio previamente suscrito entre las partes.
La Auditoría Interna de la Nación podrá destinar hasta un 80% (ochenta por ciento) del adicional previsto en el inciso anterior, al pago de compensaciones especiales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020.
Los fondos percibidos en aplicación de los servicios de consultoría o auditoría realizados, constituirán 'Recursos con Afectación Especial' en los casos donde las entidades solicitantes no sean organismos del Presupuesto Nacional. La titularidad y disponibilidad de estos fondos corresponderán en su totalidad a la Auditoría Interna de la Nación y estarán exceptuados de lo dispuesto en el artículo 594 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.
La prestación de los servicios de consultoría o auditoría previstos en este artículo tendrá carácter excepcional y deberá realizarse sin desmedro del ejercicio de las competencias legales de la Auditoría Interna de la Nación".

ART. 198.- Reasígnase en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", programa 489 "Recaudación y Fiscalización", unidad ejecutora 005 "Dirección General Impositiva", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 6.274.220 (seis millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos veinte pesos uruguayos) para el ejercicio 2023 y la suma de $ 25.096.881 (veinticinco millones noventa y seis mil ochocientos ochenta y un pesos uruguayos) a partir del ejercicio 2024, incluido aguinaldo y cargas legales, desde el objeto del gasto 095.008 "Fondo para Contrato función pública", al objeto del gasto 057.000 "Becas de trabajo y pasantías", más aguinaldo y cargas legales, con destino a financiar la contratación de personal bajo la modalidad de becas de "Primera Experiencia Laboral en el Estado y en Personas Públicas No Estatales", programa "Yo Estudio y Trabajo", que brinda tareas de apoyo en dicha unidad ejecutora.
Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la fecha de la promulgación de la presente ley.

ART. 199.- Sustitúyese el numeral 3. del literal B) del artículo 224 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014 (Código Aduanero), por el siguiente:
"3.Luego de suscrita el acta y ocurrido el retiro de las mercaderías, la Dirección Nacional de Aduanas podrá recabar los informes internos pertinentes (tanto sea en valor, origen o clasificación arancelaria) y, a posteriori, elevará las actuaciones a la autoridad judicial competente con denuncia fundada, en un plazo no mayor de quince días hábiles".

ART. 200.- Sustitúyese el artículo 226 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014 (Código Aduanero), por el siguiente:
"ARTÍCULO 226. (Procedimiento de contravención).- La infracción de contravención será impuesta por la Dirección Nacional de Aduanas por sí o por medio de sus oficinas dependientes expresamente delegadas, previo procedimiento administrativo que asegure el derecho de defensa del imputado.
Contra la resolución que imponga la infracción podrán interponerse los recursos administrativos previstos en el artículo 317 de la Constitución de la República y deducirse, oportunamente, la acción de nulidad prevista en el artículo 309 de la misma norma".

ART. 201.- Sustitúyese el numeral 3. del artículo 252 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014 (Código Aduanero), por el siguiente:
"3.Vencido el plazo establecido, el Ministerio Público deberá solicitar, en un plazo de quince días hábiles, las medidas de ejecución tendientes a efectivizar el pago de los adeudos liquidados, entre las que se incluye el remate establecido en el artículo siguiente. El representante fiscal podrá solicitar el embargo genérico o específico de los bienes del deudor u objeto del comiso, u otras medidas que correspondan. La reinscripción de los embargos antes referidos deberá ser solicitada por el Ministerio Público antes de que se produzca la caducidad de los mismos".

ART. 202.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014 (Código Aduanero), por el siguiente:
"ARTÍCULO 16. (Requisitos para la habilitación de despachante de aduana persona física).-
1. El Ministerio de Economía y Finanzas habilitará como despachante de aduana y autorizará su inscripción en el registro previsto en el artículo 23 de este Código a quienes acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:
A) Domicilio en el país.
B) Ser mayor de edad.
C) Haber aprobado el ciclo completo de enseñanza secundaria.
D) Haber aprobado un examen de competencia acerca de la materia aduanera y de comercio exterior ante un tribunal de tres miembros designados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Uno que lo presidirá, elegido directamente por dicho ministerio, otro a propuesta de la Dirección Nacional de Aduanas y el tercero propuesto por la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay.
E) No haber sido condenado por asociación para delinquir o por delitos contra la fe pública, la Administración Pública, la Administración de Justicia o la economía y la hacienda pública.
F) No haber sido declarado concursado o, en caso de haberlo sido, exista declaración judicial de conclusión del concurso de acreedores respectivo en los términos previstos en la legislación correspondiente.
G) Estar al día en el pago de sus obligaciones frente a la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social y la Dirección Nacional de Aduanas.
2. El Poder Ejecutivo podrá exigir además la aprobación de estudios terciarios vinculados con el comercio exterior en establecimientos educativos reconocidos por el Estado".

ART. 203.- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014 (Código Aduanero), por el siguiente:
"ARTÍCULO 19. (Fallecimiento o falta de habilitación del socio de despachante de aduana persona jurídica).- En caso de que la sociedad tenga un único socio habilitado como persona física despachante de aduana y se produjera su fallecimiento, la sociedad tendrá un plazo de hasta un año para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2. del artículo 17 de este Código. Durante ese período la firma podrá realizar la tramitación de las operaciones aduaneras a través de un apoderado debidamente registrado ante la Dirección Nacional de Aduanas. Transcurrido este plazo sin que se hubiere subsanado la situación planteada, se aplicará lo previsto en el artículo siguiente".

ART. 204.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014, (Código Aduanero), por el siguiente:
"ARTÍCULO 21. (Incompatibilidades).-
El despachante de aduana no podrá contratar con empresas transportistas nacionales o internacionales de mercaderías, agentes de transporte, agentes de carga, titulares de depósitos, proveedores de a bordo, operadores postales, operadores logísticos o portuarios, usuarios directos o indirectos de Zona Franca, empresas de entrega expresa e instituciones financieras o con otras empresas semejantes si el referido contrato implica una intermediación de parte de dichas personas entre el despachante de aduana y quien tenga la disponibilidad jurídica de la mercadería.
Será asimismo incompatible el ejercicio de la profesión de despachante de aduana con su contratación, bajo relación de dependencia, por personas físicas o jurídicas que directa o indirectamente efectúen o se vinculen con operaciones aduaneras o de comercio exterior.
El despachante de aduana persona física no podrá ser socio en más de una persona jurídica despachante de aduana, ni podrá ejercer su actividad en forma individual, fuera de la sociedad de la que forme parte.
El despachante de aduana que incumpla lo dispuesto en cualquiera de los numerales precedentes quedará inhabilitado para actuar como tal".

ART. 205.- Sustitúyese el artículo 17 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014, (Código Aduanero), por el siguiente:
"ARTÍCULO 17. (Despachante de Aduana Persona Jurídica).-
1. Con el objeto de ejercer su profesión, los despachantes de aduana podrán constituir sociedades adoptando únicamente las formas de sociedad colectiva o de responsabilidad limitada conforme a la legislación nacional. En estos casos, los socios serán responsables en forma personal, solidaria e ilimitada con la sociedad respecto de cualquier obligación pecuniaria de esta ante la Dirección Nacional de Aduanas, generada en el ejercicio de su actividad.
2. Estas sociedades, para poder ejercer su actividad deberán estar integradas, al menos, por un despachante de Aduana, persona física habilitada para ejercer como tal, quien la representará a todos los efectos ante la Dirección Nacional de Aduanas.
3. Todos los socios deberán acreditar haber cumplido con los literales E) y F) del artículo 16 de este Código".

ART. 206.- Modifícanse en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", de la unidad ejecutora 007 "Dirección Nacional de Aduanas", las condiciones, denominaciones y serie de los siguientes cargos al vacar:

El presente artículo entrará en vigencia a la fecha de promulgación de la presente ley.

ART. 207.- Reasígnase en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", programa 489 "Recaudación y Fiscalización", unidad ejecutora 007 "Dirección Nacional de Aduanas", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 3.742.251 (tres millones setecientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y un pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales, desde el objeto de gasto 095.005 "Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción", hacia el objeto de gasto 057.003 "Empleo Juvenil", más aguinaldo y cargas legales, con destino a financiar las contrataciones establecidas en los artículos 36 y 37 de la Ley N° 19.973, de 13 de agosto de 2021.

ART. 208.- Sustitúyese el artículo 70 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, en la redacción dada por el artículo 49 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:
"ARTÍCULO 70.- Dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley y dentro de los sesenta días contados desde el inicio de cada año civil, los Incisos del Presupuesto Nacional, deberán informar al Registro de Inmuebles del Estado de la Dirección Nacional de Catastro sobre los inmuebles que tengan en propiedad o en posesión a cualquier título.
Dicho informe deberá indicar expresamente su uso, ubicación, características, área, situación jurídica y catastral, así como todo otro elemento relevante a los efectos de su correcta individualización y valoración, debiéndose informar en forma fundada si se considera a dicho inmueble imprescindible o no.
Créase el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado, que funcionará en el Inciso 02 "Presidencia de la República", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes" y tendrá por cometido el relevamiento de los inmuebles del Estado informados por las entidades estatales referidas para identificar aquellos que son prescindibles, a efectos de su disposición por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, según lo dispuesto por el artículo 415 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, en la redacción dada por el artículo 328 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022, de o para la enajenación de los mismos, según lo entienda más conveniente.
El Poder Ejecutivo declarará la prescindencia de los bienes, asignándoles el destino correspondiente según lo previsto en el inciso anterior, valiéndose de los asesoramientos que entienda necesarios, de acuerdo a las características de cada inmueble y atendiendo a las restricciones legales que pudieran existir en relación a su enajenación o cambio de destino.
Quedan exceptuados de la presente norma los bienes de los organismos estatales que presten función social o recreativa de sus funcionarios, los bienes inmuebles afectados a escuelas rurales, los bienes inmuebles del ex Instituto Nacional de Ciegos (General Artigas) transferidos al Ministerio de Desarrollo Social por el artículo 516 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, los bienes inmuebles en propiedad o posesión del Programa Nacional de Discapacidad, los bienes inmuebles en propiedad o posesión del Inciso 16 "Poder Judicial" y los bienes inmuebles en propiedad o posesión del Inciso 19 "Tribunal de lo Contencioso Administrativo".
El producto de la enajenación de los bienes declarados prescindibles, luego de deducidos los gastos de la misma y el 1% (uno por ciento) que sobre el precio de venta final le corresponde a la Dirección Nacional de Catastro, se asignará en los siguientes porcentajes: hasta un máximo del 75% (setenta y cinco por ciento) al Proyecto de Inversión 727 "Programa de Mejoramiento de Barrios" y el resto al Inciso al cual el inmueble estaba afectado. En este último caso, los créditos solo podrán aplicarse a proyectos de inversión.
Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea su naturaleza, deberán, en el marco de sus competencias, informar al Registro de Inmuebles del Estado de la Dirección Nacional de Catastro sobre los inmuebles que tengan en propiedad o en posesión, a cualquier título, al solo efecto del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo y quedarán facultados a promover la enajenación de los calificados como prescindibles a través del programa que se crea en el inciso tercero del presente artículo. En caso de así disponerlo, el porcentaje asignado al organismo será de un 80% (ochenta por ciento) y el resultado de la enajenación se podrá destinar a inversiones, sin afectación de las partidas presupuestales que el organismo tenga aprobadas, asignándose el saldo de la venta en la forma prevista en el inciso precedente.
En caso de los Incisos 25 "Administración Nacional de Educación Pública" y 26 "Universidad de la República" el porcentaje asignado al organismo referido en el inciso anterior será del 100% (cien por ciento).
Deróganse los artículos 733 a 735 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996".

ART. 209.- Dispónese que los fondos percibidos por la Dirección Nacional de Catastro por la enajenación de los bienes declarados prescindibles al amparo de lo establecido por el artículo 70 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, y modificativas, constituirán recursos con afectación especial de dicha unidad ejecutora y se destinarán a gastos de funcionamiento e inversión.

ART. 210.- Asígnase en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", programa 421 "Sistema de Información Territorial", unidad ejecutora 009 "Dirección Nacional de Catastro", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 10.000.000 (diez millones de pesos uruguayos) a partir del ejercicio 2024, con destino a atender gastos de funcionamiento e inversión.
El Ministerio de Economía y Finanzas comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se asignan.

ART. 211.- Reasígnase en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", programa 491 "Regulación de los juegos de azar", unidad ejecutora 008 "Dirección Nacional de Loterías y Quinielas", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 3.500.000 (tres millones quinientos mil pesos uruguayos) desde el objeto del gasto 095.008 "Fondo para Contrato función pública", hacia el objeto del gasto 092.000 "Partidas globales a distribuir", para atender los costos que demanden las transformaciones de cargos y la incorporación de funcionarios en dicha unidad ejecutora.

ART. 212.- Exceptúanse del régimen general de quebranto de caja previsto en el artículo 103 de la Ley Especial N° 7, de 23 de diciembre de 1983, en la redacción dada por el artículo 45 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, a los funcionarios pertenecientes a las salas de juego de la Dirección General de Casinos.
Apruébase el régimen especial de quebrantos de caja para los referidos funcionarios, que se regirá por las siguientes pautas, atendiendo a la naturaleza comercial de la actividad que lleva adelante el organismo y a los distintos roles que los mismos desempeñan en los establecimientos de juego:
A) El derecho al cobro de la prima de los funcionarios comprendidos en el ámbito subjetivo de la excepción se generará estrictamente por el ejercicio efectivo de la función de manejo de dinero o valores al portador, en atención a los riesgos que se asumen, y solo será de aplicación mientras se desempeñen dichas tareas.
B) Los plazos mínimos de desempeño en las tareas referidas para ser acreedor de la prima, las tareas o roles específicos alcanzados por la misma, así como el monto individual de la partida y demás parámetros que incidan en la ponderación de los riesgos asumidos por los beneficiarios según el casino o sala de esparcimiento en que se desempeñen, serán establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de la Dirección General de Casinos.
C) El funcionario tendrá derecho a percibir semestralmente el 75% (setenta y cinco por ciento) de la referida prima, luego de deducidos los faltantes de fondos producidos en el período. El 25% (veinticinco por ciento) restante se depositará en una cuenta individual en unidades reajustables a nombre del funcionario en el Banco Hipotecario del Uruguay.
D) Al cesar el funcionario en la tarea o en la relación funcional con el Estado, podrá retirar el saldo que tuviera en cuenta luego de transcurrido un año de producido tal hecho. Lo mismo podrán efectuar sus causahabientes, en caso de fallecimiento luego de tres meses de acaecido el mismo.
E) En todas las liquidaciones que se practiquen se tomará el valor vigente de las unidades reajustables al final del semestre correspondiente.
Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 213.- Sustitúyese el último inciso del artículo 1° de la Ley N° 17.934, de 26 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 18.999, de 15 de noviembre del 2012, por el siguiente:
"Cuando se trate de operaciones comprendidas en los literales A) a D) del inciso anterior, la reducción del impuesto podrá ser total en tanto las mismas se realicen en alta temporada, los adquirentes sean personas físicas no residentes y sean abonadas mediante tarjetas de débito, crédito u otros instrumentos análogos, emitidos en el exterior. La reglamentación determinará las formalidades y condiciones en que operará la presente disposición".

ART. 214.- Sustitúyese el artículo 14 TER de la Ley N° 15.921, de 17 de diciembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 129 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:
"ARTÍCULO 14 TER.- Los usuarios de zonas francas podrán celebrar acuerdos con el personal dependiente, para que estos puedan prestar servicios en la modalidad teletrabajo exclusivamente desde su domicilio particular situado en territorio nacional. El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones y límites para la celebración de dichos acuerdos, que deberá contemplar excepciones que incluyan la distancia entre el domicilio particular del trabajador y su lugar habitual de trabajo, la cantidad de personal dependiente del usuario o la relevancia de la inversión asociada. No se podrá condicionar el ejercicio del teletrabajo a un mínimo de empleados dependientes con que cuentan los usuarios.
El usuario de zona franca que implemente la modalidad teletrabajo, deberá asegurar en todo momento al Desarrollador el control de los recursos humanos que teletrabajan, con el detalle de días y horario dentro del cual lo efectúan, información que podrá ser solicitada por la Dirección Nacional de Zonas Francas cuando esta lo estime pertinente.
No quedan comprendidos en la autorización dispuesta en los incisos precedentes, los recursos humanos que desarrollen directamente las actividades operativas de producción o fabriles, de distribución o logísticas. Tampoco se autorizará para el desarrollo de las actividades comerciales sustantivas definidas en el artículo 14 de la presente ley. Asimismo, la presente autorización legal no implicará bajo ninguna circunstancia la autorización para abrir oficinas de tipo alguno fuera de las zonas francas".

ART. 215.- Agrégase al artículo 4° del Decreto-Ley N° 14.841, de 22 de noviembre de 1978, el siguiente inciso:
"No podrá un mismo promotor, gestionante o similar, realizar más de cinco actos en el año civil de los previstos en el artículo 1° de esta ley, aunque se trate de distintos beneficiarios".

ART. 216.- Agrégase al artículo 27 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal:
"Q)Los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones de participaciones patrimoniales de personas jurídicas residentes fiscales en territorio nacional, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) los adquirentes sean personas jurídicas residentes fiscales en territorio nacional;
b) que la persona física enajenante sea propietaria final de la o las personas jurídicas adquirentes, ostentando dicha calidad en forma previa a la transferencia de las participaciones patrimoniales;
c) que la persona física enajenante luego de realizada la transmisión, mantenga en la o las personas jurídicas adquirentes la condición de propietaria final por al menos el 95% (noventa y cinco por ciento) del porcentaje de las acciones transferidas, por un lapso no inferior a 4 (cuatro) años contados desde su comunicación al registro a que refiere el literal f). En ningún caso se considerará que existe alteración en la proporción patrimonial cuando la modificación tenga su origen en una sucesión, partición del condominio sucesorio, o disolución de la sociedad conyugal o su partición;
d) que la o las personas jurídicas adquirentes mantengan las participaciones recibidas durante un lapso no inferior a 4 (cuatro) años contados desde que opera la transferencia efectiva;
e) que el precio de la transferencia sea equivalente al valor fiscal de las participaciones transferidas a la fecha de la operación; y
f) que se haya comunicado al registro que llevará a tales efectos la Auditoría Interna de la Nación, la información relativa de la cadena hasta llegar al propietario o beneficiario efectivo de las participaciones que se transfieren. Dicho organismo establecerá la forma y condiciones de la citada comunicación.
A los efectos del presente artículo, se entenderá por propietarios finales a las personas físicas que cumplan con las condiciones dispuestas por el artículo 22 de la Ley N° 19.484, de 5 de enero de 2017, aunque posean menos del 15% (quince por ciento) que dispone dicha norma.
Cuando se verifique el incumplimiento de alguna de las condiciones dispuestas, la operación de transmisión tendrá el tratamiento tributario correspondiente al régimen general, debiéndose aplicar el término de prescripción de diez años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo dicho incumplimiento. En tal caso los tributos correspondientes deberán abonarse, sin multas ni recargos, actualizados por la evolución de la Unidad Indexada entre la fecha de su acaecimiento y la de la configuración del incumplimiento.
Las personas jurídicas adquirentes serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias de sus antecesores, derivadas del referido incumplimiento. Dicha responsabilidad se limita al valor de los bienes que se reciban, salvo que los sucesores hubieren actuado con dolo.
El Poder Ejecutivo establecerá los términos y condiciones en los que se aplicará esta disposición".

ART. 217.- Facúltase a la Dirección Nacional de Catastro a exigir en oportunidad del registro de todo tipo de plano de mensura, que los mismos se presenten georreferenciados en el sistema de referencia geodésico de la cartografía del Uruguay (SIRGAS-ROU98 o actualizaciones futuras). El organismo establecerá la planificación temporal y espacial y los requisitos técnicos necesarios, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente artículo.

ART. 218.- Reasígnase para el ejercicio 2023 en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", programa 489 "Recaudación y Fiscalización", unidad ejecutora 007 "Dirección Nacional de Aduanas", Financiación 1.1 "Rentas Generales", desde el objeto del gasto 095.005 "Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción", la suma de $ 3.859.272 (tres millones ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos setenta y dos pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales, hacia el objeto del gasto 042.530 "Compensación especial por horario nocturno o trabajo en días inhábiles", más aguinaldo y cargas legales, con destino al pago de la compensación por nocturnidad.
Asígnase con el mismo destino, a partir del ejercicio 2024, la suma de $ 11.389.182 (once millones trescientos ochenta y nueve mil ciento ochenta y dos pesos uruguayos), más aguinaldo y cargas legales.
A los efectos de financiar la partida dispuesta para el ejercicio 2024, disminúyense en igual monto los créditos asignados a gastos de funcionamiento de la unidad ejecutora.
La Dirección Nacional de Aduanas, comunicará a la Contaduría General de la Nación, en un plazo no mayor a treinta días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el programa, proyecto, financiación y objeto del gasto cuyos créditos corresponde disminuir para cumplir con lo previsto.
Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

INCISO 06
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ART. 219.- Deróganse los artículos 31 y 32 de la Ley N° 19.841, de 19 de diciembre de 2019.
El personal del escalafón M "Personal de Servicio Exterior" que haya sido designado a prestar funciones permanentes en el exterior en el marco de lo dispuesto por los artículos que se derogan por la presente disposición mantendrá las condiciones establecidas por estos.
No obstante, quienes se encuentren en el primer trienio de su destino podrán optar, de manera expresa y por escrito, en el plazo de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley, por el régimen previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.841, de 19 de diciembre de 2019.

INCISO 07
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

ART. 220.- Sustitúyese el artículo 36 de la Ley N° 19.175, de 20 de diciembre de 2013, en la redacción dada por el artículo 158 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:
"ARTÍCULO 36. (Negociabilidad e inembargabilidad).- Prohíbese la realización de cualquier negocio jurídico que involucre permisos, concesiones y autorizaciones, ya sea a título gratuito u oneroso, aparejen o no transferencia en la titularidad. Los acuerdos que se realicen en contravención a la presente prohibición serán absolutamente nulos y se aplicarán las máximas sanciones previstas en el Capítulo X de la presente ley. Los cambios en el capital social o accionario de las empresas no implican cambios en la titularidad de los permisos concedidos.
Exceptúanse de la prohibición prevista en el inciso anterior los siguientes casos referidos a la transferencia en la titularidad de los permisos de pesca artesanal:
A) Transferencia del permiso por causa de muerte o ausencia de su titular. Mientras se tramite la sucesión judicial o declaración de ausencia y esté vigente el plazo originario del permiso, se admitirá que la actividad siga siendo explotada por quien o quienes tienen vocación hereditaria, el cónyuge supérstite que conviviera con el titular o concubino, con los mismos derechos y obligaciones que tenía aquel frente a la Administración, en las condiciones que establezca la reglamentación. En caso de discrepancia de los causahabientes, cónyuge o concubino, se estará a la decisión judicial sobre la administración de la herencia o del patrimonio del presunto ausente. En caso de que el vencimiento del plazo de la autorización, concesión o permiso ocurra durante la referida tramitación judicial, se admitirá la renovación en las condiciones establecidas por la presente ley y la reglamentación.
B) Edad mínima del titular de sesenta años, siempre que registre un mínimo de diez años de actividad inmediatos previos a la transferencia.
C) Incapacidad física permanente para el desarrollo de la pesca, en las condiciones y plazos que establezca la reglamentación.
D) Transferencia entre parentesco en línea recta por consanguinidad o afinidad en primer grado, el cónyuge que conviviera con el titular o concubino y su hijo, siempre que registre un mínimo de diez años de actividad consecutivos e inmediatos previos a la transferencia.
E) Transferencia a favor de personas físicas que acrediten poseer un mínimo de diez años en la pesca, mediante la libreta de embarque otorgada por la Prefectura Nacional Naval o el curso de capacitación impartido por la referida autoridad marítima. Asimismo, la persona que recibe el permiso de pesca artesanal deberá acreditar su domicilio real en la zona del permiso y no ser titular en la actualidad de un permiso de pesca artesanal o haberlo sido en un plazo inferior a diez años a partir de la fecha de solicitud de la transferencia.
Por su parte, la persona que transfiera el permiso de pesca artesanal deberá acreditar ante la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos la posesión de un mínimo de diez años de actividad consecutivos e inmediatos previos a la transferencia.
La persona que transfiere el permiso de pesca artesanal según los literales B), C), D), y E) no podrá ser nuevamente beneficiario de esa categoría de permiso, so pena de ser aplicables las consecuencias previstas en el inciso primero.
Exceptúanse de la prohibición establecida en el inciso primero los siguientes casos referidos a la transferencia en la titularidad de los permisos de pesca industrial:
A) Aquellos permisos de pesca industrial que hayan permanecido en actividad por más de cinco años consecutivos y cuyo titular no se haya modificado en este período de tiempo.
B) Transferencia del permiso por causa de muerte o ausencia de uno de sus socios o accionistas.
Los permisos de pesca serán inembargables".

ART. 221.- Sustitúyese el artículo 62 de la Ley N° 19.438, de 14 de octubre de 2016, en la redacción dada por el artículo 151 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:
"ARTÍCULO 62.- Fíjanse para la tasa de análisis químicos de fertilizantes o materias primas (para proceder a la liberación de derechos), cuya recaudación corresponde al Inciso 07 'Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca', unidad ejecutora 004 'Dirección General de Servicios Agrícolas', los siguientes valores en unidades indexadas (UI), según la composición del registro:

El valor de la tasa en su equivalente en moneda nacional se ajustará el 1° de enero y el 1° de julio de cada año por el valor de UI.
La tasa será de aplicación por trámite de importación, independientemente del volumen de la misma".

ART. 222.- Incorpórase al artículo 177 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, en la redacción dada por el artículo 150 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, el siguiente numeral:
"7) Tasa de registro, renovación y control de productos fitosanitarios (plaguicidas), agentes de control biológico, inoculantes y promotores de crecimiento, destinados a exportación: 9.738,21 UI (nueve mil setecientos treinta y ocho con 21/100 unidades indexadas)".

ART. 223.- Créase una tasa de prestación de servicios fitosanitarios brindados por el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", unidad ejecutora 004 "Dirección General de Servicios Agrícolas", a los transbordos de productos y subproductos de origen vegetal que se realicen en terminales portuarias y aeroportuarias del territorio nacional y soliciten el certificado de transbordo. Dicha tasa estará compuesta por un 10% (diez por ciento) del valor de la tasa de certificación de sanidad o calidad de productos de origen vegetal, cuya base de cálculo está establecida en la reglamentación dictada para los referidos servicios, con la correspondiente actualización de valores a la fecha, sumados a los costos de gestión, inspección y las medidas fitosanitarias que sean necesarias.

ART. 224.- Reasígnase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", unidad ejecutora 005 "Dirección General de Servicios Ganaderos", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", el equivalente en moneda nacional a US$ 12.000.000 (doce millones de dólares de los Estados Unidos de América) del objeto del gasto 152.018 "Vacunas fiebre aftosa", al objeto del gasto 153.001 "Vacunas fiebre aftosa", para uso animal.

ART. 225.- Sustitúyese el artículo 152 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:
"ARTÍCULO 152.- Decláranse de interés general para la explotación agropecuaria, los productos destinados al tratamiento, la prevención y el diagnóstico de enfermedades de los animales de todas las especies, incluidos los pequeños (o animales domésticos).
La unidad ejecutora 005 'Dirección General de Servicios Ganaderos', del Inciso 07 'Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca', a través de sus dependencias, es la autoridad oficial competente para:
A) Habilitar, registrar, controlar y auditar a todo establecimiento o empresa que fabrique, manipule, fraccione, distribuya, comercialice, almacene, importe, exporte o realice análisis de productos de uso veterinario para sí o para terceros, en todo el territorio nacional y en zonas francas.
B) Autorizar, registrar, fiscalizar y realizar el control permanente de productos de uso veterinario en todo el territorio nacional y las zonas francas, incluyendo la comercialización de dichos productos mediante publicaciones a través de medios digitales (plataformas digitales, aplicaciones digitales y medios electrónicos).
C) Extender certificados correspondientes a registros de productos veterinarios; certificados de importación de materia prima y productos terminados; certificados de exportación, y certificados de habilitación de firmas registradas.
D) Retirar muestras de los establecimientos comprendidos en el literal A) del presente artículo a costo del registrante, en el marco del control permanente, a fin de verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el registro del producto.
E) Establecer en forma debidamente fundada medidas cautelares de intervención sobre mercaderías o productos en presunta infracción y constituir secuestro administrativo si así lo considera necesario, cuando la infracción pueda dar lugar a comiso o confiscación.
F) Disponer la suspensión preventiva o transitoria, o eliminación del registro de los productos veterinarios que no cumplan con las condiciones especificadas en dicho registro.
Las empresas responsables de los medios digitales (plataformas digitales, aplicaciones digitales y medios electrónicos) podrán realizar publicaciones, anuncios o avisos publicitarios con el fin de comercializar productos veterinarios únicamente de personas físicas o jurídicas que cumplan con los registros, habilitaciones y autorizaciones especificadas en los literales A) y B) del presente artículo. Será de exclusiva responsabilidad de las personas físicas o jurídicas que anuncian u ofrecen en venta productos veterinarios el control de los referidos registros, habilitaciones y autorizaciones y el contenido de dichas publicaciones, anuncios o avisos publicitarios.
A dichos efectos, la División Laboratorios Veterinarios 'Miguel C. Rubino', de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca expedirá las constancias correspondientes.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca actualizará la nómina de empresas habilitadas y productos veterinarios registrados, en los medios electrónicos institucionales, de acuerdo a lo que disponga la reglamentación respectiva.
El incumplimiento de lo dispuesto por el presente artículo y las reglamentaciones que se dicten a su amparo, aparejará a los obligados la aplicación de las sanciones pertinentes, de conformidad a lo establecido en los artículos 144 de la Ley N° 13.835, de 7 de enero de 1970, en la redacción dada por el artículo 134 de la Ley N° 18.996, de 7 de noviembre de 2012, y 285 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996 y sus modificativas.
El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, reglamentará el presente artículo dentro de los ciento ochenta días de la promulgación de la presente ley".

ART. 226.- Sustitúyese el artículo 5° de la Ley N° 19.300, de 26 de diciembre de 2014, con la modificación introducida por el artículo 58 de la Ley N° 19.438, de 14 de octubre de 2016, por el siguiente:
"ARTÍCULO 5°.- Los propietarios de animales o titulares de explotaciones ganaderas, según corresponda, cuyos predios sean declarados foco de una enfermedad prevalente por la autoridad sanitaria, recibirán un subsidio para gastos de saneamiento que incluirá los siguientes conceptos: honorarios profesionales del veterinario de libre ejercicio acreditado, calculado según arancel fijado por la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, costos de laboratorio, vacunas obligatorias y tuberculinización.
Asimismo, para los propietarios de animales o titulares de explotaciones ganaderas registrados al amparo del artículo 311 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, incluirá el gasto devengado por concepto de compra de equipo pasteurizador o la adquisición de sustituto lácteo mientras dure el proceso de saneamiento del predio, previo informe técnico refrendado por la autoridad sanitaria.
El beneficio otorgado en los incisos precedentes estará sujeto al cumplimiento de un plan de saneamiento de los predios elaborado por un veterinario de libre ejercicio acreditado y aprobado por la autoridad sanitaria.
Los titulares de predios linderos y rastreos de tuberculosis bovina recibirán apoyo económico para la aplicación de medidas de prevención y vigilancia epidemiológica.
Los beneficios previstos en el presente artículo podrán ser otorgados en efectivo o en especie".

ART. 227.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 19.300, de 26 de diciembre de 2014, en la redacción dada por el artículo 176 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:
"ARTÍCULO 2°.- El seguro creado se financiará mediante un fondo integrado de la siguiente forma:
A) El aporte de, como máximo, el equivalente en pesos uruguayos a US$ 2,00 (dos dólares de los Estados Unidos de América) que gravará la faena de cada res bovina llevada a cabo por todos los establecimientos de faena de bovinos.
B) El aporte de, como máximo, el equivalente en pesos uruguayos a US$ 1,50 (uno con cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) por cada mil litros de leche recibidos en las plantas elaboradoras.
C) El aporte de, como máximo, el equivalente en pesos uruguayos a US$ 2,00 (dos dólares de los Estados Unidos de América) por cada bovino en pie con destino a exportación.
D) El aporte de, como máximo, el equivalente en pesos uruguayos a US$ 3,00 (tres dólares de los Estados Unidos de América) por cada tonelada de carne de suinos, sus menudencias y subproductos, provenientes de plantas de faena o de la importación, que se comercialicen en el mercado interno.
E) El aporte de, como máximo, el equivalente en pesos uruguayos a US$ 0,50 (cincuenta centavos de dólares de los Estados Unidos de América) por cada unidad de aves de la especie Gallus domesticus, de líneas puras o híbridas, para reproducción, importada definitivamente y el aporte de, como máximo, el equivalente en pesos uruguayos a US$ 0,20 (veinte centavos de dólares de los Estados Unidos de América) por cada unidad de huevo fecundado para incubación, de la especie Gallus domesticus, de líneas puras o híbridas, para reproducción importada definitivamente.
En el momento de realizar el aporte, el importador deberá, mediante declaración jurada, informar el destino de las aves o huevos importados, sea para producción de pollos parrilleros o para aves de postura.
En los casos de exportación e importación definitiva de las mercaderías especificadas en los literales C), D) y E), la Dirección Nacional de Aduanas liquidará y cobrará el aporte correspondiente en el marco de las operaciones aduaneras asociadas.
Serán contribuyentes las personas físicas o jurídicas remitentes a los establecimientos de faena, los exportadores de bovinos en pie, los industrializadores de leche y los importadores de carne porcina y de genética aviar.
Por su parte, serán agentes de retención los establecimientos de faena vacuna y porcina, las empresas industrializadoras de leche y la Dirección Nacional de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas, según corresponda.
Los depósitos se deberán efectuar en el Banco de la República Oriental del Uruguay. Las sumas retenidas deberán ser depositadas dentro del plazo de quince días corridos, luego de la finalización de cada mes, con excepción de la Dirección Nacional de Aduanas, que podrá realizar dichos depósitos luego de transcurridas veinticuatro horas hábiles de retenida la suma correspondiente.
En todos los casos, se tomará como base de cálculo la cotización interbancaria fondo comprador del día anterior al depósito, con excepción de los casos de exportación e importación definitiva, en los que la Dirección Nacional de Aduanas tomará las cotizaciones ya previstas en las respectivas operaciones aduaneras.
Los fondos se administrarán en cuentas corrientes distintas en las que aportarán por separado el sector de ganado de carne, el sector de ganado de leche, el sector de carne aviar, el sector de aves de postura y el sector de suinos y cada una de ellas cubrirá el sector correspondiente.
El Poder Ejecutivo determinará los rangos correspondientes a la tasa y la iniciación del pago de los aportes previstos en el presente artículo".

ART. 228.- Créanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", unidad ejecutora 005 "Dirección General de Servicios Ganaderos", en el marco de lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022, las siguientes tasas:
1) Tasa de expedición de Pasaporte Equino Único por primera vez, abonándose al momento de la solicitud de expedición 276,90 UI (doscientas setenta y seis con 90/100 unidades indexadas).
2) Tasa de expedición de Pasaporte Equino Único por renovación, abonándose al momento de la solicitud de expedición 276,90 UI (doscientas setenta y seis con 90/100 unidades indexadas).

ART. 229.- Autorízase al Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", unidad ejecutora 006 "Dirección General de la Granja", a otorgar carné de aplicador de productos fitosanitarios, a los productores granjeros o sus empleados que desarrollen actividades relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios, incluidos los agentes de control biológico y otros bioinsumos que acrediten conocimientos apropiados para ejercer su actividad.
El carné autoriza a las personas a manipular y utilizar productos fitosanitarios de uso profesional y acredita que el personal que lo posee tiene los conocimientos, habilidades y aptitudes para poder aplicar y manipular productos fitosanitarios.
A tales efectos, la Dirección General de la Granja brindará la formación habilitante en coordinación con la Dirección General de Servicios Agrícolas y establecerá los requisitos y condiciones para su otorgamiento.
Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 230.- Créase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", unidad ejecutora 006 "Dirección General de la Granja", el Registro Nacional de Productores de Animales de Granja, que funcionará en la órbita de esta última.
En este registro deberá inscribirse toda persona física o jurídica, institución pública o privada, cualquiera sea su naturaleza jurídica y escala productiva, que destine su producción a la comercialización interna o externa. La inscripción en el mencionado registro tendrá carácter gratuito y obligatorio.
Serán aplicables, en caso de comprobarse infracciones a lo dispuesto precedentemente, las sanciones previstas en el artículo 285 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, y sus modificativas.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de la Granja, establecerá la oportunidad, forma y condiciones de la inscripción, en el marco de lo dispuesto por este artículo.

ART. 231.- Créanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", unidad ejecutora 006 "Dirección General de la Granja", las siguientes tasas que gravarán:
A) Registro, renovación y habilitación de entidades oficialmente reconocidas, abonándose por única vez al momento de la solicitud del registro o renovación de la habilitación 5.000 UI (cinco mil unidades indexadas).
B) Solicitud de habilitación, renovación y auditoría de productos orgánicos importados, entre uno y diez productos 1.000 UI (mil unidades indexadas) y más de diez productos 2.000 UI (dos mil unidades indexadas).
Los fondos recaudados constituirán Recursos con Afectación Especial, programa 323 "Cadenas de valor generadoras de empleo y desarrollo productivo local", de la unidad ejecutora 006 "Dirección General de la Granja", y serán destinados a gastos de funcionamiento e inversión de dicha unidad ejecutora.
Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 232.- Créase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", el Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural, el que estará integrado de la siguiente manera:
1) Dos representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
2) Un representante del Instituto Nacional de Colonización.
3) Un representante del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.
4) Un representante del Instituto Plan Agropecuario.
5) Un representante del Instituto Nacional de la Leche.
6) Un representante del Instituto Nacional de Vitivinicultura.
7) Un representante del Instituto Nacional de Carnes.
8) Un representante del Instituto Nacional de Semillas.
El Inciso brindará la infraestructura necesaria para el funcionamiento del mismo.
El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, reglamentará el presente artículo.

ART. 233.- Los cometidos del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural serán los siguientes:
1) Impulsar y fortalecer la interacción interinstitucional y la articulación público privada para el diseño y ejecución de políticas públicas y otras acciones que promuevan el desarrollo rural.
2) Promover la difusión y el acceso a información técnica u operativa disponible con el fin de sustentar los procesos de toma de decisiones de las diversas acciones orientadas al sector agropecuario y medio rural.
3) Generar intervenciones territoriales específicas.
El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, reglamentará el presente artículo.

ART. 234.- Incorpórase al artículo 3° de la Ley N° 18.126, de 12 de mayo de 2007, el siguiente literal:
"H) Un representante del Ministerio de Ambiente".

ART. 235.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley N° 18.126, de 12 de mayo de 2007, por el siguiente:
"ARTÍCULO 11.- En cada departamento funcionará por lo menos una mesa de desarrollo rural la que estará integrada por:
1) El Consejo Agropecuario Departamental.
2) Un representante de cada una de las Cooperativas Agropecuarias.
3) Un representante de cada una de las organizaciones gremiales agropecuarias.
4) Un representante de la Comisión de Agro de la Junta Departamental.
5) Un representante de los municipios de la circunscripción territorial correspondiente".

ART. 236.- Declárase el día 22 de mayo de cada año como Día Nacional de la Protección de la Sanidad Animal y Vegetal.

ART. 237.- Declárase de interés nacional el uso de los bioinsumos en la producción animal, vegetal y fúngica fomentando su producción, desarrollo, innovación y registro, con el objetivo de promover la incorporación de estas herramientas para que contribuyan al desarrollo sostenible.
A estos efectos, defínese "Bioinsumo" como todo producto que consista en el propio organismo, sea de origen o adopte mecanismos de animales, vegetales o microorganismos, destinado a ser utilizado en la producción animal, vegetal y fúngica.
Encomiéndase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la elaboración de un Plan Nacional de Bioinsumos, dentro de los ciento ochenta días de vigencia de la presente ley, para su aprobación por el Poder Ejecutivo.

ART. 238.- Sustitúyese el literal D) del artículo 9° de la Ley N° 18.471, de 27 de marzo de 2009, en la redacción dada por el artículo 381 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:
"D)Cumplir con las normas de identificación y castraciones de acuerdo al Programa Nacional de Control Reproductivo".

ART. 239.- Reasígnanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", en las unidades ejecutoras que se indican, los créditos presupuestales que se detallan a continuación:

ART. 240.- Reasígnanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", en las Financiaciones 1.1 "Rentas Generales" y 1.2 "Recursos con Afectación Especial", las siguientes partidas:

ART. 241.- Agrégase al artículo 179 del Código Rural, aprobado por la Ley N° 10.024, de 14 de junio de 1941, el siguiente inciso:
"Estarán exceptuados de la obligación establecida en el presente artículo los fideicomisos de garantía ganaderos (Ley N° 17.703, de 27 de octubre de 2003)".

ART. 242.- Sustitúyese el artículo 147 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:
"ARTÍCULO 147.- Autorízase al Inciso 07 'Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca', unidad ejecutora 001 'Dirección General de Secretaría', la contratación de personal para atender las tareas inherentes a la preparación y ejecución del Censo General Agropecuario, en lo relativo a tareas de encuestadores, críticos-codificadores y supervisores de campo, las que serán realizadas bajo la modalidad de contrato zafral, establecida en la presente ley. La Administración establecerá las bases y condiciones para la contratación. Se deberá prever en el caso que el número de aspirantes así lo ameriten, una instancia de sorteo en forma previa al inicio del procedimiento de selección a aplicar.
Las contrataciones estarán exceptuadas del procedimiento del Sistema de Reclutamiento y Selección de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de lo dispuesto por el artículo 346 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, y podría acumularse a otro empleo público siempre que no superen en conjunto las sesenta horas semanales".
Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 243.- Determínase que las competencias comprendidas en el literal B) del artículo 292 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, serán asignadas a la unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".
El Poder Ejecutivo reglamentará las competencias, funciones y cometidos asignados, en el marco de lo dispuesto en el referido literal, en el plazo de ciento ochenta días siguientes a la promulgación de la presente ley.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá redistribuir a la unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" a aquellos funcionarios destinados a realizar las tareas para el cumplimiento de las competencias referidas en el inciso primero de este artículo, los que mantendrán su nivel retributivo. La compensación percibida por el artículo 140 de la Ley N° 18.996, de 7 de noviembre de 2012, en la redacción dada por el artículo 164 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, será asignada como "compensación especial", conforme a lo dispuesto en el inciso siguiente.
Créase en la unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", una compensación especial que será percibida por los funcionarios afectados a las tareas comprendidas en el inciso primero del presente artículo, por un monto anual de hasta $ 11.122.173 (once millones ciento veintidós mil ciento setenta y tres pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales.
Facúltase a la Contaduría General de la Nación a realizar las reasignaciones presupuestales correspondientes a efectos de financiar la redistribución de personal resultante de la aplicación del presente artículo.

ART. 244.- Los Incisos de la Administración Central deberán suscribir convenios con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en un plazo no mayor de ciento ochenta días, a efectos de establecer posibles acciones que coadyuven al control de las obligaciones de esterilizar y registrar a los animales de compañía, de acuerdo con lo establecido en los artículos 386 y 388 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, y sus modificativas, y el artículo 18 de la Ley N° 18.471, de 27 de marzo de 2009.

ART. 245.- Créase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", la unidad ejecutora 010 "Dirección General de Laboratorios", y el cargo de particular confianza de "Director General de Laboratorios", cuya retribución será equivalente a la de los directores de unidad ejecutora, de acuerdo con lo previsto en el inciso primero del artículo 16 de la Ley N° 18.996, de 7 de noviembre de 2012.
Dicha unidad ejecutora tendrá como cometido unificar la gestión de los laboratorios del Inciso, así como todo otro cometido que le sea asignado en la reglamentación.
La creación del cargo dispuesta se financiará con la supresión de los siguientes cargos:

El excedente resultante de la supresión de los cargos indicados, se asignará al objeto del gasto 099.001 "Partida Proyectada".
El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, reglamentará el presente artículo, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la promulgación de la presente ley, reasignando los créditos presupuestales, recursos y puestos de trabajo correspondientes al referido Inciso.
La presente disposición entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 246.- Créanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", en las unidades ejecutoras y programas que se indican, los siguientes cargos:

El Poder Ejecutivo designará en los cargos creados precedentemente, al amparo de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, a aquellas personas que se encuentren cumpliendo tareas permanentes, propias de un funcionario público, que hayan sido seleccionadas mediante un concurso o procedimiento similar debidamente acreditado y cuyo vínculo haya iniciado con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, previo informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil y del Ministerio de Economía y Finanzas.
Si la retribución que corresponde al cargo en el que se incorpora el contratado fuese menor a la del vínculo anterior, la diferencia resultante se mantendrá como compensación personal, la que se irá absorbiendo por futuros incrementos, por cambios en la tabla de sueldos, ascensos, compensaciones o partidas de carácter permanente, cualquiera sea su financiación, que se otorguen en el futuro.
A efectos de financiar la creación de los cargos, reasígnanse los siguientes créditos, según el siguiente detalle:

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca comunicará a la Contaduría General de la Nación las reasignaciones al Grupo 0 "Servicios Personales" de los créditos presupuestales, desde gastos de funcionamiento o inversiones, a los efectos de financiar lo estipulado en el presente artículo correspondiente al año 2023.
Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

ART. 247.- Reasígnanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", en las unidades ejecutoras y programas que se indican, los siguientes créditos del grupo 0 "Servicios personales", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales":

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

ART. 248.- Créanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", en las unidades ejecutoras y programas que se indican, los siguientes cargos:

A efectos de financiar los cargos que se crean, suprímense en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", los siguientes cargos:

El excedente resultante se asignará al objeto del gasto 099.001 "Partida Proyectada".
Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la fecha de la promulgación de la presente ley.

ART. 249.- Suprímense en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", en las unidades ejecutoras que se detallan, los siguientes cargos: