TRIBUNAL DE APELACIONES DE FAMILIA DE 2º TURNO
SENTENCIA Nº 130
MINISTRO REDACTOR: Dr. Eduardo Cavalli Asole
Montevideo, 2 de agosto de 2017
VISTOS:
Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “MAESO, Cristina C/ MARTINICORENA, Juan José y otros - Regulación de Honorarios” IUE 0059-000066/2014 venidos a conocimiento de este Tribunal como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la sentencia 179 de 27 de Octubre de 2016 (fojas 366 a 379) dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Familia de Décimo Turno, a cargo del Sr. Juez, Dr. Álvaro J. Beyhaut Bonilla.
RESULTANDO:
1ro. Por la recurrida se determinaron los honorarios de la actora por su labor desarrollada en los expedientes individualizados en el Considerando II debidos por Juan José, Martín y Álvaro Martinicorena Mattos en la suma de U$S 430.000 (cuatrocientos treinta mil dólares americanos), más intereses legales a partir de la presentación de la demanda regulatoria e IVA, descontándose lo entregado a cuenta.
Todo, sin especial condena en el grado.
2do. El representante de los demandados interpuso recurso de apelación de fojas 380 a 398 vto., agraviándose por cuanto se condenó a su parte al pago a la accionante de una suma superior al cuarto de millón de dólares más IVA, a pesar de que la misma realizó un trabajo mínimo, su labor fue de eficacia negativa y convirtió el juicio en un negocio de la cual la única beneficiaria era sí misma en perjuicio de su parte, eternizando el proceso, como quedó acreditado en autos por los testigos que manifestaron que, retirada la Dra. Maeso del medio, el tema se cerró “a cero” en unas semanas.
Estima que en el caso de autos no solo no debió de rechazarse la demanda in totum sino que debió condenarse a la actora en costas y costos.
El magistrado de primer grado no analizó correctamente la prueba del expediente, no aplicó la sanción del artículo 168 del CGP para con la intimada, la que lejos de agregar las facturas, omitió hacerlo incumpliendo una vez más con el deber de lealtad y colaboración.
La impugnada padeció de errores fácticos y jurídico-legales, determinantes del fallo, contrario a sus intereses.
En el caso ha existido error in iudicando de la Sede de primer grado tanto en la apreciación de los hechos y valoración probatoria, como en la interpretación y aplicación del derecho que regula el caso en análisis.
Se transgredió el régimen legal en la materia, se realizó una interpretación errónea de la norma de derecho, no se ponderó debidamente la prueba aportada en autos, ni las normas aplicables, ni se aplicaron las sanciones procesales del artículo 168 del CGP y del abuso de las vías procesales, ni se le dio el valor que correspondía a las probanzas aportadas en autos y a las afirmaciones realizadas por su parte.
El propio sentenciante de primer grado fundamentó la atacada en el Considerando III donde expresó “Doctrina y Jurisprudencia Nacional han establecido que los honorarios “se regularán teniendo en cuenta tres elementos: importancia de la causa, el trabajo realizado y la eficacia de los servicios…”, elementos que en ninguno de los casos se analizaron con rigurosidad y exactitud en la impugnada, que claramente excedió lo que correspondía por derecho.
El Sr. Juez A Quo marcó esos tres ítems y luego los dejó de lado, los separó del caso concreto, por cuanto es evidente que no se compadecieron con una condena de más de un cuarto de millón de dólares.
Cita y detalla el trabajo realizado, así como los honorarios liquidados por el expediente 59-68/2002, en donde por cuatro actuaciones la accionante reclamó dos millones ochocientos cuatro mil novecientos seis dólares americanos, lo que da la pauta de la mala fe y sin razón en el reclamo, aspecto que el decisor de primer grado no tuvo en cuenta, ya que debió condenar en costas y costos a la actora.
El reclamo de la accionante no puede ser tolerado, por cuanto es infundado y carente de sentido, un dislate jurídico y temerario.
Realiza un análisis temporal del expediente y concluye que del mismo emana que las actuaciones reales y válidas de la actora en dichos autos fueron entre febrero de 2003 a junio de 2004 inclusive, y por eso el Sr. Juez A Quo condenó a sumas muy onerosas que ningún abogado ni juez percibe aún trabajando años, de sol a sol, para sus clientes.
Analiza las actuaciones y honorarios liquidados por el expediente IUE 2-63294/2004 y concluye que el trabajo realizado fue muy menor, destacando que seis de las siete actuaciones realizadas por la Dra. Maeso fueron de 1, 2, 4, 2, 2 y 2 hojas, pudiéndose deducir claramente que no revistieron mayor análisis ni estudios, ni más que pocos minutos de trabajo.
El total de hojas, si se suman las 22 que insumió la contestación de la demanda, fue de 39 hojas en siete actuaciones y por las que el Sr. Juez de primera instancia condenó a pagar sumas muy importantes.
Por dicho trabajo realizado, el que califica de mínimo, se le condena a su parte al pago de U$S 270.000 más IVA, sumas que el 99 % de los abogados litigantes jamás en su vida de trabajo logran cobrar por un solo juicio, a pesar de dedicar intenso trabajo a un expediente.
El trabajo de la actora no solo no dio sus frutos, no solo fue malo, no solo no llegó a su fin, no solo fue inventado y manejado como un “negocio” donde solo ganaban los abogados, sino que además fue mínimo, considerando que el condenar a pagar por ello la suma referida parece una ofensa para la gente que en verdad trabaja.
El sentenciante en la impugnada señaló que se trató de juicios en los que no se arribó a la etapa de audiencia preliminar, pero aún así condenó a pagar más de cuarto millón de dólares por la actuación, destacando que no se cumplió ni el 10 % de los que es un proceso con sus instancias, pero y aún así, se llegó a una enorme condena.
Le agravia a su parte que la Sede A Quo no tuviera en cuenta la labor realizada por la accionante, la que fue mínima y que no llegó ni a la audiencia preliminar, porque la propia Dra. Maeso fue la que se encargó de dilatar el expediente, para hacer de él un negocio de por vida.
No se ponderó por el decisor lo sucedido -que luego de retirada la actora, se arribara a un acuerdo entre las partes a las pocas semanas- ni tuvo en cuenta la Sede de primer grado cuál fue la razón en mantener “vivo” un juicio en perjuicio de sus clientes, lo que considera clave para determinar no solo los honorarios reclamados, sino para analizar la eficacia de los servicios del abogado saliente, análisis que, extrañamente, se dejó de lado.
Indica que los que eternizaron los juicios fueron los abogados que vieron a los procesos como un negocio propio, sin importarle el interés de los clientes, lo que quedó acreditado cuando se retiró “del medio” la Dra. Maeso y, a pesar de ello, se premió a la actora con un cuarto de millón de dólares, lo que les agravia.
Consigna que el padre de sus representados, al repartir su patrimonio se asesoró con la actora y le pagó el equivalente a 1000 hectáreas de campo para que su asesoramiento le evitara juicios, siendo que el resultado fue un juicio de diez años. En dicho proceso, que fue originado por el mal asesoramiento de la actora, no debió haberse cobrado honorarios por la razón expuesta, pero no solo cobró fortunas sino que lo eternizó y lo volvió un negocio para seguir cobrando.
Debió de tenerse en cuenta a la hora de calificar la eficacia de los servicios, la nulidad y negatividad de éstos, porque con su actuación terminó causando daños, evaluándose por su parte el inicio a la actora de un juicio por responsabilidad profesional.
Consigna que, retirada la Dra. Maeso, los juicios se cerraron en semanas y como si nunca hubieran existido, destacando que los hermanos actores y demandados tenían buena relación entre sí, lo que hacía fácil llegar a un acuerdo transaccional como el que finalmente se arribó, por cuanto sólo era cuestión de que los profesionales que los patrocinaban tuvieran un poco de diálogo y propusieran un acuerdo razonable para ambas partes, lo que no hacían para ganar más plata y transformar el juicio en un negocio solamente para los letrados, todo lo que fue acreditado por las declaraciones testimoniales recabadas -que nadie controvirtió- y que no se analizaron por el sentenciante, lo que causa también agravios a su parte.
Destaca que la Dra. Maeso fue la profesional que asesoró al padre de sus patrocinados en la partición que realizó entre los ocho hijos legítimos, pensando y confiando que no se generarían problemas entre éstos, entre las dos estirpes, lo que no sucedió porque el asesoramiento de la actora de obrados fue malo.
A cambio de dicho asesoramiento se le pagó a la Dra. Maeso la importante suma de U$S 400.000 en el año 1995, suma que equivalía a 1000 hectáreas de campo, lo que fue acreditado mediante la declaración del Cr. Zunini.
Iniciados los procesos judiciales luego del fallecimiento del padre de sus asistidos se firmó el Convenio de Honorarios que la actora agregó al contestar la oposición en este proceso (resultante a fojas 215), el que cita en sus resultancias, indicando que los 125.000 dólares que de allí surgen fueron también abonados a la Dra. Maeso.
Luego y por los procesos cuyos honorarios se reclaman en autos se abonaron a la accionante sumas muy importantes, habiendo la actora omitido entregar las facturas correspondientes, destacando que fue la propia Dra. Maeso la que confesó que recibió de parte de sus representados -entre el 2003 y el 2008- la suma de U$S 245.000.
Realiza al respecto cuatro consideraciones: a) los pagos indicados y confesados por la Dra. Maeso no pueden de forma alguna imputarse al Convenio de Honorarios del 16 de Febrero del 2000 ya que los honorarios allí acordados se terminaron de pagar en Marzo de 2002; b) la Dra. Maeso indicó en su escrito que estas sumas pagadas “no podrá deducirse de la reclamación en curso en cuanto cancelaron deudas existentes y anteriores”, no indicándose cuál deuda existente y anterior se canceló con dicha suma, consignando que no lo dice porque no la hay; c) la Dra. Maeso fue intimada a agregar las facturas emitidas por las sumas pagas antes referidas, sin embargo no cumplió con dicha intimación y no las agregó, incumpliendo con la intimación de la Sede, porque sabe claramente que dichas facturas se emitieron por los procesos cuyos honorarios se reclaman en autos, lo que fue denunciado oportunamente por su parte, estimando que resulta plenamente aplicable la teoría de las cargas probatorias dinámicas a la hipótesis de obrados; d) los expedientes cuyos honorarios se reclaman fueron suspendidos en sus actuaciones a partir de Marzo de 2007, a consecuencia del incidente de intervención de tercero, siendo que por ello fue que la Dra. Maeso percibió honorarios por su parte hasta el 2008, ya que luego de ello no existieron actuaciones procesales que meritaran el pago de honorarios por estos procesos que ahora reclama.
Le agravia a su parte también el descuento que realizara la Sede de primer grado de U$S 125.000 que alega surgen del convenio de honorarios del año 2000, por cuanto los pagos indicados entre el 2003 al 2008 y confesados por la Dra. Maeso no pueden de forma alguna imputarse al Convenio de Honorarios del 16 de Febrero de 2000 ya que, y como surge de las cláusulas tercera y quinta del referido acuerdo, los honorarios allí acordados se terminaron de pagar en Marzo de 2002.
Pero además consigna que la Dra. Maeso fue intimada a agregar facturas y nada aportó; la Sede A Quo hizo caso omiso de ello sin aplicar la teoría de las cargas probatorias dinámicas ni condenas a quien no facturó paga pagar impuestos, no aplicando el artículo 168 del CGP, como debió hacerse.
Considera que dar de baja esos U$S 125.000 es un grave error, resultando que se hizo sin dar ni un solo argumento ni analizar que ese convenio se había terminado de pagar en 2002, reiterándose que la actora no aportó nada de la facturación que se le intimó, lo que debió de haber tenido consecuencias legales que el decisor de primera instancia conocía y que resultan del artículo 168 del CGP.
Concluye que la impugnada debe ser revocada también en ese agravio, rebajándose la condena esos U$S 125.000 ya efectivamente pagados.
Aduce que no se tuvo en cuenta la confesión de pago total de los honorarios del expediente ficha 59-68/2002, citándose las resultancias del mail enviado por la actora a Juan José Martinicorena Mattos el día 9 de Octubre de 2013 y cuya copia fue agregada en contestación de demanda y no controvertido, en respaldo de su postura.
De allí destaca las palabras de la actora en donde manifestara: “Solo resta el pago de la Reconvención (si gano) “…Si no gano…no hay honorarios pendientes”…“al monto pagado por ustedes…” (…) “les devuelvo lo que pagaron”, confesión de parte que no fuera tenida en cuenta por el decisor de primer grado, citándose la normativa aplicable y prestigiosa doctrina en apoyo de su postura.
Consigna que la ligereza culpable y malicia temeraria de la Dra. Maeso debieron meritar el rechazo in totum de la demanda, pero además la condena en costas y costos de la parte actora y los daños y perjuicios que se reserva el derecho a reclamar, por cuanto movilizó al Poder Judicial, inició un proceso de regulación de honorarios, liquidó desproporcionadamente un honorario y reclamó nada menos que U$S 2.804.906 más IVA, cuando hacía un año atrás le había reconocido a su parte que los honorarios por el expediente 59-698/2002 estaban cancelados, lo que no fue percibido por el decisor de primera instancia.
También en este proceso la Dra. Maeso pretendió que se condenara a su parte a pagar 44.070 Unidades Reajustables más IVA por honorarios profesionales del proceso identificado con la ficha 2-63294/2004, resultando que la actora nada dijo sobre la existencia de pagos con relación a estos honorarios -ni totales, ni parciales- lo que demuestra su malicia y temeridad procesal.
Cita las resultancias de los mails adjuntos en apoyo de su postura, destacando que fue la propia actora la que reconoció en dichos recaudos que existieron “montos que pagaron”, es decir, sumas abonadas por su parte por honorarios del proceso 2-63294/2004, habiéndose adjuntado a la contestación detalle de dichos pagos y habiéndose confesado por la accionante que recibió al menos -entre 2003 al 2008- la suma de U$S 245.000 por pagos de sus representados.
Del documento letra “D” de la contestación de la demanda -no controvertido- surge que el socio de la actora reconoció que por este proceso judicial existieron pagos realizados por sus asistidos y concluye que de sus resultancias emerge que los ahora recurrentes le hicieron pagos a cuenta por este proceso a la Dra. Maeso en julio de 2008 y con anterioridad a esa fecha; no se hicieron pagos desde julio de 2008 en adelante porque el expediente no tenía movimientos y no había existido ninguna actuación de la accionantes que meritara pagarle honorarios.
Todas las confesiones de parte, las pruebas agregadas, el incumplimiento de la intimación, no fueron tenidas en cuenta por el decisor de primer grado, lo que agravió a sus asistidos.
Sin analizar el argumento de su parte de que no existía solidaridad, la Sede de primer grado condenó al pago a tres lo que deberían pagar cuatro, porque los clientes de la Dra. Maeso fueron cuatro.
Surge de los expedientes cuyos honorarios profesionales se reclaman que la Dra. Maeso contestó las demandas y representó en los mismos a los cuatro hermanos Martinicorena Mattos, Juan José, Martín, Álvaro y Enrique.
Sin embargo, la accionante no demandó a Enrique Martinicorena Mattos, sino solo a tres de los cuatro hermanos, pretendiendo una condena solidaria a dichos tres demandados, solidaridad que califica de disparate.
Esto, por cuanto no hay norma alguna que imponga la existencia de una obligación solidaria entre los (cuatro) hermanos que contrataron a la actora, citándose la normativa y jurisprudencia en apoyo de su postura.
Habida cuenta de lo referido, considera que se debió reducir en la impugnada en un cuarto su pretensión, debiéndose además dividir la suma de honorarios que se fije por sentencia y por las restantes tres cuartas partes entre los tres hermanos demandados, por partes iguales.
Se condenó a su parte sin dar un solo argumento al respecto de la solidaridad, por lo que entiende que al no decir nada, siendo cuatro los clientes de Maeso y al no presumirse la solidaridad, el monto condenado por honorarios (U$S 270.000) debiera dividirse entre los cuatro clientes, o mejor dicho: de ese monto condenado, los demandados debieran de pagar solo tres cuartos y no el total.
Se condenó a su parte al pago del IVA cuando ello no corresponde, citándose jurisprudencia en respaldo de su postura.
Destaca determinadas actitudes de la actora en los procesos y en este de autos que no fueron tenidas en cuenta por la Sede de primera instancia, por cuanto y para reclamar sumas verdaderamente desmedidas aumentó de manera desproporcionada e injustificada el monto del asunto, aspecto que por sí sólo habla de la mala fe de la actora y que el decisor no consideró ni ponderó.
Afirma que de la lectura de la demanda presentada por los hermanos Martinicorena Giacometti en el expediente Ficha 59-698/2002 surge que el objeto de su demanda era: a) lograr la colación y reducción de donaciones para que les fuera pagado a cada uno de ellos un monto de U$S 205.079,50, totalizando U$S 820.318 (U$S 205.318,50) para los cuatro actores; b) cobrar por frutos y rentas U$S 500.000, surgiendo que el monto de la pretensión de los actores en el expediente Ficha 59-69/2002 ascendía a U$S 1.320.318, suma equivalente a 41.695 UR. La Dra. Cristina Maeso consideró que el monto del asunto era de 351.888 UR, cuando era de 41.695 es decir 8 veces y media menos.
En lo que refiere al monto del asunto del expediente 2-63294/2002, indica que la parte actora lo estableció en 173.837 UR, suma que calificó de errónea, abusiva y desmedida, citándose las resultancias de dicho expediente en apoyo de su postura y destacando que la Dra. Maeso sumó, además del valor de los inmuebles, U$S 500.000, equivalente a 7.875 UR por concepto de frutos. Para ello se remitió al petitorio 11 de la demanda presentada por los hermanos Martinicorena Giacometti, cuando ni de la lectura de los hechos narrados por éstos ni del petitorio referido surgió ningún monto concreto por frutos, lo que le permite concluir que el monto considerado por la actora es totalmente infundado.
Surge de lo contestado por su parte que el monto de la pretensión de los actores en el expediente ficha 2-63294/2002 asciende a la suma de 55.180,07 UR, equivalente a US$ 1.747.368,88, mientras que la actora consideró que el monto del asunto es de 173.837 UR, equivalente a U$S 5.504.838, cuando verdaderamente es de 55.180,07, más de tres veces menos.
Dicha conducta marcó el actuar de las partes en el proceso, en una conducta desarrollada por su contraria que además de infundada fue en contra de principios de buena fe y lealtad, lo que también debió ponderarse habida cuenta que su parte solicitó la condena en costas y costos.
Su contraria liquidó honorarios por todas las etapas del proceso cuando era obvio que su labor fue parcial, resultando que pretendió aplicar el artículo 9 literal k del Arancel para aumentar un 50 % los honorarios cuando era evidente que ello no correspondía o pretender aplicar el artículo 10 del Arancel aumentando en un 30 % más el honorarios, cuando tampoco era viable.
Tales posturas -de “inflar montos”- están reñidas con la actitud y lealtad que debe tener un buen litigante.
No se condenó a la Dra. Maeso en costas y costos, lo que también le agravia a su parte, citando y desarrollando la actuación de la actora, así como jurisprudencia aplicable a la hipótesis de obrados, en respaldo de su postura.
Pide, en definitiva, la revocatoria total de la atacada y en su lugar se rechace la demanda incoada en su totalidad, con especial condenación en costas y costos a la actora.
3ro. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada, de fojas 40l a 412.
Fincó sus agravios en mérito a las siguientes consideraciones y fundamentos:
La impugnada le causó agravio en cuanto, deducida pretensión de liquidación y cobro de honorarios por gestiones cumplidas y resultados obtenidos en dos juicios ha desconocido aspectos objetivos -acreditados- y ha dado por probados otros -sin prueba- distorsionando las conclusiones del Fallo, que hereda los errores -de verificación y de lógica- que se manifestaron en el texto de la atacada.
Afirmó que los dos procesos fueron cumplidos ante la Sede del Juzgado de Familia de 18 Turno, cuyo desplazamiento por abstención del Sr. Juez -promovido por la contraria- determinó como consecuencia relevante la falta de visualización de la complejidad de las actuaciones.
Dicho desplazamiento supuso la pérdida de una garantía, exigiendo del nuevo decisor un esfuerzo mayor de compenetración respecto de lo demandado, casi imposible en mérito a la naturaleza abreviada del trámite.
Aduce que si los elementos para cuantificar son los mismos, el Tribunal -al abordar el estudio y revisión que promueve- debe tener en cuenta esa cuantificación determinada por sentencia 125 de 1/9/2014 recaída en IUE 59-1215/2014.
La sentencia referida recayó en el juicio de regulación de honorarios en incidente acordonado y fijó los honorarios en $ 9.625.000, equivalente a U$S 401.041,66.
Consigna que el honorario por un incidente, según Arancel, se corresponde al tercio del total de honorarios del principal, lo que supondría para el criterio del sentenciante (Juzgado de Familia de Décimo octavo Turno) un honorario en el principal de U$S 1.203.124, monto que concuerda con el establecido por el decisor de esta causa en el Considerando IV de la impugnada, pero no en el fallo.
Indica que si bien la jurisprudencia no es fuente formal de Derecho, las conclusiones y antecedentes de las sentencias, operan como referencia de invocación permanente.
La impugnada generó desconcierto por la ausencia total de fundamento y supuso quedar sometida a una decisión con clara evidencia de ignorancia respecto del tema sometido a juicio, absolutamente subjetiva, sin soporte probatorio y totalmente diverso al antecedente según el Juez de la propia causa.
La atacada violentó el principio de congruencia entre los hechos probados y el juicio que sobre ellos emitiera, cometió error en la determinación no solo del monto del asunto, sino en la del propio asunto (materia) de ambos juicios.
Se realizó una interpretación selectiva de “lo demandado”, sin fundamentarlo legal ni invocando apoyos de jurisprudencia, de sana crítica o de equidad.
Se excedió el límite de lo discrecional para invadir el de la arbitrariedad, por cuanto la “selección” arbitraria de los aspectos cuantificables carece de amparo legal.
La impugnada asumió como ciertas meras afirmaciones y desconoció la prueba de hechos en sentido contraria, a la que ni siquiera consideró y cuya exclusión no fundamentó.
Admitió pagos a cuenta sin prueba y sin advertir que además de los juicios en litigio se probó la existencia de otro juicio (entre otras gestiones profesionales) al que legítimamente fue imputado el monto pagado.
Impuso una sustracción económica al profesional, sometiéndolo a alterar la imputación cancelatoria ya efectuada y a soportar la carga injusta e impropia de admitir que su trabajo profesional fue gratuito.
Violentó la normativa de imputación legítima de la paga del Código Civil y el principio constitucional del derecho a la remuneración justa.
Se descartó el artículo 9 del Arancel y priorizó aspectos procesales.
Desplazó la consideración de elementos esenciales que afirmara en su propio texto, tales como: “importancia de la causa”, “trabajo realizado” y la “eficacia en los servicios” y consideró -en forma exclusiva- aspectos meramente procesales.
Afirma que no es un simple gestor del trámite sobre el que carece de dominio, por cuanto su obligación es la efectiva defensa de los derechos sustanciales amenazados y su eficiencia debe de valorarse como obligación de medio en relación a procurar beneficio legítimo o impedir perjuicio injusto.
La atacada descartó el artículo 10 del Arancel, suprimiendo como elemento de valoración a favor del profesional, al ejercicio de un amplísimo poder procesal sin advertir siquiera las responsabilidades y cargas que determina y que surgen dispuestas legalmente, así como de las circunstancias acreditadas por la prueba incorporada.
Se hizo una incorrecta e ininteligible aplicación del concepto de solidaridad e incurrió en una confusión manifiesta con el concepto de indivisibilidad de la obligación de pago de honorarios, por cuanto la parte actora o demandada es siempre una, con prescindencia de la singularidad o pluralidad de sujetos que la integren.
En el considerando IV se afirmaron no solo pagos inexistentes sino que estableció a efectos de aplicar una deducción falsa por imposible, un monto de honorarios que no se correspondió con el del fallo.
En lo que corresponde al monto del asunto, resultó correcta en el caso la liquidación del mismo, efectuada en la demanda, no obstante y según el texto de la atacada, la liquidación efectuada por el actor no fue tomada en cuenta.
No se infiere si al expresar el monto del Asunto del IUE 59-698/2002 en UR 178,837 el sentenciante se remitió a las conclusiones de alguna de las partes o fue ya una estimación propia o se trató de un simple error.
En el párrafo de la atacada se transcribieron los dichos del actor con relación al monto de los honorarios según el Arancel (U$S 2.804.906 más IVA), pero afirmó con relación al monto del asunto lo que el actor no dijo, por cuanto no se determinó dicha suma en UR 178,837, como la impugnada pareció atribuirle.
Se cuantificó el monto del asunto en UR 351.888, extremo que no apareció consignado en el texto recurrido.
Igual error se padeció con relación al IUE 2-63924/2004, por cuanto el monto del asunto determinado fue de UR 173.837 (y no 44,070, como la sentencia pareció atribuirle).
La liquidación del monto del asunto efectuada por el actor fue, sin explicación, suprimida del análisis lógico.
La atacada careció de la definición de la pretensión, siendo fundamental la liquidación veraz y objetiva del “monto del asunto” para lo cual no se puede prescindir del estudio de las demandas y del análisis de los petitorios.
No fue una simple inversión de números, ya que el monto de UR 44,070 atribuido al IUE 2-63294/2004 no fue el “monto del asunto” de ninguno sino el monto de la liquidación de honorarios -según Arancel- de uno de ellos, error que no es mínimo, sino que alteró la pretensión y por lo tanto la conclusión. El “fallo” quedó en ambos juicios sin su premisa, principal soporte lógico de todo el razonamiento del decisor.
El error objetivo y verificable en la determinación del “monto del asunto” en que la impugnada incurriera y surge de su simple lectura, permite entender configurado el derecho a su revisión.
El “monto del asunto” resulta ser la valoración o cuantificación de las pretensiones actoras es “lo pedido contra el demandado”, por lo tanto también integra “lo pedido” la Acción de un tercero, incorporado al juicio (IUE 59-698/2004) en cuanto demanda a ambas partes (acción reivindicatoria por el 50 % de sus hectáreas gananciales).
La determinación precisa de la delimitación del Objeto y del Monto del asunto, no sujeta a apreciaciones y depreciaciones que no se demuestran probadas, siempre es exigible. Rigor que debió observarse en la especie y del que la atacada careció.
Concluye que el monto del asunto está mal determinado por la impugnada transformándose en una premisa errónea del razonamiento subsiguiente.
Reitera su cuantificación del monto de los asuntos.
Afirma que se padeció una interpretación “selectiva” de lo “demandado”, indicando que particular defensa merece que la demanda del tercero sea incluida en la valoración del monto del asunto, contrariamente a la exclusión infundada que se decidió por la sentencia, no pudiendo admitirse la supresión de elementos constitutivos de los litigios por los que se demanda el pago de honorarios.
Las simplificaciones agreden la ecuación inicial que determinara el conflicto y su importancia así como la entidad de los servicios profesionales que esos conflictos implicaron y exigieron, lesionando en forma directa e injusta la pretensión deducida.
La impugnada suprimió en la valuación del monto del asunto, a la acción del tercero Alice Mattos, citado en garantía, por cuanto y al ser una demanda contra ambas partes, ingresó al concepto “de lo pedido” por la parte actora y al “ámbito de las pretensiones deducidas” contra la parte demandada en juicio.
Dicha acción, ejercida en función de la citación en garantía, supuso la inscripción de la Acción Reivindicatoria sobre tres padrones que debían serle devueltos al tercero, en cuanto habían sido incorrectamente incluidos en la partición del patrimonio de su esposo en el año 1995 por un total de 32.000 hectáreas.
Existió un extremo probado del que la impugnada también prescindiera y que supuso una indebida fractura de la prueba, por cuanto el fallo suprimió conceptos que integraron las “pretensiones actoras” y asumió por cierto el pago a cuenta por U$S 160.000 y ordenó su deducción.
Para ello asumió el dato fáctico y reconocido de que en 15 años y por varios procesos fue percibida la suma de U$S 285.000, asumiendo asimismo la prueba del Convenio agregado deduciendo U$S 125.000 que aparecen en el texto del Acuerdo con clara afectación.
Afirma que de la prueba resultante surge la deuda pendiente de liquidación y de pago.
Su parte no negó haber percibido, durante los 15 años ininterrumpidos de trabajo profesional al frente de varios procesos, la suma de U$S 285.000 -desde el 2002 y hasta el último pago de junio del 2008- tanto por concepto de honorarios como por gastos, pero no fue reconocida ni probada su afectación a ninguno de los dos juicios, objeto de estas actuaciones. Nunca se especificó -por ninguna de las partes- la atribución concreta del pago, por lo tanto, no existe ninguna prueba de que los U$S 160.000 se hayan afectado a estos dos juicios cuyo pago se reclama.
La atacada, habida cuenta de lo relacionado, incurrió en dos errores: a) partió del absurdo de que, en todos los demás temas -admitidos y no controvertidos- y durante quince años, se habría trabajado en forma gratuita; b) prescindió de la prueba en contrario, que también se le suministrara.
Afirma que ni la otra parte ni la propia Sede de primer grado pueden implicar o inferir de la prueba más de lo que ésta acredita y, si lo hacen, esa deducción tiene el carácter de presunción, que admite prueba en contrario.
En el caso fue acreditada la existencia de otro juicio que la impugnada ni siquiera mencionó o consideró como elemento probatorio ni fue demostrada su invalidación o validación de su prescindencia.
Consigna que esa prueba en sentido contrario, descarta la presunción.
La impugnada incurrió en una clara extralimitación, por cuanto careció de jurisdicción para alterar una situación interna no sometida a contienda.
Afirma que el abrupto cierre de la relación profesional, obligó también al cierre de las situaciones pendientes, habiendo sido suprimido “unilateralmente” el medio natural de pago -continuar con el juicio y concurrir a sus resultados- determinando la atribución de pagos a las deudas más antiguas aún pendientes, no existiendo violación alguna a la ética al aplicar la normativa establecida por el pago en el Código Civil.
La impugnada priorizó la simple afirmación de la contraria.
Afirmar como lo hizo la atacada, que todo lo percibido en quince años debe imputarse al pago de la reclamación, determina una acusación implícita sin soporte probatorio alguno y atribuir una conducta delictiva no probada es un exabrupto injusto, resultando inadmisible en un juzgador ecuánime e imparcial que debe aplicar el Derecho.
Indica que en el mismo convenio en que apoya el monto deducible de U$S 160.000 surge claro que se pactó un acuerdo en los resultados de la acción de Alice Mattos.
Sobre esta acción - para cuyo estudio se pagaron U$S 25.000 según Convenio agregado del 16 de Febrero de 2000, que no pudo incluir acciones futuras y aún desconocidas - se formalizó un Acuerdo a resultados en el 20 % de los resultados según el mismo Convenio agregado (cláusula sexta).
Dicha expectativa fue unilateralmente suprimida por el cierre intempestivo, sin noticia previa y sin conceder participación alguna al profesional, sustrayéndole toda oportunidad de preservar sus derechos formalmente acordados.
Dicha pérdida objetiva de expectativa debió ser tomada en cuenta en virtud de la reserva de derecho efectuada en el capítulo II de su Demanda y que dedujera y desarrollara en el punto 1.5 de su escrito de contestación a la oposición.
Esa expectativa surge del propio Convenio que la atacada toma como prueba para acceder al monto deducible, no obstante y a los efectos de la liquidación solicitada -y en trámite- la atacada ignoró total y absolutamente el Convenio.
Fue sobre esa base -expectativa dependiendo del trabajo profesional- que se trabajó y se asumieron costos considerables, resultando claro que no fue una acción inocua, por cuanto supuso una variación sustancial en la relación de fuerzas del litigio, permitiendo la transacción en los términos que se concretara, sin intervención de la actora, en mérito a existir una equiparación de pretensiones.
No puede negarse el valor profesional de haber concebido y estructurado la nulidad de la renuncia a los gananciales ni el derecho a percibir honorarios como legítima contraprestación, resultando que el hecho de que discurriera en un proceso tan complejo como errático -cuyo control excede al profesional- no le quita valor ni eficiencia defensiva y menos le suprime el derecho a la percepción del precio de su trabajo.
No puede admitirse la doble omisión en que la impugnada incurriera: a) que la valuación de esta demanda de un tercero a ambas partes del juicio no haya sido incluida en la determinación del monto del asunto y b) que se hubiera prescindido del acuerdo del 20 % de los resultados de esta acción, incluido en un convenio donde la sentencia se apoyó para determinar e imponer un monto deducible, concluyendo que la fractura del elemento probatorio es clara.
La impugnada hizo caudal de que en ninguno de los juicios se llegó a la audiencia preliminar, cuando no haberla alcanzado en doce o catorce años de control permanente no fue un hecho imputable al profesional ni pudo significar merma de su derecho, sino todo lo contrario.
Tal circunstancia definió un proceso imprevisible que aumentó la complejidad, así como la exigencia de controles.
Se suprimió toda consideración a las innumerables vistas fiscales, a los recursos y a su sustanciación, al estudio pericial solicitado, a la estrategia efectiva sobre ambos expedientes, a la cancelación registral, al hecho de invertir las posiciones de fuerza en los litigios y al resultado según el cual, ninguna de las pretensiones pudo prosperar.
El hecho comprobado de no perder el control de procesos de más de 12 años sin audiencia preliminar, es la mejor prueba de la complejidad particular del trámite en cuanto a su imprevisibilidad y a las exigencias de controles permanentes, destacando que el proceso tuvo para su parte un “contendor adicional” tal como lo fuera el Fiscal, consultado de manera permanente.
La impugnada desplazó la consideración de elementos que afirmara de importancia: “importancia de la causa”, “trabajo realizado” y la “eficacia de los servicios”, no obstante no existió una sola mención a ninguno de los tres aspectos, destacándose que debió considerarse la gravedad y el riesgo de que las pretensiones prosperaran.
Se debió ponderar que no solo las pretensiones no pudieron prosperar, sino que fue invertida la fuerza de las posiciones respectivas de las partes.
Tampoco existió una sola mención a dicho aspecto.
Las obligaciones de medio fueron cumplidas con exceso, en cuanto se lograron resultados conexos con el proceso y que determinaron beneficios ciertos, todo y sin perjuicio de que las pretensiones pudieran concretarse.
Cuantificar el costo evitado, lo considera una forma de valuar el servicio prestado.
No se mencionó en la impugnada que se alcanzó el máximo posible y exigible en atención al carácter de sus “obligaciones de medio” y a una ausencia clara de “dirección del proceso” que excede sus cometidos y posibilidades y que por lo tanto no puede serle trasladada.
Conferir poder amplísimo procesal supuso una enorme carga adicional, sin perjuicio de las situaciones derivadas de la lejanía del cliente con el “Asunto”, lo que motivó varios planteos por el modo de trabajo impuesto, según consta en la documentación adjunta y que explicó la urgencia con la que se solicitara la revocación del poder, según consta.
El hecho de no asistir ninguno de sus representados a la Audiencia Preliminar sin comunicación ni aviso, con el riesgo que conllevó y de ser llamada a responsabilidad, es suficiente para demostrar que no puede simplificarse el análisis del poder, tal como se efectuó.
El concepto merece revisión y en el caso concreto, la exige, permitiendo la aplicación del Artículo 10 del Arancel, aspecto que no mereció consideración alguna en la sentencia.
En el numeral IV de la impugnada se afirmó que los tres demandados “…responderían por el 75 % … desde que el también demandado en los procesos Enrique Martinicorena Mattos ya habría cancelado la deuda…”.
No se demandó a Enrique Martinincorena Mattos por cuanto pidió retirarse del Juicio, renuncia que se instrumentó para no perjudicar a sus hermanos en el trámite. Su renuncia al resultado acreció el derecho de sus hermanos pero no alteró “la parte demandada” ni disminuyó la pretensión actora que continuó por el 100% y, por el 100%, debieron continuar deduciéndose las defensas.
Por lo tanto, considera que se debe el cien por ciento de los honorarios, ya que el juicio no se fractura en función de la pluralidad subjetiva de “la parte” que sigue siendo una, en este caso, la demandada.
Por lo demás, indica que la prueba del pago cancelatorio de uno de los integrantes de la parte demandada no fue probado, ni podría serlo, porque no existió pago alguno.
Cita el considerando IV en respaldo de su postura e indica que la impugnada no permite atribuir origen ni por tanto conocer la autoridad vinculante del párrafo transcripto, extremo que demuestra de manera contundente la imposibilidad de controlar el proceso lógico del sentenciante, enervando las garantías mínimas del justiciable.
No obstante lo referido, el monto coincidió con el establecido en la sentencia 125 recaída en el IUE 59-1215/2004 que fijó en más de U$S 400.000 el tercio del total de honorarios en tanto no se trataba del juicio principal sino de una incidencia.
Resulta imposible el inferir como se llegó al monto en que condenó cuando en el proceso lógico del razonamiento, el sentenciante admitió como monto de honorarios las sumas “U$S 1.200.000 y ….U$S 720.000”, respetando la coherencia con el antecedente referido.
Agrega que la finalidad de apartar al “Juez de la causa” de la valoración de las actuaciones profesionales en dos juicios complejos, de catorce y doce años de duración respectivamente, cumplió su finalidad de claro perjuicio, no solo de desamparo al profesional sino de agravio al propio sistema de justicia que hoy soporta dos fallos contradictorios sobre idéntica materia.
Se impidió la valoración de las actuaciones por quien las conocía, suprimiéndose la “inmediatez” del juez del proceso que emigró de los canales formales en el CGP.
La sentencia omitió el estudio concreto de los dos expedientes, desconoció los litigios y prescindió de las pretensiones.
Se sostuvo que la labor profesional es un “arrendamiento de obra”, pero resolvió el caso según etapas procesales cumplidas, tal como si fuera un arrendamiento de servicios, haciendo el listado de las gestiones formales y/ó de trámite sin considerar ningún resultado.
Incurrió en evidente contradicción al destacar como fundamental “el trabajo efectivamente realizado en consideración a los extremos de éxito y provecho de la gestión profesional para los asistidos” y no ingresar nunca a valorar ninguno de esos extremos.
El resultado, la “obra”, la “eficacia” en el caso, fue un juicio cerrado por perención (por supresión de la inscripción registral) y otro con las situaciones creadas para cerrarlo por una transacción sin reclamación recíproca alguna, resultados que derivan de la labor profesional cumplida, extremo que no apareció relevado en todo el texto de la atacada, la que incurrió en un tratamiento de tal ligereza, desorden e incoherencia que hizo imposible el control del proceso lógico con el que decidiera.
Pide, en definitiva, que el Tribunal ingrese al estudio de todos los elementos planteados, al análisis de la argumentación y de la prueba, haciendo lugar a los agravios expuestos y fundados, revocando la Sentencia impugnada y en su mérito recomponiendo el monto del asunto en ambos juicios (IUE 59-698/2002 y 2-63294/2004), teniendo presente la sentencia nro. 125 recaída en los antecedentes acordonados (59-1215/2004), no admitiendo pagos “a cuenta” no probados y haciendo lugar al monto de honorarios tal y como fuera solicitado en la demanda.
4to. Por auto 5919/2016 (fojas 416) se confirió traslado del recurso de apelación, el que fue evacuado por el representante de los demandados de fojas 419 a 434, en donde reitera y se remite a los fundamentos ya expuestos en su anterior comparecencia, con excepción de:
Consigna que, no conforme con que el Sr. Juez de primer grado le diera casi medio millón de dólares, se recurre por la accionante la impugnada en una clara muestra de ambición desmesurada y mala fe, que dan la pauta de la condena en costas y costos que deberá recaer.
Tan carente de fundamentos está su escrito que ni siquiera se entienden sus fundamentos, que además reitera todo lo señalado en la demanda, por lo que contesta remitiéndose a lo ya señalado al contestar la demanda por su parte, escrito que considera parte del presente.
Manifiesta su rechazo en su totalidad de todos los argumentos vertidos por la contraria en su escrito de apelación, que los califica de equivocados, erróneos y presentados para confundir a la Sede, ya que ni siquiera se entienden.
La Dra. Maeso se agravia porque se le bajaron U$S 160.000 y alegó que no existe prueba, lo que considera una falta de respeto, por cuanto cobró honorarios con creces.
Las confesiones de parte, las pruebas agregadas, el incumplimiento de intimación, no fueron tenidos en cuenta por la Dra. Maeso que, sin embargo, de mala fe apela.
La Dra. Maeso se agravia además porque señala que no se tuvo en cuenta su actuación por poder, argumento totalmente rebatible e infundado. La actora reclamó un honorario por demás increíble. Dicho honorario por el que se agravia al no percibir se compone en un 30 % por el aumento que realiza la parte actora con el único fundamento de haber actuado por poder de esta parte en los procesos judiciales, dicho porcentaje equivale a 30.610 UR más IVA, suma equivalente a U$S 919.316 más IVA, debiendo observarse el abuso que se pretende perpetrar.
Afirma que dicho agravio debe ser rechazado absolutamente por cuanto el artículo 10 del Arancel del Colegio de Abogados de Uruguay no es obligatorio para el magistrado. La actuación por poder facilita la actividad del abogado, máxime en el caso de autos en el cual los demandados eran cuatro personas y si no se hubiera otorgado poder, el abogado debía conseguir la firma de los cuatro demandados para presentar cualquier escrito. No se puede considerar que quien contrata a un abogado considere como parte del precio de costumbre pagar un adicional por facilitar a un abogado su tarea de actuar por poder, menos aún, pagar un 30 % y -menos aún- pagar la suma exorbitante que reclama la Dra. Maeso solo por haber actuado con poder, citándose jurisprudencia en apoyo de su postura.
Rechaza cualquier agravio de la Dra. Maeso que quiera hacer pensar que la condena debe ser solidaria.
Existió un aumento desmedido e injustificado del monto del asunto, sobre el que la Dra. Maeso insiste al apelar. La contraria infló los valores del monto del asunto y siguió insistiendo sobre ese punto.
Se sigue insistiendo por la actora en el irracional planteamiento de liquidar honorarios por todas las etapas de un proceso ordinario cuando la labor fue parcial, extremo ampliamente analizado al contestar la demanda, a lo que se remite, debiéndose aplicar el artículo 18 del Arancel en el caso.
Se intentó aplicar el artículo 9 literal k del Arancel para aumentar un 50 % los honorarios, cuando no corresponde.
Pide, el rechazo del recurso impetrado por la Dra. Maeso en todos sus términos, con especial condena en costas y costos a la actora.
5to. De fojas 435 a 441 vto., es la actora quien evacúa el traslado del recurso de apelación conferido a su parte en mérito a las siguientes consideraciones y fundamentos:
El escrito en traslado produjo desconcierto, no por su solidez, sino por su carencia de seriedad y de consistencia, no parece conocer lo que dice, no entendió lo que se dijo y probó, prescindió de los expedientes y de los hechos y sobre todo insultó.
Calificó el libelo recursivo como un simple eco complaciente de desahogo, un discurso desesperado del que, careciendo de todo argumento, no puede sino ofender.
Agregó que dicho escrito pareció recoger la absoluta falta de criterio y de comprensión nula de quien ignora la situación jurídica a la que fue sometido y canaliza su frustración hacia el abogado.
En cuanto a los agravios contesta que:
Decir que la profesional “originó...concibió... y eternizó” los procesos es falso, descartándose por el hecho de que no fue la actora en ninguno de los juicio y por tanto “no originó ni concibió” los procesos. Y, cuando lo fue -al concebir la acción del tercero- lo fue en carácter de defensa -citación en garantía- y en cuanto a que “eternizó” los procesos, también lo descarta en cuanto también fue víctima de la extensión temporal.
Esto, por cuanto debía trabajar “sin pago alguno desde el año 2008” sino que también se postergaba su propia expectativa en los resultados de su trabajo, dado que concurría a los resultados de las reconvenciones y en el 20 % del rescate de hectáreas de Alice Mattos.
Nadie padeció tanto el “discurso procesal” errático y agotador, como la actora, dado que fueron años de “riesgo jurídico” cierto, asumido con la responsabilidad del Poder Procesal amplísimo. De haber omitido cualquier control o defensa, no se estaría ante la discusión de honorarios sino de pago de pretensiones.
Consigna que decir que el profesional “transformó un juicio en un negocio para el abogado...” es falso y se descarta por la prueba.
Aduce que: a) se dedicó a impedir que prosperaran las acciones; b) desde el año 2008 no se percibía pago alguno y para cobrar lo que se imputó al pago del juicio de Civil 20 pasaron varios años e infinidad de gestiones; c) no había “mejor negocio” que culminar los procesos con éxito; d) la finalización abrupta del juicio enervó el resultado favorable para los clientes, no pudiéndose renunciar a proseguir alcanzar el resultado y trasladar el daño a la renuncia. Concurrir al 50 % del monto de las reconvenciones y al 20% de las hectáreas reivindicadas por Alice Mattos no podría ser nunca igualada por un pago de honorarios ni aún en la más optimista de las expectativas, pero mucho mayor negocio era para los clientes, consolidando definitivamente la propiedad impugnada y los conceptos reclamados, así como acceder a 4000 hectáreas reivindicadas.
Alude a que decir que “cobró cifras millonarias” es falso en cuanto no dice nada a los efectos de la reclamación.
Los asuntos eran millonarios, y en 14 años se cumplieron varias gestiones no controvertidas, cada una de las cuales refería a materia multimillonaria.
Consigna que aún frente a lo pagado por temas que no están en Juicio, quedan pendientes honorarios por gestiones cuyo pago no fue cancelado y cuyo cobro legítimamente dedujo.
Indica que afirmar que en ese cobro “multimillonario” deben incluirse U$S 400.000 pagados por la partición solicitada por el padre de los hijos mayores de edad supera todo absurdo imaginable, por cuanto: a) es falso, esos no fueron los honorarios, dado que las obligaciones mayores a $ 200 requieren prueba por escrito y en autos ni probó su afirmación un testimonio ni acreditó su negación este escrito. En principio y por lo tanto, esa cifra no existe ni puede ser invocada a ningún efecto; b) porque sea cual fuere el monto, no fue pagado por los demandados; c) porque en un intento inmoral de distorsión de los hechos, trataron de impresionar con las cifras, cuando lo verdaderamente impresionante fue el contenido económico de esa Partición, así como el valor de todos los asuntos de esta familia.
Describe los juicios relacionados en autos y las tareas llevadas a cabo en éstos.
Refiere a que sostener que los juicios fueron “consecuencia del mal asesoramiento profesional” es falso, ya que con ello descalifica la totalidad de la postura de los oponentes. Nunca la parte contraria supo ni del contenido ni de la entidad de lo que se sometió a juicio de valoración y de valuación.
No estudió los juicios, no entendió las pretensiones, no dimensionó los riesgos ni el daño y careció del necesario criterio para ponderar que las “opiniones del cliente” pueden o no, ser tomadas y vertidas en un expediente judicial.
Los dos juicios -por los que se reclaman honorarios- no refieren a ninguno de los bienes integrativos de la partición, ni tuvieron relación con ningún asesoramiento previo de la actora.
Ninguno de los juicios “cuestionó el reparto arribado”, es falso.
Por el contrario refieren a bienes objeto del testamento del padre a favor de su ex cónyuge que fuera revocado por el causante, no existiendo ningún error ni en la decisición de vender ni en la de comprar ni en ninguna de ambas compraventas.
El traslado al profesional de la ofensiva judicial y totalmente irracional de la que fueran objeto por estas dos escrituras, es tanto como pretender imputarle cualquier caso fortuito.
Afirmar que el trabajo profesional “fue malo” es falso, y además, es no entender qué habría pasado de haber sido realmente malo.
Esto, por cuanto el pago en cualquiera de los tres juicios hubiera supuesto el 50 % de esos dos bienes reclamados sin perjuicio de las pretensiones adicionales y sin incluir al bien urbano, al monto de U$S 1.750.000 por usufructo percibido, a los frutos, ni a la acumulación de pretensiones que surgen de los petitorios, ni a la responsabilidad deducida por el ejercicio del Poder General de Administración que confiriera el padre a dos de sus hijos mayores.
El “perjuicio impedido” es un criterio de valoración del trabajo y estima que el monto de honorarios por el que se agravia es muy menor a la suma que hubieran debido pagar de haber prosperado las pretensiones deducidas en uno cualquiera de los tres juicios.
Riesgo que efectivamente corrieron al no concurrir -sin justificación alguna- a la Audiencia Preliminar del IUE 59-698/2002, resultando que por escrito de la actora, esa audiencia, fue suspendida.
Afirmar, como demérito, que el trabajo “no llegó a su fin”, es falso.
Estima que frente a la sentencia 125/2014 de 1 de septiembre de 2014, recaída en IUE 59-1215/2004, no era el momento de transar, resultando obvio que como profesional jamás hubiera patrocinado una “rendición” de tal magnitud en el momento en que se invertían las fuerzas y se visualizaba la posibilidad de éxito del litigio a favor de sus clientes.
Ignorar lo jurídicamente logrado fue la razón de que, al ser sustituida, se aconsejara el cierre de las actuaciones, lo que consideró un mal consejo.
Indica que se transó porque: a) el profesional se vio obligado a retirarse para impedir el resultado efectivamente “malo” de quedar como “desistidos” (frente al hecho de la inasistencia no comunicada a la audiencia preliminar), lo que hubiera determinado el pago de las pretensiones contrarias; b) las pretensiones fueron niveladas, por la actividad del profesional actuante; c) decidieron con ligereza renunciar a lo obtenido; d) se hizo con prescindencia del profesional actuante y de sus derechos adquiridos.
Afirma que se agredió a quien generó las condiciones que les permitieron patrocinar esa transacción y sobre cuyos derechos generados -incluso por Convenio adjunto- no advierten a los clientes.
Aducir que “debe aplicar el artículo 168 del CGP” es falso, por cuanto en el caso se intimó la agregación de copia y no del documento original, que estaría en poder de quien pide la copia. No puede aplicarse, sin perjuicio de lo dicho en la respuesta de la intimación practicada.
En relación al IVA, consigna que no es el profesional quien debe pagar el impuesto generado con sus propios servicios, por cuanto no es consumidor final de su trabajo.
Se remite, en lo demás y en referencia al “trabajo realizado”, la “solidaridad” y sobre la “confusión”, así como la ignorancia del tercer juicio ante el Civil de 20º Turno agregado con cancelación de la inscripción registral, a lo ya expuesto en su escrito de apelación.
Concluye en que: a) la naturaleza inusual del escrito en traslado confirma la solidez y fundamento de la reclamación amparada por la impugnada, estimando que los agravios deducidos por su contraria deben quedar descartados en su totalidad; b) el “monto” tanto del asunto como de los honorarios fue liquidado según el Arancel en ambos juicios; c) con respecto al juicio 59-698/2002, existe un antecedente judicial de valuación, citando las resultancias de la sentencia 125/2014 recaída en IUE 1215/2004 y el Considerando IV de la sentencia 179/2016 en apoyo de su postura; d) en el caso, el crédito por honorarios es indiscutible, es un crédito cierto, habiéndose desconocido el derecho generado en ambos juicios, incluso el pactado por Convenio escrito.
Consigna que la otra parte no puede agraviarse frente a ninguna condena de pago por sentencia, en la medida en que ella misma ha determinado la necesidad de dirimir en litigio, el derecho indiscutible al cobro de honorarios.
Pide, en definitiva, el franqueo de las actuaciones.
6to. Por auto Nº 6149/2016 (fojas 443), la Sede A-quo franqueó los recursos, con efecto suspensivo y previas las formalidades de estilo.
Llegado el expediente al Tribunal, se dispuso el estudio sucesivo de los Sres. Ministros; se produjo la desintegración de la Sala por alejamiento de dos de sus integrantes.
Integrada nuevamente, continuó el estudio.
Finalmente, puestos los autos al Acuerdo, reuniéndose la unanimidad de votos, se dispuso el dictado de sentencia.
CONSIDERANDO:
1ro. La Sala integrada y por unanimidad habrá de confirmar la sentencia de primera instancia, por distintos fundamentos a los expresados en primera instancia.
2do. Es de rechazo el agravio de los demandados sobre la valoración de la prueba. Ante la multiplicidad de juicios en que actuó la Dra. Maeso y la confusión de qué pagos de honorarios se correspondía con qué trámite, era carga de los demandados probar los hechos (pagos modificativos, impeditivos o extintivos de la obligación).
Si existen los recibos o facturas que dicen que la abogada actora no presentó, se está infligiendo la ley procesal, poniendo en ella una carga que no tiene. En efecto, la referencia a facturas supone que la parte demandada conoce su existencia. Y si realmente existen esos documentos, la propia parte debe asumir que la razón de ser de los mismos es demostrar el poder cancelatorio. Quién debe tener recibos, facturas en su primera vía por los servicios profesionales, es que quien pagó por los mismos.
Es claro que razonablemente corresponde exigir a la parte demandada su presentación. Al no hacerlo, no puede darse por probado los pagos alegados, salvo en el monto que la se tuvo por reconocido -según la sentencia de primera instancia- por la propia demandante al evacuar el traslado de la oposición a fojas 288 y siguientes.
El artículo 1573 del Código Civil establece que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquella o estas. La Dra. Maeso debía probar la generación de honorarios y las circunstancias que determinaría su monto. La extinción o cancelación es carga de los demandados y no se desembarazan de ella simplemente por la intimación a la contraria de documentos que de acuerdo a un criterio de razonabilidad, debieran estar en su poder.
3ro. La parte demandada al apelar insiste en forma repetida en juzgar la conducta de la actora.
Su demanda de regulación -que no fue compartida por la Sede A Quo como notoriamente surge de la sentencia apelada- contiene una pretensión. Sus cálculos no fueron admitidos por el tribunal de primer grado y como se anunció, tampoco por esta Sala.
Ahora bien, estar en desacuerdo no significa que no se le reconozca a la actora, el derecho a formular la pretensión de autos. No se valió de ningún mecanismo ilícito ni obró con ligereza o malicia temeraria. Y así como era sustanciable su demanda, lo fue la contestación, que tampoco la Sede de primer grado ni la Sala acogerá totalmente, sin que esta circunstancia haga concluir que los demandados no podían presentar sus defensas, en las forma que lo hicieron.
No se comparte en absoluto la comparación con los ingresos de un juez o de un abogado, ya que en el primer caso, se trata de actividad diferente. En la comparación que se hace a los abogados que ejercen como tales su profesión, la riqueza de la vida forense hace que se generen honorarios como los reclamados en autos y aún mayores. Además no puede desconocerse el volumen e importancia del elevado patrimonio que fue objeto de una serie de litigios.
4to. Sobre los agravios de los demandados en cuanto al trabajo realizado, no se comparten. Ello por cuanto el escrito de contestación de demanda, y otras actitudes procesales como la reconvención, presentados en los dos juicios principales, son enjundiosos y demuestran, dedicación, labor y estudio, propio de las dificultades y desafíos de los casos por los cuales fueron demandados los hermanos Martinicorena Mattos.
No se comparte por los firmantes que se contabilicen hojas para juzgar el trabajo de la abogada. Existe un bagaje de conocimiento y una labor propia de un estratega en la defensa, que podrá trasmitirse a través de una o miles de hojas. Lo sustantivo es lo primero; lo accesorio el espacio de papel empleado.
El valor de la labor desplegada por la actora, radica fundamentalmente en aquel trabajo previo de adquisición de conocimiento, información y estudio. La formación académica y el título de grado no conforman por sí todo el valor de su patrocinio. Se agrega la experiencia que sería demostrada en el manejo de este caso complejo, extremo que es gravitante para la protección de derechos de sus defendidos.
Recién luego, viene el conocimiento del caso, asunción de los hechos, estudio de la versión de la parte contraria y la de sus defendidos. El abogado entonces, dotado del conocimiento propio de su profesión, pone manos a la obra, como un estratega decidido a la victoria de su patrocinado, presentando los hechos y seleccionado pruebas, tanto para hacer fracasar la versión de contrario si fuere menester, como para hacer triunfar la suya.
La pretendida simplificación de la labor de la Dra. Maeso, poniendo supuestos precios a hojas escritas, es injusta porque deja de lado la parte fundamental del trabajo intelectual que se materializó en un texto. Desde esa perspectiva, se reitera, no se comparte en absoluto el agravio que desconoce el mérito de la abogada en las valiosas intervenciones de los autos principales.
Se ha puesto énfasis en la preparación y presentación de estos dos escritos de proposición, por cuanto se entiende que un fallo en este capítulo de los juicios, cuando se aguarda la actitud procesal de la parte demandada, puede acarrear la pérdida sin remedio de derechos, incluso de aquellos de contenido patrimonial. En efecto, en los muy difíciles temas jurídicos de destinos patrimoniales y la relación y reclamos entre herederos y cónyuges supérstites, la suerte del cliente, puede estar determinada en la habilidad del abogado en presentar las defensas y las prueba, con una trascendencia que se mide en valores económicos y no en hojas escritas.
En el mismo sentido a juicio de los firmantes, debe rechazarse el agravio sobre la supuesta actitud de los abogados de extender el juicio en beneficio propio. Si ello pasó, cabe la aplicación del aforismo nemo turpitudine allegare potest.
En efecto, los demandados son adultos y capaces y pudieron revisar en cualquier momento la defensa que hacía la Dra. Maeso. En otras palabras, si no era del agrado la forma en que se desempeñó la abogada, tenían la facultad de realizar las consultas del caso a otros profesionales y si lo consideraban del caso, cambiar el patrocinio. Y si por años no lo hicieron, aceptando actuar representados y que se mantuvieran los litigios, ello no puede ir en desmerecimiento de la labor de la abogada.
5to. Corresponde el examen del agravio referido a que debió determinarse la obligación al pago de honorarios referida a tres de los cuatro patrocinados y no en su totalidad, desestimando la solidaridad de los demandados con el restante hermano, Sr. Enrique Martinicorena.
La actora pidió que se condenara a los demandados al pago de los honorarios que reclama (fojas 28); sin embargo, cuando se fijó el objeto del proceso como cuando se falló en primera instancia, no se hizo ninguna referencia a condena alguna, sino que se procedió como señala la ley a regular los honorarios (fojas 311 y 366 a 379).
La sentencia es confusa pues en las consideraciones de fojas 375 y 376 llega a determinar la aplicación de la escala básica del Arancel y luego la reduce en un cuarto por cuanto “Enrique Martinicorena Mattos, ya había cancelado su deuda con su Abogada...” A continuación la conclusión sobre la aplicación de la llamada escala básica es reducida para el expediente IUE0059 00066 2002 de U$S 1.200.000 a U$S 900.000 y el expediente IUE 0002 63294 2004 de U$S 720.00 a U$S 540.000. Luego, la sentencia de primer grado hace consideraciones sobre las cifras ya rebajadas en un cuarto y concluye que los tres demandados adeudan la cifra estampada en el fallo. De allí que no puede prosperar el agravio porque ya se consideró la circunstancia del vínculo entre Enrique y la Abogada.
6to. En cuanto a la pretensión de cobro de IVA se dirá que es menester recordar que en los artículos 18 de la Constitución de la República y 16 CGP se establecen dos principios procesales hermanados, como son el de reserva legal y de indisponibilidad de las normas jurídicas.
En que como se señala por autorizada doctrina, los objetos de cada proceso determinan otras categorías procesales, es decir las normas, los sujetos, los actos procesales, situaciones jurídicas, actos, funciones y las estructuras (BARRIOS DE ANGELIS, Teoría del Proceso, edición 2002, página 26).
Expuestas estas premisas, advertimos que diversas normas jurídicas, asignan varias de esas categorías del proceso, a partir de las particularidades de cada objeto a procesar. Por ejemplo, los artículos 348, 349, 351 CGP y bajo el nombre de “Excepciones”, el artículo 545 CGP. Y no puede ningún tribunal apartarse de la determinación legal que para cada objeto, impuso el legislador.
El objeto regulación de honorarios, tiene una estructura de excepción según lo establece el artículo 144 de la ley 15.750 de 24 de junio de 1985. En efecto, en su segundo inciso señala con claridad que los honorarios generados en la actividad judicial que no hayan sido concertados serán regulados de acuerdo al procedimiento allí expresado.
Se trata de una norma de interpretación estricta pues como su nomen iuris lo dice, se trata de una excepción.
Por consiguiente, en este proceso sólo puede tramitarse la determinación de honorarios, siendo ajeno al mismo la determinación de impuesto alguno por el Tribunal.
Ahora bien, lo anterior no quita reconocer el derecho que tiene el abogado al cobro del honorario que aquí se regule y a trasladar el IVA, siempre y cuando, proceda a documentarlo en la factura respectiva. Obviamente que en caso contrario, no se cumpliría el orden jurídico tanto si el Estado deja de percibir el Impuesto, como si termina asumiendo el costo, quien no tiene que hacerlo, el abogado.
El artículo 75 de la ley 14.100 de 29 de diciembre de 1972 creó el "Impuesto al Valor Agregado" que grava entre otros actos, la prestación de servicios dentro del territorio nacional. La norma definió a los servicios como toda prestación a título oneroso que, sin constituir enajenación, proporcione a la otra parte una ventaja o provecho que constituya la causa de la contraprestación. La propia ley ejemplificó los arrendamientos de servicios y obras. Y se agregó que en los casos de prestaciones de servicios, las tasas respectivas se aplicarán sobre el importe total neto contratado o facturado. El importe resultante se incluirá en forma separada en la factura o documento equivalente.
Por consiguiente, la Sala no es competente para regular impuesto alguno, sin perjuicio de señalar que el orden jurídico se deberá cumplir con la emisión de la factura en los términos que dispone la ley.
En conclusión, es de franco rechazo el agravio por preverse e incluirse en el fallo el IVA, que el tribunal está cumpliendo con el orden jurídico.
7mo. Sobre los agravios referidos al monto del asunto, también se rechazarán, dado que existen actos propios de los demandados que desmienten su propia postura actual de minimizar el mismo.
Estos actos son las reconvenciones deducidas por la abogada actuando en representación, pero con la anuencia tácita de los representados, lo que resulta un hecho evidente.
En efecto, en los dos juicios donde se generaron los honorarios, a la pretensión de los actores, se acumularon pretensiones de los demandados. A fojas 298 a 316 del expediente “MARTINICORENA, Estela y otros c/ MARTINICORENA, Martín y otro – Acción de nulidad” IUE 0059 000698 2002, los apelantes representados por la Dra. Maeso presentaron reconvención, pidiendo recomponer el acervo sucesorio del causante y que se condenara a los actores a abonar a su parte U$S 1.062.310 por concepto de enriquecimiento injusto y U$S 2.000.000 por concepto de daños y perjuicios morales y materiales.
A su vez, de fojas 58 a 82 del expediente “MARTINICORENA GIACOMETTI, Ana y otros c/ GICOMETTI MELO, Estela Maris y otros – Nulidad”, IUE 0002 63294 2004 surge que se presentó al contestar la demanda, una reconvención por U$S 1:390.000, más acrecidas.
En conclusión, las reconvenciones ante los reclamos de los hermanos Martinicorena suman más de cuatro millones de Dólares por daños y perjuicios, lo que indican la enorme trascendencia del monto del asunto.
Obviamente que las reconvenciones y los honorarios que se podrían haber generado por ellas, no son invocadas por la actora al pretender la fijación del monto del asunto (fojas 25 a 27) y por ello quedan fuera del objeto del proceso. Pero se mencionan en el sentido que si los demandados reclamaban tales cantidades de dinero, no pueden sostener el agravio que el monto sobre el cual se calculó los honorarios es alto.
8vo. La parte demandada ha presentado agravios en el sentido que no se condenó a la abogada actora al pago de costas y costos del trámite.
La circunstancia que no se comparten los agravios de aquellos, como se señaló en los anteriores consideraciones, lleva de por sí el rechazo del presente agravio ya que se litigó sin las notas que enuncia el artículo 688 CC como presupuesto de sanción procesal.
9no. Ingresando al análisis de los agravios de la parte actora, se dirá que si bien se confirmará la sentencia de primer grado, los fundamentos por los cuales se llega a la conclusión son distintos a los expresados en la impugnada.
En otras palabras, la Sala discrepa con determinadas consideraciones del grado anterior, pero por los fundamentos que se expresarán, se llega a igual conclusión.
Véase en cuanto al monto del asunto y la aplicación del Arancel, aún partiendo de la exactitud de fundamentos de como fueron presentados en la demanda, los honorarios se consideran fijados conforme a Derecho por la sentencia.
Estas dos pautas, monto del asunto y aplicación del Arancel, están expuestas por la actora a fojas 24 vuelto a 27.
Respecto del expediente IUE 0059 000698 2002, se cuantifica que el valor de los Derechos reclamados respecto de tres inmuebles es de UR 224.213 que, de acuerdo a los valores expuestos a fojas 25, son equivalentes a U$S 7.100.078 (224.213 x 760 / 24); este monto y la aplicación del Arancel le llevan a reclamar honorarios e IVA por la suma de U$S 3.218.652 en un juicio que culminó por transacción.
En el expediente IUE 0002 063294 2004, cuantifica que los Derechos afectados respecto de cuatro inmuebles ascienden a UR 139.100 equivalentes a U$S 4.404.833. Reclama en este caso, en base a su determinación del monto del asunto y aplicación del Arancel un honorario e IVA de U$S 1.702.750. Tampoco este juicio culminó por vía ordinaria, sino que lo hizo por la extraordinaria de la sentencia que declaró la perención.
El repaso de estas cifras, sustento de los agravios en este aspecto, permite concluir que se considera acertada la conclusión final del A Quo. En efecto, basta pensar que si los abogados de las partes actoras y demandadas de ambos expedientes tuvieran derecho a este volumen de honorarios respecto de Derechos reclamados referidos a cinco inmuebles (hay dos que son litigados en ambos juicios), los costos y costas superan el valor mismo de la cosa litigada. Es más, la aplicación del Arancel, llevaría a que el valor de lo litigado fuera mucho menor respecto de los honorarios de los abogados, si los juicios hubieron la secuela normal de dos instancias y casación.
En consideración al trabajo realizado y que la sentencia de primera instancia regula honorarios adeudados por tres de los cuatro patrocinados, los firmantes entienden que el monto fijado termina siendo razonable a las restantes pautas establecidas en el artículo 144 de la ley 15.750, esto es, la complejidad, trabajo realizado y eficacia de los servicios profesionales.
La actora en sus agravios insiste en el trabajo se seguimiento de ambos juicios que tuvieron una extensión temporal inusual. Pero ello no implica desconocer que no se celebraron audiencias. Dentro de un proceso donde se privilegia la oralidad esta circunstancia tiene una importancia capital al momento de fijar honorarios. El contenido de la audiencia preliminar, las dificultades del diligenciamiento probatorio, la formulación de alegatos y finalmente, la impugnación o eventual contestación de la impugnación de otros sujetos procesales, conforman un complejo de actividades de los que se vio exonerada la actora. Ello no puede ser dejado de ser tenido en cuenta.
Cuando se valora la eficacia del servicio profesional, siguiendo la pauta establecida por la norma mencionada, debe situarse en una valoración mayor la hipótesis de ganar un juicio en beneficio del patrocinado luego de culminadas todas las instancias procesales. Indudablemente que si los juicios culminaron en forma extraordinaria, incluso uno de ellos por una transacción en la que no intervino la impugnante, la trascendencia económica de esta pauta debe ser menguada, como lo hizo la sentencia de primer grado.
10mo. La Sala no comparte que las conclusiones del juicio de regulación de honorarios del incidente obligaran a una misma determinación del monto de honorarios al sentenciante de primer grado y obviamente tampoco, al Tribunal.
En primer lugar, cabe descartar que la cosa juzgada de dicha sentencia obligue a los demandados. De acuerdo al documento de fojas 68 la actora facultada por la condena en costos de la contraparte, transmitió a los hermanos Martinicorena Mattos que “DEBEN firmar ESTE escrito para confirmar QUE NO ME PAGARON” . Por consiguiente, la firma de los hoy demandados en este juicio no comprometía el reclamo de honorarios, sino que, como lo expresó su propia abogada la firma del escrito de demanda de regulación de honorarios tenía la finalidad de confirmar que no le habían pagado, en cumplimiento del requisito establecido en inciso tercero del artículo 144 referido.
11ro. En cuanto a los pagos de adelanto de honorarios sobre los que también se fundan agravios, debe señalarse que a juicio de la Sala no debieron integrar el objeto del proceso por las circunstancias apuntadas por BARRIOS sobre la especificidad del objeto (Considerando 6to.).
En efecto, el juicio de regulación de honorarios debiera determinar cuáles son los generados en el trámite y no ingresar a cuestiones que son propias del cobro en un estadio posterior a la regulación. Si bien las partes han formulado agravios sobre el monto de lo pagado, ninguna se agravió sobre la inclusión tácita en el objeto del proceso y el abordaje del tema en la sentencia. Por ello, la Sala debe ingresar en su consideración.
No se hace lugar al agravio pues la actora tiene la carga de expresar con claridad sus alegaciones. Llama la atención que comienza su demanda haciendo referencia a varios juicios, pagos de honorarios, convenios de los mismos en expedientes por los cuales no iba a pretender ningún reclamo. Si bien lo hizo, y estaba dentro de sus facultades así proceder, debió asumir las dificultades que genera a los demás sujetos procesal al abordar la valoración de la prueba. Cuando contesta la oposición de los demandados hace también referencias a pagos anteriores, en incluso llega a decir “no niega haber percibido por concepto de honorarios y gastos la suma de U$S 285.000 desde el año 2002...”. Además agrega un documento a fojas 271 y 272 donde se citan los expedientes principales y se señala haber recibido la cantidad expresada.
Pero los demandados agregaron el documento de fojas 68 que en referencia al expediente 59-698/2002 donde se dice que hay convenio y que “solo resta el pago por reconvención (si lo gano) y a la Nulidad de la Renuncia a los Gananciales (si lo gano). Si no gano...no hay honorarios pendientes.” Propone luego que si gana con costas y costos habrá un monto muy superior al “pagado por ustedes, hago el juicio para cobra y les devuelvo lo que pagaron. No COBRO DOS VECES”.
Deben agregarse las declaraciones del testigo Zunini quien con conocimiento de causa expresó que hubo pagos posteriores, frecuentes, en Dólares y no chicos.
Se considera que los montos manejados por las partes y la trascendencia de los juicios meritaban también para la parte actora, la carga de demostrar qué pagos había recibido con facturas o recibos oficiales tal como se le intimó. La relación presentada a fojas 314 carece de fuerza probatoria y así como se le exige el cumplimiento de cargas procesales a la parte demandada en la presente sentencia, correspondía ante vehementes indicios de pago de honorarios adelantados - que referían a este trámite-, que la actora fundamentara los agravios en base a prueba que permitiera desentrañar a qué se imputaron los U$S 285.000. Si no cumplió con tal carga, no puede prosperar su agravio.
12do. En cuanto a la actuación por poder, se considera que dicha modalidad perseguía facilitar la tarea de la abogada y por tanto no supone de por sí un incremento del honorario. Numerosas probanzas permiten concluir que la abogada consultaba a sus defendidos en forma permanente, de donde queda claro que no tomaba resoluciones ni disponía de derechos a pesar de su amplísimo poder (fojas 66 a 68; 264 a 276).
13ero. No corresponden condenas procesales.
Atento:
A lo establecido en las normas citadas y artículos 248 y siguientes CGP, el Tribunal integrado,
FALLA:
Confirmando la recurrida, sin especial condenación procesal. Notifíquese y oportunamente, devuélvase.
Dr. Eduardo Cavalli Asole - MINISTRO
Dra. María Lilian Bendahan Silvera - MINISTRA
Dra. María Del Carmen Díaz Sierra - MINISTRA
Eesc. Raquel Agnetti – SECRETARIA LETRADA
DDU - CASO - JPP - 11249